El mes pasado, con motivo del Día Internacional de la Niñez y la Adolescencia en Situación de Calle –12 de abril–, la organización de la sociedad civil Gurises Unidos, que atiende de forma anual entre 250 y 300 niños, niñas y adolescentes en Montevideo a través del proyecto Calle, emitió un comunicado en el que evidencia que la situación de calle en niños, niñas y adolescentes “es una de las manifestaciones más duras de la pobreza”. En ese sentido, la organización remarcó que es “necesario profundizar en el trabajo en los territorios desde un enfoque de derechos humanos, de género y generaciones”.

En esa línea, Gurises Unidos expresó que, para atender la problemática de niños, niñas y adolescentes en situación de calle, desde hace “más de 30 años” constituyeron “una alianza entre Estado y sociedad civil” e informó que desde 2017 “se viene trabajando en un compromiso” en clave nacional con el objetivo de “implementar los estándares establecidos en el Comentario General n.° 21” del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas.

Este compromiso, que articula, por un lado, recomendaciones a nivel internacional y, por otro, un abordaje interdisciplinario en Uruguay, dio lugar al Plan Estratégico Uruguay País Pionero, “un documento que traza una línea de abordaje hasta 2030” en lo referente a las infancias y adolescencias en situación de calle que fue elaborado en “consulta” con los propios niños, niñas y adolescentes que viven esta realidad.

Prioridades

En diálogo con la diaria, el coordinador del proyecto Calle de Gurises Unidos, Pablo Bassi, mencionó que “uno de los primeros pasos a dar es la cuantificación” estadística de cuántos niños, niñas y adolescentes se encuentran en situación de calle en la actualidad, ya que, según la institución, Uruguay “no cuenta con datos cuantitativos actualizados” desde 2007 con relación a este tema. Esta solicitud se enmarca en el pedido de reinstalación del Comité de Gobernanza –integrado por diversas áreas del Estado como salud, infancia, desarrollo social y educación– del Plan Estratégico hasta 2030 para atender la situación de vulnerabilidad social de esta población. Por lo tanto, se realizó en ese año un relevamiento en conjunto entre el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) y el Ministerio de Desarrollo Social.

Según se desprende del Plan Estratégico al que tuvo acceso la diaria, en dicho relevamiento institucional se dejó en evidencia que, en 2007, 1.887 niños, niñas y adolescentes se encontraban en situación de calle en Montevideo y el área metropolitana, donde se visualizó un descenso del 40% respecto a 2003. “Es un dato que no contamos y que es muy importante a la hora de operativizar este Plan Estratégico”, reforzó Bassi.

Consultado acerca de la razón por la que no se implementó el Plan Estratégico a partir de 2020, Bassi argumentó que “la pandemia fue claramente uno” de los motivos. En cuanto al diálogo con las autoridades, el coordinador reconoció que “hay apertura de parte de las nuevas autoridades”, con las que el “contacto siempre es permanente” e incluso lo fue “con las autoridades salientes”.

“Lo que estamos hablando acá es una metodología de trabajo que no espera a que llegue el niño ni la niña y el adolescente al centro, sino que va en búsqueda, que trabaja en el espacio público, que trabaja en territorio, que aborda la articulación institucional, con una metodología de proximidad que acompaña cada una de las situaciones con las cuales [se] trabaja para que puedan avanzar o llegar a servicios que por derecho les corresponden”, explicó Bassi. Asimismo, señaló como importante “la reintegración al sistema de salud, la integración a propuestas de educación no formal, el poder trabajar con los referentes adultos para que puedan ser una alternativa de cuidados, el poder también acompañar a los referentes que están con ellos y generar otros mecanismos de convivencia para disminuir las horas de estar en el espacio público consiguiendo recursos; que realmente puedan estar integrados e incluidos en espacios de derecho”.

Además, Bassi señaló como clave el rol de las “organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la problemática” de niños, niñas y adolescentes en situación de calle, ya que son “organizaciones muy comprometidas con la defensa de [los] derechos humanos, en particular derechos de la infancia”, y con una “expertise” en la materia.

Por otra parte, mencionó el papel del Estado a través del INAU y agregó que desde Gurises Unidos consideran que “los problemas de la infancia no son un problema que debe asumir el instituto rector o las organizaciones de la sociedad civil solamente, sino que deben estar acompañadas de una interinstitucionalidad”.