La Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Diputados resolvió aplazar para el año que viene el tratamiento del proyecto de ley que transforma a la Defensa Pública, actualmente bajo la órbita de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), en un servicio descentralizado. La comisión entendió que aún hay elementos para analizar antes de la votación en el plenario.

La iniciativa, que en octubre fue aprobada casi por unanimidad (28 en 29) en la Cámara de Senadores, le otorga personería jurídica e independencia técnica a la Defensa Pública, organismo que tiene como principal objetivo la asistencia y representación jurídica de las personas que por impedimentos económicos no puedan acceder a una defensa. El proyecto establece que el nuevo servicio descentralizado se relacionaría con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura.

Según informó en primera instancia El Observador, el diputado colorado Juan Martín Jorge dijo en la última sesión de la comisión que, a su entender, el proyecto “presenta vicios de inconstitucionalidad”. De acuerdo a la versión taquigráfica, el legislador apuntó contra el artículo 10, que en su literal L –uno de los más debatidos– dispone que el director nacional de la Defensa Pública creado por la ley tendrá como facultad “efectuar las designaciones, promociones y destituciones de los funcionarios de sus dependencias”.

Para Jorge, esta disposición “choca de frente” con el numeral sexto del artículo 239 de la Constitución de la República, que establece que la designación de los defensores de oficio es competencia de la SCJ. Si bien señaló que el artículo 15 del proyecto en consideración “trata de subsanar esto”, dado que marca que la Defensa Pública remitirá a la SCJ el orden de prelación de postulantes para su nombramiento, sostuvo que, a su parecer, esto “no resiste el menor análisis”.

“La designación de un funcionario, potestad del jerarca, no se limita al dictado material del acto administrativo por el cual se designa. Importa, además, la facultad de decidir cuándo hacerlo, en qué condiciones, sentar las bases de los llamados, cuántos funcionarios designar y un sinfín de etcéteras”, apuntó el diputado colorado.

Si bien la iniciativa fue acompañada en la cámara alta por sus correligionarios, los senadores Andrés Ojeda –quien fue miembro informante en la votación y defendió la iniciativa– y Pedro Bordaberry –quien mostró algunos reparos–, Jorge entiende que, al pasar a ser un servicio descentralizado que depende del Poder Ejecutivo, “va a haber una presión objetiva” de dicho poder del Estado, según señaló en diálogo con la diaria.

Jorge dijo que su posición es contraria al proyecto, aunque va a continuar su estudio. Sostuvo que “es de inteligente cambiar de opinión”, pero hasta ahora considera que “es difícil sortear el inconveniente de la inconstitucionalidad”. A su vez, aseguró que no se siente “condicionado” por el hecho de que la iniciativa haya sido aprobada en el Senado con los votos de sus correligionarios.

“Con un servicio descentralizado, fortalecés el órgano”

Por su parte, la secretaria general de la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay (Adepu), Lucía Long, dijo a la diaria que la postergación del tratamiento del proyecto era algo que desde el gremio preveían que podía suceder. “Nosotros, más allá de nuestra intención de lograr la independencia del Poder Judicial, queremos que se haga de la mejor manera posible y con el tiempo que tenga que llevar, sabiendo que hay un compromiso político atrás, que nos han manifestado de todos los partidos, para que esto pueda salir”, expresó.

Pese a que hay miradas sobre la iniciativa con las cuales Adepu no coincide, señaló que algunas de las críticas “pueden ser más debatibles”, mientras que otras, en cambio, “reflejan quizás alguna falta de profundización del estudio del proyecto”.

Sobre el posible choque de competencias entre la SCJ y la Defensa Pública, Long dijo que no comparten que se pueda generar “una eventual intromisión de otros poderes respecto a la función jurisdiccional del Poder Judicial”, y puntualizó que la Defensa Pública “tiene una regulación muy diferente a la Constitución, no está regulada como un órgano”.

“Está claro que no hay ninguna intromisión de poderes, que no va a haber una afectación de garantía ni de independencia y creo que, desde ese punto de vista, las críticas al proyecto no son justas”, resaltó. En ese sentido, señaló que, en la organización del Poder Judicial a nivel constitucional, “la Defensoría no está nombrada”. “Lo único que se prevé es la forma de designación”, por lo tanto, lo que hay que regular es “el alcance de la designación”, apuntó.

En cuanto al beneficio que podría significar para las personas que la Defensa Pública pase a ser un servicio descentralizado, Long dijo que “desde el primer momento” los defensores manifestaron que el eje de la reforma es “jerarquizar el servicio que brinda asesoría jurídica gratuita a las personas que no pueden pagarlo y el derecho que tiene esa persona a acceder a la Justicia”.

De esa forma, Long afirmó que “con un organismo fortalecido, las discusiones se dan desde otro lado”, y apuntó que desde que el proyecto está en agenda las discusiones de políticas públicas de acceso a la Justicia han cobrado mayor relevancia. “Con un servicio descentralizado, fortalecés al órgano, le das un director que pueda tener una visión del servicio desde el acceso a la Justicia, y proyectamos que eso mejore la calidad de atención, mejore la gestión de servicio y se piense el servicio como un fin en sí mismo, y no como un fin instrumental a la función jurisdiccional, que es lo que está sucediendo actualmente”, subrayó.

“Hay que ir a la reforma constitucional”, advirtió Salle

Sobre las designaciones de los defensores públicos, Jorge también planteó que, como la SCJ pertenece al Poder Judicial y es la encargada de nombrarlos, no se puede trasladar esta competencia al nuevo servicio descentralizado “sin violentar el texto de la Constitución”. Por lo tanto, al ser consultado sobre qué cambios habría que hacerle al texto para subsanar este tema, el diputado colorado consideró que habría que “corregir el texto constitucional”.

En la misma línea, el diputado de Identidad Soberana Gustavo Salle manifestó en la comisión que “para cualquier alteración –sobre todo de su naturaleza jurídica; sobre todo de su ubicación en un poder del Estado– hay que ir a la reforma constitucional, porque si no, se trataría de un atajo, y todo atajo a la Constitución es la violación de su artículo cuarto, que establece que la soberanía radica en el pueblo”.

Desde Adepu, Long sostuvo que para el tipo de servicio descentralizado que se quiere crear no es necesaria una reforma de este tipo, porque “está absolutamente dentro del marco constitucional”.

Mencionó que, en el caso de que se esté discutiendo otro nivel de independencia, como crear un órgano extrapoder, ahí sí sería necesario realizar una consulta popular, ya que se trata de un órgano que no está creado dentro de la Constitución. “Hoy nosotros no tenemos la capacidad institucional para dar esa batalla, pero ojalá en el futuro la tengamos y podamos proponer lo mismo desde el servicio descentralizado”, expresó.