Los dos proyectos de ley con los que el Frente Amplio (FA) pretende disminuir el número de viviendas vacías tuvieron, en principio, una recepción favorable por parte de la oposición en la Comisión de Vivienda del Senado. “Quiero anunciar que los propósitos de estos proyectos de ley los compartimos”, afirmó el senador Tabaré Viera (Partido Colorado), según consta en la versión taquigráfica de la última sesión, a la que tuvo acceso la diaria. “La problemática de las viviendas vacías es mala por donde se mire y para todos los que puedan estar involucrados, llámese gobiernos departamentales, sociedad, barrio, urbanización, etcétera”, añadió el exintendente de Rivera.
Según dijo a la diaria el presidente de la comisión, el senador frenteamplista Óscar Andrade, las dos iniciativas del FA cuentan con el aval de la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Cecilia Cairo. Por un lado, se propone duplicar los valores de los inmuebles para el cálculo del Impuesto al Patrimonio cuando estos estén vacíos –esto es, que el inmueble haya estado desocupado por un plazo no menor a 24 meses continuos– y, por otro, se plantea un conjunto de modificaciones a la normativa vigente para “agilizar el trámite expropiatorio de bienes inmuebles con deuda compensable”, un mecanismo por lo general utilizado por los gobiernos departamentales.
En tal sentido, se establece que “no será necesario el nombramiento de perito” siempre y cuando el organismo expropiante “acredite de manera fehaciente la deuda que el inmueble sostiene con el Estado”; el proyecto también establece que “exclusivamente para estos casos será tasación suficiente la cantidad que surja de la cédula catastral expedida por la Dirección Nacional de Catastro”.
Sobre esto último, Viera puntualizó que “hay que precisar si es el valor catastral, porque todos sabemos que el valor catastral difiere, a veces sustantivamente, de la tasación catastral del inmueble”. “Si los inmuebles están abandonados, por ejemplo, muchas veces tienen un valor que puede llegar a tornar inviable un negocio, porque nadie va a pagar por lo que no vale. Es decir, una cosa es el valor catastral y otra la tasación catastral”, expresó, y propuso precisar en la redacción del proyecto “a qué se hace referencia cuando queremos agilizar el trámite y hablamos de la cédula catastral”.
Con todo, Viera se manifestó a favor de “ir por la posibilidad de obligar”, porque, sostuvo, “la multa no opera como un gran incentivo para obligar a vender”. “Quedan deudas enormes”, resaltó.
El senador Nicolás Olivera (Partido Nacional) también expresó su disposición a “avanzar en esto”. “Nosotros, al frente de la responsabilidad que hasta hace poco ejercimos, expropiamos muchísima tierra, muchísimos inmuebles, y sabemos desde adentro cuáles son los padecimientos que tenemos muchas veces y cuáles son las trancas y trabas”, afirmó el actual candidato a la reelección en la Intendencia de Paysandú.
Olivera dijo que la mayoría de estas expropiaciones tuvieron como destino la construcción de viviendas de interés social; también fueron utilizadas en planes de relocalización. “Me declaro –no sé cómo se dice– expropiador consuetudinario, contumaz”, manifestó.
El senador nacionalista consideró que, en términos generales, “es viable avanzar en esto”, si bien consideró que hay que “blindar” al proyecto desde el punto de vista constitucional para que después “no sea volteado o contestado por no cumplir con aquello de la previa y justa indemnización del artículo 32 de la Constitución”.
Por su parte, Andrade aclaró que ninguno de los proyectos “es la solución mágica a ningún problema” y señaló que en “el panorama general no es que todos los inmuebles vacíos rápidamente van a ser del Estado”. No obstante, sostuvo que, “con que un porcentaje muy menor de esos inmuebles ocupen cartera de tierra, sea municipal o de la Agencia Nacional de Vivienda, se estaría dando un salto hacia adelante importante”.