“Una prensa libre es condición fundamental para que las sociedades resuelvan sus conflictos, promuevan el bienestar y protejan su libertad”. Así comienza la Declaración de Chapultepec, que el presidente Yamandú Orsi suscribirá este lunes, en el marco de la visita oficial que hará a Uruguay una delegación internacional de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Junto a la de Chapultepec, el presidente suscribirá la Declaración de Salta II sobre Principios de Libertad de Expresión en la Era Digital. Esta declaración fue adoptada por la SIP en 2018 en la ciudad homónima, y actualizada por la 80ª Asamblea General de 2024 en Córdoba, Argentina. La actualización se hizo “ante los acelerados cambios tecnológicos y el surgimiento de nuevos desafíos en el ámbito digital que impactan en la comunicación, el periodismo y las libertades de expresión y de prensa”.

La Declaración de Chapultepec subraya que las libertades de expresión y de prensa son indispensables para la vigencia de la democracia. La Declaración de Salta II responde a que en el ecosistema digital “se generan amenazas para las citadas libertades y el debate público”, a través de regulaciones estatales arbitrarias, censura, bloqueo de acceso y/o contenidos, cibervigilancia, acoso, campañas de descrédito, violencia digital.

Según un comunicado de la SIP, la delegación que visitará la Torre Ejecutiva mantendrá una reunión de trabajo con Orsi para analizar aspectos vinculados al ejercicio del periodismo en Uruguay. En la misiva, señalan que la firma de ambas declaraciones por parte del presidente “constituye una señal institucional clara del compromiso del gobierno con la defensa y promoción de las libertades de expresión y de prensa”.

El último informe de la SIP, publicado en octubre del año pasado, indicó que “no se han constatado ni denunciado hechos graves ni de singular relevancia que afectaran la libertad de prensa” en Uruguay, pero señaló que el derecho a la información pública, que está garantizado por ley desde 2008, “muestra cierto letargo burocrático” y “algunas autoridades desconocen la norma y las obligaciones de transparencia que les exige”.

Además, la asociación apuntó que “acciones aisladas de jueces y fiscales afectan la libertad de prensa y atentan contra el libre ejercicio de la actividad periodística”. En su visita oficial a Uruguay, la delegación de la SIP también se reunirá con la fiscal de Corte, Mónica Ferrero.

La sexta edición del Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa, que analizó el período de noviembre de 2024 al mismo mes de 2025, registró un “deterioro de alcance dramático en las condiciones” de estos derechos comunicacionales en el hemisferio: el promedio global descendió 47,10 puntos, que es el nivel más bajo registrado en las seis ediciones.

República Dominicana es el país que lidera el índice con 82,17 puntos y es el único país que se ubica en la franja “con libertad de expresión”. Mientras tanto, Venezuela y Nicaragua son los últimos y están en la franja “sin libertad de expresión”.

Por su parte, Uruguay obtuvo 68,78 puntos de un total de 100, y está en el quinto lugar por detrás de Brasil y por delante de Jamaica en la franja “baja restricción”. El informe indicó que el entorno legislativo es el poder que ejerce una mayor influencia sobre las situaciones desfavorables a la libertad de expresión, seguido del Ejecutivo.

El informe marca que, aunque Uruguay carece de violencia letal, “enfrenta un deterioro en el ejercicio periodístico debido al discurso estigmatizante del poder público, la opacidad administrativa y la concentración de medios bajo nuevos marcos normativos”. A su vez, indica que la comunicación gubernamental “ha tomado un giro crítico, evidenciando un aumento en el uso de citaciones policiales y denuncias por difamación como herramientas de hostigamiento hacia periodistas”.

“Las demandas estratégicas contra la participación pública han proliferado, afectando la independencia editorial, lo que pone en riesgo la reputación histórica de Uruguay como bastión de la libertad de prensa en América Latina”, indica. En síntesis, el informe apunta que, si bien el país goza de instituciones democráticas sólidas, el período estudiado “ha relevado preocupantes grietas en su ecosistema informativo”.

Los datos de 2025 significan una mejora con respecto al último informe que abarcó el período de agosto de 2023 al mismo mes de 2024: ese año Uruguay obtuvo un puntaje de 66,43 y se había ubicado en el séptimo lugar en el ranking global luego de haber estado en el quinto en la anterior medición.

Al igual que en 2025, las amenazas a la libertad de prensa no fueron graves, como homicidios, secuestros o desaparición forzada; los 41 casos registrados de restricción a la libertad de expresión se ubicaron dentro de la categoría de “amenazas leves”.