A la espera de una reunión con el gobierno, tras la fugaz ocupación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) mantiene por estos días encuentros con los candidatos presidenciales en los que pide, lisa y llanamente, dar marcha atrás al nuevo régimen de licencias médicas. En paralelo, con el nuevo sistema ya aplicándose, el gremio prepara recursos de inconstitucionalidad que se presentarán próximamente ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

Fue un tema que formó parte de la Ley de Rendición de Cuentas de 2021 y se aprobó sólo con los votos de la coalición de gobierno. El nuevo régimen de certificaciones médicas para el sector público establece un máximo de nueve días al año de licencia médica por cada trabajador. A partir del décimo día, el funcionario público accede a un “subsidio por enfermedad” que equivale al 75% de su salario. La ley incluye algunas excepciones, como ante casos de accidentes laborales o enfermedades profesionales, en las que el subsidio cubre el 100% del sueldo.

Para el secretario general de COFE, José Lorenzo López, se trata de una ley “inconstitucional y absolutamente injusta”. “Es realmente un mamarracho lo que se está haciendo”, afirmó a la diaria.

López aseguró que la aspiración que tenía el Poder Ejecutivo de equiparar a los trabajadores del sector público con los del sector privado no se logrará, en primer lugar, porque la misma ley establece que el nuevo régimen no se aplicará, por ejemplo, a los magistrados del Poder Judicial, a los diplomáticos en el extranjero y a los funcionarios municipales, entre otros; y, en segundo lugar, porque tampoco podrá aplicarse en la enseñanza, que absorbe alrededor del 40% de los días de certificación médica en la administración pública.

“La educación tiene autonomía; no lo puede resolver el Poder Ejecutivo, lo tendría que resolver el directorio del Codicen [Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP)], que tendría que renegociar el convenio colectivo para modificar de alguna manera el estatuto [del funcionario docente], lo que le generaría un terrible lío que claramente no se quieren comprar”, afirmó el secretario general de COFE.

Por eso, al margen de que “ya había una situación de injusticia” en la propia norma, López sostuvo que ahora “también va a haber una discriminación entre los trabajadores de la educación y el resto de los trabajadores públicos”.

La posición del gobierno

Durante el tratamiento parlamentario de la ley, el entonces director de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC), Conrado Ramos, señaló que a partir de 2016 se produjo un incremento “significativo y constante” en la cantidad de licencias médicas, “que llegó a un pico en el año 2019”, y mencionó que hubo “un aumento explosivo de certificaciones” en ANEP y en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

Ramos sostuvo que con el nuevo régimen “se fortalecen controles”, dado que se otorgan “fuertes potestades disciplinarias” a los organismos de la administración pública ante la constatación de “irregularidades en el uso de la licencia por parte de los funcionarios”. El decreto reglamentario de la ley establece que en tales casos la repartición a la que pertenece el trabajador certificado deberá notificar en menos de 30 días a la Comisión de Salud Pública, “sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiera configurarse en caso de falsificación documentaria”.

Ramos señaló que en otros países los subsidios por enfermedad se cubren mediante seguros privados, entonces, “los que auditan y los que se encargan de que no haya abusos son los seguros privados porque son los que pagan”. En cambio, en Uruguay, “el que paga” es el Banco de Previsión Social, señaló. “Son el Estado y el sector privado los que en definitiva terminan pagando los subsidios; en consecuencia, el Poder Ejecutivo entendió que teníamos que cargar las tintas sobre las auditorías que tienen que hacer los prestadores para evitar los abusos”, expresó.

Desde COFE, López denunció que en el nuevo régimen subyace un afán recaudatorio y sostuvo que “no va a tener ningún resultado” en cuanto a la disminución de la cantidad de licencias médicas, “porque el que está jugado va a seguir jugado, perderá unos pesos más, unos pesos menos, pero si no hay controles no se va a reintegrar ni lo van a destituir”. Asimismo, aseguró que, “sin ser la enseñanza o el Ministerio del Interior”, el número de certificaciones médicas en el sector público “es muy parecido” al del sector privado.

El peso del Ministerio del Interior

De acuerdo al último informe de la ONSC sobre licencias médicas, correspondiente a 2023, el Ministerio del Interior (MI) concentró 70% de los días de certificación médica en la administración central (Presidencia de la República y ministerios). A su vez, registró el mayor promedio anual de días de licencia médica por trabajador: 43 días de promedio entre los funcionarios certificados. En el resto del sector público, el promedio general fue de 32 días.

Consultado al respecto, López consideró que esto “está relacionado a todo lo que está pasando en materia de inseguridad” y advirtió sobre “los niveles de estrés y de exposición que tienen los policías”. “Hay un dato que es incontrastable: en el Ministerio del Interior los niveles de suicidio de los policías están muy por encima de la media”, afirmó.

En efecto, las últimas cifras oficiales marcan que, mientras a nivel nacional la tasa de suicidio es de 21,4 cada 100.000 personas, entre los funcionarios policiales la tasa de suicidio asciende a 38,2 cada 100.000 personas.

Con todo, en la comparación con el resto de la administración pública (empresas estatales, educación, salud, servicios descentralizados, Poder Judicial, etcétera), el mayor tiempo promedio de días de licencia médica no lo tiene el MI, sino la Administración de Ferrocarriles del Estado, con un promedio de 52 días. En segundo lugar, con un promedio de 48 días, se ubica ASSE, que además acapara 17% de los días de certificación médica en el sector público.

En el otro extremo, las reparticiones del Estado que tuvieron los promedios más bajos fueron la Universidad Tecnológica del Uruguay (10 días), el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (13 días) y la Agencia Nacional de Vivienda (14 días). Por otra parte, en el informe de la ONSC se señala que la mayoría de los empleados estatales (58%) “no se ausentó por enfermedad” ni siquiera un solo día en 2023.

El abogado laboralista Daniel Parrilla, asesor de COFE, dijo a la diaria que el nuevo régimen supondrá “una recaudación económica”, pero no reducirá “en absoluto” la cantidad de licencias médicas. “Acá lo que va a ocurrir es que se va a incrementar el padecimiento de la gente”, manifestó.

Parrilla sostuvo que la nueva norma es inconstitucional porque establece una rebaja salarial y además vulnera el principio de igualdad, entre otras cosas. Señaló que, cuando haya un funcionario público que agote su máximo de nueve días y “comiencen a descontarle”, esa persona, “patrocinada por los abogados de COFE, va a promover una acción de inconstitucionalidad” ante la SCJ.