En la antesala de lo que será el segundo discurso del presidente de la República, Yamandú Orsi, ante la Asamblea General, instancia prevista para este lunes a las 18.30, el directorio del Partido Nacional (PN) aprobó un documento con el propósito de “dar cuenta a nuestros conciudadanos ante este 1º de marzo de 2026”.

Se trata de un texto de 16 páginas, titulado “Construir sin destruir”, en el que, de entrada, se sostiene que, ya finalizado el primer año de gobierno de Orsi, “comienza a consolidarse una percepción cada vez más visible”, en el sentido de que “una parte relevante de la energía política del [Poder] Ejecutivo ha estado concentrada en revisar, revertir o desmontar decisiones adoptadas por la administración anterior, antes que en consolidar una agenda propia orientada a futuro”.

Para el PN, “la alternancia democrática legitima la corrección de políticas públicas”, pero no legitima “la desarticulación sistemática de decisiones previas cuando esa marcha atrás no está acompañada por alternativas superiores en calidad, eficacia o estabilidad”.

A modo de ejemplo de las medidas de “marcha atrás”, el principal partido de la oposición menciona, entre otras cosas, la reformulación del proyecto Neptuno y la rescisión del contrato con el astillero español Cardama Shipyard, así como también la suspensión de la reglamentación de la Ley de Medios aprobada en el período pasado, algo que “funcionó como una señal temprana de orientación” de la actual administración.

En el caso del proyecto Neptuno, se sostiene que la decisión de descartar la construcción de una planta potabilizadora en la zona de Arazatí para priorizar “alternativas distintas” supuso “dejar en suspenso una iniciativa que avanzaba hacia su ejecución”. Con relación a Cardama, en tanto, se afirma que la ruptura del acuerdo “se presentó como ejercicio de transparencia, pero su intencionalidad y causa es política: proyectar una desconfianza generalizada hacia el período anterior”.

El PN advierte que, a partir de la rescisión del contrato con la empresa española, “se posterga el fortalecimiento de las capacidades de vigilancia marítima en un contexto de creciente narcotráfico en el Atlántico Sur y se deja en suspenso la protección efectiva de nuestros recursos en el mar”, por un lado; y, por otro, se “afecta la reputación del país como socio confiable y proyecta incertidumbre sobre la estabilidad de compromisos asumidos por el Estado”.

En el documento también se cuestiona el incumplimiento por parte del actual gobierno de “los compromisos asumidos ante la ciudadanía” durante la campaña electoral. En concreto, se menciona la incorporación de “incrementos y ajustes tributarios” en materia impositiva, y también “la incorporación de 2.000 nuevos efectivos policiales”, una medida que “fue presentada como un objetivo claro y medible”, pero que, “a casi un año de gestión”, “no muestra avances equivalentes a la expectativa generada”.

Por otra parte, se critica “la apertura sucesiva de instancias de diálogo, mesas de trabajo y ámbitos de discusión sobre múltiples áreas estratégicas” por parte del Poder Ejecutivo. “El diálogo es valioso cuando complementa un rumbo definido; pero, cuando sustituye la toma de decisiones o la planificación previa, evidencia una carencia de preparación programática”, se sostiene.

Como conclusión, el PN afirma que, en el transcurso del primer año de gobierno de Orsi, “la revisión sistemática de lo realizado en el período anterior ha ocupado un lugar central en la acción de gobierno”. Para el partido presidido por Álvaro Delgado, “predomina una dinámica donde la energía política se orienta a desandar decisiones heredadas sin que emerjan alternativas más eficaces, más robustas o más sostenibles”.

Para el PN, el “desafío” del actual gobierno no debería ser “demostrar que lo anterior estaba equivocado”, sino “evidenciar que posee un proyecto superador, coherente y ejecutable”. “Uruguay necesita dirección, no revisión; ejecución, no pausa; construcción, no demolición”, concluye el documento.