Una de las formas que tienen las sociedades de mejorar los niveles de bienestar de sus poblaciones más vulnerables es mediante mejoras generalizadas de la riqueza de un país. La otra forma es mediante la redistribución de dicha riqueza y generando oportunidades para acceder a ella. Los países que logran mejoras sostenidas en la superación de la pobreza lo hacen, en general, combinando ambas dinámicas. Eso implica que los ciclos expansivos deben superar a los recesivos y que esas poblaciones deberían beneficiarse más que los sectores en mejor situación en contextos económicos expansivos y ser más protegidas en contextos económicos recesivos, o, peor aún, de shocks negativos agudos. Sin embargo, por diversas razones eso no siempre sucede, y en nuestra región sucede poco. Las razones son diversas. En algunos casos, los grupos vulnerables carecen del capital educativo necesario para aprovechar los ciclos expansivos. En otros, los mercados –que son cualquier cosa menos neutros– otorgan ventajas a los grupos mejor posicionados para monopolizar o apropiarse de una mayor proporción de las ganancias de la productividad o protegerse en contextos recesivos.
Hay ciertas categorías de población que enfrentan discriminaciones adicionales históricas y presentes que, combinadas con características demográficas, conspiran para que sean las que menos se benefician en contextos expansivos y las que pagan mayores costos en contextos negativos. Tal es el caso de la población afrodescendiente en nuestro país y en nuestra región, que ya se encontraba en una peor situación relativa desde mucho antes del inicio de la actual pandemia.
Las personas de ascendencia afro se encuentran sobrerrepresentadas entre los pobres y la población privada de libertad, sufren múltiples formas de discriminación, segregación residencial, menores logros educativos, mayor informalidad y precariedad laboral, acceso limitado a los servicios de salud y mayor predisposición a padecer ciertos problemas de salud. La pandemia mostró en forma aguda esta situación, y amplió estas brechas con un Estado que no fue capaz ni en Uruguay ni en la región de mitigar en forma sustantiva los efectos socioeconómicos asimétricos de la crisis.
Durante 2020 y 2021, la gestión de la pandemia enfatizó el enfoque epidemiológico, opacando parcialmente aspectos centrales como la situación socioeconómica y el acceso a servicios públicos de las minorías raciales, entre otros grupos marginados. Por otra parte, la escasez de fuentes de información en materia de ingresos y bienestar desagregada por ascendencia étnico-racial y género fue un obstáculo importante para discutir la situación de dichos grupos en relación a los efectos económicos y sociales de la pandemia de covid-19.
El Fondo de Población de las Naciones Unidas en Uruguay orienta una parte importante de su accionar a honrar el mandato de no dejar a nadie atrás. En ese sentido ha iniciado un conjunto de estrategias para visibilizar las brechas raciales del bienestar,1 contribuir al empoderamiento de la población afrodescendiente, en particular adolescentes y jóvenes,2 y favorecer el desarrollo de una agenda de transformación de las políticas públicas que, desde pilares universalistas y desde estrategias de énfasis y focalización complementaria, incluidas las acciones afirmativas, contribuya a empezar a saldar una deuda histórica moralmente inaceptable, transformar un presente discriminatorio que atenta contra la noción misma de ciudadanía y forjar un futuro que evite la gestación de una sociedad partida en clave racial. Uno de estos proyectos procura desarrollar un diagnóstico sobre las brechas nacionales en materia étnico-racial y su expresión en los departamentos del país donde la población afrodescendiente tiene un importante peso demográfico.
Al finalizar este Mes de la Afrodescendencia 2021, nos pareció pertinente presentar un primer panorama de la situación de la población afrodescendiente en Uruguay antes y durante esta etapa de la crisis sanitaria, con base en los datos de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) del Instituto Nacional de Estadística (INE).3
Impactos diferenciales de la pandemia según etnia y raza
En Uruguay, donde los afrodescendientes representan más de 10% de la población general y más de 15% de la población joven, existe evidencia de que la pandemia de covid-19 ha tenido un impacto particularmente negativo en las condiciones de vida de esta población. Esto se debe en parte a que dicho colectivo ya se encontraba en una peor posición relativa en los años previos a la pandemia. La segunda razón es que la naturaleza del shock que implicó la pandemia, y especialmente el efecto de las medidas para su contención, castigaron con particular crudeza a sectores de actividad, tipos de ocupación y servicios básicos donde esta población se encontraba sobrerrepresentada. La tercera razón es que la respuesta del Estado no logró abordar en forma adecuada estas profundas asimetrías en las capacidades diferenciales de esta población para enfrentar el shock y protegerse de él como sí pudieron hacerlo otros sectores.
Cuatro datos surgidos de la ECH indican por qué era esperable que el efecto se manifestara con mayor rigor en nuestra población afrodescendiente. El primero refiere a la propia estructura poblacional por edades y ascendencia étnico-racial. Si se observa la pirámide poblacional por edades, puede notarse que entre 0 y 19 años la estructura es marcadamente diferente entre etnias. La población afrodescendiente presenta una pirámide clásica, ancha en la base y angosta en las edades más avanzadas. La no presencialidad educativa y de servicios de cuidados a la infancia afectó, por tanto, en mayor medida a aquellos segmentos en donde esta población se encuentra más sobrerrepresentada: los y las afrodescendientes.
En segundo lugar, sabemos que en general en Uruguay donde se concentran los niveles de pobreza mayores es en la población infantil y adolescente. Por eso la presencia de mayor cantidad de población en edades tempranas en la población afrodescendiente también predice una mayor población en hogares en situación de pobreza y que cuentan, por tanto, con menos recursos de los propios hogares para hacer frente al shock de 2020. Pero eso es sólo una parte de la historia. Dentro de la población infantil y adolescente, la pobreza en la población afrodescendiente superaba ya antes de la epidemia, y en mucho, a la de sus pares etarios no afrodescendientes.
En tercer lugar, ante un shock agudo de la naturaleza que implicó la epidemia y las medidas para su contención resulta claro que este shock se iba a trasladar al empleo. Contar con afiliación al sistema de seguridad social proporciona el mejor estabilizador ante dichas circunstancias. La diferencia en la población ocupada formal e informal nuevamente presenta fuertes brechas por ascendencia étnico-racial.
Crónica de un shock diferencial anunciado
Pobreza y vulnerabilidad agudizada por género y generaciones
Entre 2010 y 2017 se produjo una disminución cercana a 50% en la incidencia de la pobreza a nivel de personas y hogares en Uruguay. A partir de 2018, con la desaceleración del crecimiento económico, la incidencia de la pobreza en personas y hogares comenzó a crecer. Para el período 2010-2019, la proporción de personas afrodescendientes pobres fue en promedio 2,5 veces mayor en relación a las no afro, mientras que la proporción de hogares afro pobres fue en promedio casi 2,7 veces mayor que la de los hogares no afro. Tal como se observa en los gráficos 1 y 2, entre 2019 y 2020, la incidencia de la pobreza en personas afro crece 3,4%, mientras que para las personas no afro tuvo un incremento de 2,6%.
Al desagregar la información de personas y hogares según sexo y edad, encontramos un patrón similar en el caso de los hogares con jefatura femenina afro en comparación a sus pares no afro: aumentó la incidencia de la pobreza. Pero el análisis de la base de personas muestra dos resultados importantes. La incidencia de la pobreza en mujeres afro aumentó 3,7% entre 2019 y 2020, pero es importante anotar que ya venía aumentando desde 2017. Mientras que para las no afro este valor es de 2,5%. Por lo tanto, la diferencia entre mujeres afro y no afro en términos de incidencia de la pobreza creció 1,2% durante la pandemia.
En segundo lugar, la incidencia de la pobreza infantil (menores de entre 0 a 5 años de edad), que durante todo el período venía decreciendo,4 aumentó 3,7% en la población no afrodescendiente y 7,2% en la población afrodescendiente.
La proporción de hogares monoparentales es mayor entre la población afrodescendiente, así como lo es la fecundidad, especialmente en calendario temprano. Eso, que se deriva de un acceso diferencial a los servicios y bienes de planificación familiar y al impacto que menores oportunidades laborales y educativas ejercen sobre dicha fecundidad, se traduce luego en menores capacidades de inserción de la mujer en el mercado laboral. La infantilización y feminización de la pobreza ha llevado a sostener que la pobreza en Uruguay tiene cara de mujer y de niño. La evidencia sugiere que habría que agregar, a esta correcta afirmación, que dicha cara es afro. Las mujeres afrodescendientes de nuestro país y sus hijos no son solamente quienes más contribuyen a la reproducción biológica del país; son también quienes más relegadas se encuentran en nuestro país.
Trabajo y desempleo
La participación de los afrodescendientes en el mercado de trabajo uruguayo señala que ingresan más tempranamente que sus pares no afro. Este proceso viene acompañado de una desvinculación precoz del sistema educativo, con dos consecuencias importantes: una mayor prevalencia de niños y niñas afro involucrados en trabajo infantil, y una mayor proporción de adolescentes afrodescendientes involucrados en el mercado de trabajo informal. De esta forma, las personas afrodescendientes trabajan más horas, en múltiples empleos, durante más tiempo a lo largo de sus vidas en promedio que el resto de la población uruguaya.
Parte de este problema es captado por la tasa de actividad, que para el período 2010-2020 es en promedio 3,4% mayor que la de la población no afro, y en mucho menor medida por la tasa de empleo, que para el mismo período es casi 1% superior en el caso de la población afro. Pero esta evidencia simple permite constatar que la razón de la pobreza en la población afro no es que trabajen menos que el resto: de hecho lo hacen más, pero en peores condiciones derivadas de la discriminación pasada y presente en el ámbito educativo y laboral.
Lo que sí sucede es que la inserción temprana y con menores calificaciones en el mercado laboral informal se traduce en un marcado proceso de segregación ocupacional, que lleva a que las mujeres afrodescendientes estén sobrerrepresentadas en el servicio doméstico y los varones en ocupaciones vinculadas a la construcción y la seguridad. Adicionalmente, en parte por la diferencia en términos educativos, y en parte por el efecto de la discriminación racial, los afrodescendientes reciben menores ingresos que sus pares no afro que se desempeñan en ocupaciones similares.
La crisis sanitaria provocó la destrucción de más de 60.000 puestos de trabajo. Pero este fenómeno, nuevamente, tuvo impacto diferencial en términos de empleo según ascendencia étnica: la diferencia entre trabajadores afro y no afro alcanza su máximo histórico en 2020, cuando este indicador en el caso de los trabajadores y trabajadoras afro se ubica 5,4% por encima del resto de los trabajadores.
La protección diferencial ante el shock
A pesar de conocer la realidad de la población afrodescendiente, caracterizada por estar sobrerrepresentada en la pobreza, en la infancia, en las ocupaciones que no permiten el teletrabajo y en los ocupados sin seguridad social, es posible afirmar que no se desarrollaron acciones específicas para protegerlos frente a un shock agudo y masivo. El resultado es un shock asimétrico por líneas de quiebre étnico-racial. A continuación exponemos tres razones que llevan a esta situación.
En primer lugar, la respuesta estatal fue mucho más sólida para los trabajadores formales que para los informales. El seguro de desempleo y los seguros por enfermedad operaron en forma no perfecta, pero robusta, en materia de cobertura, suficiencia, momento y duración. Si bien también se atendió la emergencia social de la población más vulnerable e informal, la respuesta estatal aquí fue menos sólida. Se logró ampliar la cobertura mediante las tarjetas electrónicas de emergencia, pero aun así persistieron algunos problemas de cobertura y, más importante aún, de suficiencia en las transferencias. Es en estos estratos vulnerables y pobres donde la población afrodescendiente se encuentra sobrerrepresentada.
En segundo lugar, fue la población afrodescendiente la que en términos relativos más sufrió la supresión de la presencialidad en el sistema educativo y de cuidados. Eso es cierto por tres simples razones: es la que tiene más hijos pequeños, es la que más asiste al sistema público y es la que más depende del sistema de alimentación escolar.
La tercera razón es que simplemente no se desarrollaron acciones afirmativas específicas para dicha población o para categorías ocupacionales como el servicio doméstico. El Estado uruguayo, con todos sus méritos y deméritos, respondió a la pandemia y sus efectos sociales en forma racialmente ciega. Pero hemos demostrado que los impactos de la crisis y las condiciones de partida para enfrentarla no eran racialmente indiferenciados. Tener en el punto ciego la dimensión étnico-racial en las políticas de respuesta tiene el efecto no deseado de la perpetuación de dichas diferencias. Por otra parte, y más allá de los shocks agudos como el que vivimos, si un país no trabaja en resolver las brechas estructurales acordes a raza, será un país condenado a repetirlas y eventualmente ampliarlas en el futuro.
Conclusión
El discurso epidemiológico que caracterizó la gestión de la pandemia de covid-19 provocó un desplazamiento en la agenda pública de la problemática de las minorías raciales y de género y generaciones. En el caso de Uruguay, los afrodescendientes sufrieron las principales repercusiones de la crisis sanitaria. Esto tiene serias implicaciones en términos del diseño de políticas públicas que promuevan la equidad racial en Uruguay. En primer lugar, dentro de la población afro hay dos grandes grupos que deberían ser priorizados en términos de políticas sociales: las mujeres y los niños y niñas afro. En segundo lugar, las tendencias del mercado laboral indican que es necesario tomar medidas para fortalecer la participación de las y los afrodescendientes en el mercado laboral, especialmente en el caso de las trabajadoras afro. Una muestra clara de las consecuencias negativas del predominio del enfoque epidemiológico en la gestión de la pandemia es la poca publicidad que han tenido los datos para 2020 de la aplicación de la Ley 19.122 de acciones afirmativas para la población afrodescendiente en el plano laboral y educativo. El cumplimiento de esta ley, que establece un cupo de 8% para trabajadoras y trabajadores afro, registró su mínimo histórico el año pasado: menos de 0,7% de los ingresos al Estado fue de personas afrodescendientes, según datos de la Oficina Nacional del Servicio Civil.
La creación, a través de la Ley 19.924 de Presupuesto Nacional para 2020-2024, de la División de Promoción de Políticas Públicas para Afrodescendientes en el Ministerio de Desarrollo Social es una señal alentadora en este sentido. Dada la naturaleza de las múltiples exclusiones que padece la población afrodescendiente, la transversalización de la problemática étnico-racial en todos los niveles del Estado es central para comenzar a desandar el complejo entramado de la discriminación racial en Uruguay. El Decenio Internacional de las Personas Afrodescendientes (2015-2025), con su lema “Reconocimiento, justicia, desarrollo”, nos compromete a todos, Estados, sociedad civil, cooperación internacional, a contribuir y trabajar por políticas, programas y decisiones regulatorias, fiscales, de protección social y de acción afirmativa que promuevan cambios en las vidas de las personas y en sus oportunidades de pleno desarrollo.
Esta nota forma parte de un ciclo de artículos que está publicando la diaria sobre dinámicas de población y su vínculo con el desarrollo, en una iniciativa conjunta con el Fondo de Población de Naciones Unidas.
Texto elaborado por los autores con base a los reportes y tabulaciones especiales del equipo de consultores para UNFPA integrado por Carlos Aloisio y Orlando Rivero.
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Es importante destacar los trabajos fundamentales que ya forman parte de este esfuerzo, desarrollados por diversas y diversos colegas como Wanda Cabella, Marisa Bucheli, Mathias Nathan, Graciela Sanromán, Laura Triaca, por nombrar tan sólo a algunos. ↩
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Ver Proyecto Zoom a tu Voz: juventudes afro en Uruguay, www.colectivamujeres.org/zoom-a-tu-voz ↩
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Dadas las diferencias en cómo se realizaron los trabajos de campo de 2020 y 2019 y qué información se registró y se imputó en la muestra de la ECH de 2020, hay una serie de cuidados metodológicos a tener en cuenta. Una nota técnica sobre este punto se podrá ver en el documento de trabajo de UNFPA que estará disponible en breve. Para más detalles puede consultarse la página del INE. ↩
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CEPAL y UNICEF, 2020. Panorama de la situación de los niños, niñas y adolescentes afrodescendientes en Uruguay. Montevideo: Unicef. ↩