Situación con fondos ganaderos es “asimilable a la crisis bancaria de 2002”, afirmó el presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo

Un daño a la confianza en la inversión privada y el ahorro nacional. Un golpe “definitivo” al vínculo entre lo financiero y lo productivo a nivel agropecuario. Una falla sistémica en materia de regulaciones. El presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM), Ángel Urraburu, dedicó el jueves 23 su columna en Radio Carve a intentar dimensionar la crisis que se desató esta semana luego de que los responsables de la empresa Conexión Ganadera admitieran pérdidas por 250 millones de dólares, una cifra que les cayó como un balde de agua fría a los 4.300 inversores que colocaron sus ahorros en ese fondo ganadero.

Ese número se agrega a los 1.500 afectados por República Ganadera y los 1.000 de Grupo Larrarte, las dos empresas del rubro que cayeron en desgracia a finales del año pasado. Si ya la palabra corrida generaba reminiscencias dolorosas, la suma total de la cantidad de personas damnificadas lleva a una situación “asimilable” a la crisis bancaria de 2002, contextualizó Urraburu.

El presidente de la BVM, que también tiene negocios ganaderos y lecheros, aseguró que estos fondos ofrecían una rentabilidad que “no se condice” con la realidad del campo uruguayo. En estos casos, según dijo, fallaron todas las regulaciones que podrían haberse activado en beneficio de los ahorristas: “Pasó un elefante por delante y no se generaron los requerimientos legales para que el Banco Central [del Uruguay, BCU] pudiera intervenir” a tiempo.

¿Cuáles fueron sus primeras impresiones cuando surgieron estos fondos ganaderos?

Estos emprendimientos tuvieron un arranque interesante. Fueron positivos porque apuntaban a financiar al sector agropecuario y direccionaron muchos ahorros nacionales hacia la economía interna. Lograron establecer un vínculo entre el ahorrista y el sector productivo de Uruguay, un objetivo que desde la BVM siempre compartimos. En realidad, una bolsa de valores es eso, un lugar donde se conectan esas dos dimensiones. Ellos lograron involucrar a ahorristas que no necesariamente estaban relacionados con la actividad agropecuaria, que es el sector productivo más importante del país. Los objetivos iniciales eran correctos y se podían compartir, pero luego tuvimos discrepancias con el armado y con la implementación.

¿Qué tipo de discrepancias?

Esencialmente, nosotros pensamos que si una empresa sale a captar ahorro público, mediante gestiones de marketing y propaganda masiva, debería obligatoriamente cumplir con ciertos requisitos regulatorios establecidos por el BCU. Y no fue lo que sucedió con estos fondos.

¿Qué opina del comunicado del BCU al respecto (ver recuadro)?

Creo que es correcto, es cierto lo que dice sobre el marco legal. Ellos hicieron actuaciones en algunas de estas empresas y, en definitiva, concluyeron que se trataba de una compraventa de ganado. Lamentablemente, ahora sabemos que eso no era así, ya que aparentemente hay faltantes de cabezas de ganado que figuraban en los contratos, lo cual era la esencia del negocio. Conexión Ganadera creció y después otras empresas replicaron ese modus operandi, y entre todas llegaron a captar una cantidad muy grande de ahorros uruguayos. Esos ahorros hoy están en peligro, ya que estamos constatando que el pasivo de esas empresas -es decir, las deudas que tienen con los ahorristas- es bastante superior a los activos de los que disponen.

Usted dice que el comunicado del BCU es correcto. ¿Se podría decir lo mismo sobre su actuación?

Soy más crítico en relación a eso. El comunicado dice que ellos cumplieron con lo que establece la ley en materia de requisitos regulatorios. De todas maneras, y más allá de que se trate de una actividad que no le correspondía controlar, estamos hablando de mecanismos que captaron ahorros públicos de manera alevosa. En mi opinión, en la medida en que se estaba al tanto de la situación, se debieron proponer o generar cambios normativos para intervenir en estos negocios. Esa es mi crítica con relación a lo que se ha hecho. O mejor dicho, con relación a lo que no se ha hecho.

¿Cuáles deberían ser los cambios normativos?

El legislador debería impulsar una norma para establecer mecanismos que habiliten al BCU a intervenir en todos los procesos de captación de ahorro público. Acá lo definitorio es la existencia o no de un ahorro público. Cuando se dice que esto es un negocio entre privados, en realidad es bastante relativo. Es un negocio entre privados que se concreta mediante propaganda masiva, en los medios de comunicación. Ellos salen a captar ahorros de privados pero de manera pública. En todos los demás rubros en los que sucede eso, hay que cumplir con una serie de normas establecidas. Y son normas muy exigentes, correctamente abarcativas y establecen garantías en beneficio de los ahorristas. El ahorrista tiene derecho a manejar información, es la mayor garantía para no colocar la plata en cualquier lado.

¿A qué tipo de información se refiere concretamente?

Todas las empresas que hacen emisiones en la BVM están obligadas normativamente a publicar sus estados contables cada 90 días. Y está correctísimo que así sea, porque es una garantía para los ahorristas. Si eso mismo se hubiera aplicado con estos fondos ganaderos, esta situación habría sido detectada mucho antes y hoy el número de damnificados seguramente sería menor. A ellos no les exigieron presentar esos balances porque se decía que eran negocios con otras características. Bueno, ahora los damnificados son ahorristas uruguayos y el mayor daño es a la confianza para hacer negocios dentro del país. Estamos en una coyuntura en la que los países desarrollados disputan fuertemente los recursos financieros, con mecanismos de captación muy sofisticados, dirigidos a los países emergentes. En esa lucha por los recursos financieros siempre estamos en desventaja. Ahora, si además de esas desventajas tenemos empresarios que le pegan estos golpes durísimos al ahorro nacional...

¿Entiende que se trata de un golpe definitivo?

Creo que es definitivo para este tipo de negocios. A partir de ahora va a ser muy difícil convencer a alguien de que invierta en engorde de terneros o de vaquillonas. Después de todo esto que está pasando, sinceramente la veo sumamente difícil. Se habla de 4.300 inversores damnificados por Conexión Ganadera, 1.500 por República Ganadera y otros 1.000 de Grupo Larrarte. Tal vez no se ha tomado dimensión, pero es una cantidad de gente asimilable a los damnificados por la crisis bancaria de 2002. Vuelvo al razonamiento anterior: ¿qué pasaba si hace siete u ocho años teníamos alguna norma que obligara a estas empresas a presentar los balances? Seguramente el desfase entre activos y pasivos ya estaba, y se hubieran tomado medidas inmediatas. Eso habría evitado que mucha gente colocara sus inversiones allí, gente que hoy se enfrenta a escenarios complicados. La información es clave y básica para el ahorrista. Estos días les he preguntado a algunos clientes que también invirtieron en estas empresas si en algún momento les mostraron los balances de la empresa. Todas las respuestas fueron negativas, nadie vio nunca ningún balance. Hay carencias regulatorias que son notorias. Por supuesto que los ahorristas que entregaban su dinero sin pedir información también tienen responsabilidad, pero cuando se trata de captar el ahorro público, el BCU tiene una obligación que cumplir. No estoy diciendo que no haya cumplido con sus objetivos legales, pero si hay un vacío legal y está aconteciendo un hecho que no es el apropiado para el sistema financiero uruguayo, creo que se debieron generar herramientas para intervenir en forma rápida.

¿Alguno de esos clientes leyó algunas de las advertencias que hizo el BCU sobre el sector de los fondos ganaderos?

Las advertencias del BCU eran muy genéricas. Y eran advertencias. Capaz que no las leyeron, otros capaz que las leyeron y siguieron igual para adelante. Hay que recordar que las tasas que ellos proponían eran muy atractivas. Claro, no estaban en línea con la utilidad que brinda el campo en Uruguay. Acá se piensa que los que tienen campo ganan un platal. Yo tengo campo y te aseguro que para llegar al 3% anual hay que hacer un esfuerzo impresionante. Es muy difícil llegar a eso. El negocio ganadero en Uruguay es complejo y tedioso, no es de los más rentables.

¿Es posible que haya esquemas de lavado vinculados a estas herramientas?

Estas empresas no tienen la obligación de averiguar la procedencia de los fondos. Acá en Uruguay hacemos gárgaras de que controlamos la procedencia de los fondos, que controlamos el lavado. Ojo, tampoco comparto esa visión que tiene mucha gente de que acá se lava mucho más de lo que verdaderamente se lava. Mi punto es que el sistema financiero formal de Uruguay (los bancos, los intermediarios de valores) están muy controlados por el BCU. Los escritorios tenemos una sección que es sólo para el cumplimiento de las exigencias vinculadas al origen de los fondos. Si bien eso genera costos adicionales que nunca se desquitan, me parece que es correcto hacerlo, porque está dentro de los requisitos para que un país sea serio y para que se muestre como tal a nivel internacional. Lo que no puede pasar es que haya exigencias tan importantes para el sistema financiero en su conjunto y al lado haya una especie de Arco del Triunfo por el que entran y salen recursos a piacere. En el caso de Conexión Ganadera se habla de pasivos de 400 millones de dólares. ¿Nadie preguntó de dónde venía toda esa plata? ¿Nadie tuvo que dar cuenta sobre el origen de esos fondos? Yo no digo que tenga que ser el BCU, tal vez sea algo para la Senaclaft [Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo], pero lo concreto es que hay una reglamentación que fue perforada.

Por lo que describe, hay un escenario de actores regulados que están muy regulados y otro sector que funcionó durante años por afuera de los controles del Estado.

Exactamente, ese es el escenario que estamos viviendo.

¿Todavía es posible rastrear la procedencia del dinero?

Si no se preguntó en su momento, ahora es muy difícil ir para atrás. Y menos en casos de empresas como estas, que ya están prácticamente en quiebra. Es cosa juzgada, la cuestión es cómo abordar el tema a partir de ahora. El dinero desapareció. ¿Y qué pasó con el dinero que falta? Eso es algo para preguntarles a los dueños de las empresas. El problema es que armaron negocios ganaderos con una rentabilidad máxima de 3% anual en dólares, pero a los inversores les pagaban entre 8% y 9% fijos. Y pagaban esa tasa fija más allá de que haya sequía, más allá de que llueva, más allá de que suba el precio de la carne, más allá de que haya una peste. Es muy difícil pensar que algo así está alineado al negocio ganadero.

¿Hubo fallas también en Senaclaft o en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca?

Creo que es una cuestión que nos atañe a todos. Ojo, yo no estoy para discutir ni con el BCU ni con nadie que pueda estar a cargo de la regulación. Lo que digo es que si hay vacíos legales en la regulación hay que llenarlos. El BCU puede decir que con la legislación actual no tiene ninguna responsabilidad. Capaz que tiene razón -de hecho, la tiene-, pero el problema es que te pasó un elefante por delante y no se generaron requerimientos legales para que el BCU pudiera intervenir. Y hablo de regulaciones que tienen que ser a favor del ahorrista. No pueden ser regulaciones a favor de la empresa de Juan o de Pedro. Tienen que ser a favor de los ahorristas que confían.

¿Piensa que el gobierno entrante puede tomar este tema?

Yo escuché al futuro ministro de Ganadería [Alfredo Fratti] y estoy totalmente alineado con lo que plantea. Ojalá que el nuevo gobierno pueda implementar algunas de estas medidas. En esa línea también debería estar el futuro ministro de Economía [Gabriel Oddone], que es una persona muy conocedora de estos asuntos. Hay que ir por esa dirección. Hay otras voces que dicen que no podemos caer en una sobrerregulación de los negocios entre privados [se refiere a declaraciones del senador Sebastián da Silva]. Yo pienso que no se trata de dejar de regular ni de sobrerregular, se trata de regular lo que hay que regular. En Uruguay pasamos de un extremo al otro con una facilidad bárbara y es un gran problema. Ahora tenemos a estos libertarios que quieren todo privado y tenemos gente que apuesta todo al Estado. En realidad, hay todo un margen en el medio donde es posible desarrollar negocios. Pero hay que ser esencialmente pragmáticos y poner el interés del país por encima de otros intereses particulares.

En el fondo, es una discusión bastante política.

Bastante no, absolutamente política.

.