El Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Tercer Turno le dio el viernes un plazo de tres días al Poder Ejecutivo para cumplir la sentencia que favoreció al exsecretario de Presidencia Miguel Toma, tras el recurso de amparo que presentó el funcionario.
El 5 de abril, el juzgado dictaminó que el Poder Ejecutivo actuó con “ilegitimidad manifiesta” y “en forma evidentemente arbitraria” en el caso Toma al no otorgarle las garantías del debido proceso y no permitirle diligenciar la prueba que este había solicitado. El gobierno de Luis Lacalle Pou había instruido una investigación administrativa contra Toma por presuntas irregularidades en las misiones oficiales al exterior. Toma promovió una acción de amparo para tramitar una recusación o apartamiento del caso de Lacalle Pou por entender que el presidente “prejuzgó” al declarar públicamente en contra de él antes de iniciar la investigación administrativa, pero la recusación fue rápidamente archivada mediante una resolución firmada por el propio Lacalle Pou y por el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira.
La intimación del juzgado implica que el Ejecutivo deberá suspender la ejecución de este acto administrativo y disponer de inmediato la prueba solicitada por el exsecretario de Presidencia del período anterior. Esta consiste en la citación a declarar al actual secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado; al actual prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés; al abogado Gonzalo Chiribao, quien recomendó iniciar el sumario a Toma; y a otros dos funcionarios involucrados en el proceso del sumario.
Toma dijo a la diaria que el Poder Ejecutivo ya ingresó en una situación de “incumplimiento contumaz de una orden judicial”, y que si incumple esta intimación “va a estar cerca del desacato, lo que complicaría sideralmente la posición de los actores políticos que están llevando adelante esta operación”.