El 4 de febrero, el abogado Gustavo Bordes se presentó ante la Fiscalía en representación del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) para entablar una denuncia contra la administración anterior de esa cartera. Con base en una auditoría, se denunció, entre otros temas, la gestión de la donación hecha al Cottolengo Don Orione, los gastos de mantenimiento de los ascensores Otis, presuntas irregularidades en el sistema de transporte, el programa de Atención a las Situaciones de Calle, viáticos y compras de bienes para refugios. Se trata de “hechos graves que afectan no sólo al funcionario, sino a los dineros públicos”, argumentó el abogado Bordes, y se refirió a “compras que no se necesitaban o no se sabía para qué se compraba”.
El 9 de julio, el abogado Jorge Barrera se presentó ante el juzgado de Crimen Organizado en representación de UTE, para hacer una denuncia penal sobre Gas Sayago. Una cuestionada auditoría realizada por la empresa PWC –la propia firma aclaró en el documento que no estaba haciendo una auditoría– se anexó a la causa iniciada en 2013 a raíz de denuncias por irregularidades en la licitación de Gas Sayago.
En ese marco, al igual que Bordes y frente a cámaras, Barrera brindó su opinión. “Hay un perjuicio económico grave para el Estado con fondos públicos, como sucesión de actos arbitrarios que se podían haber interrumpido a lo largo de todo este proceso”, argumentó, y agregó que se constataban “hechos de apariencia delictiva” tanto desde “el punto de vista objetivo como desde la calificación jurídica”.
El 8 de noviembre, nuevamente el abogado Bordes, en este caso en representación de Antel, presentó una denuncia penal por sobrecostos en la construcción del Antel Arena, también con base en una auditoría hecha por la actual administración. Bordes declaró a la prensa que hay hechos de “apariencia delictiva” y “desprolijidades” que se busca aclarar. Añadió que el informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) sobre este tema fue “concluyente” y que “no sólo se hace referencia a desprolijidades e ilegalidades”, por lo que “habrá que analizar la responsabilidad civil y/o penal de las personas involucradas”.
“Grave” y “contradictorio”
Los organismos estatales tienen servicios y departamentos jurídicos con funcionarios pagos. Cuando el Estado contrata abogados privados, incurre en un costo adicional. Por ejemplo, a Barrera se le pagó 15.000 dólares más IVA por presentar la denuncia, según dijo a la diaria la directora del Frente Amplio (FA) en UTE, Fernanda Cardona, quien además votó en el directorio en contra de esta contratación. Cardona se mostró favorable a presentar el tema ante la Justicia, pero discrepó con la decisión de contratar a un abogado privado. “Entendí que perfectamente esto lo pueden hacer los servicios de la UTE, porque no están haciendo valoración, lo llevan y cumplen con la tarea formal de darle trámite. En el sistema penal uruguayo quien acusa es el fiscal; el denunciante no tiene otra tarea más que poner eso en conocimiento de la Justicia, y quienes se encargan de indagar son la fiscalía y el juez. ¿Por qué, entonces, pagar para una tarea que es meramente poner algo en conocimiento de la Justicia?”, inquirió.
La directora frenteamplista tiene una hipótesis al respecto, y es que se buscó generar un impacto en la opinión pública: “Barrera hace una valoración y flecha la cancha, porque lo presenta diciendo que hay irregularidades”. Lamentó que se esté “gastando dinero para una tarea que no es necesaria” cuando al mismo tiempo se están “denunciando supuestos desvíos” de fondos. “Es contradictorio”, opinó.
El director frenteamplista en Antel, Daniel Larrosa, también se opuso a la contratación del abogado Bordes, que cobrará 68.000 pesos líquidos más IVA por mes, durante 12 meses.
“Yo pensé que la denuncia la iba a terminar haciendo la jurídica de Antel”, señaló Larrosa a la diaria. El 16 de junio, el directorio aprobó la contratación de dos profesionales para este caso: Gastón Chávez y Gustavo Bordes. La contratación del primero enfrentó inconvenientes por tratarse de una persona jubilada, y finalmente, el 11 de agosto, el directorio del ente resolvió contratar sólo a Bordes, pero al mismo precio fijado inicialmente para contratar a los dos abogados. Larrosa votó en contra.
Además, esta contratación fue observada por el Tribunal de Cuentas con base en el principio de ejecución, ya que el profesional empezó a trabajar antes de que concluyera el proceso de aprobación de su contratación, pero Antel desestimó la observación y reiteró el gasto.
Larrosa también tiene una hipótesis sobre la contratación de Bordes en este caso: “No hay suficientes razones en la auditoría para hacer una denuncia penal, no hay fundamentos, y por eso se tuvo que contratar a un externo. En la estructura de Antel nadie avalaba hacer una denuncia penal, porque no hay nada de apariencia delictiva”, cuestionó.
¿Es una novedad?
Juan Andrés Roballo, exprosecretario de Presidencia del último gobierno de Tabaré Vázquez, dijo a la diaria que en general, en caso de juicios, se acudía a las jurídicas de los organismos estatales. En el caso de Presidencia de la República, se daba la particularidad de que el exsecretario de Presidencia Miguel Ángel Toma es un abogado con experiencia en la materia y tenía “una labor de asistencia a las jurídicas”.
Pero hay excepciones: las más notorias fueron la contratación de estudios jurídicos para representar a Uruguay en el exterior, en los juicios contra Argentina ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya y contra Phillip Morris y otras trasnacionales que demandaron a Uruguay ante tribunales internacionales. Las jurídicas de los organismos “no siempre están capacitadas para atender estos asuntos”, puntualizó Roballo. También se suele pedir a los estudios jurídicos privados tareas de consultoría y asesoramiento: por ejemplo, según contó Roballo, así procedió el último gobierno del FA cuando le pidió a un estudio jurídico privado un informe sobre la actuación del gobierno en la negociación con UPM.
El senador del Movimiento de Participación Popular (MPP) Charles Carrera, quien también es abogado y fue director general de secretaría del Ministerio del Interior durante los gobiernos del FA, sostuvo que la contratación de abogados privados se da en casos “muy excepcionales” y remarcó que “las jurídicas de los organismos públicos son buenas”; destacó en particular la calidad profesional de las jurídicas de la Administración Nacional de Puertos (ANP) y de Antel.
“La acción institucional de la denuncia hay que hacerla a través de los departamentos jurídicos. Para mí es grave lo que está pasando, es una politización de la Justicia. Es preocupante”, cuestionó. También criticó que las contrataciones de estos profesionales hayan sido “a dedo”.
Una fuente del ámbito jurídico estatal planteó que “no es común” la contratación de abogados particulares por parte de los organismos del Estado y señaló que los departamentos de jurídica de los organismos, en términos generales, cuentan con abogados capaces de afrontar los juicios.
La fuente señaló que la ley habilita, a través de contratos de obra, la contratación de profesionales, siempre que se cuente con la aprobación de la mayoría de los integrantes del directorio del organismo, y que sea para un juicio determinado en el que se requiera una expertise muy específica. “En general se contrata a un profesor de derecho de alguna de las facultades, pero siempre viendo cuál es la materia”, expresó.
En esa línea, señaló que la contratación debe responder a “un juicio muy especial, y se debe justificar” por qué se contrata a ese profesional. “La administración tiene discrecionalidad, pero tiene que fundamentar. No es para cualquier abogado, tiene que ser una persona que demuestre que es muy calificada en ese tema, con actuaciones en casos similares con buenos resultados y que tenga habilidades diferentes a las que se tiene en el departamento de jurídica, porque también hay que explicar por qué no se usa lo que se tiene”, advirtió. En cuanto a los montos de los contratos, la fuente indicó que suelen estar directamente relacionados con el monto que se reclama o que está implicado en el juicio.
Por otra parte, señaló que en algunos casos la contratación de un estudio particular puede justificarse por la propia intervención del departamento jurídico del organismo, en el que se denuncien hechos que fueron respaldados técnicamente por una intervención anterior del mismo departamento, pero advirtió que es algo “muy excepcional”.
“Puede pasar que la persona denunciada sea muy cercana o haya trabajado en el departamento jurídico, entonces no es conveniente que lo haga él y se contrata a alguien por fuera del Estado para más tranquilidad y para evitar una situación complicada, pero no porque el abogado del organismo no lo pueda hacer”, subrayó.
Consultado sobre los casos específicos de Antel Arena y Gas Sayago, la fuente respondió que es presumible que la administración anterior haya actuado en función de informes jurídicos internos que la respaldan. “Si el abogado dijo que era legítimo lo que se estaba haciendo y estaba dentro de las competencias de la empresa, difícilmente pueda armar una argumentación contraria”, por lo que la denuncia queda deslegitimada por el propio denunciante.
También advirtió que existen diferencias importantes en lo que implica el trabajo en las diferentes materias del derecho, y señaló que una contratación externa tiene mayores requerimientos en materia civil, comercial o administrativa, por lo que en materia penal es donde parece menos necesaria la contratación de un abogado, dado que tiene menos trabajo en el juicio.
Las fuentes señalaron que la dinámica de los juicios contradictorios, en las otras materias, implican otra actividad de los abogados que intervienen en las causas, dado que hay que presentar las demandas, contestarlas, diligenciar la prueba, preparar los alegatos, además de eventuales apelaciones que pueden implicar cuatro o cinco años de proceso. “En materia penal uno hace la denuncia y básicamente allí terminó su actuación, porque el acusador es el fiscal; uno puede interesarse en el tema, pero la carga del caso la tiene el fiscal”, comentó.
Defensa privada
Fuentes jurídicas del ámbito privado defendieron las contrataciones de estudios de abogados por parte de organismos públicos, en la medida en que entienden que no hay en los departamentos de jurídica de los organismos abogados especialistas en materia penal y con la trayectoria de los que suelen ser contratados. Además, señalaron que también es frecuente la contratación por parte del Estado de los grandes estudios especializados en materia civil.
Las fuentes dijeron que sería “innecesario” tener abogados penalistas dentro de los departamentos de jurídica de los organismos, porque son contratados para denuncias y causas muy puntuales, y señalaron como excepción el Banco de Seguros del Estado, donde hay más posibilidades de que se presenten denuncias.
Además, advirtieron que descontando impuestos y considerando los tiempos de los juicios, un abogado contratado por el Estado termina ganando menos que los abogados que son funcionarios públicos y menos de lo que se le pagaría por el mismo trabajo en el ámbito privado, por lo que no es tan atractivo para el abogado desde el punto de vista de la rentabilidad.
Por otra parte, plantearon que los abogados de los organismos públicos están especializados en las tareas diarias que les requiere el organismo, más vinculadas al ámbito administrativo y civil, y subrayaron que “no es de este gobierno” la contratación de estudios de abogados privados para la realización de denuncias penales. Como ejemplo, indicaron el caso de Gonzalo Fernández, que fue contratado en 2013 por el Banco República para cobrar el aval de Cosmo en el remate de los aviones de Pluna, y del abogado Amadeo Otatti, que en 2016 defendió a tres gerentes de Ancap, en un caso de presuntas maniobras con boletas de proveedores de la empresa estatal.
La contratación del estudio Ottati, Spangenberg & Araújo fue cuestionada por el entonces senador del Partido Nacional Álvaro Delgado. “Ancap contrató por U$S 20 mil a un estudio de abogados para defender gerentes”, cuestionó en su cuenta de Twitter.
El entonces senador del Partido Nacional Carlos Moreira hizo un pedido de informes sobre la contratación de Gonzalo Fernández, que alcanzó los 140.000 dólares, y la oposición reclamó el cese del contrato durante la interpelación a los entonces ministros de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, y de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado.