El gobierno anunció días atrás la reformulación definitiva del proyecto Neptuno, la iniciativa que fue impulsada por el anterior gobierno y pretendía construir una planta potabilizadora en la zona de Arazatí, San José, para abastecer de agua potable a la zona metropolitana. El contrato original del proyecto fue firmado en enero de este año, ya en el marco de la transición, a pesar de las críticas del gobierno entrante, las organizaciones sociales y la academia.

En el primer Consejo de Ministros de su mandato, a mediados de marzo, el presidente de la República, Yamandú Orsi, anunció la conformación de “un ámbito de renegociación” con el consorcio privado encargado de la construcción de la obra, Aguas de Montevideo, debido a la “posición crítica” del nuevo gobierno sobre la iniciativa.

En ese marco, tras varios meses de intercambio, el gobierno acordó descartar el proyecto Neptuno y, en su lugar, construir una nueva planta potabilizadora en las inmediaciones de Aguas Corrientes, así como otras obras para garantizar el suministro de agua potable en el área metropolitana, en línea con lo que establecía el objeto del contrato original.

Sin embargo, el resultado de la negociación entre el Poder Ejecutivo y el consorcio privado no conformó a las organizaciones de la sociedad civil. A través de un comunicado, la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, que nuclea a integrantes de varias organizaciones –entre ellas, Redes Amigos de la Tierra, el PIT-CNT, la FEUU y Fucvam–, reiteró que el contrato firmado por el anterior gobierno, y modificado por el actual, es inconstitucional.

“El contrato es nulo y la justicia aún no se ha expedido”, afirmó la comisión, en referencia a las acciones legales iniciadas por las organizaciones sociales ante la Justicia. Al respecto, en el comunicado se sostiene que la medida cautelar presentada fue denegada “por cuestiones de forma y no de fondo”, y se solicita “una explicación fundada de por qué no se declaró su nulidad”, como, por ejemplo, “si existe un análisis jurídico oficial que respalde su continuidad”.

“Las autoridades han guardado silencio frente a nuestras demandas. El 20 de octubre realizamos una solicitud de acceso a la información sobre el proyecto Neptuno y las obras previstas en el río Santa Lucía. Vencidos los plazos, no hemos recibido respuesta oficial alguna”, señala la comisión.

En aquella solicitud de acceso a la información se consultó, entre otras cosas, “el costo final y la modalidad de pago, incluyendo si se mantendrá el pago por disponibilidad y cómo se garantiza que la infraestructura será propiedad de OSE”, así como también sobre “el riesgo de litigios por modificaciones al llamado original”. “No sólo no respondieron a las organizaciones sociales, sino que las autoridades han atentado contra el derecho a la participación ciudadana consagrado en la Constitución y amparado por el Acuerdo de Escazú”, afirma la comisión.

“El cambio de localización no cambia el riesgo ecológico”

Desde el punto de vista ambiental, la comisión advierte que “el cambio de localización no cambia el riesgo ecológico”. Se señala que la cuenca del río Santa Lucía, donde se construirá la nueva planta potabilizadora, “tiene uno de los mayores índices de contaminación, y la calidad, disponibilidad y acceso al agua para consumo humano están en peligro por la presión de las actividades productivas”.

En ese sentido, se sostiene que resulta “necesario controlar las principales presiones”, como “el uso del suelo, los monocultivos y la agricultura intensiva, el uso de agrotóxicos, los efluentes industriales y la falta de saneamiento”.

La comisión señala que la actual gestión del Ministerio de Ambiente “insiste en evaluar el impacto ambiental de los proyectos vinculados al consumo de agua por separado” y, “más grave aún, dentro de cada proyecto se evalúan las etapas por separado, lo que termina dando una visión irreal del impacto negativo en la calidad de nuestras aguas y nuestros suelos”.

En una línea similar se expresó días atrás el Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus), que, mediante un comunicado, manifestó que no hay “nada para celebrar” en la reformulación del proyecto Neptuno.

Por el contrario, el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, ha destacado que el acuerdo alcanzado permitirá “completar obras fundamentales muy importantes para el país y el abastecimiento de agua”, al mismo tiempo que, gracias a la modificación del contrato original, el gobierno tendrá “un ahorro significativo de recursos”.

Por su parte, el presidente de OSE, Pablo Ferreri, ha señalado que la empresa estatal “nunca tuvo un plan de inversiones tan ambicioso como el que tendrá en este período de gobierno”. Al margen de las obras que realizará Aguas de Montevideo, el gobierno tiene previsto lanzar entre marzo y abril del próximo año una licitación pública para la construcción de la represa de Casupá, en Florida. Se estima que estas obras comenzarán a principios de 2027.