“Cuando tenés certezas de que vas a la paliza, no vayas. Pero cuando tenés dudas, elegí perder con los tuyos”. El senador del Partido Comunista Óscar Andrade se convenció de esta idea durante su militancia sindical, y la transmitió en momentos en que el Frente Amplio (FA) se debatía entre sumarse o no a la campaña del referéndum contra 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC) junto al movimiento sindical y organizaciones sociales.

Diversas circunstancias llevaron a que, finalmente, el desenlace no fuera una derrota. Lejos de eso, las casi 800.000 firmas recolectadas contra la LUC constituyen un hecho sin precedentes desde que se instauró este mecanismo de democracia directa, en 1966. “No hay un registro de esta naturaleza, ni nuestro ni de la derecha. Cuando este registro se da, además, en seis meses y en medio de una pandemia, es insoslayable que la magnitud del hecho político te pase por arriba”, remarca Andrade.

El contexto también contribuyó a que la gesta alcanzara ribetes épicos para sus protagonistas. No sólo por la pandemia y por contar con la mitad del tiempo establecido para juntar las firmas, debido a diferencias internas que demoraron la movilización. También porque se produjo después de una derrota electoral del principal partido convocante. Sin poder recolectar las adhesiones en algunos lugares en los que tradicionalmente se hacía, como los tablados o las puertas de las facultades. Con muy poca presencia en los medios masivos de comunicación. Sin posibilidad de brindar un mensaje por cadena nacional. Con una alta popularidad del gobierno, según las encuestas de opinión pública. Y a esto hay que sumarle la extensión y la diversidad temática de la ley rechazada, con 502 artículos que fueron discutidos mediante el mecanismo de urgente consideración.

El politólogo Felipe Monestier apunta que este recurso de urgencia ha sido “excepcionalísimo” desde la recuperación democrática, y más aún en este formato de “ley ómnibus”. “Aun los antecedentes más fuertes, que fueron durante el gobierno de Lacalle padre y Jorge Batlle, tienen tres o cuatro veces menos asuntos que esta ley, que yo digo que es como la nave nodriza de las leyes ómnibus”, señala.

Andrade sostiene que la extensión y la complejidad de la ley fueron y serán otras dificultades en la campaña. “El casco militante tenía un manejo de la ley de urgente consideración todavía insuficiente, es muy difícil con una ley tan compleja, que abarca tanta cosa”. Si bien potencialmente se puede llegar “a un montón de públicos”, porque la LUC trata muchos temas, eso “para la comunicación política generaba una enorme dificultad”. “Haber superado todas esas dificultades a mí me emociona”, afirma el senador frenteamplista.

Cercanías y tensiones

La politóloga Verónica Pérez afirma que el FA puede ser definido como un “partido orgánico de masas”, porque tiene “una conexión orgánica con los movimientos sociales, que son su base de apoyo electoral”. Esta conexión implica tres elementos que necesariamente se deben dar. En primer lugar, la existencia de organizaciones sociales autónomas, con agenda y reivindicaciones propias, independientes del partido del que son aliadas. En segundo lugar, vínculos formales e informales entre el partido y los movimientos sociales. “El FA tiene fuertes vínculos informales desde sus orígenes con el movimiento sindical, con el movimiento feminista, de derechos humanos, de la diversidad sexual”, apunta Pérez. Estos vínculos se traducen en membresías dobles (muchos dirigentes y militantes de organizaciones sociales son también dirigentes y militantes del FA) y en relaciones de amistad. Y en tercer lugar, los movimientos sociales tienen “voz”, es decir, capacidad de incidir en las decisiones del partido.

“Esos fuertes vínculos llevan al FA a plegarse al llamado a referéndum, y eso hace que el FA no se desconecte de las organizaciones sociales, y tiene otras consecuencias que trascienden a este caso”, resume Pérez.

Para la politóloga, durante los gobiernos del FA, más que de un “alejamiento” del partido respecto de los movimientos sociales, debería hablarse de “tensiones”, que siempre existen. “Cuando vos ves la agenda de políticas públicas que ha impulsado el FA en 15 años de gobierno y lo comparás con otros partidos del mismo tinte en la región, en realidad el FA realizó muchas de las principales demandas que estaban en el corazón de los movimientos sociales con los que tiene vínculos y muchas demandas históricas: Consejos de Salarios, ley de responsabilidad empresarial, ley de trabajadoras domésticas, despenalización del aborto”, enumera. Y concluye: “Si el FA se hubiese alejado de las organizaciones sociales, no se hubiese convocado este referéndum, que es dificilísimo de convocar, porque es una ley ómnibus”.

Andrade tiene otra visión. Considera que sobre la mitad del segundo gobierno del FA comenzó a procesarse un “divorcio” con los movimientos sociales a partir de algunas acciones de gobierno, como la declaratoria de la esencialidad de la educación, la política salarial de 2016, “diferencias dolorosas que nos terminaron costando parte de la pérdida de sintonía que contribuyó a que no estuviéramos en condiciones de dar la batalla en el plano de la subjetividad”.

Pero hay una historia común que pesa en la cercanía entre el FA y los movimientos sociales, que “no se quiebra de un día para otro”, acota Andrade. “Sin la unidad de la CNT no había FA. Nos encontramos juntos en la huelga general, en la resistencia a la dictadura, en el plebiscito del No, en la reapertura de la democracia, en el voto verde, en la defensa de las empresas públicas. Y el primer gobierno del FA y parte del segundo colocaron esa historia un escalón más arriba, con una agenda laboral muy potente”. Tras el deterioro de los últimos años, la campaña contra la LUC “vuelve a articular” esos vínculos, destaca Andrade.

Camión con las firmas en la sede del PIT-CNT, para ser trasladadas a la Corte Electoral.

Camión con las firmas en la sede del PIT-CNT, para ser trasladadas a la Corte Electoral.

Foto: Ernesto Ryan

Desafíos de comunicación

Una de las principales consignas que utilizaron los promotores del referéndum contra 135 artículos de la LUC fue que es necesaria una consulta popular para poder decidir con mayor participación y con más tiempo sobre los variados asuntos que aborda la ley. Ese argumento ya no estará sobre la mesa en la segunda etapa, que se abrirá una vez que la Corte Electoral valide las firmas presentadas. Ahora el tema de discusión será directamente el contenido de la ley, y tanto quienes promueven como quienes rechazan la norma deben definir sus estrategias.

Monestier indica que el oficialismo tendrá que resolver primero si lleva adelante una estrategia de “pelear firma a firma” en la Corte Electoral –como hizo el presidente Julio María Sanguinetti en la campaña por el referéndum para derogar la ley de caducidad– o si admite que los promotores del referéndum cuentan con un “colchón” suficiente. Y en segundo lugar, tendrá que decidir si persiste en su estrategia de “invisibilizar” el tema, como ha hecho hasta ahora.

Los partidarios de la derogación de la LUC, por su parte, tendrán que resolver en qué asuntos centrarse. Para Monestier, “hay asuntos que son difíciles, como todos los de seguridad pública”, porque “el discurso punitivista permeó a mucha gente”. “Un constitucionalista de la Universidad de Navarra decía hace poco: ‘¿Pero ustedes se dan cuenta de que en la LUC Uruguay equipara prácticamente el derecho de propiedad con el derecho a la vida?’. Para cierta sensibilidad de izquierda eso es como obvio y aparece como un filón que hay que trabajar, pero al mismo tiempo también sabemos que esta idea punitivista de que ‘te metiste en el galpón de mi casa y te puedo pegar un tiro’ tiene muchas simpatías”, advirtió.

Para Andrade, hay que conectar los contenidos de la LUC con otras políticas del gobierno, como la presupuestal. “Mañana tengo que discutir de alquileres, y digo: ‘Acá hay una forma de resolver que apela al mercado, precarizando de forma contractual a los más débiles, por parte de un gobierno que además recortó la inversión en vivienda’. Y me pararía a discutir el recorte del derecho de huelga en medio de una perspectiva de rebaja del salario. Y tenés una reforma educativa en el marco de un contexto de recorte del presupuesto de la enseñanza”, ejemplificó.

Opinó que los promotores del referéndum tienen “todo para ganar, porque cuando aclaremos algunos conceptos, la mayoría del pueblo uruguayo no va a querer que se deteriore la educación pública, no va a querer que se deterioren las empresas del Estado, no va a querer que se recorten derechos laborales”.

Para Pérez, uno de los efectos que tendrá el referéndum es que va a “polarizar más un sistema político que ya es polarizado”, debido a que la LUC “representa buena parte del programa” del actual gobierno. Para Monestier, va a ser “claramente un referéndum sobre gestión de gobierno”, y en ese sentido puede romper un poco “esa especie de burbuja” que se creó con las encuestas sobre popularidad del gobierno. “Cambia un clima de opinión y me parece que va a cambiar también al interior de la coalición”, consideró.

El futuro para el FA

Verónica Pérez considera que lo sucedido esta semana muestra que a pesar de haber perdido votos, el FA “no perdió capacidad de movilización, y esa es una característica destacable en términos comparados” con otras izquierdas en América Latina. “Y eso se vio ahora, pero también se vio con lo que pasó en la campaña electoral pasada. El FA convoca en un acto final en octubre a 80.000 personas, que era básicamente lo mismo que había convocado en el acto de la elección anterior, pero teniendo un nivel de votación mucho menor. Pero lo hace porque tiene una capacidad de organización en el territorio que colabora de manera significativa para generar esos actos de movilización”, añadió.

Andrade destaca que hay “una cantidad enorme de compañeros y compañeras” para quienes “esta fue su primera tarea militante”. “Era algo que no veíamos desde el ‘No a la baja’. Gente que te llamaba para que le fueras a buscar la firma y a la semana te pedía diez papeletas para salir, y eso se multiplicó”, resalta. Acota que el viernes, al día siguiente de la entrega de firmas a la Corte Electoral, recibió “cantidad de mensajes de compañeros y compañeras que quieren sumarse a militar en algún lado, desde profesionales a gente del barrio, que preguntan cómo siguen dando una mano”. “No aprovechar eso sería criminal”, advierte.

El senador frenteamplista y exdirigente del sindicato de la construcción destaca que el FA “recuperó la presencia en el barrio, en el territorio, en los locales”, y se encontró “con buena parte del movimiento social que es sustento de su programa”. “Vamos a salir de esta batalla con un FA nuevo”, pronostica. Recuerda “la cantidad de compañeros de los sindicatos” que vio en la calle juntando firmas. “Eso te cambia el movimiento sindical, porque van a pedir cancha. Eso hace que el espacio frenteamplista empiece a cambiar el aire. Ese cambio de clima hay que saberlo leer, interpretar y ponernos a la cabeza de eso”, afirma.

Por otra parte, opina que esta campaña “no hay dudas de que generó un cambio sustantivo y que deja muy malherida esta experiencia de querer presentar de prepo un programa de gobierno”, y mostró, a su juicio, que “esta es una forma de gobierno que a los uruguayos no nos cae muy bien”. Ahora, tal como dijo el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, “hay que abrir más el juego para que todos nos sintamos protagonistas de esta historia”, sostiene Andrade.

La democracia directa y los “radicales”

El politólogo Felipe Monestier dijo que le llama la atención escuchar nuevamente viejas descalificaciones a los promotores de mecanismos de democracia directa, como por ejemplo tildarlos de “radicales”. “Se pierde de vista con mucha frecuencia que son derechos políticos, este no es un derecho político de menor rango que el del voto”, advirtió.

En este sentido, recordó que índices de calidad de la democracia globales suelen ubicar a Uruguay alto en los rankings, entre otros motivos porque cuenta con estos mecanismos de democracia directa.

“Cada vez que se usan estos mecanismos –salvo cuando los usaron las organizaciones de jubilados y pensionistas y cuando se usaron durante los gobiernos del FA– hay un momento inicial en el que esto es presentado como una iniciativa radical. Es una cosa un poco contradictoria que por un lado es un indicador que distingue a Uruguay y al mismo tiempo siempre es una cosa de los radicales”, comentó.