Luego de una discusión que duró varias semanas, el Parlamento aprobó el pasado 2 de julio la ley 20.410, que modificó la ley orgánica de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU). La solución se dio en un momento crítico, en el cual desde la paraestatal se advertía dificultades para abonar las jubilaciones de no producirse un cambio. Este escenario, que exigió un tratamiento ágil, llevó al sistema político a reconocer que no era momento de discutir “soluciones de fondo”. Sin embargo, en la propia ley se dejó prevista la creación de una “Comisión de Expertos en Seguridad Social” que se aboque a promover una reforma estructural.

Lo dispuesto en el artículo 14 de la citada ley se hizo realidad el pasado 28 de noviembre, cuando se instaló la comisión. En línea con lo establecido, el espacio cuenta con tres representantes del Poder Ejecutivo, integrantes respectivamente de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Asimismo, comparecen otros tres representantes designados por parte del directorio de la CJPPU.

Los economistas Hugo Bai y Ariel Cancio representan a la OPP y al MEF, respectivamente. En tanto, el director de Seguridad Social, Leonardo Di Doménico, es quien comparece por parte del MTSS. La ley dejó previsto también que desde la fecha de instalación del ámbito, este deberá expedirse en un plazo de 120 días, pudiendo prorrogarse por decisión del Poder Ejecutivo por un tiempo máximo de 60 días.

Más allá de los objetivos que quedaron explícitamente establecidos en la norma aprobada en julio, la comisión fue decantando su dinámica de trabajo con el correr de los encuentros y a partir de la reglamentación de la ley, que tuvo lugar el 11 de noviembre. En cuanto a lo que se reglamentó, lo más destacado tiene que ver con que la presidencia de la comisión estará a cargo del representante del MTSS (Di Doménico). Asimismo, se estableció que en caso de empate entre los seis miembros, el voto que definirá será de quien preside.

Según emerge de un pedido de informes realizado por la diputada nacionalista Adriana Peña al que accedió la diaria, la comisión ha dejado asentado “un esquema de funcionamiento con base semanal o quincenal”, y en sus primeras sesiones -la segunda fue el 5 de diciembre- ya definió “su reglamento y su hoja de ruta”. Daniel Alza, quien ejerce hasta este lunes como presidente de la CJPPU, fue uno de los integrantes del ámbito en sus dos primeros meses de trabajo. Explicó a la diaria que la “primera decisión” fue la de “abrir la posibilidad” de que organizaciones y profesionales independientes “pudieran presentar propuestas para la mejora del instituto”.

Alza detalló que esta posibilidad de presentación de propuestas quedó abierta hasta el 31 de diciembre. A partir de allí, se dio lugar a la recepción de aquellas delegaciones que “pidieron audiencia” para explicar sus propuestas. Las primeras dos organizaciones recibidas fueron la Intergremial de Asociaciones de Profesionales Universitarios y la Asociación de Afiliados a la Caja (Aacjpu). Ambas disertaron ante la comisión el pasado viernes. El viernes próximo, está previsto que haga lo propio el Colegio de Contadores (Cceau).

Si bien Alza no formará parte de los próximos pasos que se darán en la comisión, explicó que el cronograma prevé que luego de recibidas las delegaciones, se pasará a organizar la información y poner en común lo procesado por parte de los distintos integrantes del ámbito. Remarcó que el desafío está en poner sobre la mesa el “respaldo numérico y técnico” de cada propuesta, para luego elaborar un informe que servirá de “sugerencia” para que el Ejecutivo pueda impulsar hacia el Legislativo la propuesta de reforma.

La situación de los timbres

La comisión recibió varias propuestas, que en algunos casos fueron expuestas personalmente por representantes de organizaciones. Una de ellas es la Asociación de Afiliados a la Caja, que, según dijo a la diaria su presidenta Cristina Muguerza, tiene como una de sus tres “propuestas fundamentales” la “recuperación gradual y progresiva del descalce de los timbres”.

Debe tenerse en cuenta que con la reciente modificación de la ley orgánica de la CJPPU se atacó lo que se entendía era el origen de este problema. Concretamente, se estableció que los timbres se empiecen a ajustar por el Índice Medio de Salarios (IMS) y no por Índice de Precios del Consumo (IPC) como lo venían haciendo desde 2004. En ese periodo, y con este índice como variable de actualización, según se estimó desde la Comisión Asesora y de Contralor de la CJPPU, se perdió un valor acumulado de entre 70% y 80%.

Otra de las organizaciones, la Intergremial de Asociaciones de Profesionales Universitarios, también entiende que el ajuste por IMS dispuesto en la última modificación orgánica “resulta insuficiente y no compensa la pérdida estimada en más de 600 millones de dólares”. Según un documento interno de la intergremial al que accedió la diaria, se entiende que para apuntalar este cambio se debe realizar “un estudio exhaustivo de las exoneraciones vigentes”.

En esa línea, el mismo documento pone sobre la mesa la pretensión de la intergremial de “universalizar la aplicación de timbres profesionales a todas las actividades registradas en la Caja Profesional”, así como también “revisar el sistema de cálculo de los timbres aplicables”.

La ampliación de la base de aportantes

En tanto, también se plantea desde la Asociación de Afiliados a la Caja una serie de líneas de trabajo tendientes al “aumento de la base de aportantes”. Desde el Colegio de Contadores, la expresidenta Cristina Freire explicó a la diaria que el punto central de la propuesta de su organización es “aumentar la base de aportantes” a partir de la inclusión en ella de los “dependientes” que solo aportan al Banco de Previsión Social (BPS).

Sin embargo, no se piensa incluir en la propuesta a todos quienes cumplen con estas características, ni tampoco se prevé que los comprendidos hagan un aporte extra al que ya hacen actualmente. Freire detalló que lo que se plantea es “retirar un pequeño monto que se vuelca a las AFAP” para volcarlo a la CJPPU. En ese sentido, enfatizó que los comprendidos son aquellos dependientes que pertenecen a la tercera franja de aporte, establecida actualmente por encima de los 136 mil pesos.

Según se proyecta, el estimado que pasaría por persona a la paraestatal sería de 6 mil pesos, siendo la pérdida de la administradora de fondos la comisión que le ganaba a ese total. La expresidenta del Colegio de Contadores puntualizó que se trata de una “propuesta que es viable”, aunque reconoció que para ajustarla se necesitan los datos actualizados del BPS. En ese sentido, teniendo en cuenta que se trata de información que no es pública, la organización ha intentado por distintos medios acceder a ella, sin éxito.

En tanto, en el documento de propuestas de la Intergremial de Asociaciones de Profesionales Universitarios se plantean tres posibles formas de aumentar la base de aportantes. Una de ellas se alinea con lo planteado por el Colegio de Contadores. Una segunda propuesta propone “unificar los aportes a la seguridad social de todos los profesionales universitarios que ejercen su profesión, independientemente del vínculo laboral”.

En el escenario planteado, los independientes seguirán aportando como lo hacen actualmente. En tanto, quienes trabajan como dependientes en formato de “empresas unipersonales” deberán aportar a la CJPPU “pudiendo permanecer en la categoría 2” independientemente de “los aportes que realicen al BPS como empresa”. En tanto, en caso de este cambio legal, las “nuevas generaciones” de profesionales dependientes “aportarán exclusivamente a la CJPPU, en las mismas condiciones que hoy lo hacen al BPS”.

Por último, la tercera propuesta habla de una “contribución obligatoria” de los profesionales. Los dependientes podrán optar por aportar lo correspondiente a “categoría 1 especial”, dándole con esto “antigüedad al momento de acceder a la jubilación y se computará en el cálculo de los 20 años mejores”. En tanto, la otra opción es aportar a la “categoría 1”, pudiendo incluso seguir “la carrera de categorías”. Estos profesionales “tendrán plenos derechos como todos los afiliados”.

El IASS

En las propuestas presentadas hay coincidencias también en relación al Impuesto a la Asistencia de la Seguridad Social (IASS). La Intergremial de Asociaciones de Profesionales Universitarios señala en su documento que “mientras el IASS continúe vigente” lo que se aplique a los pasivos de la CJPPU debe volver a la propia paraestatal. Este planteo también lo hace la Asociación de Afiliados, que a partir de Muguerza solicita el “ingreso a la Caja Profesional de lo que se recauda del IASS de los profesionales”.