“¿De qué trabaja Pereira? ¿De dirigente? Creo que él y algunos más deberían sincerarse consigo mismos, y con el Pit, y fundar la USAT: unión de sindicalistas con alergia al trabajo”. Estos conceptos que utilizó el senador nacionalista Sebastián da Silva en declaraciones a El País esta semana circulan desde hace tiempo en forma de memes y piezas de desinformación en redes sociales. En ocasiones se alude a la presunta “vagancia” de los dirigentes sindicales, se los acusa de vivir en el lujo, otras veces se miente sobre los salarios que cobran. “Se dice que cobramos desde 200.000 a 600.000, según el estado de ánimo del que escribe”, cuenta el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira.

Esta semana, Pereira, junto con el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, y el presidente y el secretario general de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, Martín Pereira y Joselo López, respectivamente, presentaron una denuncia por difamación e injurias, alegando que estas publicaciones lesionan su honor. El presidente del PIT-CNT dijo a la diaria que tiene “poca esperanza de que la Justicia actúe” en este caso, porque en episodios similares ha predominado el derecho a la libertad de expresión sobre la afectación a la moral de una persona, sobre todo si es una persona pública, y eso determina que se pueda decir “cualquier barbaridad”. “Yo elegí ser un dirigente sindical, no elegí ser una persona políticamente expuesta. ¿Esto lo tienen que sufrir mis hijos, mi madre? ¿En función de qué me tienen que colocar adentro de un BMW? Luego una agencia internacional lo desmiente, demuestra que es falso y no pasa absolutamente nada. ¿En ese país queremos vivir, discutiendo en el barro? ¿O es que algunas cosas cambiaron tanto en Uruguay que no nos animamos al debate público sensato, sólo a difamar?”, cuestionó Pereira. Abdala dijo a El País que esto muestra el “clima de mentiras y calumnias que se desarrollan contra los dirigentes sindicales”.

Desde hace un tiempo, la sociedad uruguaya confía mucho en sus instituciones armadas y muy poco en los sindicatos. Según el último informe del Latinobarómetro, del año 2018, Uruguay es el país de América Latina con mayor confianza en las Fuerzas Armadas y en la Policía: 62% y 59% de su población confía en estas dos instituciones, respectivamente.

En cambio, la confianza en los sindicatos en 2018 llegó a 34%.

Las acciones de descrédito contra el movimiento sindical no son sólo emprendidas por “un hombre en la red con problemas de amores”, como define Pereira a los autores de las publicaciones, sino por legisladores oficialistas. Además del citado caso de Da Silva, en noviembre del año pasado, el senador de Cabildo Abierto (CA) Guillermo Domenech dijo que estaba preocupado porque el PIT-CNT podía llegar a socavar la democracia.

“Hay una política de descrédito que es un daño al movimiento sindical y a toda la democracia uruguaya”, afirmó Pereira. “Nosotros probablemente trabajemos más que Da Silva. ¿Cuántas horas está Da Silva en el Senado? Lo invito a hacer una pasantía acá, a acompañarme desde las siete de la mañana. ¿Cómo que no trabajo, cómo puede decir eso un senador de la República? ¿No tendrá que estudiar el papel del movimiento sindical en la sociedad?”, inquirió el presidente del PIT-CNT.

Pereira señaló que se construyen discursos “insólitos”, como los que atribuyen la responsabilidad en el crecimiento de casos de covid-19 a las movilizaciones sindicales o sociales, cuando ningún estudio o informe establece que esto haya sido así. Se quiere generar la imagen de que los sindicalistas son “irreflexivos que no toman en cuenta las circunstancias de la pandemia”. Pero hizo notar que, pese a las múltiples razones que tendría el PIT-CNT para realizar paros generales, no ha resuelto ninguno este año y este 1º de mayo no realizó actos ni caravanas. “Estos ataques no resisten análisis”, sentenció.

Para Pereira, se está intentando construir “un imaginario” sobre el sindicalismo mediante una “campaña orquestada y organizada para defenestrar”. De todos modos, aclara que no todo el oficialismo actúa de la misma forma. Destaca que con el presidente Luis Lacalle Pou, con el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, y con los ministros hay buen diálogo, pero no sucede lo mismo con una parte del Senado oficialista. “Hay una parte del gobierno que dialoga correctamente con el movimiento sindical, en la diferencia o en el acuerdo, pero una parte del Senado actúa con ataques permanentes e injustificados”, cuestionó.

Restricciones a la libertad sindical

La Cámara de Diputados tiene a estudio dos proyectos de ley que obligan a los sindicatos a tener personería jurídica, y que en sus exposiciones de motivos también dejan traslucir ciertas sospechas hacia el accionar sindical. El proyecto presentado por el diputado nacionalista Javier Radiccioni argumenta que la inexistencia de personería jurídica hace que sea “más difícil de determinar el origen de los fondos y su legitimidad en la cuenta de terceros que no son el sindicato; esto último en atención a casos de lavado de activos que se han comprobado en nuestro territorio, si bien no por sindicalistas uruguayos”. Esta iniciativa da la potestad al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) de establecer cuál es el sindicato “más representativo” con base en un registro de sindicatos que se crearía.

El otro proyecto de ley, presentado por diputados de CA, establece la obligatoriedad para los sindicatos de presentar estatutos y realizar elecciones de sus directivas “mediante voto directo, universal y secreto con la participación de una Comisión Electoral y la colaboración preceptiva del MTSS”.

El catedrático de Derecho del Trabajo y de Seguridad Social de la Universidad de la República Hugo Barretto dijo a la diaria que estos proyectos son “lesivos” del convenio internacional 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre libertad sindical. Recordó que dicho convenio establece que los sindicatos tienen derecho a organizar su administración y que el Estado debe abstenerse de toda intervención en este sentido. “El principio es de absoluta libertad y autonomía de los sindicatos para administrarse”, remarcó. Añadió que el Comité de Libertad Sindical de la OIT se ha pronunciado respecto de que los estatutos de los sindicatos no precisan autorización previa para entrar en vigor.

Opinó que los proyectos de ley en cuestión están “dirigidos a obstaculizar y hacer controles absolutamente excesivos e ilegítimos” sobre los sindicatos. Afirmó que si bien Uruguay “siempre se caracterizó por la más absoluta libertad sindical”, siempre hubo ideas en ciertos sectores tendientes a “sofocar la actividad sindical”, y “ahora encuentran una vía para habilitarlo”.

En cambio, el PIT-CNT negocia y está cerca de acordar con el MTSS un proyecto de ley sobre personería jurídica que es “bastante garantista”, a diferencia de los dos anteriores, que son “muy negativos” y violentan la libertad sindical, destacó Pereira. Este proyecto del Ejecutivo no establece la obligatoriedad de tener personería jurídica y no significa una intromisión del Estado en los sindicatos, aunque subsiste una diferencia con el movimiento sindical en uno de los artículos, respecto de si los sindicatos pueden ser agentes de retención de la cuota sindical. “Pero queremos laudarlo”, aseguró Pereira.

Por otra parte, el presidente del PIT-CNT recordó que la mayoría de los sindicatos tiene personería jurídica, y los que no la tienen es por las dificultades que se generan en la solicitud debido a las particularidades de los sindicatos. “Hace 100 años que quiero que el PIT tenga personería jurídica, pero el Ministerio de Educación y Cultura no acepta sus estatutos”, remarcó.