Más allá de la Justicia y sus dictámenes y del sistema de leyes, está la construcción de la ética colectiva, atravesada por la propia moral. Quienes ocupan puestos de poder en el sector público son ciudadanos regidos por el interés personal ‒en primera instancia‒, pero que desde su lugar sirven al bien social o comunitario, por lo que resulta evidente que al asumir estos puestos sus prioridades deberían reordenarse a favor de lo colectivo. Sin embargo, sobran ejemplos sobre los casos en los que no rige esta lógica.
El más reciente podría ser el del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, que recibía el beneficio de una exoneración de impuestos por parte del gobierno en una empresa particular. Alfie también puede ser un ejemplo, ya que trabajó como asesor para la empresa Aratirí en su juicio contra el Estado uruguayo. Amparado en lo legal, al no tipificarse el delito, su renuncia a los beneficios ‒aparentemente‒ bastaron para saldar el tema por su parte. La rápida maniobra por parte del presidente Luis Lacalle Pou, quien le solicitó, apenas la noticia se dio a conocer por la prensa, la renuncia a las exoneraciones, también va en esa línea.
En el mismo saco en el que se juntan los intereses personales y los del sector público caben una diversidad de situaciones: el clientelismo partidario, el patronazgo y el abuso de funciones son algunas de ellas.
Sin embargo, algo ha cambiado en el último tiempo. La revolución tecnológica a la que asistimos, la inmediatez de la viralización de la información y, sobre todo, el poder que le brindan a la ciudadanía las redes sociales, parecería que están cambiando el paradigma ‒aún vigente‒ de separación de lo legal de lo ético, en Uruguay y en el mundo. En lo local, el “caso Sendic”, particularmente, el uso indebido de las tarjetas corporativas de Ancap por parte del exvicepresidente, marcó una bisagra en el comportamiento de los políticos. Así lo entienden Daniel Chasquetti y Daniel Buquet, ambos politólogos, profesores de la Universidad de la República, consultados por la diaria para analizar estos fenómenos.
Lo corrupto, lo ético y lo moralmente correcto
“La gente suele tener una idea muy amplia de corrupción, donde casi todo lo que está mal es corrupción. Pero la realidad es que hay al menos dos filtros: el primero, desde lo jurídico-penal, es que hay delitos de corrupción que están tipificados; y, por otro lado, hay una noción, más bien académica, de que las prácticas poco transparentes, particularistas, son corruptas”. Estudioso de la corrupción como fenómeno político, Buquet, doctor en Ciencias Sociales, sostiene que la definición precisa para su estudio es que exista una relación entre un funcionario público y otra persona, donde el primero usa su poder a favor del segundo a cambio de un beneficio personal.
En este sentido, sostiene que los niveles de corrupción en Uruguay son bajos. Es claro que se trata de un término relativo, por lo que aclara: “Me refiero a menores que el promedio, incluso no sólo para América Latina”, algo que se refleja en indicadores internacionales.
Ahora bien, un manual de capacitación de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) menciona la diferencia entre ética y moral. “Toda sociedad tiene normas y costumbres que sanciona como positivas o negativas y con las cuales se asocia la moral. La ética, en cambio, es la reflexión filosófica acerca de por qué son esas costumbres y normas y no otras las que se sancionan positiva o negativamente. Así, la ética analiza las cuestiones morales”. Y simplifica sobre sus cometidos: “La moral indica cómo actuar según un grupo o sociedad, la ética, en cambio, se pregunta lo correcto de ese actuar”.
En el “caso Alfie” se distinguen claramente estas apreciaciones. Varias abogadas y abogados consultados por la diaria coinciden en que no parece configurarse un ilícito penal.
Para Chasquetti, el conflicto es ético y político. “La construcción de los valores éticos es un proceso colectivo. Ahí comienza la desconexión entre lo legal y lo ético. Cuando se divorcian, hay un cambio en la forma de entenderlo por parte de la población. Esto de Alfie tiene que ver con eso. Para él y para la gente que está en el gobierno, Alfie no hizo nada malo, pero para muchos votantes y para la oposición es espantoso que alguien que ingresa a la Administración consiga un beneficio para sí. No va a ir preso, pero mucha gente va a estar enojada, y sobre todo por los antecedentes que traía, de haber estado como testigo en un juicio contra el Estado. Son cuestionamientos éticos. Él ingresó la solicitud en diciembre de 2019, cuando, si bien gobernaba el Frente Amplio, se conocía el resultado de la elección. Estaba en su derecho, pero cuando asumió debería haber renunciado a la solicitud”, sostiene.
El tema podría tratarlo la Jutep, y para Chasquetti su papel podría ser decisivo. Como ejemplo, pone el “caso Sendic” como “emblemático”. “La Jutep se expidió cuando ya había un clima ‒toda la oposición, más el tribunal de ética censuraban a Sendic‒, y esto fue determinante”. Consultada por la diaria, la presidenta de la institución, Susana Signorino, dijo que el tema no se trató porque no hubo denuncia, pero que al ser reciente,podría tratarse en los próximos días. La semana que viene se reúne el directorio, y el tema, si no hubiera una denuncia formal, podría tratarse de oficio.
En este sentido, Chasquetti también hace una salvedad: “La Jutep debería tener mucho más autonomía e independencia y meterse, pero no creo que lo haga porque es muy débil institucionalmente y sus miembros son designados por los partidos [de gobierno], entonces es difícil que vayan contra sus designantes. Para eso se necesita gente con una estatura moral muy alta y con mucha independencia, y que no tengan deseo de hacer política sino una visión de rectitud sobre la vida pública”, sostiene.
De momento, las acciones que se tomaron a nivel político son el pedido de renuncia de Alfie por parte del Frente Amplio, que también evalúa interpelar a la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, y el pedido del Movimiento de Participación Popular de acceso a la información pública para conocer la integración actual de la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap) y solicitar una copia de todo el expediente administrativo que derivó en la exoneración de los tributos para la empresa de Alfie.
La flamante pretensión de pulcritud
Buquet también visualiza como bisagra el caso Sendic en la ética partidaria. “Tiene el valor de haber impulsado una especie de balance sobre cómo deben actuar los partidos frente a la sospecha de algo irregular, ilegal, antiético entre sus filas, y esto es actuar rápido y categóricamente. En el período anterior, se generó esta situación ‒que además era lo usual‒ y, en principio, la actitud era defender al compañero y aguardar la definición de la Justicia. Eso cambió. Para todos. En los blancos está claro. La pretensión de pulcritud de este gobierno es nueva. Si algo aparece, se trata de inmediato: ‘te vas o arreglás el asunto’. Apenas aparece una manchita, corremos con el disán y el trapito”, ilustra.
Hay otros fenómenos, como el clientelismo partidario o el patronazgo, donde también se han observado cambios en los últimos años.
El patronazgo es un procedimiento por el cual un partido le consigue un empleo a un miembro de la colectividad. Eso se puede dar de distintos modos: de manera legal, cumpliendo con todos los procedimientos formales, o de manera irregular, que tiene larga data en Uruguay en el siglo XX: el clásico ingreso al Estado sin concurso. “Esta práctica, que nace con el ‘pacto del chinchulín’ entre batllistas y blancos independientes, tiene un cambio drástico a partir de la dictadura cívico-militar, y si bien sigue existiendo se reduce en los años 90 con el Consenso de Washington y las políticas de privatización. Esto vuelve a cambiar cuando llega el Frente Amplio, que decidió que el Estado tenía que crecer en tres áreas: educación, salud y seguridad. Si bien estos llamados se realizaron en la órbita legal, la discusión fue en su momento sobre su calidad, cuestionados por sus posibles sesgos”, explica Chasquetti.
En el caso del clientelismo, que implica cambiar votos por decisiones de política pública, es un fenómeno que en Uruguay estuvo extraordinariamente generalizado y fue diagnosticado y perseguido por la vía de las sucesivas reformas del Estado desde los años 60, que han ido avanzando en su eliminación ‒sin lograrlo‒ con mecanismos que impiden que los funcionarios públicos puedan utilizar recursos del Estado de forma particular. “Y esto es importante, porque está claro que el uso de los recursos públicos para obtener apoyo político es lo que hacen los políticos”, sostiene Chasquetti. Para el politólogo, lo relevante para entender este tipo de fenómeno tiene que ver con la desviación. “Si a mí me vota la gente de la cultura y después resulta que estoy al frente del Ministerio de Educación y Cultura, voy a hacer cosas para que esa gente se sienta satisfecha. Eso no está mal de por sí, porque hice promesas y ahora podría tratar de responder a mis electores. El tema es cuánto se desvían estas cosas del plan general o programa. Si la orientación del gobierno es ahorrar y se está gastando en un sector específico, en un área específica, es obvio que eso es clientelismo”, establece.
Ahora, el clientelismo tiene otra línea menos visibilizada y donde la ética vuelve a tomar un rol protagónico en las decisiones políticas. El clientelismo usualmente se asume como fenómeno masivo donde los clientes son personas de bajos recursos, pero el lado B sería estudiarlo por el vínculo con empresas, donde el dinero que estas brindan para financiar las campañas políticas sea simbólicamente devuelto con beneficios en algún contrato del Estado.