La noche del 27 de junio de 2009, el Ejército hondureño entró por la fuerza en la residencia presidencial y sacó a Manuel Zelaya del país todavía en piyama. Al día siguiente los ciudadanos iban a elegir en referéndum si querían empezar un nuevo proceso constituyente, pero Honduras amaneció militarizada. La ruptura constitucional provocó meses de violencia, represión e inestabilidad política. El golpe de Estado desencadenó la mayor crisis vivida en el país en los últimos tiempos, y diez años después su eco todavía retumba en las calles hondureñas.

Durante la primera mitad del siglo XX, Honduras estuvo bajo la influencia de grandes empresas estadounidenses –como la United Fruit Company–, que, aprovechándose de las débiles y corruptas instituciones estatales, consiguieron que se convirtiera en una república bananera. A partir de los años 70, el país fue utilizado como enclave militar estadounidense desde donde se dirigieron gran parte de las intervenciones norteamericanas en América Latina. Estar en la mitad del istmo centroamericano y compartir fronteras con Guatemala, El Salvador y Nicaragua –todos ellos países donde se desarrollaron procesos revolucionarios en el contexto de la Guerra Fría– otorgó a Honduras un valor geoestratégico muy codiciado por Estados Unidos, que utilizó al país como base para mantener su hegemonía política y económica en la región.

El pueblo hondureño, poco acostumbrado a poder ejercer su soberanía nacional, dio sus primeros pasos tutelados hacia la democracia en 1982, cuando entró en vigor su actual Constitución. Durante años, Honduras se caracterizó por ser uno de los países más estables de Centroamérica. Originalmente, los dos partidos mayoritarios –el Nacional y el Liberal– presentaban algunas diferencias: el Partido Liberal mantenía una base urbana y tenía una postura reformista, antimilitarista y más liberal en lo social; por el contrario, el Partido Nacional era de carácter conservador y se mantenía próximo a los militares debido a su marcada base rural. Sin embargo, con el tiempo las diferencias entre ambos se volvieron nimias, escorándose ambos partidos a la derecha.

La existencia de varias corrientes dentro de los partidos, unida a un acentuado personalismo y la asociación con las élites económicas de Honduras, contribuyeron a que los partidos Nacional y Liberal mantuvieran el monopolio del poder durante décadas. Familias como los Rosenthal, Facussé, Atala y Ferrari –que controlaban los sectores financiero, agroindustrial, comercial, energético y de telecomunicaciones– estaban estrechamente vinculadas a los partidos, lo que dificultaba el acceso de la población a la política. Así, el clientelismo fue el mecanismo fundamental de relación con las clases bajas, manteniendo las lealtades partidistas por medio del malgasto de los recursos estatales por todo el territorio nacional. Formalmente Honduras transitó hacia una democracia, pero en la práctica la situación del país se asemejó más a un cacicazgo militar.

A partir de los años 80, la sociedad hondureña experimentó cambios tanto en la esfera política como en otras. En el plano demográfico, su población se duplicó en dos décadas y se produjo un éxodo de las zonas rurales a las urbanas. En el ámbito sociopolítico, surgieron nuevas fuerzas: organizaciones de pueblos indígenas y negros, ambientalistas, de mujeres y feministas, así como movimientos regionales, impulsaron en los años 90 fuertes procesos de organización que les permitieron adquirir relevancia social.

En el plano económico, el tradicional modelo hondureño de exportación de plátano y café entró en crisis. La inserción de Centroamérica en la economía internacional pasó por la liberalización del mercado siguiendo las pautas del Consenso de Washington: apertura de mercados, reducción de la intervención estatal en la economía y rol preponderante del sector privado. El papel económico de la migración comenzó a adquirir más y más peso gracias a las remesas provenientes de Estados Unidos, que pronto se situaron como la primera fuente de generación de divisas. Cuando el huracán Mitch devastó el país en 1998, el gobierno aprovechó la catástrofe para profundizar en las medidas neoliberales extractivistas aprobando leyes ventajosas para las empresas mineras extranjeras, en línea con la llamada “doctrina del shock”.

Manuel Zelaya, durante los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los partidarios de la Alianza de Oposición Hondureña Contra la Dictadura, Tegucigalpa, el 20 de enero de 2018. Foto: Stringer, AFP
Manuel Zelaya, durante los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los partidarios de la Alianza de Oposición Hondureña Contra la Dictadura, Tegucigalpa, el 20 de enero de 2018. Foto: Stringer, AFP

A pesar de que en los años posteriores el gobierno impulsó ciertas reformas democratizadoras –como la aprobación de una nueva ley electoral, la Ley de Igualdad de Oportunidades y la Ley de Transparencia– estas medidas no tuvieron un impacto real en la sociedad. La mayoría fueron rápidamente distorsionadas y sucedidas por varias contrarreformas, y la democratización nunca llegó a consolidarse. Los problemas estructurales de desempleo, desigualdad, exclusión, pobreza, violencia, corrupción e impunidad se acentuaron ante la inacción del Estado. En este contexto de desafección y de agotamiento del régimen, en enero de 2006 asumió la presidencia de la República Manuel Zelaya, del Partido Liberal.

La cuarta urna y el golpe

Zelaya ganó las elecciones por un estrecho margen y con una abstención altísima, y pronto, su mandato tropezó con una coyuntura política poco favorable: su propia bancada en el Congreso no respondía al presidente. A resultas de ello, Zelaya comenzó a adoptar un discurso que apelaba a las clases más desfavorecidas y se distanciaba de las élites, lo que lo alejó definitivamente de los poderes Legislativo y Judicial, y de los militares. Profundizando en esa línea, Zelaya creó las Asambleas del Poder Ciudadano como un mecanismo de comunicación entre el gobierno y la sociedad civil, eliminó las tasas de acceso a la educación pública y aumentó el salario mínimo 60%. El acercamiento de Zelaya al presidente venezolano Hugo Chávez y el viraje de su discurso hacia la izquierda antiimperialista inquietaron profundamente a la conservadora élite hondureña y a Estados Unidos. La decisión presidencial de convertir la base militar estadounidense Palmerola en un aeropuerto civil y la adhesión de Honduras a la Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA) y a PetroCaribe, en 2008, terminaron de activar todas las alarmas.

Finalmente, la guerra abierta entre ambas facciones llegó cuando el presidente propuso instalar una cuarta urna en las siguientes elecciones para preguntar al electorado si apoyaba la instauración de una Asamblea Constituyente. La intención de Zelaya de abrir un proceso popular constituyente y de cuestionar al sistema político fue recibida con la virulenta reacción en contra del sector empresarial, las cúpulas de las iglesias católica y evangélica y los principales medios de comunicación, que alegaron que la verdadera intención del presidente era perpetuarse en el poder.

Con el objetivo de demostrar el amplio respaldo popular que tenía su proyecto, Zelaya propuso la celebración de un referéndum el 28 de junio de 2009 sobre la instalación de la cuarta urna en las elecciones, y los poderes del Estado iniciaron una carrera a contrarreloj para evitarlo: el Congreso declaró ilegal el referéndum e inició un proceso para declarar a Zelaya incapacitado mentalmente para ejercer la presidencia, el Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal contra él por traición a la patria y abuso de autoridad, y los militares se negaron a colaborar con las labores logísticas de la preparación de la consulta.

Zelaya respondió anunciando la destitución del jefe de las Fuerzas Armadas, y encabezó una multitudinaria marcha al hangar militar donde se almacenaban las urnas. Pocos días más tarde, en la madrugada anterior a la celebración del referéndum, los militares secuestraron al presidente Zelaya de su casa a altas horas de la madrugada siguiendo una orden de detención del Tribunal Supremo, y, tras una breve parada en el aeropuerto militar estadounidense, lo enviaron a Costa Rica. La electricidad se cortó, la radio dejó de funcionar y los militares tomaron el control de la capital. Se había producido un golpe de Estado. El presidente del Congreso, Roberto Micheletti –compañero de Zelaya en el Partido Liberal–, ejerciendo de presidente de facto, decretó el toque de queda y sacó el Ejército a las calles para controlar las intensas movilizaciones que recorrían el país.

La reacción de la comunidad internacional no se hizo esperar: la Organización de las Naciones Unidas (ONU) condenó el golpe, la Organización de Estados Americanos suspendió a Honduras, y ningún gobierno del mundo reconoció a Micheletti como presidente. El rechazo de la comunidad internacional se tradujo en un aislamiento del país, que durante los meses de crisis política vivió uno de los episodios más represivos y violentos de su historia.

La sociedad civil se organizó en rechazo al golpe de Estado. Sectores del movimiento social que antes eran críticos con el presidente, asociaciones obreras, campesinas e indígenas y facciones del Partido Liberal leales a Zelaya se unieron y crearon el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), popularmente conocido como “La Resistencia”. Exigían el retorno al orden constitucional, la restitución del presidente derrocado y la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. La Resistencia, con origen en la capital, fue extendiéndose al resto del país y erigiéndose como representante de los deseos de cambio político. En un intento de aparentar normalidad constitucional y solucionar la crisis política, Micheletti convocó elecciones para noviembre de ese mismo año. Tanto el FNRP como Zelaya, desde el exilio, las consideraron ilegítimas y llamaron al boicot. Con una abstención superior a 40%, Porfirio Pepe Lobo, del Partido Nacional, ganó los cuestionados comicios y pasó a ser el nuevo presidente de la república desde enero de 2010.

Hidroeléctricas y escuadrones de la muerte

Bajo la gestión de Lobo y su política de mano dura, Honduras se convirtió en el país más violento del mundo. Los índices se dispararon hasta alcanzar la cifra de 20 homicidios diarios. Sumado al problema de las maras y el narco, el gobierno utilizó la violencia política como estrategia para frenar el movimiento social. El asesinato de dos estudiantes en 2011 –uno de ellos hijo de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos–, puso en evidencia ante la comunidad internacional la existencia de escuadrones de la muerte, cuerpos paramilitares al servicio del Estado que ejecutaban una estrategia de limpieza social asesinando a estudiantes, periodistas, abogados y líderes sociales.

Salvador Nasralla, durante los enfrentamientos en una protesta contra la reelección disputada del presidente Juan Orlando Hernández, Tegucigalpa, el 21 de enero de 2018. Foto: Orlando Sierra, AFP
Salvador Nasralla, durante los enfrentamientos en una protesta contra la reelección disputada del presidente Juan Orlando Hernández, Tegucigalpa, el 21 de enero de 2018. Foto: Orlando Sierra, AFP

El nuevo presidente profundizó en el modelo neoliberal, impulsando en el Congreso la Ley de Zonas de Desarrollo y Empleo Económico, más conocida como “ciudades modelo”. Este proyecto único en el mundo cedió terrenos a corporaciones internacionales para que pusieran en marcha un modelo de desarrollo extractivo paralelo al país, con un sistema legal, social y económico diferente al hondureño. Lobo también aumentó bruscamente el número de concesiones mineras e hidroeléctricas a empresas multinacionales en perjuicio de las comunidades campesinas e indígenas. Estas medidas exacerbaron la lucha de las comunidades rurales, que se vieron desposeídas de sus tierras. Al mismo tiempo, y con el objetivo de poner fin al aislamiento internacional de Honduras y volver al seno de la OEA, Lobo y Zelaya firmaron en 2011 los Acuerdos de Cartagena, tras un largo y erosivo proceso de negociación. Estos acuerdos garantizaban la vuelta de Zelaya al país y la fundación del partido Libertad y Refundación (Libre) como brazo electoral de La Resistencia.

Con esta nueva situación política llegaron las elecciones de 2013. El nuevo partido Libre –liderado por Xiomara Castro, esposa de Zelaya– llegó a los comicios respaldado por un enorme apoyo popular para enfrentarse al Partido Nacional, a un debilitado Partido Liberal y a un recién constituido Partido Anticorrupción. Pese a la irrupción de Libre, las elecciones se desarrollaron en el marco de la vieja institucionalidad, que contaba a su favor con una gigantesca maquinaria electoral y una ley electoral hecha a la medida del bipartidismo tradicional. El candidato nacional, Juan Orlando Hernández, ganó con 36,9% de los votos bajo acusaciones de fraude en las elecciones con más participación de su historia.

Con un discurso de línea dura en materia de seguridad, Hernández asumió el cargo en 2013. Sus propuestas –principalmente dirigidas a disminuir la inseguridad mediante la militarización del país– encontraron un gran respaldo por parte de Estados Unidos. El gobierno aumentó 250% la financiación para las Fuerzas Armadas entre 2010 y 2016, y desplegó a las fuerzas de seguridad del Estado en áreas lastradas por conflictos sociales –principalmente vinculados a la minería y las hidroeléctricas– con la intención de aumentar la seguridad y la confianza de las multinacionales y propiciar una mayor inversión extranjera en el país. En este marco, fue asesinada la mundialmente conocida lideresa indígena y activista medioambiental Berta Cáceres, que había revelado la colusión de las autoridades con los grupos criminales.

Juan Orlando Hernández inauguró su mandato con uno de los mayores escándalos de corrupción que Honduras ha vivido en las últimas décadas: el desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social. El director, nombrado por el anterior presidente, robó a la institución más de 335 millones de dólares por medio de empresas farmacológicas fantasma, y el propio Hernández llegó a reconocer que la trama corrupta financió su campaña electoral. El escándalo saltó a la luz cuando más de 3.000 pacientes murieron tras ser tratados con pastillas de harina en vez de medicamentos. A pesar del escándalo, Hernández consiguió impulsar la destitución de cuatro magistrados de la Sala de Constitucional de la Corte Suprema y sustituirlos por otros fieles al oficialismo. Poco después, la Corte emitió una controvertida sentencia que alteró la prohibición constitucional de reelección del presidente, lo que permitió que Juan Orlando se presentara de nuevo a las elecciones y confirmó su deriva autoritaria.

Crisis poselectoral

En las siguientes elecciones, en noviembre de 2017, Hernández se enfrentó a la coalición Alianza Contra la Dictadura –compuesta por Libre y el Partido Anticorrupción– con el moderado Salvador Nasralla al frente. El proceso estuvo plagado de irregularidades. Cuando con 75% de los votos escrutados los resultados le otorgaron la victoria a la Alianza por 5% –una tendencia considerada irreversible– el sistema informático se cayó durante 30 horas, y cuando pudo restablecerse los resultados habían dado un sospechoso vuelco, y Hernández ganaba por 1,5%.

Ante lo que les parecía un descarado fraude electoral, los ciudadanos salieron a protestar de forma masiva. El presidente decretó el toque de queda durante diez días y sacó el Ejército a las calles, reprimiendo las protestas durante tres meses con un saldo de 23 muertos y cientos de detenidos. Bajo el auspicio de la ONU, Hernández llamó a un diálogo nacional entre las fuerzas políticas para superar la crisis, que concluyó sin resultados. A pesar de la controversia, la comunidad internacional reconoció a Hernández como gobernante, si bien ningún presidente extranjero acudió a su toma de posesión. Únicamente Venezuela, Cuba y Bolivia condenaron el fraude en Honduras.

Ciudad de Tegucigalpa, el 2 de julio. Foto: Orlando Sierra, AFP
Ciudad de Tegucigalpa, el 2 de julio. Foto: Orlando Sierra, AFP

Tras años de gestión, la legitimidad de Hernández está socavada. El país vive sumido en una crisis permanente, con focos de alta conflictividad en el norte y el sur. Los viejos problemas estructurales de desigualdad y pobreza se unen ahora con otros más exacerbados de violencia, crimen organizado, corrupción e impunidad, mientras que otros como la migración están adquiriendo magnitudes gigantescas.

El orden constitucional que se rompió con el golpe de Estado nunca más volvió a recobrarse, y desde entonces las sucesivas embestidas contra la Constitución han seguido menguado la frágil institucionalidad hondureña y han abierto cada vez más espacio para el autoritarismo. Los últimos tres gobiernos liderados por el Partido Nacional han implementado políticas neoliberales, concesionando territorios y recursos naturales a costa de la población más vulnerable. El presupuesto de seguridad y defensa ha ido engordando año a año en detrimento de las políticas sociales, que han sufrido un deterioro significativo. Producto de la reducción presupuestaria y el abandono, los servicios sanitarios y de educación han sufrido graves recortes y privatizaciones, lo que generó precarización laboral y perjudicó a los sectores más empobrecidos. Pese a todo, Hernández todavía cuenta con el tibio beneplácito de la comunidad internacional y con el apoyo expreso de Estados Unidos, que públicamente considera al presidente un excelente aliado en la lucha contra el narcotráfico, obviando la evidente penetración de este delito en las estructuras estatales.

El único punto caliente que podría amenazar las relaciones con Estados Unidos es el incontrolable flujo migratorio que viaja desde Centroamérica hacia el norte, que el gobierno de Donald Trump quiere ver detenido. Esta línea roja trazada por la Casa Blanca será clave para la permanencia de Juan Orlando Hernández en el poder en el futuro próximo, ya que perder el respaldo político y económico estadounidense –del que el presidente depende para mantener el apoyo de los militares– haría tambalearse al gobierno. La llegada a la frontera sur de Estados Unidos de la caravana de migrantes en octubre de 2018 ya ha empezado a poner de manifiesto esta realidad: a partir de la interpretación de que Hernández no hace suficiente para contener a los migrantes, Trump ha recortado sustancialmente los fondos destinados a Honduras. Y no es casual que sólo un mes después de la llegada de la caravana, el hermano de Hernández fuera acusado por fiscales estadounidenses de traficar con cocaína.

En el último mes, el movimiento social ha conseguido vencer la fragmentación interna y superar las lógicas partidistas y gremiales. Las protestas que empezaron reclamando mejoras en sanidad y educación piden ahora la salida de Hernández del poder. El Ejército vuelve a estar en las calles y el pueblo hondureño vuelve a pagar con muertos sus reivindicaciones. Las iglesias católica y evangélica, además del sector empresarial, han dejado de apoyar a Hernández y han pasado a exigir una transición. 2019 se augura convulso e incierto, con una tormenta ennegreciendo el horizonte.

Esta nota fue publicada originalmente en El Orden Mundial el 30 de junio de 2019.