El lunes 7, la bancada de Senadores del Frente Amplio (FA) resolvió que interpelará a los ministros de Salud Pública, Daniel Salinas, y de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, por la gestión de la pandemia. Tres días antes, tras la reunión de su Mesa Política, la coalición de izquierda difundió una declaración en la que sostuvo que “la estrategia de la denominada ‘libertad responsable’ ha fracasado” a la luz del nivel de contagios y muertes que registra Uruguay, y lamentó que el gobierno no acompañe “las medidas sustanciales de disminuir las interacciones humanas con compensaciones económicas a la población más necesitada”. Esta semana se definió que el miembro interpelante será el senador socialista Daniel Olesker. “La sociedad está pasando por una enorme crisis sanitaria, económica y social, trágica, que toca todos los hogares. Nuestra misión es tratar de explicar cuáles son las razones que llevaron a eso”, dijo Olesker a la diaria.

¿Hubo un cambio en la estrategia del Frente Amplio (FA) como oposición esta semana, con la decisión de promover la interpelación?

Yo no le diría un cambio. Hay una etapa distinta. Si uno toma la pandemia, puede ver tres grandes etapas desde el punto de vista sanitario (porque en la estrategia de protección social y económica frente a la crisis pandémica, el Frente siempre estuvo muy crítico). Desde el punto de vista del control epidemiológico de la crisis, hay una etapa de cierto control, que uno podría ubicar hasta noviembre, cuando los casos promedio eran bajos. Luego hay otra etapa en la que se inicia cierto proceso de descontrol, básicamente vinculado al ingreso de la cepa P1, que podría ubicarse entre diciembre y marzo, cuando la comunidad académica ya empieza a sugerir medidas más estrictas de reducción de la movilidad. Y finalmente, una etapa de descontrol. En la segunda etapa, el FA puso énfasis en las medidas sanitarias. Y por eso el 3 de diciembre propuso la comisión de seguimiento parlamentaria, que no se instaló hasta el 5 de abril. Y luego consolidó su planteo en medidas, y esperó que esa comisión diera frutos. La interpelación es el resultado natural de que la comisión de seguimiento no dio frutos. Y nadie propuso continuarla, o sea que hay una evidencia de todos los partidos de que ese no fue un camino que dio resultados, porque no hubo ninguna propuesta de continuar la comisión.

¿Por qué fracasó la comisión?

Cuando planteamos las medidas, dijimos que hay tres ejes que articulan la propuesta. Uno, la reducción de la movilidad. Dos, la compensación económica plena en ese mes de reducción de la movilidad y complementaria durante tres meses más. Y tres, la necesidad de contemplar –lo planteamos en diciembre en un proyecto de ley que el gobierno no aprobó– situaciones de comorbilidades (desde diabetes tipo 1 hasta hipertensión), incluyendo allí a las personas embarazadas. Y en la reunión de la Torre Ejecutiva quedó claro que el gobierno no estaba de acuerdo con esas tres medidas. Tampoco estaba de acuerdo con ninguna de las otras, incluido el adelanto de la inversión pública, una insistente propuesta del Partido Colorado en su documento y en la propia reunión de la Torre Ejecutiva. O sea que la comisión fracasó porque era una comisión para encontrar acuerdos para que los partidos pudieran expresarle al Ejecutivo ideas comunes, y no hubo acuerdos.

¿Por qué dijo entonces el presidente Luis Lacalle Pou que sí había aceptado propuestas del FA, y el senador nacionalista Gustavo Penadés afirmó que se habían aceptado más de siete medidas?

Yo la verdad es que no logro hacer la cuenta de las siete. Si uno repasa las 24 medidas, hay una a la que dijeron que sí, que fue la de mejorar la fiscalización de los protocolos sanitarios en los lugares de trabajo. Eso es medio obvio, ¿no? Es una función del gobierno. Otras dos medidas dijeron que las compartían pero que tenían que estudiar su viabilidad financiera: la de llevar el mínimo del seguro de paro de 1 BPC a medio salario mínimo, y la de diferir por cuatro meses las cuotas del Banco Hipotecario para los sectores que están en seguro de paro o en el desempleo. Pero no las aceptó allí (en la reunión de la Torre Ejecutiva), dijo que las medidas estaban bien pero que había que estudiarlas, y hasta hoy no ha habido respuesta.

Ellos están cerrados a encontrar otras alternativas para enfrentar la pandemia. Tampoco han tomado en cuenta planteos que les han hecho sus propios socios de la coalición. El adelanto de la inversión pública es una insistente medida del Partido Colorado. El propio presidente, cuando vino al Parlamento el 2 de marzo, dijo que esa iba a ser una de las estrategias y habló de 2.300 millones de dólares de inversión pública, pero hasta ahora no se ha concretado nada. La mejor protección económica a los sectores impactados es una propuesta del FA pero también de Cabildo Abierto. Ha habido muchas propuestas, incluso en la comisión de seguimiento, que no han sido tomadas en cuenta.

¿Cómo les cayó el hecho de que un día antes de reunirse con la comisión de seguimiento en la Torre Ejecutiva el presidente fuera a adelantar lo que pensaba en una entrevista periodística?

No parece razonable. Una anécdota: al terminar la reunión, el presidente dijo: “Bueno, esto es lo que tenemos para ofrecer, esto es en lo que estamos de acuerdo, ustedes valorarán si es mucho o poco”. Y yo, medio en voz baja, le dije a [el senador frenteamplista Mario] Bergara, que estaba sentado al lado mío: “Poco”. Entonces [Lacalle Pou] me dijo: “Pero, Daniel, sorprendeme; no me adelantes”. Y yo le dije: “Pero si tú nos adelantaste ayer casi todo lo que ibas a decir hoy”. Esa anécdota resume nuestro sentir respecto de haber adelantado varias de las cosas que luego se nos iba a decir, sobre todo lo esencial: que no cree en la reducción de la movilidad, que es la esencia del debate hoy.

El presidente dice que no cree que funcionen las medidas de restricción de la movilidad. ¿Qué le respondieron sobre esto en la reunión en la Torre Ejecutiva?

Él dio dos argumentos por los que no cree en eso. Uno, porque dice que no hay evidencia científica que de hacerlo se va a reducir la curva de contagios. Nosotros decimos que efectivamente hay evidencia científica, le volvimos a nombrar el reporte 12 del Guiad [Grupo Uruguayo Interdisciplinario de Análisis de Datos de Covid-19], que es el más evidente pero no es el único, le volvimos a mostrar muchos ejemplos. Él habló de Argentina. Obviamente, siempre hay excepciones, en la ciencia siempre hay situaciones que no van en la regla. Pero sobre ese argumento hay bastante evidencia empírica de que se reduce la movilidad, los contagios y por ende la cantidad de fallecidos. El otro argumento que dio es que no cree que la gente lo vaya a cumplir. Parece poco razonable ese argumento, y además contradictorio con el concepto de libertad responsable. La libertad responsable vale cuando hay que hacer las cosas que él cree que están bien, y no vale cuando el gobierno cree que las cosas están mal.

Foto del artículo 'Olesker: el gobierno “no cree en la ciencia” y “no quiere gastar”'

Foto: Federico Gutiérrez

¿Hay argumentos económicos también para negarse a restringir la movilidad?

El argumento económico en la Torre se manejó muy poquito, pero ha sido un argumento. Recordemos cuánto cuesta esto. Hay dos cuantificaciones: una es la de los cuatro meses (de reducción de la movilidad), y otra la de 21 o 28 días. La del mes: todas las personas van a seguro de paro, y el Estado les da el 34% de diferencia con el 66% que cobran en el seguro de paro. ¿Cómo cuantificamos esto? ¿En qué mes se registró el máximo nivel de seguros de paro que tuvo el país? Mayo de 2020. Bueno, pensamos que la situación puede ser relativamente similar a esa. Esos son más o menos 70 millones de dólares. Un mes de renta básica para los que no son formales son 80 millones de dólares. Y después hay que cuantificar un volumen de dinero que se les daría a las empresas para subsidiar la luz, el agua, internet, y se les daría una partida económica equivalente a la que se les da a los trabajadores. Eso son unos 25 millones de dólares. Estamos hablando de 175 millones de dólares. Eso es 0,3% del PIB. Es un décimo de los bonos del tesoro que el gobierno vendió hace tres semanas. Estamos hablando de cifras absolutamente soportables por la economía.

Este cálculo de impacto económico, ¿con qué tipo de medidas de restricción de la movilidad se corresponde? Porque el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) propuso diversas medidas.

El GACH propuso 27 medidas. De esas, unas diez no se hicieron. De esas diez, la mayoría tiene que ver con la movilidad de las empresas. Algunas no, porque son movilidad interdepartamental, otras tienen que ver con la movilidad de 22.00 a 6.00. Pero la mayoría son de la movilidad de las empresas: esas medidas tienen este costo. No es ni cuarentena ni lock down obligatorio. Es una reducción de la movilidad en esos sectores específicos.

Uno de los argumentos que maneja el gobierno es que los trabajadores informales se verían perjudicados por una medida de este tipo.

Pero esos trabajadores sí recibirían una partida, y recibirían una partida importante. Además, hay un argumento central, que es la viabilidad de esto, porque eso también estuvo presente en la discusión. ¿Y por qué esto es viable? Porque prácticamente todas las personas en situación de no formalidad, gracias a la matriz de protección social existente, están captadas por el gobierno. De hecho, el gobierno las captó. Quedaría muy poca gente no captada y que no recibiera nada a cambio de restringir su movilidad durante un mes.

¿Cuál te parece que es la razón de fondo por la cual el gobierno no toma estas medidas?

Yo creo que de los tres argumentos que están en juego, el de que la gente no va a aceptar creo que es un pretexto. Creo que el gobierno básicamente no cree en la ciencia, cree que Uruguay es excepcional y que va a ir en contra de la ciencia médica y de la evidencia internacional, y creo que además no quiere gastar. Alguien –y esto es una responsabilidad del equipo económico– no ha hecho un cálculo de cuánto van a gastar después, o cuánto se ahorran por tomar estas medidas. Porque seguramente estarían gastando menos en seguro de paro hoy si hubiera habido en el segundo semestre del año, después del shock inicial de la pandemia, medidas económicas para las empresas y estímulos al mercado interno, e inversión pública. Creo que finalmente, cuando uno mire el quinquenio, o al menos los tres primeros años del gobierno, lo que hay es un diferimiento del gasto que en algún momento van a tener que hacer, porque los seguros de paro los van a tener que pagar.

¿El gobierno quedó de alguna forma preso de su discurso en campaña electoral, que tuvo al ahorro como uno de sus ejes centrales?

Tan es así, que ellos previeron para 2020 un 0,7% de aumento del gasto. Eso no es nada, prácticamente es el mismo gasto que tuvieron en 2019, con unos 500 millones de dólares de gastos del Fondo Covid. Quiere decir que el gasto no covid bajó muchísimo, porque si aun con 500 millones de dólares más de gasto, el gasto quedó igual, quiere decir que bajó mucho. De hecho la inversión pública en 2020 bajó entre 8% y 10%. Una barbaridad. Sin embargo, aunque la meta que ellos se propusieron de aumento del gasto fue 0,7%, aumentó 0,4%. O sea, aumentaron menos que su propia meta, que ya era extremadamente restrictiva. Y el ahorro se tradujo en menos horas docentes, en que Salud Pública tuvo un refuerzo pequeñísimo para el aumento de usuarios que tuvo. Y en 2021 va a ser igual, porque van a tener un ahorro salarial impresionante, porque el aumento salarial va a estar muy por debajo de la inflación, y el aumento jubilatorio también. Fue ahorro a costa de inversión, salarios y jubilaciones.

Este jueves el ministro de Defensa Nacional, Javier García, cuestionó al FA porque le está “enrostrando” las muertes por covid-19 al gobierno. Se ha criticado también el uso del término “muertes evitables”. ¿Qué responde el FA a eso?

El concepto de muertes evitables es un concepto técnico, que es correcto. Se usa en todas partes del mundo. De hecho, lo usó el presidente el año pasado, en alguna de sus entrevistas. Es un concepto que no enrostra a nadie. El concepto de muertes evitables define que hubo un conjunto de políticas públicas que no se hicieron, que tuvieron como resultado mayor nivel de contagios y, por lo tanto, mayor nivel de fallecimientos.

¿Por qué se definió la medida de la interpelación? ¿Se manejaron otras opciones?

Los mecanismos son pocos: o es interpelación, o es comisión general. Porque llamado a comisión de Salud o a la propia comisión de seguimiento en caso de que siguiera, ya se hizo. Salinas y Arbeleche ya vinieron. Entonces, no había muchas alternativas. Nosotros creemos que la interpelación es una estrategia legislativa, pero el FA desarrolla otras estrategias en torno a la interpelación de respaldo a este cuestionamiento a la gestión de la pandemia.

El oficialismo ha cuestionado la interpelación porque argumenta que dificulta el diálogo y complica el ambiente político en un momento de crisis.

Bueno, también hay gente que critica que mientras la pandemia lleva 14 meses y por lo menos seis de giro grave, y por lo menos tres de tragedia, nosotros recién interpelemos ahora. Y creo que, como decía al principio, es el momento justo. Nosotros no queremos la interpelación. Hubiéramos querido que se aceptara alguna de estas propuestas, particularmente las tres que conformaban el trípode esencial de la ruptura del proceso de circulación del virus. Entonces, parece razonable usar una herramienta legislativa que tenemos, que permite discutir mano a mano los argumentos, y saber las razones por las que no se han tomado las medidas. No creemos que rompa el diálogo.

Van a interpelar al ministro con mayor popularidad del gobierno. ¿Eso implica una dificultad adicional?

Es un dato de la realidad. La estrategia de gestión de la pandemia tiene un componente sanitario y otro económico, que después se expresa en lo social. Y bueno, los ministros encargados de esa tarea son Azucena Arbeleche y Salinas. Lidiaremos con esa situación y trataremos de mostrar que hay otras alternativas, que hubo y hay otras alternativas.

¿Por qué te parece que a pesar de que, según las encuestas de opinión pública, la aprobación de la gestión de la pandemia está cayendo, sin embargo no cae la popularidad ni del presidente ni del ministro de Salud Pública?

Es un gran misterio para mí. Uno podría decir que la pandemia pone un manto sobre eso; la responsabilidad que la pandemia tiene sobre la gestión de gobierno hace que digan: “Bueno, hicieron todo lo que pudieron”. Esa podría ser la única explicación, no lo sé. Nosotros creemos que la sociedad está pasando por una enorme crisis sanitaria, económica y social, trágica, que toca todos los hogares. Y nuestra misión es tratar de explicar cuáles son las razones que llevaron a eso, independientemente de lo que digan las encuestas.