Otro 20 de mayo empantanado: las cuentas pendientes del Estado en materia de violaciones a los derechos humanos

.

Este 20 de mayo Felipe Michelini no estará en la marcha del silencio. “Pero la acompaño con el corazón”, dice, escuetamente desde un hotel en La Haya. Hace 41 años, militares uruguayos en Buenos Aires secuestraron, torturaron y asesinaron a Zelmar, su padre, a Héctor Gutiérrez Ruiz, William Whitelaw, Rosario Barredo y Manuel Liberoff.

Aquel magnicidio del 20 de mayo de 1976 tuvo cierta justicia, mucha memoria y algo de verdad. El dictador Juan María Bordaberry fue sentenciado por este crimen. Quién disparó y quién dejó los cuerpos en un Torino rojo en las afueras de Buenos Aires todavía es incógnita. Una de las tantas cuestiones que siguen sin respuesta entre los 304 expedientes por este tema que alguna vez se tramitaron en la Justicia. Para Michelini, integrante del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia (GTVJ) que hace dos años puso a funcionar el presidente Tabaré Vázquez, hay una cultura de impunidad arraigada en Uruguay: “Todavía no hemos podido encontrar o esclarecer el destino de los desaparecidos”.

Elena Zaffaroni estaba embarazada de cuatro meses en diciembre de 1974 cuando la represión se cruzó con su familia. Era esposa de Luis Eduardo González, militante de la Federación de Estudiantes Universitarios y del Partido Comunista Revolucionario, que desapareció con tan sólo 22 años después de una documentada tortura. Elena presentó la denuncia en 1985 y la causa se archivó en 1991. En 2006, la extinta Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz le entregó un certificado en el que le decían que Luis estaba desaparecido. El expediente se desarchivó y ahora es una de las 164 causas que diluviaron entre 2011 y 2012. “Sigue empantanada. Piden no sé qué para no sé cuánto. Estamos siempre en la bolsa”, dice Zaffaroni.

“No pedimos justicia a la Corte porque la vemos en conjunto. La justicia del Poder Judicial es un pantano, es meterte en una ciénaga. [...] Nosotros seguimos exigiendo verdad, y el Estado la tiene”, asegura. El Estado alguna vez fue responsabilísimo. “Destrabar para nosotros no es un tema de ayer, es un tema de hoy”, dice Zaffaroni, que integra la asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos. La organización infatigable, en la que nada se vota y todo se acuerda, en la que hay tantos puntos de vista como integrantes. Los que van quedando se juntan atrás del recuerdo del ser querido y de algo bien claro: verdad, memoria, justicia.

Impunidad archivada

Parte de esa verdad, de esa esperanza de justicia y eventual marca de la memoria está en los archivos de la represión estatal. El GTVJ tiene cientos de miles de documentos en su poder (o más), en los llamados “archivos Berrutti” y los de inteligencia policial. Además, están por ingresar los de inteligencia de la Armada y del Ejército, informó Michelini. Algunos de esos archivos y otros se han usado en los juicios. Se han hecho careos, pero los involucrados mienten, hacen que no saben nada: la mentada omertá, pilar fundacional de la impunidad, una política de Estado a prueba de buenas intenciones.

“Nos dan los archivos”, dice Michelini, y se ríe: “Quienes los manejaban sabrían dónde estaba cada cosa. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo... Es como si a usted le dieran para buscar un libro en una biblioteca con miles de volúmenes y no le dijeran siquiera de qué color es la tapa del libro”.

El asunto no es sólo acceder a los archivos. Tampoco, necesariamente, que el caso vaya al juzgado. Muchos jueces entendieron que si no hay cuerpo, no hay delito. Sin embargo, cuando aparecieron cuerpos, tampoco hubo justicia ni mucha verdad, como cuando se encontraron los restos del maestro y periodista Julio Castro. El ex policía Ricardo Zabala, que participó en el secuestro de Castro, fue absuelto por el Tribunal de Apelaciones de 4° Turno. De igual modo, José Uruguay Umpiérrez, piloto del segundo vuelo y uno de los responsables de la muerte del militante comunista Ubagesner Chaves Sosa disfruta de prisión domiciliaria sin aportar elementos para avanzar en la verdad del caso.

Impunidad magistral

El capítulo del Poder Judicial es una novela de no ficción en sí misma. Primero, la ley de caducidad, votada por el Parlamento en 1986, blindó la impunidad. El mensaje político para los tribunales fue irrebatible. Cuando cayó la ley, en 2011, llegó un aluvión de causas, que siguen bastante quietas, por varios motivos.

Uno, porque los juzgados están acostumbrados a trabajar con causas en las que testigos, imputados y acceso documental son bastante próximos. “Observamos todos los días cómo causas muy complejas apenas son analizadas por un par de funcionarios, lo que no garantiza llegar al fondo del asunto”, lamenta el abogado Pablo Chargoñia, coordinador del equipo jurídico del Observatorio Luz Ibarburu. Hace tiempo pidieron formalmente que algún juzgado atienda estas causas con más dedicación, sin éxito. El pedido se sustentó en la sentencia del caso Gelman de 2013, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) intimó al Estado uruguayo a una serie de acciones afirmativas. Muchas no se han implementado todavía, como la capacitación para jueces y fiscales.

En setiembre de 2015, la jueza Beatriz Larrieu procesó con prisión a varios militares por las torturas y el asesinato del militante frenteamplista Aldo Perrini en Carmelo en 1974. 41 años después, la Justicia uruguaya aceptó la tesis de que los delitos de lesa humanidad no prescriben y reconoció, finalmente, a las normativas internacionales como fuente de derecho.

Tenemos una “jurisprudencia errática”, se lamenta Michelini. Los abogados que se dedican a estas causas buscan “ventanas jurídicas”, dice Óscar López Goldaracena, uno de los doctores en leyes que más casos de este tipo ha tomado.

Pero no todo es Poder Judicial. El Parlamento votó y mantuvo la ley de caducidad por casi 30 años. Esta semana la Comisión de Constitución y Legislación del Senado pasó al plenario la creación de una fiscalía especializada en crímenes de lesa humanidad. El Ejecutivo envió el proyecto de ley en febrero de 2015 con el cometido de agilizar los procesos. Ahora el Senado y los diputados decidirán, más allá de la ley, cuánto demorará ese proceso en sí mismo. Que posibilitará, entre otras cosas, que el Poder Ejecutivo tome buena parte de las responsabilidades que emanan de la sentencia de la CIDH al conducir las investigaciones.

El Estado uruguayo “sigue observando cómo las víctimas tienen que encargarse de las tareas de investigación propias del Estado”, subraya Chargoñia. El abogado ve un estado “impunidor”: omisión, descoordinación, negligencia, falta de personal capacitado y ausencia de rubros.

En 2002, Chargoñia consiguió que el canciller de la dictadura, Juan Carlos Blanco, fuera sentenciado por la desaparición de la maestra Elena Quinteros. “Desde lo institucional las trabas son sustancialmente las mismas”, acota ahora. Tal vez la ley de caducidad hacía que la sociedad pusiera foco en ella sin atender los “problemas de la impunidad institucionalizada”, tan palpables en el presente.

Para Gastón Grisoni, de la asociación de presos políticos Crysol, es necesario avanzar por las sedes judiciales. “Sin verdad no hay memoria”, repite. También cree necesario que la Suprema Corte de Justicia “deje de tolerar maniobras dilatorias” de los acusados por delitos de lesa humanidad. “Una cosa es la garantía del debido proceso y otra es ser tolerantes y complacientes” con los denunciados, remarca Grisoni.

Impunidad versus buenas intenciones

Chargoñia insiste en que el GTMJ “no supera las buenas intenciones” y que carece de un plan de trabajo. Lamenta que la “actitud parsimoniosa” también forma “parte de las dilatorias, demoras y estancamientos del ejercicio defensivo que realizan los violadores a los derechos humanos, a veces rayano en el abuso de las vías procesales”. Zaffaroni reconoce que los poderes públicos, en vez de unirse en la búsqueda, “se contrarrestan”. Habla de “una apertura” en los gobiernos del Frente Amplio, que matiza: “Partíamos de una cosa horrible”. Es crítica de la “poca ejecutividad” y los “lentos avances” del GTVJ.

“El Poder Ejecutivo ha tenido una muy firme voluntad del presidente de la República, pero la tarea tiene complejidades”, constata Michelini. “Su diseño institucional no es el mejor”, confiesa. Trabajar bajo la órbita de Presidencia acarrea particularidades de funcionamiento, como la falta de flexibilidad para las contrataciones, señala. El mejor esquema institucional lo daría una ley “que además clarificara las voluntades políticas del Parlamento. Porque la voluntad del presidente está clara. Quiere llegar hasta las últimas consecuencias de la verdad”, opina. Pero la verdad parece a prueba de presidentes, legisladores y jueces o fiscales bien intencionados. Porque la impunidad es todavía una robusta política de Estado. Aunque empiece a toser.