“Están desesperados para cumplir con los tiempos e inhabilitarme para las próximas elecciones, porque saben que si yo puedo regresar les ganamos”, dijo el ex presidente ecuatoriano Rafael Correa. La Justicia lo condenó el martes a ocho años de prisión y 25 años de suspensión de sus derechos políticos. Si se confirma esta condena en un tribunal de segunda instancia, Correa quedará imposibilitado de competir por el cargo de presidente, que ocupó de 2007 a 2017.

Según la sentencia, Correa fue autor mediato de un delito de corrupción. El fallo afirma que en su calidad de presidente lideró, entre 2012 y 2016, una estructura por la cual varias empresas, entre ellas la brasileña Odebrecht, financiaron de manera ilegal a su partido, Alianza País, con unos siete millones y medio de dólares a cambio de contratos con el Estado. Para el tribunal, esa red respondía a “un nivel jerárquico superior”.

Junto a Correa fueron condenados una veintena de funcionarios y dirigentes, entre ellos el ex vicepresidente Jorge Glas, que ya cumple una sentencia por el caso conocido como Sobornos 2012-2016. También Correa enfrenta más de un proceso judicial; se lo acusa del intento de secuestro en Colombia de un dirigente opositor, Fernando Balda. Este juicio está detenido por la ausencia de Correa ‒que vive en Bélgica, el país de su esposa‒ pero motivó que se pidiera la captura del ex presidente.

Para Correa, que desde hace años denuncia una “judicialización de la política” y afirma que los juicios en su contra fueron armados para perjudicarlo, la “urgencia” con que fue emitido el fallo del martes pone en evidencia la intención de dejarlo fuera de las elecciones de febrero de 2021. El ex presidente lamentó que “con los muertos en las calles” por la epidemia de coronavirus se llevara adelante “esta audiencia, cuando en el estado de excepción [que está vigente] sólo se están dando audiencias en flagrancia”.

También señaló que la “teoría de la Fiscalía” que guio la investigación y también su defensa, apuntaba a acusarlo como autor mediato por otro delito, “dominio de la organización” ilegal, informó la agencia de noticias Efe. Pero finalmente Correa fue condenado por coautoría mediata del delito de “infracción del deber”, por haber “instigado” a delinquir.

Zelaya, Lugo y Evo

“Como antes contra Lula, Cristina, Lugo y Dilma el aparato judicial se pone al servicio de los poderosos y en contra de las mayorías”, tuiteó el ex canciller de Argentina Jorge Taiana sobre este fallo. Varios dirigentes políticos de la región que comparten esa visión respaldaron a Correa.

“Los miserables de la historia no contemplan ni la pandemia. Pero vos y tu pueblo saben que más temprano que tarde nuestra América caminará unida hacia su definitiva independencia”, tuiteó el ex presidente de Paraguay Fernando Lugo, que fue derrocado en 2012 mediante un cuestionado juicio político. A su vez, el ex presidente de Bolivia Evo Morales, derrocado en 2019, expresó su “completa solidaridad” con Correa, “quien es víctima de una persecución política sin límites”. Otro gobernante depuesto, el ex presidente hondureño Manuel Zelaya, condenó “este acto de barbarie política de @Lenin [Moreno], que sólo condena a quien lo dicta”.

El actual gobierno ecuatoriano está liderado por un ex vicepresidente de Correa, Lenín Moreno, que llegó al gobierno como el candidato del correísmo. Pero una vez en el poder, Moreno decidió dar un giro político. Primero dio muestras de querer conciliar con los sectores con los que Correa había confrontado ‒desde la oposición política de derecha hasta las organizaciones indígenas o los movimientos de mujeres‒, pero finalmente esos acercamientos quedaron de lado, y Moreno apuntó hacia un alineamiento con Estados Unidos en la política exterior y con el Fondo Monetario Internacional en la política económica.

La crisis de octubre

El fallo del martes expuso en redes sociales a dos bandos: el de quienes consideran que Correa merece esta condena y el de quienes defienden al ex gobernante e insisten en que es perseguido. Esto ocurre en un contexto de división política en Ecuador, donde las denuncias de persecución son frecuentes y llegaron a diversos ámbitos internacionales.

Un grupo de seis activistas de la Red Internacional de Organizaciones de la Sociedad Civil, que reúne a casi 200 colectivos, se reunió en febrero con representantes de la Oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas ‒integrantes de las relatorías Detención Arbitraria, Reunión y Asociación Pacífica, Libertad de Expresión y de la Oficina del Alto Comisionado, entre otros‒. En un comunicado afirmaron entonces que allí denunciaron que en su país hay una “sistemática violación de derechos humanos” y “persecución política a la oposición”, que se incrementó durante las protestas de octubre y que es dirigida “especialmente a los miembros de la Revolución Ciudadana”, el nuevo partido de Correa.

Pusieron como ejemplo el caso de Paola Pabón, ex legisladora que fue secretaria nacional de Gestión Política del gobierno de Correa. En ese cargo siguió cuando Moreno llegó a la presidencia, en mayo de 2017, pero tres meses después decidió renunciar y afirmó que el presidente estaba extendiendo sospechas de corrupción sobre el gobierno de Correa de manera injustificada.

En octubre de 2019, después de que Pabón fuera electa prefecta de Pichincha en las municipales, fue detenida y su casa fue allanada. Según las autoridades, se la investigaba por sospechas de que había alentado la participación en las manifestaciones que comenzaron el 3 de octubre y se extendieron por 11 días, en las que una multitud protestó en las calles contra la decisión del gobierno de eliminar los subsidios al combustible. El Ejecutivo de Moreno, que declaró el estado de excepción y reprimió las movilizaciones, finalmente debió dar marcha atrás y mantener esos subsidios.

“Hoy entraron a mi casa de madrugada y derribaron la puerta mientras dormía. Me llevan detenida sin pruebas. Ser oposición en una democracia no puede ser delito. No es democracia cuando se persigue a los opositores políticos de esta forma”, denunció Pabón en Twitter cuando la detuvieron, al igual que varios otros dirigentes vinculados con el correísmo. De acuerdo con Amnistía Internacional, que denunció las detenciones masivas, durante los dos primeros días de protesta fueron arrestadas casi 500 personas.

Pabón siguió detenida por 71 días, y fue acusada públicamente por Moreno de haber conspirado para desestabilizar su gobierno. Todavía enfrenta un proceso judicial por el delito de rebelión. “Los más violentos [en las protestas] son individuos externos, pagados y organizados. ¿Es coincidencia que Correa, [el ex canciller Ricardo] Patiño y Pabón hayan viajado hace unas semanas a Venezuela? El sátrapa de [el presidente venezolano, Nicolás] Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización [...]. Ellos son quienes están detrás de este intento de golpe de Estado”, afirmaba Moreno por entonces.

Amenazas a la Defensoría del Pueblo

Además de presentar el caso de Pabón, la delegación de organizaciones sociales denunció ante la ONU que dirigentes indígenas, que tuvieron mucha visibilidad en las protestas de octubre, también son perseguidos en Ecuador, y se refirió además las amenazas de muerte que recibió el Defensor del Pueblo, Freddy Carrión.

“Se han producido violaciones en el marco de las protestas de octubre, pero también desde la llegada al poder del presidente Lenín Moreno en 2017”, dijo a la agencia de noticias Efe Fernando Casado, uno de los integrantes de la delegación. Casado denunció que él mismo fue destituido del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador por sus cuestionamientos al gobierno.

A su vez, Carrión denunció en febrero que había recibido amenazas, ataques y acusaciones debido al trabajo que hacía para documentar las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante las protestas de octubre. Días después de hacer públicas estas agresiones, el 13 de febrero, cuando él no se encontraba en su casa, su familia recibió una llamada que decía que había una bomba en la vivienda.

Amnistía Internacional manifestó en febrero que el gobierno “debe proteger” la vida de Carrión, su integridad y la de su familia, y que la Defensoría del Pueblo debe “realizar su labor de promover y proteger los derechos humanos con autonomía, independencia y libre de amenazas o intimidaciones”. La representante de la organización para América, Erika Guevara, recordó que durante las protestas de octubre esa institución ecuatoriana “tuvo un papel fundamental en la documentación de violaciones de derechos humanos, la protección de las personas afectadas y la provisión de información independiente”.

Según denunció Carrión, las amenazas que recibió se intensificaron desde que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un informe en el que afirmaba que “el Estado ecuatoriano tiene responsabilidad por el uso excesivo de la fuerza” contra los manifestantes y llamó a las autoridades a investigar esos casos y sancionar a los responsables. El informe se elaboró después de analizar los testimonios de 380 personas que denunciaron ante ese organismo que sufrieron distintos tipos de abusos durante las protestas.

El canciller ecuatoriano, José Valencia, dijo entonces que “es una apreciación [...] absolutamente subjetiva” la de que el gobierno ecuatoriano incurrió en un “uso excesivo de la fuerza”, y que la CIDH “no examina el contexto de las manifestaciones, no examina el hecho de que no haya un solo herido de bala durante los eventos de octubre”. Lo mismo destacó Moreno, mientras que el Ministerio del Interior manifestó que sólo hubo “hechos aislados”.

Sin embargo, una decena de personas murió durante las protestas y más de 1.500 fueron heridas. De acuerdo con Amnistía Internacional, se comprobó con distintas grabaciones que hubo cinco o más episodios de policías que atropellaron a civiles, los hirieron o les lanzaron gases. Todavía se reiteran las exhortaciones ‒como la que hizo la organización Human Rights Watch la semana pasada‒ a que esos abusos se esclarezcan.

Las investigaciones todavía están en curso, y también continúan las que involucran a Correa. Según informó el jueves Teleamazonas, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, investiga si el ex presidente cometió otros delitos vinculados al mismo caso: peculado, lavado de activos o tráfico de influencias.