En la Cámara de Senadores se tramitan dos iniciativas vinculadas al endeudamiento por créditos al consumo. En la Comisión de Hacienda se analiza el proyecto de ley de usura del diputado Daniel Peña (Partido de la Gente) que se aprobó en Diputados en diciembre de 2023 con votos del oficialismo y la oposición, y en la Comisión de Constitución y Código ingresó un proyecto de reestructuración de deuda que presentó la bancada del Frente Amplio (FA). En paralelo, Cabildo Abierto (CA) sigue adelante con su campaña de recolección de firmas para habilitar un plebiscito de reforma constitucional “contra la usura y por una deuda justa”, una iniciativa que pretenden someter a consideración de la ciudadanía en las elecciones departamentales de mayo de 2025.
La situación de los “deudores irrecuperables” se instaló en la campaña electoral y el gobierno también movió fichas. El 10 de julio, el Banco Central, los bancos privados y las administradoras de crédito presentaron un Programa Voluntario de Reestructuración de Deudas (PVR) para beneficiar a “más de 780.000” uruguayos que tienen deudas de hasta 100.000 pesos por institución financiera.
Para el senador Charles Carrera (FA), se trató de una “buena noticia”, ya que esa herramienta podrá “convivir” con las iniciativas que pretende aprobar el Parlamento. En su opinión, el PVR no se puso en marcha sólo por la recolección de firmas que impulsa CA, tal como sugirió el senador Guido Manini Ríos, sino que responde a un “problema real” de la sociedad, que se discute hace casi dos años en el Poder Legislativo, con participación de “todo el sistema político”.
“En la última Rendición de Cuentas, el FA propuso y fue aprobado un artículo para que figurar en el clearing no sea un impedimento en el acceso a servicios públicos. O sea que el sistema político en su conjunto colocó estos debates en el Parlamento y hemos tenido avances”, analizó el dirigente del MPP. Según Carrera, la bancada de CA no ha tenido “voluntad real” para cerrar acuerdos: “Más que solucionar el problema, buscan hacer política. Pretenden tener una excusa para hacer campaña electoral después de haber defraudado a la población con las promesas electorales incumplidas. Los problemas de endeudamiento están muy ligados a la política económica del gobierno, que ha traído como consecuencia el empobrecimiento de las grandes mayorías”.
El senador del FA advirtió que el PVR no atiende la situación de las personas con deudas superiores a los 100.000 pesos, un sector “también vulnerable”. “No se puede dejar a las personas por fuera del sistema. El crédito es necesario y la gente tiene que poder acceder dentro de un sistema reglado, sin intereses usureros. Si cortás eso, la gente va a caer en la informalidad, como los préstamos por goteo, con deudas que se terminan cobrando por métodos violentos”, alertó.
Carrera también tomó distancia de la postura crítica que tienen algunos dirigentes cabildantes con la ley de inclusión financiera. Para el senador frenteamplista esa política pública que aplicaron los gobiernos del FA “mejoró la calidad de vida de la población, en formalización económica, en acceso a productos financieros de calidad y baja en el costo del crédito para la mayoría de la población”. “El mayor logro fue el retroceso del crédito informal, único mecanismo de crédito al cual accedían las inmensas mayorías. A partir de la inclusión financiera, conocimos el nivel de endeudamiento de la población, cosa que estaba oculta anteriormente, por no acceder al mercado formal”.
Carrera recordó que las recientes propuestas de reestructuración de deudas “dejaron en evidencia” que la inmensa mayoría de los uruguayos en categoría 5 en el BCU (los llamados deudores incobrables) en realidad no son deudores de los bancos. “Menos del 10% de las deudas son con los bancos, y más de la mitad de ellas son con el BROU”, puntualizó. El senador opositor opinó que los problemas de endeudamiento se agravaron debido a la “enorme pérdida de ingresos de los uruguayos en los últimos tres años”.
“El 20% de la población se endeuda para sobrevivir, porque no le alcanzan sus ingresos. Y cerca de la mitad no llega a tener ingresos para atender cualquier imprevisto habitual. La actual política económica aumentó en 100.000 el número de personas con ingresos menores a 25.000 pesos. Por lo tanto, el endeudamiento es un problema que no se puede solucionar solamente con medidas financieras. Necesitamos medidas especiales para las poblaciones vulnerables, medidas asociadas a mejora de los ingresos para los sectores medios y también controles sobre los estudios jurídicos que compran deudas y ejercen presión sobre los deudores”, enumeró.
En Cabildo Abierto “piensan que el crédito es malo”
El economista Martín Vallcorba, exjerarca del Ministerio de Economía y Finanzas, coincidió en que el PVR que anunciaron el Banco Central, los bancos privados y las administradoras de crédito puede tener “alguna relación” con la campaña de firmas de Cabildo Abierto, pero también con todas las iniciativas que se analizan en el Parlamento para solucionar la situación de los deudores.
“La iniciativa de reforma constitucional de CA es una pésima propuesta y eso se explica porque muchos de ellos piensan que el crédito es malo. Tasas como las que proponen, cuando hablamos de montos chicos o plazos muy cortos, terminan generando exclusión en acceso formal al crédito y eso empuja a la población al mercado informal, que es la peor de las opciones. Es como matar al perro para liquidar la rabia. Creo que esa es la principal diferencia de fondo que tenemos, porque esa consecuencia no le preocupa a CA. Tanto para las personas físicas como para las micro, pequeñas y medianas empresas, el acceso a crédito es una solución que genera ganancias de bienestar. Lo que hay que discutir son las condiciones de acceso”, resumió el asesor de Convocatoria Seregnista.
El avance del crédito informal, alertó Vallcorba, es funcional a las organizaciones vinculadas al narcotráfico que incursionan en el rubro. “En Uruguay es un fenómeno incipiente, pero en América Latina es un fenómeno relevante y es una de las formas que tiene el narcotráfico para penetrar en los barrios. Estas ofertas del crédito gota a gota, de pago diario, imponen condiciones por fuera de la ley o la Constitución, poniendo en riesgo hasta la integridad física de las personas”, advirtió.
Vallcorba consideró que “la única coincidencia” entre el FA y CA es la preocupación por el tema, pero los mecanismos de solución que ambos proponen son “totalmente diferentes”. “Lo de CA es una movida política para diferenciarse y marcar perfil dentro de la coalición. Ellos presentaron un proyecto de ley y dieron marcha atrás cuando se llegó a un punto intermedio de acuerdo, incluso con legisladores de otros partidos que estaban dispuestos a apoyar. Si realmente hubieran estado preocupados por resolver el problema, lo podríamos haber resuelto hace un año y medio. Esta es una veta que encontraron para decir que son los abanderados de los deudores, pero la motivación no es resolver el tema, sino marcar perfil”, analizó. Vallcorba tampoco está de acuerdo con la mirada que tienen sobre la inclusión financiera algunos cabildantes, entre ellos el director del Banco República, Pablo Sitjar, quien declaró que dicha normativa habilitó a los bancos a adquirir financieras, como contrapartida a la imposición de “incluir financieramente a la gente”. El exjerarca del MEF recordó que los bancos no estaban inhibidos de hacerlo antes de la normativa que se promulgó en 2014: “De hecho, el Boston Bank compró OCA en 1998 y desde 2007 es propiedad de Itaú”. Vallcorba también discrepó con Sitjar por decir que la inclusión financiera dio “rienda libre a las tarjetas de crédito”: “No hay un solo artículo de la ley ni ninguna disposición del MEF que haya promovido el uso de las tarjetas de crédito y los resultados lo confirman: el uso de esa modalidad no aumentó con relación al consumo de los hogares”.
Finalmente, el economista tomó distancia de las cifras que manejó el director del BROU sobre las ganancias que han obtenido los bancos durante estos años (“una rentabilidad de 25% del patrimonio”). “Entre 2014 y 2019 los bancos tuvieron una rentabilidad mayor a 25% sólo dos meses. El resto del tiempo estuvieron mucho más abajo; por ejemplo, entre diciembre de 2014 y marzo de 2018, período central de la inclusión financiera, estuvieron por debajo de 15%”, aclaró Vallcorba.