Un spot publicitario que el gobierno difundió en redes sociales para informar sobre el aumento de la equidad, según lo expresa el índice Gini, se ganó críticas de la oposición.
Uno de los precandidatos blancos, Luis Lacalle Pou, expresó: “Notoriamente el gobierno tiene que salir a decir lo que la gente no percibe”. Otro, Jorge Larrañaga, dijo que “refleja una conducta absolutamente abusiva donde se aprovecha de bienes públicos como es el caso de los medios de comunicación”. El senador nacionalista Álvaro Delgado afirmó: “Cuando lo vi pensé que era del Frente Amplio [FA], pero vi que era un spot de Presidencia de la República, de autobombo... los uruguayos terminamos pagándole la campaña al FA a través de Presidencia”.
Este episodio puede servir para iniciar el análisis de la comunicación en tiempos de gobiernos del FA.
Según la oposición, este spot constituye una derrota, porque el gobierno tiene “que salir a decir lo que la gente no percibe”. O sea, el vacío de percepción refleja un vacío de resultados y la comunicación intenta emparchar ese vacío.
Este reconocimiento de derrota no sería malo en sí mismo, si no constituyera “una conducta absolutamente abusiva [...]”. Según este razonamiento, al gobierno no le asiste la libertad para informar sus logros, porque al hacerlo “busca incidir a favor del lema FA [...], los uruguayos terminamos pagándole la campaña al FA a través de Presidencia”.
Esta actitud de la oposición surge de su acostumbramiento a trazar la agenda de la opinión pública, en general, sin cortapisas, de modo que las esporádicas iniciativas de informar algún logro por parte del gobierno le parece contra natura.
Esta relación, que se ha mantenido durante los tres gobiernos sucesivos del FA, ha sido tan reiterada que ya no llama la atención. Aparece legitimada por acostumbramiento.
La ruptura de una larga tradición
En 15 años, sus tres períodos de gobierno, la izquierda ha hecho una gestión con logros que han nutrido estudios oficiales y académicos, sin construir canales, instrumentos, lenguajes para darlos a conocer a la sociedad. Ni para una eventual devolución, por supuesto.
Una larga experiencia, construida por la izquierda y los movimientos populares desde su surgimiento, por medio de su pensamiento y de su práctica, ha hecho de la “lucha ideológica” un eje estratégico esencial.
Sus fundamentos arrancan en 1845, cuando Marx postulaba que “la ideología dominante es la ideología de la clase dominante”, y dieron un paso de gigante con Antonio Gramsci, en los años 20 del siglo pasado, con su concepción de la hegemonía como conducción político-ideológica. Más tarde, en la década de 1970, Louis Althusser le daba un soporte práctico-teórico en su concepción de los aparatos ideológicos de Estado.
Un concepto básico, en el que se combinan determinaciones estructurales y el “factor subjetivo”, es el de “correlación de fuerzas”, en la cual, ante un desafío estratégico, se diferencian las fuerzas populares dinámicas, activas, vinculadas permanentemente con la base social, de aquellas que no interactúan con estas y adoptan una actitud reactiva, burocrática. Esta segunda actitud definió en gran medida la suerte de gobiernos progresistas en América Latina.
Culmina un ciclo histórico que se inició con la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial, con la participación activa de los movimientos populares y la izquierda, que generó el sistema de Naciones Unidas, la descolonización, el Estado de bienestar, basado en la gran industria y los grandes sindicatos. Con el fondo de la división del mundo en dos bloques, el socialista y el capitalista, esta intensa dinámica histórica dio lugar a una lucha ideológica inédita. En el bloque popular confluían actores políticos, sociales y académicos.
Al avance popular respondió una contraofensiva capitalista global, liderada por Estados Unidos. En América Latina se impusieron dictaduras militares prolongadas, que desarticularon pacientes procesos de acumulación de las fuerzas populares. Se produjo la implosión y caída del sistema socialista y, para cortar de raíz el fértil terreno asociativo que constituía, el sistema productivo basado en el fordismo de la gran industria y los grandes sindicatos.
Innovaciones tecnológicas mediante, se indujo la fragmentación del trabajo y de la vida social, con un gran esfuerzo económico, político y cultural para inducir el consumismo individualista y la naturalización de todo tipo de intervención de Estados Unidos en los distintos continentes. La intervención militar simultánea en todas las latitudes potencia las innovaciones tecnológicas y el dominio comercial.
Una sola campana
Sobre lo que hace el gobierno suele haber una sola versión: la de la oposición. Son campañas orientadas a formar opinión contraria con hechos presentados en forma descontextualizada lindando con las fake news, como se llama ahora a las noticias falsas, o sea, a las mentiras.
Los desmentidos del gobierno casi nunca son publicados y, si lo son, nunca tienen el destaque de las fake news originales. La oposición, por esta vía, traza la agenda de la opinión pública, desviada hacia la derecha, movida por la desconfianza y los prejuicios.
En ese contexto se ubica la opinión del presidente del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, Daniel Lema, quien reconoce que “el gobierno tiene ‘derecho a difundir lo que hace’ [...], formalmente son dos instancias que existen para que el Ejecutivo haga una devolución de su actuación ante la ciudadanía: la Memoria Anual y la Rendición de Cuentas”.1
Utilizando una metáfora bélica, en lo que hace a la información y la formación de opinión pública, la oposición utiliza un amplio arsenal de recursos, incluso “prohibidos”, en tanto que el gobierno y el bloque popular tienen sus cañones enterrados.
Esta es una estrategia –consciente o “por defecto”– sumamente riesgosa. A cuatro meses de la elección aún queda tiempo para rectificarla, más allá del “disparo en la noche” que significó el spot de Presidencia sobre la disminución de la desigualdad.
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El prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, afirmó que el spot de Presidencia fue divulgado en cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública. ↩