El estado uruguayo volvió a estar ausente en una instancia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) referida a la población afrodescendiente, la principal minoría en el país. En este caso fue en la consulta regional del mecanismo de expertos para promover la justicia e igualdad racial en la aplicación de la ley de la ONU, instancia que se llevó a cabo en Chile entre el 28 de noviembre y el 2 de diciembre.
Ninguna institución del Estado uruguayo participó en esta consulta regional, ni el ministerio del Interior, ni el de Relaciones Exteriores, ni el Poder Judicial ni la Fiscalía. A uno de los representantes de organizaciones sociales uruguayas presente le comunicaron que de Uruguay no contestaron siquiera la invitación a la actividad.
Juan Méndez, uno de los expertos de este mecanismo y de extensa trayectoria en organismos internacionales de derechos humanos, lamentó la ausencia de representantes del Estado uruguayo y puso a disposición dicho mecanismo para dialogar sobre estos temas en otras oportunidades o cuando las autoridades tomen la iniciativa. Además de Méndez, de nacionalidad argentina, integran el mecanismo en calidad de expertos la jueza Yvonne Mokgoro (Sudáfrica) y la doctora Tracie L Keesee (Estados Unidos).
En la consulta regional participaron representantes de organizaciones sociales y del Estado de países de América, tanto de manera presencial como por videoconferencia.
Los integrantes de las organizaciones hicieron planteos sobre la situación en sus países. Los abusos policiales y parapoliciales y la situación en las cárceles fueron temas recurrentes en diversas presentaciones.
Los reclamos de las organizaciones uruguayas
Orlando Rivero concurrió en representación de la Coordinadora Nacional Afrouruguaya y presentó un informe referido a la situación de la población afro en las cárceles uruguayas. Comunicó que hay una sobrerrepresentación de la población afro en las cárceles, que muestra una situación de criminalización de la población afro y el impacto del racismo en la sociedad. “El sistema judicial discrimina a la población afro. La probabilidad de una persona negra de terminar presa es de 710 cada 100.000 y es de 210 cada 100.000 en personas no afro”, cuestionó.
En diálogo con la diaria, Rivero destacó la creación de este organismo especializado en la estructura de la ONU. “Es una victoria política del movimiento regional afro y de derechos humanos, implica un combate a la necropolítica que el racismo y la discriminación imponen en países como Brasil, Colombia, Estados Unidos y Chile, o los casos de los sesgos raciales imperantes que llevan a un encarcelamiento masivo, como los denunciados de Uruguay y Perú”, destacó.
Nira Pose.
Foto: Camilo dos Santos
Este mecanismo fue creado en 2021, luego del informe de la alta comisionada sobre la justicia racial y la igualdad, que introdujo una agenda de cuatro puntos para erradicar el racismo sistémico y las violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del orden contra las personas africanas y afrodescendientes. Recibió el mandato de promover un cambio transformador en favor de la justicia y la igualdad raciales, de investigar la respuesta de las autoridades a las protestas pacíficas contra el racismo y a todas las violaciones del derecho internacional de los derechos humanos contra los africanos y los afrodescendientes, y de contribuir a la rendición de cuentas y la concesión de medidas de reparación a las víctimas.
Rivero dijo que la expectativa es modificar la aplicación de “medidas de restricción y acoso en la que viven los afrodescendientes” y que “agrava la problemática estructural del racismo en nuestros países”.
Sobre la ausencia de representantes del Estado uruguayo, Rivero apuntó que el hecho se suma a la no participación del gobierno en la conmemoración de la conferencia de Durban y la “carencia de políticas concretas para afrodescendientes”. “Este es otro hito en la baja de la presencia democrática de Uruguay. Cada vez se retrocede más en relación a los derechos de la comunidad afro en el país”, opinó.
En tanto, Nira Pose presentó un informe en representación de la organización Mizangas, en el que respondió a una serie de consultas de los expertos, como la situación del acceso a la Justicia por parte de la población afrodescendiente, si hubo medidas de reparación y qué voluntad política existe para eso.
Dicho informe señala que Uruguay “cuenta en este momento con un Estado de derecha neoliberal, militarista” y “se están destapando grandes casos de corrupción”, además de que “imponen una ley de represión” (en referencia a la ley de urgente consideración) que va en contra de los derechos humanos”.
“La población afrodescendiente en nuestro país triplica los índices de pobreza. Si miramos la situación de las personas trans, se agravan las condiciones de discriminación. No hay reparación, es un concepto que se está levantando desde las organizaciones afrouruguayas”, dijo.
Pose consideró “preocupante” la falta de representantes del Estado uruguayo en esta consulta regional. “Creemos que es sumamente importante que el Estado aborde y sea parte de la agenda contra el racismo. No es la primera vez que no participa el Estado uruguayo en asuntos sobre los derechos de las personas afrodescendientes. Creo que la voluntad política se describe en esa ausencia”.
Adriana Martínez. Foto: Julián Pereyra
Adriana Martínez estuvo en la consulta representando a la organización Colectiva Mujeres. Dijo a la diaria que “evidentemente” a nivel de gobierno “no hubo interés en participar ni en priorizar” este nuevo mecanismo, “porque no se envió a alguien ni siquiera de rango medio”.
En reiteración real
La ausencia del Estado en esta instancia se suma a la decisión del gobierno de Luis Lacalle Pou de no participar el año pasado en la celebración de los 20 años de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia de Durban (Sudáfrica) que organizó la ONU en su sede de Nueva York, lo que generó malestar en las organizaciones de afrodescendientes locales.
En la conferencia de Durban, Uruguay fue un ejemplo internacional debido a que las organizaciones de la sociedad civil y los representantes del gobierno defendieron propuestas acordadas previamente. Las figuras más destacadas del Poder Ejecutivo en esa instancia fueron el ministro de Educación y Cultura de la época, el nacionalista Antonio Mercader (fallecido en 2019), el entonces embajador en Sudáfrica, Nicolás Colacho Moreno (hombre de confianza de Jorge Batlle, fallecido en 2021) y el director general de Asuntos Políticos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Álvaro Moerzinger (asesor del presidente Luis Lacalle Pou en la campaña electoral y actual representante uruguayo ante las oficinas de la ONU y organismos especializados con sede en Ginebra).
“Somos conscientes de la desigualdad de trato que sufren las personas afrodescendientes”
Juan Méndez, experto de la ONU para promover la justicia racial
El argentino Juan Méndez es uno de los expertos del mecanismo para promover la justicia e igualdad racial en la aplicación de la ley de la ONU. Entre otros cargos, fue relator especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes (2010-2016); asesor especial del secretario general de la ONU sobre la prevención del genocidio (2004-2007) y, simultáneamente, presidente del Centro Internacional para la Justicia Transicional (2004-2009), así como comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2000-2003), organismo que presidió en 2002.
¿Cómo define el trabajo del mecanismo de expertos, sus objetivos y alcance? El mecanismo se creó en diciembre de 2021 para relevar las conductas de fuerzas policiales en todo el mundo cuando violan los derechos de las personas a partir de un ánimo racista o discriminatorio por razón de la raza o etnia de los perjudicados por tales actos. El mecanismo debe analizar el racismo y la discriminación en esas actitudes policiales, priorizando los actos discriminatorios contra ciudadanos africanos o afrodescendientes. El mandato nos instruye a documentar casos específicos de racismo, pero también a contribuir a corregir esas violaciones mediante políticas públicas que se implementen de buena fe y que tengan el propósito de prevenir tales actos. Enfocamos la conducta de las fuerzas de seguridad en el uso de la fuerza, pero también en su rol de auxiliar de la Justicia penal, por lo cual consideramos incluidas en nuestro mandato las decisiones sobre detención bajo sospecha de comisión de delitos y sobre privación de libertad cuando tales decisiones sugieren patrones de discriminación racial.
¿En qué consistió la consulta regional realizada semanas atrás? ¿Cómo fue su funcionamiento y los principales temas planteados? Desde el inicio de nuestro mandato hemos organizado varias consultas virtuales con expertos y expertas, con sociedad civil, con representantes de organismos de control y con autoridades gubernamentales. Sin embargo, la reunión de Santiago fue la primera de carácter presencial. Nos reunimos con representantes de esos estamentos en diez países de América del Sur. Los primeros días escuchamos a representantes gubernamentales o de organismos de control, y los últimos tres a representantes de la sociedad civil y a víctimas directas. Con unos y otros discutimos la incidencia del racismo en la actuación policial en las calles y en la investigación de delitos, así como en los centros de privación de libertad.
¿Qué visión tiene en particular sobre la situación de la población afrodescendiente uruguaya? No tenemos opinión sobre la situación de ningún país en particular sin hacer previamente un estudio basado en una visita al país o bien a través de casos que se nos denuncien y eventualmente procesemos mediante los trámites que ha dispuesto el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Entre tanto, la consulta nos permitió reunir información de fondo para mejor entender en su momento los casos que se nos presenten. En Uruguay, como en otros países, somos conscientes de la desigualdad de trato que sufren las personas afrodescendientes y de las responsabilidades de los Estados, bajo el derecho internacional, de realizar el principio de la no discriminación y la prevención del racismo.
El gobierno decidió no participar en la conmemoración de la Cumbre de Durban en la ONU el año pasado y tampoco en esta consulta regional. ¿Qué reflexión le merece esto? Sin conocer las razones para no participar en la conmemoración de la Cumbre de Durban no podemos emitir juicio sobre esto. En cuanto a la no participación en nuestra consulta, lamentamos la ausencia de representantes del Estado uruguayo y nos ponemos a disposición de ellos para dialogar sobre estos temas en oportunidades que se repetirán en el futuro cercano, o bien cuando las autoridades tomen la iniciativa.