El accidente que acabó con la vida de una pareja, un hombre de 66 años y una mujer de 57, cuando intentaban cruzar la avenida Batlle y Ordóñez y fueron embestidos por un auto a toda velocidad, seguido por otros vehículos, instaló en la agenda el problema de las carreras clandestinas, las “picadas”, ya sea entre autos o motos, y la falta de normativa para hacerles frente.

El video de una cámara de videovigilancia a la altura del cruce con la calle Neyra, en el barrio Buceo, difundido por Telemundo, además de estremecer por la potencia del impacto, permite observar cómo el BMW negro, conducido por un joven de 26 años, hace cambios de luces unos metros antes de chocar lateralmente contra el vehículo en el que viajaba la pareja, al tiempo que rebasaba por la izquierda a otro de los autos. Su abogado defensor, Marcos Prieto, aseguró a los medios que el acusado no estaba corriendo picadas ni carreras con sus conocidos de los otros vehículos.

El director de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), Marcelo Metediera, en diálogo con la diaria, aclaró que, “en la medida en que la persona hace la acción de competir con un vehículo, está picando”, aunque en la jerga una “picada” refiera más a la instancia en la que un “conglomerado de personas y de vehículos” se reúne a competir en espacios públicos. Para Metediera, por lo que se aprecia en los videos del accidente de Buceo, es decir, “tres vehículos que vienen a muy alta velocidad”, se puede presuponer que “venían picando”.

El jerarca explicó que las picadas son un problema nacional, que se concentra con más intensidad en los departamentos del área metropolitana y en Maldonado. El director de Tránsito de la Intendencia de Montevideo (IM), Boris Goloubintseff, dijo al medio citado que la comuna recibe “decenas de denuncias semanales” por picadas y mencionó el Prado como una de las zonas problemáticas. Sin ir más lejos, indicó que el pasado fin de semana “se retuvieron y se retiraron de la vía pública más de 50 motocicletas” que circulaban en forma antirreglamentaria. Por su parte, el director general de Tránsito y Transporte de Canelones, Alejandro Alberro, sostuvo a la diaria que las carreras ilegales tuvieron “un incremento sustancial pospandemia”.

El público y las características de las picadas varían según el lugar y el entorno. Por ejemplo, las personas que asisten a picadas en la rambla de Mercedes no tienen el mismo perfil que las que van a los alrededores del Teatro de Verano o al Parque Roosevelt. En general hay dos grupos de personas que participan: por un lado, “mucha gurisada en moto” y, por otro, “vehículos cuatro ruedas de alta gama, en general”, sostuvo Metediera.

Alberro apuntó a la inversión económica que hacen la mayoría de los participantes para acondicionar sus vehículos para las carreras. Modificaciones del caño de escape o el motor de las motos, y en los autos, de la suspensión, la inyección o el árbol de levas. “Hay un costo de mano de obra, un trabajo, una inversión económica, tanto tecnológica como de mecánica de combustión de motor”, detalló Alberro.

En ese sentido, las personas que participan en picadas en la vía pública tampoco son las que están dispuestas a picar en un lugar habilitado como el autódromo de El Pinar, en Canelones, o los espacios que ha impulsado la Intendencia de Maldonado, primero en la antigua pista de El Jagüel y más recientemente en el humedal del arroyo Maldonado, donde se construirá una pista para picadas. A propósito de estos últimos, Metediera advirtió que es irresponsable que se brinde un lugar, pero no se aseguren “las cuestiones de salud, los cuidados médicos, los cuidados reglamentarios”.

De todas maneras, “el que pica en la calle busca otras cosas que no las consigue en un autódromo y que aparte no está en condiciones de hacerlo”, afirmó, porque “se generan algunas otras cuestiones en el entorno que van más allá de la acción de picar”. Alberro explicó que si bien no se tienen “pruebas plenas sobre las situaciones colaterales”, las autoridades presumen que hay otros delitos asociados, como las apuestas o la venta de sustancias.

Por “500, 600 pesos” una persona recupera su moto retenida por picadas y vuelve a correr

La fiscalización es un trabajo conjunto entre las intendencias y la Policía. Cada operativo “tiene distintas formas” de llevarse a cabo. Pueden ser disuasivos: “llegás al lugar donde sabés o tenés información de que va a haber picadas y te instalás allí para evitar que se organicen”, detalló Metediera, o dejan “que se arme la picada” y generan un entorno “en el cual llevás adelante el operativo de fiscalización”. El director de Movilidad de la IM, Richard Delgado, en diálogo con la diaria, señaló que, aunque se trabaja en la fiscalización, la dificultad está en que son “fenómenos que se desplazan” rápidamente: “Vamos, hacemos un procedimiento y a las dos horas tenemos denuncias de que están en otro lugar”.

Alberro subrayó el apoyo del Ministerio del Interior (MI) y de las jefaturas, especialmente en los controles de motos, ya que representan “toda una incertidumbre” para los inspectores, debido a la posibilidad de que se produzcan hechos de violencia durante las detenciones.

Pero ¿qué consecuencias rigen para quienes pican? La única normativa hoy en día a los efectos de sancionar las carreras ilegales es la Ley de Faltas, que establece penas “de siete a 30 días de prestación de trabajo comunitario”, pero difícilmente llegan a juzgamiento en medio de la amplia variedad de faltas que ingresan a los juzgados.

“Estamos intentando generar herramientas para que cuando se realicen ese tipo de operativos, efectivamente tengan una consecuencia y se logre desestimular que se vuelvan a reunir”, señaló Metediera, quien desde la Unasev, ente que no tiene capacidad operativa o cuerpos fiscalizadores, pretende impulsar dos aspectos normativos para “aportar herramientas jurídicas que potencien o hagan más efectivos los operativos que se llevan a cabo en el territorio”.

Se apunta a consolidar la Fiscalía de Seguridad Vial para “que aborde estos temas específicamente” y así, cuando llegue una pena en el marco de la Ley de Faltas, “sea juzgada y la persona cumpla con la sanción que corresponda”. Por otro lado, Metediera indicó que uno de los puntos incluidos en el borrador para la creación del sistema de libreta de conducir por puntos, presentado al Congreso de Intendentes la semana pasada, es que participar en picadas sea una de las tres infracciones de tránsito que impliquen la pérdida del 100% de los puntos de la libreta.

Alberro consideró “irrisoria” la normativa de la Ley de Faltas. Aseguró que “hay motos que los inspectores retienen y al fin de semana siguiente la retienen de vuelta” porque la persona hace un convenio de las multas y por “500, 600 pesos se lleva el vehículo”, siempre que no esté irregular. Lo mismo sucede con los autos que son modificados técnicamente y no están en condiciones de circular: “Viene una grúa, se lo llevan sin rodar, pero después lo ves al otro fin de semana picando de vuelta y corriendo”.

Por lo tanto, consideró que uno de los primeros puntos que se deben modificar es que los dueños de las motos retenidas por picadas deban pagar al contado las infracciones. Además de que se debería tener en cuenta la reiteración de la falta y “tendría que ser un poco más severa la sanción” por la Ley de Faltas, ya que, para el director de Tránsito, las picadas atentan “contra la vida de los que hacen uso y goce de un espacio público”. “En algún momento creo que hay que empezar a conversar sobre estas actuaciones que son indebidas, que perturban el orden público, y hay que empezar a mirarlo como una falta más grave”, reafirmó.

El intendente electo de Montevideo, Mario Bergara, opinó que se debe “trabajar para erradicar” las picadas, por medio del fortalecimiento de la fiscalización y el uso de las cámaras, no sólo las de la intendencia, sino también las del MI.