La diputada nacionalista Fernanda Auersperg dijo a la diaria que en el primer año de su gestión notaron situaciones de personas que se negaban a ir a refugios “y los equipos terminaban viendo cómo la persona fallecía sin nosotros poder hacer nada”. Se concluyó que eso “no podía pasar” y se recurrió a reglamentar la ley de asistencia obligatoria del Estado para personas en situación de calle, del gobierno de José Mujica, para disponer el traslado obligatorio de la persona con el aval de un médico.

“Pero nos fueron quedando estos casos en los que no había un riesgo de vida inminente por la salud física, sino que había un riesgo de vida o por patología de salud mental o por un uso abusivo de sustancias que ponían en riesgo, muchas veces, su vida o la de otras personas”, acotó Auersperg, y allí se resolvió aprobar la ley de internación involuntaria, vigente desde 2024. Se buscó que la normativa “comprendiera también esos casos en los que la persona está descompensada, su capacidad de juicio está totalmente afectada, y llevarla a un centro, compensarla, y después ofrecerle las respuestas que el ministerio tenía”, explicó Auersperg. Acotó que la ley de salud mental establece que un psiquiatra tiene que certificar que la persona está descompensada y supone un riesgo para sí o para terceros, pero muchas veces “que el psiquiatra fuera a la calle en el momento en que la persona estaba descompensada era un imposible, entonces lo que se buscó con esta ley fue acortar el camino de trasladar a la persona hasta un centro de salud y ahí poder compensarla”.

Para Auersperg, la internación involuntaria siempre fue “muy resistida por el Frente Amplio, entonces, utilizar estas herramientas generaba un conflicto ideológico”. Mencionó que leyó una declaración del ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, sobre que le “aterra el desalojo de las personas en situación de calle”. “A mí me aterra que las personas se mueran en la calle y como Estado no podamos hacer nada”, sostuvo. Dijo que lo sucedido esta semana muestra que “la realidad los golpeó de tal modo que de alguna manera [entendieron que] hay que actuar”.

Civila aseguró a la diaria que se utilizó la ley de internación involuntaria durante este gobierno y que hubo en ese sentido 200 intervenciones de médicos de Salud Pública para valorar la posibilidad de la internación, pero acotó que la decisión es de los equipos de salud “y no depende de las autoridades políticas”. Agregó que el número de internaciones involuntarias efectivamente realizadas lo tiene la Administración Nacional de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), porque hay casos que ni siquiera pasan por el Mides.

El ministro aseguró que la acusación al gobierno de que no aplica la internación involuntaria por motivos ideológicos “no cierra, porque si fuera una restricción ideológica, no estaríamos aplicando una medida que desde el punto de vista de la obligatoriedad es de nivel superior a la internación involuntaria”.

Eduardo Cabrera, del colectivo de personas en situación de calle Nitep, dice que “en lo profundo del corazón” le “duele enormemente que se traslade a la persona involuntariamente”. “Pero, por otro lado, tengo la sensación de que si no lo hago, lo estoy convidando a que se muera”, advirtió. De todos modos, dijo que “el error es que hay policías que ejercen violencia con esa persona, por ejemplo, le “patean los cartones o le sacan las cosas”.