Luego de que el gobierno confirmara, el pasado 13 de febrero, la rescisión del contrato firmado por la anterior administración entre el Estado uruguayo y Cardama Shipyard para la construcción de dos patrullas oceánicas -por un total de 82 millones de euros- para la Armada Nacional, el astillero español envió una carta de respuesta. Allí, según informó El País, Cardama catalogó como “ilegítima” la resolución del gobierno uruguayo, al que acusó de llevar a cabo “un modo de proceder abusivo y malintencionado”.

En la nota, la empresa española hace referencia a la garantía de fiel de cumplimiento de EuroCommerce, que fue aceptada por el gobierno anterior y que la actual administración ha calificado como una “estafa”, ya que se trata de una compañía “nunca existió”. Días después de la primera conferencia de prensa del gobierno sobre el tema, EuroCommerce fue disuelta por el organismo regulador de sociedad anónimas de Reino Unido. El astillero español instalado en Vigo asegura que en este asunto “fue una víctima de lo sucedido y no al contrario”.

Por otra parte, Cardama señala que ambas partes habían acordado que, en el caso de que el contrato terminase de manera anticipada, “la propiedad de lo construido hasta ese momento se transfiere de pleno derecho” al Estado uruguayo. Según la empresa española, lo que flota en sus instalaciones tiene un valor estimado de 28 millones de euros.

En la carta, Cardama invita al gobierno uruguayo a “retirar de sus instalaciones lo construido lo antes posible” y advierte que el material “ocupa buena parte de las instalaciones de Cardama, generando gastos e inconvenientes que se traducirán en más daños que deberán ser indemnizados” por el Estado uruguayo.

La información fue confirmada este viernes por la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo. En rueda de prensa, Lazo dijo en primer lugar que “el reclamo del señor [Mario] Cardama es lo que corresponde”. Pero agregó: “Veremos si la inversión que se hizo desde el Estado uruguayo se condice con lo que tenemos allí in situ”.

La ministra señaló que actualmente el gobierno uruguayo está evaluando “diferentes opciones” para retirar el material del astillero español. “No es algo por lo que podemos viajar y traerlo al hombro”, apuntó; y mencionó que se están manejando “algunas posibilidades que puedan haber en el propio territorio de España”.

“Por un lado está lo que ha solicitado el propio empresario, que querrá seguir trabajando y que eso salga de allí. Por otro lado está, efectivamente, qué es lo que tenemos para traer”, añadió Lazo.

Asimismo, la ministra resaltó que el gobierno uruguayo continúa trabajando “seriamente” en la adquisición de patrullas oceánicas. “Lo hacemos en conjunto con la visión técnica de la Armada”, apuntó; y señaló que en esta oportunidad, a diferencia de lo que pasó en el gobierno anterior, la compra sería de “estado a estado” y no con una empresa particular.

La comisión especial suspendió la sesión del lunes

La invitación de la empresa española a que el gobierno uruguayo se haga cargo del material adquirido para la construcción de las patrullas oceánicas fue comentada por el diputado del Partido Nacional (PN) Pablo Abdala. “La ministra no sabe qué hacer (dónde lo va a poner y, menos, cuánto nos va a salir). Los coletazos de la irresponsabilidad del gobierno. Rescindió ligeramente un contrato que debió conservar y hacer cumplir. A través de una resolución de rescisión frágil y plagada de nulidad”, escribió el legislador nacionalista en X.

Por otra parte, Abdala anunció que la comisión especial del Parlamento que tiene a estudio el proceso de compra de las patrullas oceánicas suspendió la reunión programada para este lunes debido a “la insuficiencia de la documentación”.

La oposición ha solicitado decenas de documentos, como, por ejemplo, la copia de todos los correos entre Cardama y el Ministerio de Defensa Nacional, el listado de participantes de las reuniones entre la empresa española y la cartera y el reporte de todos los requerimientos de Cardama en el proceso de construcción.

“Entendemos que esto lleva tiempo. Entendemos, además, las manifestaciones de la ministra sobre que no podíamos pretender en un mes tener toda la información. Todo eso lo podemos entender, pero solicitamos que también se entienda que hay información sensible que no ha llegado”, expresó el diputado del PN Gabriel Gianoli, en la última sesión de la comisión.