“El presente proyecto de ley propone prohibir que los partidos políticos y sus fracciones partidarias controlen los servicios de radiodifusión sonora o televisiva”. Así empieza la exposición de motivos del proyecto de ley que presentará este lunes el diputado colorado Felipe Schipani, al que accedió la diaria. En la introducción se sostiene que la prohibición se fundamenta “en principios constitucionales, republicanos y democráticos, así como en una vasta tradición doctrinaria que establece que el espectro radioeléctrico es un bien público que debe administrarse en función del interés general”.

En el texto, Schipani argumenta que “el avance tecnológico, la creciente centralidad de los medios audiovisuales en la formación de opinión pública y la sensibilidad democrática sobre la independencia de los medios hacen imprescindible fortalecer el marco regulatorio vigente”. “La finalidad de esta norma no es restringir la libertad de expresión, sino evitar la captura partidaria del espacio comunicacional público, resguardando la pluralidad, la transparencia y la igualdad en la competencia democrática”, agrega.

El diputado colorado sostiene que “el Estado debe administrar los bienes públicos con absoluta imparcialidad, sin favorecer directa o indirectamente a ningún actor político”. Por lo tanto, “permitir que un partido político controle un medio que funciona sobre concesión estatal implica un riesgo de privatización partidaria de un recurso público, desigualdad de condiciones en la competencia política y debilitamiento del pluralismo”. “Lejos de vulnerar la libertad de expresión, esta iniciativa la refuerza; cuando los medios dependen orgánicamente de partidos, la pluralidad se reduce y la libertad de expresión se subordina a estructuras partidarias”, asegura.

Schipani señala, además, que “Uruguay tiene una larga tradición de prensa libre” y advierte que “la captura partidaria de ondas públicas podría deteriorar ese prestigio”. “El control orgánico de medios por parte de partidos genera un desequilibrio estructural entre competidores. Una democracia madura exige que el acceso al espacio público comunicacional no dependa de quién tiene una concesión estatal”, subraya.

Artículo único

El proyecto consta de un único artículo, que modifica el artículo 8 de la nueva ley de medios (20.383, aprobada en 2024, en el último año del gobierno de Luis Lacalle Pou), que regula el “uso y gestión del espectro y canales radioeléctricos”. La parte medular de la modificación establece: “Los titulares a los que se haya asignado el derecho de uso de dicho espectro no podrán destinarlo a prestar otros servicios distintos de aquellos para los cuales se les ha extendido la respectiva autorización. Queda expresamente prohibido que los partidos políticos o sus fracciones internas tengan el control de los servicios de comunicación audiovisual a través de los titulares a los que se haya asignado el derecho de uso de dicho espectro radioeléctrico”.

Consultado por la diaria, Schipani dijo que es “obvio” que su proyecto fue motivado por lo que sucedió con la radio M24, tras cuyo cierre se confirmó la relación que tenía la emisora con el Movimiento de Participación Popular (MPP), el sector mayoritario del Frente Amplio. Schipani subrayó que “quedó transparentado el vínculo entre el movimiento político MPP y la radio”, y antes del cierre sólo “había comentarios que decían que había cierto vínculo”, pero a fines de noviembre “lo corroboró Lucía Topolansky, que fue la única que con total franqueza dijo que controlaban la radio”.

Por último, Schipani puntualizó que el proyecto “no va en contra de esa vieja idea de que los partidos tengan sus medios, porque los partidos tuvieron diarios a principios del siglo XX, El País y El Día, y eso no está regulado” por ninguna norma.