A tres años desde la firma del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a pesar de algunos avances significativos, la violencia se ha recrudecido y sigue azotando amplias zonas de Colombia, especialmente en las regiones rurales y empobrecidas que ya fueron castigadas por el conflicto armado.

El ministro de Defensa de Colombia, Guillermo Botero, dimitió el 7 de noviembre de 2019. En un país con uno de los presupuestos militares más altos del continente, el cargo que ocupaba es uno de los más importantes del gobierno. Botero renunció tras un grave escándalo que sacudió la política colombiana: el Ejército había bombardeado un campamento de disidentes de las FARC y había matado a ocho menores de 18 años. En los últimos días, las comunidades civiles aledañas a la zona del ataque denunciaron que las Fuerzas Armadas sabían que había menores de edad en el campamento, presuntamente reclutados a la fuerza. Y también que los jóvenes y niños muertos habían sido más de los que inicialmente se supo.

La noticia estremeció a Colombia. Sobre todo porque trajo ecos de los peores episodios del conflicto, cuando el país debería estar en plena transición hacia la paz. De la misma manera se estremeció cuando dos de los principales líderes de las desmilitarizadas FARC, Iván Márquez y Jesús Santrich –quienes habían jugado un papel crucial en las negociaciones de paz–, anunciaron su retorno a las armas a finales de agosto.

El 24 de noviembre se cumplió el tercer aniversario de la firma del acuerdo entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC liderada por Rodrigo Londoño, alias Timochenko, y la violencia en Colombia está lejos de cesar.

El acuerdo no se está cumpliendo en su totalidad

El acuerdo puso fin a una de las guerrillas más longevas de la historia. 50 años de conflicto entre las FARC y el Estado dejaron ocho millones y medio de víctimas, más de un millón y medio de ellas de homicidio o desaparición forzada. La firma del documento conllevó la dejación de armas de las FARC a cambio de un completo programa que buscaba atajar los orígenes de este conflicto histórico: el narcotráfico, la desigualdad en el acceso a la tierra y las garantías en la participación política, entre otros. Sin embargo, tres años después, los logros son dispares.

Según el Instituto de Estudios Internacionales de Paz Kroc, uno de los encargados de hacer el seguimiento a la implementación de los acuerdos en Colombia, sólo hay dos áreas temáticas de las seis acordadas que se acercan a 50% de cumplimiento: son las áreas que se refieren al fin del conflicto y de los sistemas de verificación en la implementación del acuerdo. Es decir, todos aquellos puntos que hablan, por una parte, de abandonar las hostilidades y, por otra, de la creación de comisiones y veedurías que analicen los avances hechos en el acuerdo.

En cambio, los apartados que hablan de la reforma rural, la participación política o la sustitución de los cultivos de coca, por ejemplo, van mucho más atrasados. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito registró 169.000 hectáreas de coca en Colombia en 2018. Es el primer año que desciende desde el inicio de los diálogos de paz entre el ex presidente Santos y las FARC, en 2012, pero es un descenso irrisorio: la diferencia es de 2.000 hectáreas.

El acuerdo de paz incluye un ambicioso programa, el PNIS (Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos), que busca cambiar los cultivos de coca por otros proyectos productivos para las familias campesinas, que suelen ser quienes siembran la hoja que después se transforma en cocaína. Se inscribieron 130.000 familias cocaleras al PNIS, y muchas de ellas denuncian ahora que la ayuda del gobierno no les llegó a pesar de que ellos arrancaron sus siembras.

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El Instituto Kroc alertó en su último informe sobre los retrasos en la reincorporación a la vida civil de los ex guerrilleros de las FARC, y llegaba a avisar de la “insatisfacción y desconfianza” que eso había generado en “algunos de ellos”. Según las últimas cifras de la Agencia Nacional para la Reincorporación, se contabilizaron 12.956 ex guerrilleros en este proceso. Sin embargo, sólo 1.244 de estos están involucrados en los proyectos productivos activos que debían desarrollar en estos tres años para garantizar su supervivencia una vez que se terminen las ayudas del Estado.

Pero quizás uno de los indicadores que más muestran las dificultades de la implementación de la paz es el número de ex guerrilleros de las FARC que han sido asesinados desde la firma del acuerdo. Según la Fiscalía, han sido 129 desde noviembre de 2016. La cifra asciende a 167 según el partido FARC (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común), creado en 2017 y heredero político de la guerrilla. En la mayoría de los casos se desconocen los autores de los homicidios, y en el peor de los casos fue el mismo Ejército. Un ejemplo es el de la muerte de Dimar Torres, un ex guerrillero de la conflictiva región del Catatumbo que fue asesinado a sangre fría a manos de oficiales de las Fuerzas Armadas colombianas por su actividad política posterior a su desarme.

Para el partido FARC, todos estos elementos son señales del incumplimiento del gobierno respecto de lo acordado en los diálogos de La Habana. No ayuda que desde 2018 el presidente de Colombia sea Iván Duque, miembro del conservador partido Centro Democrático, el mismo partido que se opuso al acuerdo de paz de manera explícita. A pesar de que Duque subrayó que se atendería a lo acordado al llegar al poder, sus políticas a veces han apuntado en la dirección contraria. Por ejemplo, en su presupuesto nacional recortó en 140 millones de dólares el enfoque territorial del acuerdo, donde se incluye la reforma rural o el PNIS, mientras que aumentó el de Defensa.

Los fantasmas del conflicto persisten en las zonas rurales

Tanto la historia de Dimar como el bombardeo contra los menores despiertan uno de los peores fantasmas del conflicto colombiano: los falsos positivos. Este es el nombre común con el que se conocen las ejecuciones extrajudiciales por parte de agentes del Estado contra la población civil para hacerlos pasar como guerrilleros. La alarma saltó cuando en mayo de 2019 The New York Times publicó una investigación que concluía que el Ejército podría volver a implementar esta práctica, que afectó al país especialmente durante la presidencia del conservador Álvaro Uribe (2002-2010), mentor del actual presidente colombiano. Según cifras de la Fiscalía, las víctimas de los falsos positivos fueron 2.248 personas entre 1998 y 2014.

Y no es el único fantasma que aún planea sobre las zonas rurales de Colombia. La peor mancha sobre el acuerdo de paz es, sin duda, el asesinato de defensores de derechos humanos. La organización Somos Defensores contabilizó 591 agresiones contra líderes sociales sólo en el primer semestre de 2019, de las cuales 59 fueron homicidios. Es la cifra más alta desde que empezaron su labor hace diez años. Y los asesinatos tampoco han dejado de aumentar desde la firma del acuerdo: en 2013, por ejemplo, mataron a 78 defensores de derechos humanos. Cinco años después, en 2018, la cifra se había duplicado hasta los 155.

Son líderes de comunidades indígenas y afrocolombianas, defensores de territorios frente a proyectos extractivistas, campesinos, y un largo etcétera. La salida de las FARC del territorio dejó al descubierto liderazgos sociales y reivindicaciones que llevaban tiempo en la sombra y que chocaron de lleno con los intereses económicos que entraron a la región y con los grupos armados que pasaron a disputarse las zonas abandonadas.

Las disidencias de las FARC, el nuevo actor armado

El conflicto en Colombia nunca tuvo un único actor, y tras la dejación de armas de las FARC aún quedan muchos grupos armados al margen de la ley que operan en distintos territorios. Para empezar, hay un sinfín de grupos herederos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la principal organización paramilitar que existió en el país y que tras su desarme en 2006 se atomizó en varios grupos autónomos.

También sigue operando en el territorio la guerrilla del Ejército Nacional de Liberación (ELN), que en los últimos años se extendió hacia algunas de las áreas dejadas por las FARC, especialmente en las fronteras con Venezuela y Ecuador. El actual gobierno heredó los diálogos de paz de Santos con el ELN, pero los suspendió tras un atentado de esta guerrilla a una escuela de Policía de Bogotá que dejó 21 muertos en enero de 2019.

Pero más allá de los actores que ya existían, es especialmente preocupante la presencia de las disidencias de las FARC, grupos surgidos de la antigua guerrilla que aún operan en varios puntos del territorio colombiano. En total, se calcula que hay 2.300 personas integrándolas. Algunos grupos abandonaron las negociaciones de paz al no estar convencidos de las garantías del gobierno, mientras que otros volvieron a las armas después de la firma, en ocasiones empujados por motivos políticos y en otros por el ansia de mantener el control sobre las economías ilícitas que manejaban con las FARC, como el narcotráfico. En algunas zonas de Colombia, las comunidades cuentan que la paz establecida en el acuerdo nunca les llegó, ya que el grupo armado nunca abandonó la zona. De hecho, los siguen llamando guerrillas.

La situación se agravó cuando, a finales de agosto, Iván Márquez y Jesús Santrich, dos de los principales líderes de las FARC, abandonaron el proceso de paz para volver a las armas, alegando el incumplimiento del acuerdo por parte del gobierno. Los alcances de este anuncio aún no se conocen: existe el miedo de que puedan liderar una nueva guerrilla a nivel nacional, pero por ahora no hay noticias de que eso haya ocurrido. No obstante, la renuncia a la paz de dos de los líderes negociadores del acuerdo que iban a ser parlamentarios en las cámaras colombianas es un síntoma de enfermedad del proceso.

Hay logros que no pueden desmentirse: la gran mayoría de ex guerrilleros de las FARC han dejado las armas y ahora forman parte de un partido político que tiene representación en el Congreso y en el Senado y que, en las últimas elecciones de octubre, llegaron a ganar algunas alcaldías. En general, la tasa de homicidios ha disminuido en muchas regiones del país, aunque no lo ha hecho en todas ni es un descenso homogéneo. Sin embargo, estas buenas noticias no pueden opacar una triste realidad: la paz no ha llegado a Colombia. Bajo un gobierno conservador que sólo quiere entender la paz como una victoria del Estado sobre los que se alzaron en armas, quien pierde es Colombia entera. 50 años de conflicto no se terminan cuando los guerrilleros dejan los fusiles, sino cuando desaparecen los motivos que les hicieron empuñarlos en primera instancia.

Este artículo fue publicado por El Orden Mundial