Resuelta la sucesión de Wilder Tayler con la reciente designación de la exjueza Mariana Mota como nueva integrante del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), la comisión especial de la Asamblea General avanza ahora en la elección del sucesor de Bernardo Legnani, el director propuesto en el período pasado por Cabildo Abierto, quien el 10 de junio presentó su “renuncia indeclinable” al organismo por “razones estrictamente personales”.

Según supo la diaria, finalmente fueron postulados seis nombres para ocupar el puesto que quedó vacío tras la salida de Legnani: a las candidaturas de Mariana Achugar, Daniel Bruno y Juan Miguel Petit, que ya habían sido adelantadas por la diaria, se sumaron las de Ana Agostino, Ricardo Changala y Óscar López Goldaracena.

Conforme a la normativa vigente, que establece que los nombres deberán ser propuestos por organizaciones sociales o legisladores, la candidatura de Agostino tiene el apoyo de 19 colectivos, entre ellos, Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, Cotidiano Mujer, Gurises Unidos y Ovejas Negras. El nombre de Agostino, doctora en Desarrollo por la Universidad de Sudáfrica y exdefensora de vecinas y vecinos de Montevideo, ya había sido propuesto para integrar el Consejo Directivo de la INDDHH a mediados de 2022.

La postulación de Changala cuenta con el respaldo de diez organizaciones sociales. Algunas de ellas son la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, el Servicio de Paz y Justicia y el Consejo de la Nación Charrúa, así como también Madres y Familiares –los colectivos pueden promover más de una candidatura–.

Changala es doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República (Udelar), con una maestría en Etnicidad, Etnodesarrollo y Derecho Indígena por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en derechos humanos y coordinador del Observatorio Regional de los Derechos de Pueblos Indígenas del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe.

La candidatura del abogado especializado en derechos humanos López Goldaracena, en tanto, fue propuesta por cinco colectivos, entre los que se encuentran la Asociación de Familiares y Usuarios del Centro Martínez Visca y la Asociación de Familiares del Centro Psicosocial Sur Palermo.

En principio, estos tres nombres serán enviados a la Asamblea General junto con los de Achugar, Bruno y Petit. Achugar, doctora en Lingüística Hispánica y docente de la Udelar, fue propuesta por la Fundación Mario Benedetti, Redes-Amigos de la Tierra, Crysol, Madres y Familiares y otras cinco organizaciones sociales.

La candidatura de Bruno, abogado venezolano vinculado a las reivindicaciones de los ciudadanos legales para acceder a la nacionalidad, sólo tiene el respaldo de un colectivo: la Comisión Nacional de Control y Participación Ciudadana.

Por último, la postulación de Petit, ex relator especial de Derechos Humanos de Naciones Unidas y actualmente comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, fue propuesta por cinco organizaciones sociales: Madres y Familiares, Idas y Vueltas, Familias Presentes, el Instituto de Comunicación y Desarrollo y el Centro Psicosocial Sur Palermo.

La candidatura de Petit cuenta con un amplio respaldo político

De las seis candidaturas presentadas por las organizaciones sociales, únicamente la de Petit cuenta con el apoyo adicional de legisladores. El nombre del comisionado parlamentario penitenciario fue propuesto por la frenteamplista Bettiana Díaz, los nacionalistas Martín Lema y Pablo Abdala, los colorados Robert Silva, Tabaré Viera y Pedro Bordaberry y el independiente Gerardo Sotelo.

En diálogo con la diaria, la presidenta de la comisión especial de la Asamblea General, la senadora del Frente Amplio (FA) Constanza Moreira, señaló que aún resta que tanto la Corte Electoral como la Oficina Nacional del Servicio Civil evalúen si existen “incompatibilidades” en las seis candidaturas presentadas para ocupar el cargo. “Lo vamos a saber en la semana”, indicó. En la designación del sucesor de Tayler, en esta etapa del proceso fueron rechazadas dos postulaciones –una de ellas era la de Bruno, que en dicha instancia había sido promovido por otra organización, Todos Somos Uruguayos–.

De todos modos, ya está previsto que los seis candidatos comparezcan ante la comisión especial el jueves 24 y el lunes 28 de julio. Este último día se elevará la nómina de candidatos habilitados a la Asamblea General, que, según los plazos previstos, votará al reemplazante de Legnani el martes 5 de agosto.

A nivel político, la votación está condicionada a lo que fue la anterior elección de Mota, que tuvo el apoyo unánime del FA y de algunos legisladores del Partido Colorado y el Partido Independiente. Por estos votos, se prevé que el oficialismo acompañe la designación de Petit, quien supo militar en filas coloradas.

Juntos, frenteamplistas, colorados e independientes, reúnen 88 de los 130 votos de la Asamblea General, lo cual está por encima de la mayoría especial de dos tercios que exige la normativa vigente para designar a un director de la INDDHH en primera instancia. Asimismo, un legislador del Partido Nacional que forma parte de las negociaciones señaló a la diaria que “la candidatura de Petit concita mucha adhesión” en la bancada nacionalista, si bien todavía no hay “una decisión formalmente tomada”.

En caso de confirmarse este probable escenario, el sistema político deberá abocarse en el corto plazo a una nueva elección, que será, justamente, la del sucesor de Petit. El mandato del actual comisionado parlamentario penitenciario finaliza el 26 de octubre. La ley orgánica de la INDDHH establece que los miembros del Consejo Directivo del organismo “asumirán funciones dentro de los 45 días corridos posteriores a su elección”, por lo que, en caso de resultar electo el próximo 5 de agosto, Petit debería renunciar a su cargo actual antes de que termine su mandato.