Sociedad

35 comparsas convocaron ayer a la fiesta por Isla de Flores en las tradicionales llamadas de San Baltazar.

Cómo estará el tiempo al día siguiente, si habrá “alertas”, de qué color y si éstas se cumplieron o no: todos motivos de noticia en los medios de comunicación. El 2012 estuvo marcado por un extenso conflicto sindical de los trabajadores de la Dirección Nacional de Meteorología (DNM), por un temporal comparable al de 2005 y por un marcado descreimiento popular en los pronósticos. Los primeros egresos de Ciencias de la Atmósfera y el trabajo de una comisión interministerial -que comenzará a funcionar el martes 8 para dar un marco institucional a la DNM fuera del Ministerio de Defensa Nacional- buscarán, poco a poco, contrarrestar todos los años de ausencia de políticas de Estado en materia de estudio del clima.

Autoridades prevén que en dos o tres meses comenzarán las obras del puente sobre la Laguna Garzón, tras años de polémica.

“Playas sin guardavidas. Disfrute con precaución” rezaban todavía ayer los carteles en las playas del departamento de Canelones, que comprenden 74 bajadas en Ciudad de la Costa, Costa de Oro y el río Santa Lucía. Los funcionarios debían estar en sus puestos el 8 de diciembre, pero, de manera similar a lo que sucedió en temporadas anteriores, la comuna y la Asociación de Guardavidas de Canelones (AGC) no acordaron puntos trascendentes de la contratación en tiempo y forma. Desde el sábado la Prefectura Nacional Naval reforzó la presencia en algunas playas.

Aunque pueda sonar paradójico, son muchos los intereses que rondan sobre la gestión de residuos en el país, sector regido por una lógica de “capitalismo primitivo” según la definición compartida por quienes lo integran. Varias de las fuentes consultadas también coincidieron en que el sistema está controlado por “mafias”, y hay quienes denuncian que el gobierno es permeable a presiones de empresas que configuran los eslabones formales de la cadena y serían las principales beneficiadas. En el otro extremo se ubican los recolectores y los clasificadores, que pese a la precariedad en la que trabajan son quienes sostienen un negocio que por año mueve 150 millones de dólares según cifras oficiales, más otros varios millones por fuera de la formalidad.