El secretariado ejecutivo del PIT-CNT envió el viernes a sus filiales el documento “Propuesta de creación de una sobretasa del impuesto al patrimonio de las personas físicas (IPPF) para financiar políticas para la reducción de la pobreza infantil y adolescente”, que comenzó a discutirse a partir del acto del 1º de mayo de este año y fue elaborado por una comisión consultiva, integrada por Andrés Blanco, Juan Geymonat, Mauricio de Rosa, Gabriel Oyhantçabal, Andrea Vigorito, Joan Vilá, por el Instituto Cuesta Duarte Alejandra Picco, y, por el Laboratorio Fiscal y Tributario del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve), Carlos Grau y Gustavo Viñales (según consta en el documento, recibió comentarios y aportes de Marcelo Bérgolo, Luis Bértola, Fernando Lorenzo, Agustín Reyes y Gonzalo Salas).

El documento será presentado el lunes en el Paraninfo de la Universidad de la República, y en las próximas semanas se definirá un plan de “difusión masiva” entre sindicatos, organizaciones sociales y partidos políticos.

El documento, al que accedió la diaria, parte de algunos datos: en 2024, 17,3% de las personas en Uruguay estaban por debajo de la línea de pobreza, porcentaje que crece a 18,9% si se toma como indicador la pobreza multidimensional o si se analiza por franja etaria: 32,2% de los menores de seis años viven en hogares pobres, según indicadores monetarios. Por otro lado, “el ingreso y la riqueza muestran una fuerte concentración”, afirma: el 1% de mayores ingresos percibe el 15% del ingreso total, equivalente al ingreso del 50% más pobre, mientras que a su vez posee entre el 37% y el 39% del patrimonio total del país.

La propuesta se organiza en dos etapas. En una primera se propone crear una “figura impositiva acoplada al actual IPPF, denominada ‘sobretasa del IPPF’”. Lo recaudado se volcaría a un fondo con características definidas por el Consejo Nacional de Políticas Sociales, en consulta con el Consejo Nacional Consultivo Honorario de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, que aseguraría “de modo claro, preciso y públicamente controlable, que el destino de todo lo recaudado esté destinado estrictamente a solventar políticas de reducción de la pobreza de hogares con niños, niñas y adolescentes”. En una segunda etapa se propone avanzar “en una revisión integral del sistema tributario actual, que dote de una mayor capacidad redistributiva a sus componentes de imposición a la renta y la riqueza”.

La sobretasa

La propuesta menciona que la reforma tributaria de 2007 definió la reducción de las tasas del IPPF hasta alcanzar el valor actual de 0,1% y una recaudación de 0,01 del producto interno bruto (PIB), si bien en la década de 1990 llegó a ser de 0,6% del PIB: aunque hoy es “testimonial”, afirman, “podría significar una valiosa fuente de recursos para el despliegue de las políticas públicas de combate a la pobreza infantil”.

El documento también señala que si bien “el gravamen al patrimonio y a la riqueza estuvo hasta no hace mucho en el banquillo de los acusados por parte de las corrientes de pensamiento dominante en economía”, algunos trabajos recientes “plantean que la tributación a la riqueza puede considerarse una imposición de doble dividendo, aportando tanto eficiencia como equidad”.

En particular mencionan un estudio de 2023 que sostiene que este tipo de impuestos “promueven la eficiencia al incentivar el redireccionamiento de recursos desde actividades de menor productividad hacia actividades de mayor productividad”. También refieren a la discusión internacional al respecto, como la publicación firmada por siete ganadores del Premio Nobel de Economía en defensa del impuesto al patrimonio de los multimillonarios en Francia, la solicitud de más de 500 economistas para la creación de un Panel Internacional sobre la Desigualdad, los debates liderados por Brasil en el ámbito del G20 para gravar a los multimillonarios, así como también las recomendaciones de organismos internacionales especializados en materia económica y tributaria.

Más en detalle, el documento menciona que las estimaciones disponibles señalan que aproximadamente “las 25.000 personas de mayor patrimonio de nuestro país poseen entre un millón y algo más de 1.000 millones de dólares”.

Justamente, el mínimo no imponible sería de un millón de dólares, “el umbral aproximado para ingresar al 1% más rico de la población”, un monto que el Poder Ejecutivo debería fijar anualmente.

A partir de ese mínimo no imponible, la propuesta plantea que se pueden adoptar distintos criterios de progresividad según los tramos de patrimonio y las alícuotas aplicadas, y hace tres ejercicios concretos. Por ejemplo, se fijan tramos de entre un millón y dos millones de dólares, entre dos y tres, entre tres y seis, seis y 11 y más de 11 millones de dólares de patrimonio, con tasas que varían desde 0,1% a 1,5%.

“En todos los casos indicados, la tasa efectiva de 1% se alcanza dentro del 1% más rico, con las personas dentro de ese grupo con patrimonios relativamente más bajos pagando a tasas efectivas más bajas, y personas con patrimonios más elevados, pagando a tasas efectivas más altas. La recaudación potencial asociada a la sobretasa del IPPF dependerá, por tanto, del esquema que se adopte, para cuyo cálculo las autoridades nacionales son quienes cuentan con la información administrativa disponible y necesaria. El objetivo de estos ejemplos no es brindar una propuesta cerrada, sino aportar a la discusión pública, mostrando cómo la sobretasa podría funcionar”, señala el documento.

Como conclusión, el texto recuerda que la propuesta a mediano plazo “debería enmarcarse en una reforma más general orientada a dotar de mayor progresividad” al sistema tributario, lo que no se puede reducir a la aprobación o no de la sobretasa propuesta, a la vez que el objetivo de reducir la pobreza “no puede descansar exclusivamente en la sobretasa que aquí se propone”. La propuesta, menciona el documento del PIT-CNT, “busca contribuir a abrir una discusión relevante en lugar de cerrarla”.