La Justicia hondureña condenó a siete personas por el asesinato de Berta Cáceres

A balazos, en su propia casa. Así fue asesinada en marzo de 2016 la activista hondureña Berta Cáceres, que trataba de proteger el territorio de las comunidades indígenas lencas y se oponía al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca que la empresa Desarrollos Energéticos SA (DESA) pretendía construir en el noroeste del país. Su legado, sin embargo, no sólo permanece casi cuatro años después de su muerte, sino que la reconocida ambientalista se ha convertido en todo un símbolo de lucha en un país devastado por la violencia, la desigualdad y la impunidad.

Después de que en noviembre de 2018 siete hombres fueran declarados culpables por el asesinato de la líder lenca, ha tenido que transcurrir más de un año para que la Justicia hondureña dictara sentencia.

Así, el lunes 2 de este mes un tribunal condenó a Edilson Duarte, Henry Hernández, Elvin Rápalo y Óscar Torres a 34 años de prisión por el crimen de Cáceres y a otros 16 años más por intentar matar a Gustavo Castro, el activista mexicano que acompañaba a la ambientalista aquel 3 de marzo en su casa y que logró sobrevivir al fingir que estaba muerto.

Como coautores del crimen también fueron condenados a 30 años de cárcel Douglas Bustillo, ex jefe de seguridad de DESA y ex militar, Sergio Rodríguez Orellana, gerente ambiental de esa misma empresa, y Mariano Díaz Chávez, mayor de las Fuerzas Armadas.

Por el momento Roberto David Castillo, presidente de DESA, es el único acusado como autor intelectual del crimen de Cáceres y se encuentra detenido a la espera de ser juzgado.

La familia de la dirigente indígena considera que la sentencia es un avance, pero insuficiente, por lo que sigue reclamando que se castigue al resto de los autores intelectuales del crimen.

“Habrá justicia cuando los autores intelectuales que planificaron el asesinato y dieron la orden de matar a mi madre sean castigados y condenados por semejante acto de barbarie. Debe también haber justicia para el pueblo lenca”, dijo a la diaria Olivia Marcela Zúniga, la hija mayor de Berta Cáceres.

Asimismo, la familia sostiene que en el crimen no sólo están involucrados empresarios de la hidroeléctrica DESA, sino también miembros del Ejército, funcionarios del gobierno que preside Juan Orlando Hernández y familias con gran poder económico en el país.

“Se ha comprobado que DESA opera como una asociación ilícita y familias como la Atala Zablah, una de las más poderosas de Honduras, son accionistas de la empresa, por eso exigimos otras líneas de investigación”, dijo Zúniga.

La hija de Cáceres también recordó que a lo largo de los últimos 45 meses ha prevalecido la impunidad, y aseguró que aún “no se han desmontado las estructuras criminales que están asesinando a líderes ambientalistas y defensores de derechos humanos” en su país. “Mientras esas estructuras permanezcan, no habrá justicia”, advirtió.

Zúniga también aclaró que si bien el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca contra el que luchó su madre está suspendido por el momento, la concesión del río Gualcarque –sobre el que se pretendía construir la represa– no ha sido cancelada. Eliminar esa concesión correspondería al Congreso hondureño, y por el momento no parece que los legisladores estén dispuestos a dar ese paso.

Luchadora en un país peligroso

Cáceres, una comprometida defensora de los derechos humanos, cofundó en 1993 el Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas Populares (Copinh), grupo dedicado a la defensa del medioambiente y de la cultura lenca en el departamento de Intibucá, en el oeste de Honduras.

La ambientalista, que siempre fue una figura incómoda para el poder y las grandes empresas transnacionales, llevaba años liderando manifestaciones y rechazando grandes proyectos extractivos en el país, por lo que fue amenazada en numerosas ocasiones. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos incluso dictó medidas cautelares para protegerla.

Esas amenazas las siguen recibiendo su familia y el Copinh, ya sea en forma de campañas de desprestigio, a través de las redes sociales o incluso con vehículos que los persiguen. Pero aseguran que no conseguirán amedrentarlos.

Honduras es considerado el país más peligroso para el activismo ambiental. Según datos de la ONG Global Witness, que documenta los crímenes contra ecologistas en todo el mundo, desde 2010 han sido asesinados en ese país más de 120 activistas ambientales por protestar, en la mayoría de los casos, contra la destrucción de sus recursos naturales y por intentar proteger su territorio. Estos activistas sufren sobre todo agresiones del sector minero y de industrias extractivas.

“Es preocupante la violencia en Honduras contra los defensores de los derechos humanos y contra los ambientalistas que se oponen a proyectos extractivos, sobre todo minero-energéticos, porque sufren una terrible persecución, no sólo con campañas de odio mediáticas para deslegitimar sus luchas, sino que enfrentan procesos de criminalización en su contra en los que se los acusa de ser terroristas”, dijo Zúniga a la diaria.

“No estamos solos”

Después del crimen contra Cáceres, otros activistas fueron asesinados en Honduras y eso generó miedo, pero al mismo tiempo también reforzó la convicción de que es necesaria la lucha. “La sangre derramada fue algo que indignó al pueblo y que movió la conciencia de hondureños y hondureñas. Hoy, por ejemplo, vemos cómo en Tegucigalpa se moviliza gente por la defensa de los recursos hídricos del departamento de Francisco Morazán”, al oeste del país, dijo Zúniga.

El ejemplo que han tratado de dar como familia, como Copinh y como pueblo lenca, asegura, es que ni el miedo ni el dolor pueden paralizar sus luchas. “Tenemos toda la legitimidad, somos la voz de una mujer que fue privada de su vida”, agregó la activista.

Durante estos casi cuatro años, no sólo las tres hijas y el hijo de Berta Cáceres han tomado su relevo, sino que el Copinh y otros activistas también siguen movilizándose por ella y por la defensa del medioambiente en el país.

“El pueblo lenca y el pueblo hondureño han asumido el relevo de mi mamá. No sólo somos sus hijas o su familia, sino que ahora hay un montón de Bertas, muchachas jóvenes feministas que siguen su ejemplo, gente que se ha vinculado a movimientos sociales y ambientales. Berta es el símbolo de rebeldía, de todas las resistencias en Honduras, de los obreros, de los campesinos, de los pueblos indígenas, de las feministas, de los grupos LGBTI, de partidos progresistas, de defensores medioambientales; es un símbolo de lucha que el pueblo hondureño ha tomado, y nos alegra saber que no estamos solos”, concluyó.