Jorge Díaz: “La investigación se archivó, nuestro objetivo está cumplido”

El equipo legal de Yamandú Orsi, encabezado por el exfiscal de Corte Jorge Díaz, corría una carrera contra el tiempo desde marzo, y la ganó. Esta semana se confirmó que la denuncia contra el precandidato frenteamplista era falsa; si hubieran pasado algunos días más, el caso se hubiera archivado por aspectos formales, pero siempre habría quedado “esa sombra” de duda. Hubo personas que se presentaron como periodistas que pidieron el expediente del divorcio de Orsi días antes de la denuncia de Romina Celeste Papasso, y otras circunstancias extrañas que Díaz relató en entrevista con la diaria. También habló de política, del sistema judicial y del narcotráfico.

¿Pudiste acceder a la carpeta de investigación de la denuncia contra Orsi?

El jueves a las 19.50 el doctor Sergio Pérez recibió un pendrive y documentación en papel con el contenido de la carpeta. La defensa ya la tiene, pero no hemos podido sentarnos a analizarla, va a llevar varios días, con la tranquilidad de que nuestro objetivo está cumplido. Desde el día 1, ese 13 de marzo, cuando nos reunimos con Yamandú en mi casa, las instrucciones de él fueron muy claras: “Separemos lo judicial de lo político, yo voy a seguir haciendo mi trabajo, ustedes hagan el suyo”. Nos encomienda dos cosas muy claras: “El equipo de defensa tiene que investigar a fondo, tenemos que saber qué es esto”. Teníamos claro que nuestro cliente no había participado y teníamos que demostrar claramente la inocencia, era como una especie de inversión de la carga de la prueba, porque normalmente es el Estado el que tiene que probar que la persona cometió un delito.

El tercer pedido fue: “Yo no quiero que esto se archive por razones formales”, y esto es bien importante porque el delito denunciado o los hechos que se describieron en la denuncia era un delito de lesiones personales, no era un delito sexual. En el delito de lesiones personales se requiere la instancia del ofendido, y hay un plazo de seis meses desde la comisión de derecho. Y no se había hecho. Entonces, era muy fácil plantear “se tiene que archivar”, pero la instrucción era clara: “Tenemos que ir al fondo, acreditar que yo no tuve nada que ver con esto”. Ante ese mandato, nos pusimos a trabajar.

Esto de la inversión de la carga de la prueba era porque es un precandidato que está en campaña electoral y había urgencia en ese sentido.

Claramente. La inversión de la carga de la prueba no era un problema legal, era un problema político. Además, teníamos un plazo, porque si los hechos denunciados habían sido en junio de 2014, en junio de 2024 prescribía, y ahí se iba a archivar por razones formales. Si se archiva por razones formales, siempre va a quedar esa sombra.

A poco de que empezamos a trabajar, comenzamos a recibir información de diferentes personas: “Mirá que están buscando el expediente de divorcio de Yamandú, están buscando si no hay expediente vinculado a Yamandú por violencia doméstica, están buscando en las comisarías”. Hubo gente que hizo ese trabajo. Llamaron a los abogados del divorcio buscando información para situar a un Orsi violento y a un Orsi violento contra las mujeres.

Dijiste en entrevistas anteriores que ya tienen identificadas a esas personas, ¿pudieron corroborar que fueran militantes políticos?

No, hubo gente que se identificó como periodista, pero no sabemos ni siquiera si lo son.

Estos hechos ocurrieron un poco antes de la denuncia, entonces la gente está en otra, te podrá llamar más o menos la atención. Yo hablé por teléfono con la colega que participó en ese expediente del divorcio y estaba muy sorprendida de que alguien la llamara. Ella dice: “Fue alguien que se identificó como periodista”. Ese era el contexto donde empezamos.

¿Les dieron alguna explicación de la reserva, de por qué no se les dio acceso a la carpeta?

Internamente, a la carpeta de investigación de la fiscalía accede el imputado y su defensa y la víctima. Esa es la regla general, la excepción es la reserva para el imputado de determinadas medidas de investigación que un fiscal puede desarrollar, y si el imputado se entera, pueden frustrarse. Intervención telefónica, levantamiento del secreto bancario, allanamientos... pero jurídicamente está previsto como la excepción. Lo que nos sorprendió fue una reserva total de toda la investigación. Eso, a nuestro juicio, se aparta claramente de lo que establece la ley. El 22 de marzo comparecen el doctor Sergio Pérez y la doctora Marina Monelli y le dicen básicamente a la Fiscalía: “Sabemos que estamos denunciados porque nos enteramos por la prensa, porque nunca nos notificaron, nuestro cliente no tiene nada que ver con los hechos pero queremos que se investigue”. El 29 de abril, sabiendo que [Paula Díaz] se presentó el 27 de abril en Crimen Organizado, el doctor Pérez presenta una solicitud para tener una entrevista con la fiscal; queríamos ver cómo podíamos acceder rápidamente a la carpeta. Eso fue el 29, el jueves 2 de mayo se recibe la respuesta de la fiscalía diciendo que no se va a dar la reunión y que la investigación está reservada.

El 3 de mayo explota esta situación de Papasso en redes, además está la promo del programa Santo y seña y empieza a correr la noticia de que le habían hecho una entrevista a Paula Díaz y que iba a salir el domingo; teníamos la convicción de que se iba a decir que la denuncia era falsa. Cuando vemos el programa, escuchamos a una Paula Díaz confirmando todo lo que a nosotros nos habían informado, que el 27 de abril había tenido una entrevista con la fiscal y que le había dicho que no estaba segura y que no fue Orsi.

Nosotros hicimos un trabajo de investigación, empezamos a rastrear en el Parque Roosevelt quiénes eran las mujeres trans, trabajadoras sexuales, fue un trabajo fantástico de la doctora Morelli, que tiene 15 entrevistas grabadas, obviamente en reserva, de trabajadores sexuales que dicen: “Paula Díaz nunca trabajó en el Parque Roosevelt”. Todos los testimonios eran coincidentes.

Volviendo a la entrevista que tuvo la fiscal con Paula Díaz, cuando le preguntan a la fiscal por qué no archivó el caso en ese momento, ella dice que no tenía validez esa conversación informal, que tenía que declararlo ante la Justicia.

Yo no quiero debatir con la fiscal, [pero] la investigación preliminar es desformalizada. La investigación no tiene ningún requisito previo, las entrevistas, los interrogatorios se pueden hacer en cualquier parte, creo que lo único que está regulado es que tiene que ser en audio. Claramente, respecto de Orsi, bastaba que ella dijera “no estoy segura” para que ya se cayera todo. Ahora la investigación está archivada, nuestro trabajo terminó, hay otra investigación en curso en la que nosotros no participamos.

Después de que declaraste que la fiscal Sandra Fleitas no te daba garantías, la Asociación de Fiscales sacó un comunicado alertando contra acciones que pueden erosionar la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia.

Jorge Díaz es el abogado de Orsi, quien declaró eso [que Fleitas no daba garantías] fue Yamandú Orsi a través de sus abogados. Vamos a sacar el eje de la discusión, esto no es personal. Yo respeto muchísimo a la Asociación de Fiscales y están en todo su derecho de expresar su pensamiento; como todo colectivo corporativo, defiende a sus afiliados.

¿No creés que influyó la investigación administrativa sobre Fleitas que se hizo cuando eras fiscal de Corte?

No, acá no hay una cuestión personal. Acá lo importante es Yamandú Orsi, que fue acusado de un delito con toda una carga simbólica peyorativa: que maneja borracho, que contrata los servicios de una trabajadora sexual, que además es violento.

¿La investigación que ustedes efectuaron llegó a la fiscalía? ¿Puede ser parte de la nueva causa por simulación de delito, aunque ustedes no sean parte?

La investigación de la defensa es reservada.

Entonces los datos que ustedes consiguieron se perdieron.

No, los datos que nosotros conseguimos están en nuestra carpeta de investigación y es reservada.

Pero esa causa está archivada.

Sí. ¿Qué sentido tiene ahora ir a agregar...?

Que hay una causa abierta por simulación de delito.

Nosotros no somos parte. Eso es un problema de investigación de la fiscalía. La investigación se archivó, nuestro objetivo está cumplido.

Cambios en el sistema de justicia

Ha habido casos, por ejemplo el de Alejandro Astesiano, en el que parece que el acuerdo abreviado afectó la continuidad de la investigación. ¿Te parece que sería bueno hacer alguna modificación que permita impugnar los acuerdos? Tener alguna posibilidad de proteger la investigación, porque a veces si el fiscal no quiere, no se investiga y se acuerda.

No es un problema del proceso abreviado, se pueden estudiar mecanismos de revisión de la actuación fiscal. Por ejemplo, en España, los fiscales no tienen independencia técnica. Muchas veces el fiscal entiende que hay que hacer tal cosa, pero antes de hacerlo hay mecanismos de revisión.

¿Sería bueno un cambio así en Uruguay?

Habría que estudiarlo, pero ahí te estás metiendo con un tema que es tabú en Uruguay que es la independencia técnica de los fiscales. Que los jueces sean independientes hace al Estado de derecho, porque si no hay independencia judicial no hay debido proceso. Hasta ahora el país tomó una decisión y es que los fiscales tienen independencia técnica y que hay instrucciones generales que se pueden dar, y ya con las instrucciones generales mirá todo el lío que se armó.

¿Hoy como abogado no te sentís debilitado frente al poder del fiscal?

El problema del abogado es que representa al cliente, entonces claro que tengo algún caso de un cliente que no quedó conforme, un denunciante que no quería que ese proceso terminara de esa manera. Legalmente, no tenés chance. Eso pasa, pero no solamente pasa con los abreviados, pasa con las decisiones de no investigar, muchas veces se hace una denuncia y el fiscal archiva, vos podés pedir la revisión por otro fiscal… quizá el mecanismo podría ser una revisión por otro órgano superior. Yo estaría dispuesto a discutir todo lo que se quiera. Acá hay un tema que está como subyacente que es que el Poder Ejecutivo nunca tuvo una política pública de justicia, entre otras cosas porque por el diseño, no tenemos un Ministerio de Justicia.

Bueno, ahora parece que habría un acuerdo bastante amplio para crearlo.

A mí me alegra que haya un acuerdo, que gane quien gane lo puede impulsar, siempre respetando lo que establece la Constitución, que le asigna al Poder Judicial aspectos administrativos que en otros países son resueltos por el Ministerio de Justicia, eso no lo podés tocar.

¿Sobre los mecanismos de designación de los jueces?

En Argentina, en Estados Unidos, en Brasil, la nominación parte del Ejecutivo, luego obviamente lo tiene que avalar el Legislativo.

¿Debería darse mayor transparencia a la designación de los jueces?

Se aprobó un proyecto, fue declarado inconstitucional, hubo un proyecto del Colegio de Abogados que nunca se trató, no hay, hasta donde yo sé, nuevas iniciativas.

Está esa acordada de la Suprema Corte de Justicia sobre el proceso de ascenso, pero no parece ser un tema que se resuelva con una acordada.

Ahí hay que ver cuál puede ser el proceso, si es que se entiende que no es transparente. Los jueces creo que lo entienden así, porque han ido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si esta es una prioridad, habrá que sentarse a trabajar en ello.

Hay cierta dicotomía entre la publicidad del proceso penal y la necesidad de reserva. Varios abogados se han expresado en contra de los juicios mediáticos, y al mismo tiempo, audiencias que por ley deberían ser públicas se declaran reservadas.

En mi opinión, las audiencias judiciales, todas salvo excepciones, deben ser públicas. Las excepciones están taxativamente establecidas. Yo he visto que se extiende la reserva a casos no incluidos en las excepciones. Vi que la [Suprema] Corte hizo un convenio con la APU [la Asociación de la Prensa Uruguaya, para la publicidad de las audiencias], me pareció buenísimo, realmente lo festejé internamente porque creo que es un paso. Creo que este es un proceso cultural, que quizás en este aspecto está llevando demasiado tiempo, pero hay que seguir machacando. El juicio oral es profundamente democrático, porque expone ante el público el funcionamiento del sistema de justicia. Y yo creo que está bien, porque eso a la larga va a mejorar la calidad. Y además es un derecho de los ciudadanos saber qué es lo que está pasando. También digo una cosa: creo que debería adoptarse algún tipo de medida de seguridad para que la persona imputada pueda ingresar y salir tranquilamente de la audiencia. El acoso mediático al ingreso y al egreso para mí es mucho más violento que el hecho de que la audiencia sea pública.

Futuro y política

Orsi te designó para encabezar su equipo legal en un caso que representó el momento más complejo de su campaña, eso es una muestra muy grande de confianza hacia vos, ¿cómo lo tomaste?

A mí me tocó dirigir la orquesta, pero hubo muchos integrantes de esa orquesta que también, obviamente, cuentan con la confianza de Yamandú. Está Sergio Pérez, que es su abogado desde hace 20 o 30 años, Marina Morelli... Para mí fue... iba a decir “un honor”, pero no es la palabra honor. Es un gesto que valoro mucho. Por un lado, lo vi hasta como una cuestión natural, por el vínculo entre los dos.

¿Te considerás parte del círculo cercano de Orsi?

Yo no soy amigo de Yamandú, pero sí tengo una relación cercana. Yo no participo en política, no estoy en la cocina. Yamandú siempre dice: “Cuando tengo que hablar de justicia, llamo a Fulano, cuando tengo que hablar de seguridad, llamo a Zutano”. Bueno, soy de las personas a las que llama cuando necesita tener una opinión calificada sobre determinados puntos. Después también hay una relación personal, obviamente, un afecto mutuo.

Si Orsi te propusiera ser ministro de un gobierno suyo, ¿qué dirías?

Cada vez que dicen que voy a ser ministro, se muere un oso panda bebé. Primero, a mí nadie me propuso nada y no me voy a autoproponer. Hoy estoy ejerciendo como abogado en una tarea que me encanta, que me apasiona, y segundo, yo no milito políticamente, no soy adherente de ninguna fuerza política formalmente. Obviamente, tengo mis simpatías, sería una estupidez negarlo. Tengo una sensibilidad política y una forma de pensar que es clara, soy una persona de izquierda. Porque ¿qué es hacer política? Si yo quisiera hacer política, ya lo estaría haciendo, propuestas para hacer hay, todos los días. El acto tal, la lista tal, la actividad tal. Y bueno, yo opté por no participar activamente.

No te pregunto en el sentido de que formes parte de una agrupación, de que vayas a un acto de campaña, sino si estarías dispuesto a aportar tu conocimiento técnico en un futuro eventual gobierno del Frente Amplio, en un cargo de decisión.

No, yo no tengo previsto ocupar cargos, con toda franqueza. Nadie me lo propuso y no está en mi cabeza. El volcar el conocimiento técnico... Bueno, si te estoy diciendo que Yamandú cuando quiere hablar de un tema específico relacionado con seguridad, con justicia, con quien habla es con Fulano de Tal, claro, es así. Esa es una forma de poner tu conocimiento técnico al servicio de. Sí, claro, hablamos. Sí, claro, nos reunimos. Sí, claro, hemos tenido mañanas de mates. Sí, claro, hemos comido asados. Siempre hablamos mucho más allá de lo cotidiano. Un tema que yo le planteé y él lo toma con mucha fuerza es el acceso a la justicia, por ejemplo. Es un tema que a él le preocupa muchísimo. Acá hay un problema de acceso a la justicia y no es un problema de que los juzgados estén cerrados, es un problema territorial, que tenés en el interior y mucho más en el interior profundo. El acceso al asesoramiento jurídico, el acceso a saber qué derechos tenés, a saber cómo poder ejercer esos derechos, y que no pasa solamente por una Defensoría Pública fuerte. No tiene el mismo acceso una persona que tiene recursos que una que no tiene, no tiene el mismo acceso una persona que vive en el Centro que una que vive en Casavalle, y no tiene el mismo acceso la que vive en Casavalle que la que vive en Tres Islas, en Cerro Largo. Ahí hay que trabajar y hay ideas para laburar ahí.

¿Cuáles?

En Uruguay, hasta la dictadura, en Montevideo el Juzgado de Paz estaba en el barrio, estaba en La Teja, en el Cerro. Cuando vino la dictadura centralizó todo en Ciudad Vieja. Ahí se priorizó la cercanía con los estudios jurídicos y no con la gente. Bueno, yo te estoy hablando de hacer el proceso al revés, y no estoy hablando necesariamente de los juzgados, podemos hablar de las defensorías, de la fiscalía, o sea, buscar mecanismos que aseguren el acceso a la justicia, que es un derecho humano fundamental, y no estamos cumpliendo con eso.

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, ha dicho que este gobierno ha tenido hechos graves de corrupción, ¿coincidís con ese diagnóstico?

Uruguay es de los países que, según los estándares internacionales, tiene menos casos de corrupción o que tiene menos corrupción. Yo tiendo a creer que es así o comparto esa visión, y muchas veces uno pecherea con eso cuando sale afuera. Eso no significa que no tenga corrupción. La corrupción tiene muchas caras. Y hay agujeros enormes, como el tema de la financiación de los partidos políticos. Este es un elemento muy preocupante. Creo que entrar en el corruptómetro a ver cuál gobierno fue más corrupto que el otro es un debate político en el que, como técnico, no me voy a meter. Tenemos una Jutep [Junta de Transparencia y Ética Pública], que es un organismo que está mal diseñado, que tiene mil competencias y no tiene un solo recurso, un organismo colegiado cuyos integrantes se eligen por representación política. Ya de pique, para organismo de control de la corrupción ese mecanismo es absolutamente inviable, porque si voy a controlar la corrupción en el Estado y los dirigentes del Estado son de los partidos políticos, y los que integran la Jutep son delegados de los partidos políticos, es un chiste. Entonces me parece que mi aporte, más que poner el corruptómetro y medir, pasa por mirar cómo podemos resolver este problema. Y este problema no lo vamos a resolver mientras tengamos estos diseños institucionales, mientras no tengamos ley de financiación de los partidos políticos, mientras no tengamos quién controle la aplicación de esa ley. Y no estoy cuestionando a las personas que integran la Jutep, me refiero al diseño. Entonces, necesitamos mejorar. Por ejemplo, Uruguay debería plantearse cumplir con los estándares de la OCDE [Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos] en materia de corrupción pública y de corrupción privada, porque después está todo el tema del mecanismo de las licitaciones y la regulación del lobby. ¿O ustedes creen que en Uruguay no se hace lobby? ¿Somos tan buenos que no hacemos lobby? Se hace lobby todos los días. En otros países el lobby está regulado, te tenés que registrar como lobbista. En otros países la agenda de las personas públicas es pública, hay obligación de publicar qué hace el funcionario –estamos hablando de los funcionarios del gobierno, claramente– el día tal, con quién se reúne, y si te agarran fuera de agenda, te matan.

¿Te parece que habría que regular el lobby acá?

No tengo la más mínima duda, porque el lobby en Uruguay es intensísimo. Y está bien, porque los uruguayos creemos que la palabra lobby es una mala palabra; no, es una buena palabra. Lo que pasa es que tiene el sentido peyorativo porque se hace en las sombras. Hagamos como hace Estados Unidos, por ejemplo, que lo tiene regulado, tenés que estar registrado, y el lobbista a su vez tiene que registrar con quién habla.

Sin poner el corruptómetro, pero tomando dos ejemplos de normativas aprobadas por este gobierno: la flexibilización de la normativa de lavado de activos y la flexibilización del control del transporte de cargas, ¿esto no puede fomentar situaciones irregulares?

Yo creo que todos los mecanismos que se establezcan para transparentar las diferentes actividades son buenos. Y cuanto más eficientes y eficaces sean, mejor. Ahí el único cuidado que hay que tener es si los mecanismos de control no te terminan haciendo ineficiente la gestión. Pero sí el mecanismo de transparentar, todo lo que quite transparencia no es bueno. Creo que muchas de las disposiciones que se plantearon en las diferentes modificaciones de la ley de lavado generan márgenes… con el argumento de que “esto tranca, entonces bajemos el nivel de control para no trancar”. Pero si bajamos el nivel terminamos de alguna manera siendo menos transparentes. Entonces, si hay un cambio de gobierno, obviamente habrá que plantearse cómo mejorar los mecanismos de control, cómo retomar eso y profundizarlo. Pero tenemos un problema previo y es que quienes tienen que hacer esto tienen muchas veces un problema de legitimación para plantearlo: que ellos no transparentan cómo financian su actividad. Y acá yo no te hablo sólo de la campaña, te hablo de la financiación de los partidos. Entonces, si no sos transparente en el desarrollo de tu actividad, te queda poco margen de legitimación para exigirles a los demás que sí lo sean.

¿Cómo explicás el hecho de que en los últimos años haya habido incautaciones récord de droga en puertos europeos que provenían de Uruguay, qué alertas prende esto?

Hay un dato de la realidad que nosotros lo venimos diciendo desde 2002: Uruguay es un país que tiene una muy rica prestación de servicios y pocos controles, entonces evidentemente... los narcotraficantes son empresarios del crimen. ¿Qué hace el empresario del crimen? Trata de colocar la mercadería en forma rápida y segura en los lugares donde vale más, bien sencillo, explicación de mercado. Pero tengo un problema de transporte, porque como es una actividad ilegal, no voy a buscar el transporte más barato. Seguramente, tenga que pagar mucho el transporte para que sea lo más seguro posible, entonces, trato de ir por una ruta que sea lo más rápida posible, y al mismo tiempo segura. Claramente, Uruguay fue una ruta. Nosotros incautamos –digo “nosotros” porque estaban la doctora [Mónica] Ferrero, [Julio] Guarteche, yo– toneladas de cocaína en Uruguay porque se trabajó muchísimo sobre esa ruta. Ahora lo que pasa es que se dejó un tiempo, desapareció Uruguay como ruta, y quizá ahí se bajó un poco la guardia, hasta que nos empezamos a encontrar con esa realidad de que coronaban allá cargamentos que habían pasado por acá. Entonces, opa, se abrió la ruta, y a su vez empezaron a hacerse incautaciones acá. O sea, hay algunos mecanismos de ingreso de la droga a Uruguay que están absolutamente claros e identificables y hasta ahora no se ha adoptado ninguna medida para contrarrestarlos. Por ejemplo, la vía aérea, el tema de los radares, el manido tema de los escáneres, hay un montón de cosas para hacer. La ruta evidentemente se volvió a abrir y hay que trabajar mucho sobre eso, pero tampoco podemos pretender ser 100% eficientes en la interceptación de los grandes cargamentos y ser ineficientes en el control de la droga local, porque mientras nosotros éramos eficientes en el control de los cargamentos, en Uruguay se expandió la pasta base, y ese es un debe que tenemos como país, porque esa es la droga que les suministran a nuestros jóvenes.

¿Estás de acuerdo con ampliar la regulación del mercado de las drogas?

En el fondo yo creo en la despenalización de las drogas, lo he dicho más de una vez.

La pregunta no es teórica sino pensando en un plan real.

Lo que pasa es que lo que es ilusorio es pensar que Uruguay, en el continente en el que está y rodeado de los países de los que está, puede resolver solo un montón de problemas. Es muy delicado el equilibrio, porque vos no estás solo en el mundo. Ahora, cuando vos ves que en Estados Unidos cada vez más se despenalizan y se legalizan algunas sustancias que hasta ahora eran ilegales, y por el otro lado vienen las agencias y te dicen: “Ta, ta, ta”. Yo vengo escuchando hablar del fentanilo a las autoridades americanas... el fentanilo es ahora un problema que tienen ellos, no nosotros. Hay que prepararse, es cierto, pero tenemos que fijar nuestra propia agenda de prioridades como país. A mí me causa gracia cuando se dice que hay que legalizar la droga, y hay miles de drogas legales. Yo voy al supermercado, me compro una botella de whisky y claro, si es etiqueta azul es bueno, pero sigue siendo una droga. Cuáles están de este lado y cuáles están de este otro es una decisión política. La cocaína fue legal, el principal comprador de hoja de coca de Perú antes del nazismo fueron los laboratorios alemanes. Hubo en un momento una decisión política que dijo: “Esto es ilegal, y esto además se penaliza”. Está bien. El gran problema es que esas decisiones, y sobre todo las declaraciones de guerra... cuando vos le declaras la guerra algo, estás declarando una guerra que probablemente pierdas. Pero claro, políticamente suena bien, doña María y don José dicen: “Ah, sí, mira qué bien, este sí que va para adelante”. Pero la realidad es que la famosa guerra contra las drogas ya se perdió. No estoy planteando entregar la bandera, pero la realidad es que tenés que buscar soluciones inteligentes. Y hay otra cosa: ¿ustedes saben cuánta plata se gasta en la represión de las drogas? ¿Ustedes saben los miles de millones de dólares que se invierten en el mundo en agencias de seguridad? Hay gente que vive de dar charlas en el mundo sobre lavado de activos.

¿Entonces habría que avanzar más con la regulación?

Yo creo que es un camino de no retorno. Hay que trabajar. A mí no me gustaba mucho la ley de marihuana de entrada. Debo decir que, si bien no tuvo todos los resultados esperados, creo que le hizo un daño importante al mercado ilegal.