El ex juez de la operación Lava Jato, Sérgio Moro, dejó el Ministerio de Justicia clamando por la independencia de la Policía Federal. Pero un análisis de sus 16 meses al frente del ministerio muestra una inclinación muy diferente, al menos con respecto a la influencia del FBI en la Policía brasileña.

Varios meses de investigación en documentos oficiales revelaron que al asumir al frente del Ministerio de Justicia, Moro y el ex director de la Policía Federal Maurício Valeixo firmaron acuerdos con el FBI que amplían la influencia estadounidense en diferentes áreas de la lucha contra el delito, incluyendo la presencia de agentes extranjeros en un centro de inteligencia en la frontera, investigaciones sobre corrupción y acceso a datos biométricos brasileños.

A fines de 2019, la oficina del FBI en Brasil pidió más recursos al gobierno estadounidense para ampliar su equipo y atender más solicitudes de cooperación internacional en investigaciones en el país.

El acercamiento de Moro al FBI va más allá. Cuando se tomó una licencia sin goce de sueldo de cinco días en julio del año pasado, poco después de la publicación en el sitio web The Intercept de los documentos de la Vaza Jato [las comunicaciones difundidas por el periodista Glenn Greenwald entre distintos actores judiciales que intervenían en el caso Lava Jato, entre ellos Moro y el fiscal Deltan Dallagnol, en las que el juez aportaba información a la parte acusatoria], es probable que el ex ministro se haya reunido con el FBI en Washington, según se desprende de documentos obtenidos para este artículo mediante la Ley de Acceso a la Información.

Cinco días después, el hacker Walter Delgatti fue arrestado por la Policía Federal y admitió haber hackeado los teléfonos de los fiscales en la Vaza Jato.

Pese a varios intentos de contactarlo para este artículo, el ex ministro Moro no respondió a las preguntas enviadas por correo electrónico.

El FBI tiene prohibido hacer investigaciones en territorios extranjeros, incluido Brasil, porque la Policía estadounidense no tiene jurisdicción en el país.

La presencia de agentes del FBI en Brasil fue revelada en 2004, cuando el ex director del FBI en el país Carlos Costa dio una extensa entrevista al periodista Bob Fernandes para la revista Carta Capital. En su testimonio al Ministerio Público Federal en ese momento dijo que el FBI dirigía y financiaba las operaciones de la Policía Federal, lo que establecía una relación de “subordinación a las autoridades estadounidenses”.

Investigando en Brasil

Aunque las dos investigaciones más importantes sobre la Lava Jato por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos ya finalizaron, con los acuerdos de Odebrecht y Petrobras, el FBI todavía tiene mucho que hacer para investigar la corrupción en Brasil, en palabras del jefe del FBI en el país, David Brassanini, en una conferencia en el 7° Congreso Internacional de Procedimientos, en mayo de 2019, en San Pablo.

La asociación con la Policía Federal en las investigaciones de la Lava Jato fue destacada por él como una alianza que merece ser elogiada. Fue a partir de entonces que la relación entre los agentes se intensificó. Un informe conjunto del sitio web de The Intercept Brasil y la Agência Pública mostró que desde 2015 agentes del FBI han estado en Curitiba para interrogar a los delatores que estaban cerrando tratos con los fiscales brasileños.

La cooperación fue descrita por Brassanini como “fluida y transparente”, porque sus agentes ya estaban familiarizados con la cultura y la sociedad brasileña. “La capacidad de comprender las peculiaridades locales es excelente. No sólo en la cuestión del idioma, sino de comprender realmente cómo funciona Brasil, comprender los matices”, dijo.

El FBI actúa para investigar la corrupción transnacional gracias a la FCPA (Acta de Prácticas Corruptas en el Extranjero), una ley que permite al gobierno estadounidense investigar y sancionar, en Estados Unidos, los actos de corrupción que involucren a autoridades extranjeras cometidos por empresas y personas extranjeras. No es necesario que los crímenes hayan tenido lugar en suelo estadounidense: basta, por ejemplo, que haya habido una transferencia de dinero mediante un banco estadounidense o que las empresas involucradas vendan acciones en la bolsa de valores estadounidense. Fue en el marco de esta ley que el gobierno estadounidense castigó con multas millonarias a las empresas brasileñas que fueron blanco de la operación Lava Jato, entre ellas Petrobras y Odebrecht.

En aquel momento, Brassanini también relató que los agentes del FBI vienen a San Pablo “cada semana para tratar diferentes casos relacionados con la FCPA y el lavado de dinero”. Según dijo, la colaboración con la Policía Federal ya ha dado mucha información para los próximos años. “Los oficiales de la Policía Federal de Brasil me dijeron recientemente que, incluso si no recopilaran información adicional o realizaran ningún trabajo de investigación, aún tendrían material para continuar con las investigaciones sobre corrupción y lavado de dinero durante los próximos cinco años”.

Brassanini solicitó fondos adicionales del Departamento de Justicia estadounidense para la operación en Brasil, lo que permitirá que la oficina tenga un equipo especializado en el manejo de solicitudes de colaboración judicial. “Brasil es el mayor solicitante de información para pruebas, inteligencia y casos, tanto en Brasil como en Estados Unidos”, dijo a la revista Latin Lawyer.

Desde agosto de 2017 David Brassanini fue el jefe del FBI para Brasil, pero desde 2006 ha servido a esas oficinas viviendo en el país. Está casado con una brasileña, con quien tiene cuatro hijos, y habla un portugués fluido. Actualmente gestiona el trabajo del FBI en la embajada en Brasilia y en los consulados de San Pablo, Río de Janeiro, Recife, Belo Horizonte y Porto Alegre –incluida la cooperación con la Lava Jato–, un equipo de 20 personas, según la publicación especializada Global Investigative Review.

La información biométrica es el centro de un acuerdo firmado el 18 de marzo de 2019, cuando Sérgio Moro y el ex director general de la Policía Federal, Valeixo, acompañaron a Jair Bolsonaro en su primera visita oficial a Washington. Las policías de Brasil y de Estados Unidos quedan habilitadas a solicitar huellas digitales y otros datos de identificación de personas que sean sospechosas de actividades terroristas o de haber cometido delitos graves, definidos como aquellos que se castiguen con más de un año de prisión.

Fue el articulador principal de una postura más “altiva” de la Policía estadounidense en el ministerio dirigido por Moro. Además de reunirse con el propio ministro al comienzo de su mandato, Brassanini mantuvo encuentros con secretarios y llegó a tener una reunión con el controvertido asesor especial del presidente Jair Bolsonaro, Filipe Martins. El joven olavista es uno de los nombres que influyen en la política exterior del gobierno, junto con Eduardo Bolsonaro. El encuentro tuvo lugar el 18 de julio de 2019 a las 17.30, en el Palacio de Planalto, la sede del Ejecutivo.

Ante la Comisión Investigadora Parlamentaria sobre las Fake News, Martins fue acusado por el diputado Alexandre Frota de haberle presentado a Bolsonaro al operador político y de medios Steve Bannon y de “promover linchamientos virtuales”. Por eso, fue convocado a comparecer ante la comisión para aclarar su supuesta participación en el llamado “gabinete del odio”, que dirige milicias digitales favorables al presidente y es un centro de creación de noticias falsas.

Dos meses antes, el jefe del FBI en Brasil había asistido a un compromiso en el campo opuesto al de Martins: un debate en el Tribunal Superior Electoral para discutir, precisamente, cómo las noticias falsas pueden ser utilizadas para manipular las elecciones. Brassanini ya había participado, el 17 de mayo, en un evento con el director del Departamento de Cooperación y Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos, Gerardo de Icaza, en el que habló sobre la lucha contra los delitos cibernéticos y mencionó la creación de un grupo de trabajo internacional sobre interferencia extranjera en las elecciones. Brasil fue invitado a participar, junto con India.

En la reunión con Martins, Brassanini estuvo acompañado por William Popp, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos.

Meses después, regresó al centro de la escena en un importante evento de capacitación para la Policía Federal y los fiscales en Itamaraty, la sede de la cancillería, que tuvo lugar el 5 y el 6 de setiembre de 2019. El Departamento de Justicia, el FBI y la Comisión del Mercado de Valores (SEC, por sus siglas en inglés) llevaron a cabo esa Capacitación en Lucha contra la Corrupción y el Soborno Transnacional en colaboración con el Ministerio Público Federal, la Contraloría General Federal y el gobierno.

Valeixo firmó un acuerdo que le da al FBI acceso a datos biométricos de “sospechosos”

Mientras que en 2018, durante el gobierno de Michel Temer, Brassanini hizo apenas una “visita de cortesía” a Rogério Galloro, el entonces secretario de Justicia Nacional, en 2019 hubo al menos cuatro citas oficiales.

Además, hubo otras cinco reuniones de miembros del Ministerio de Justicia con agregados de la embajada estadounidense, incluido un “cóctel” ofrecido por el FBI durante una reunión de policías de 12 países para discutir la criptografía, un evento llamado Going Dark y promovido por Moro en febrero.

La primera visita tuvo lugar al comienzo del gobierno. El 17 de enero de 2019, el ministro Moro recibió a una delegación de las autoridades estadounidenses para analizar maneras de profundizar la cooperación legal de Brasil con Estados Unidos, según el sitio web del Ministerio de Justicia. Moro habló sobre su paquete de medidas contra el crimen, que aún no se había presentado al Congreso (finalmente, una versión suavizada de ese proyecto se aprobó en diciembre). Además de Brassanini, asistieron a la reunión los asesores de políticas del Tesoro de Estados Unidos, el encargado de negocios Doug Koneff, el director económico Frank DeParis y la asesora política Kristin Kane, todos funcionarios de la embajada.

La semana siguiente, el 24, Brassanini se reunió toda la mañana con Jorge Barbosa Pontes, de la Dirección de Educación y Estadística del Ministerio de Justicia, así como con el general Theophilo, entonces titular de la Secretaría Nacional de Seguridad Pública. Según la agenda oficial del director, el tema de la reunión era una asociación para la capacitación en la Academia Nacional de Seguridad Pública del ministerio.

El día anterior, quien había visitado la Dirección de Educación y Estadísticas había sido el agregado de la Policía estadounidense Jason Smith, acompañado por otros dos representantes de la embajada.

El 12 de agosto, Brassanini se volvió a reunir con Jorge Pontes y con otros secretarios, entre ellos el de operaciones integradas del Ministerio de Justicia, Rosalvo Ferreira; el coordinador general para el combate del crimen organizado, Rodrigo de Sousa Alves; el secretario asistente José Washington Luiz Santos; el director de inteligencia de la Secretaría de Operaciones Integradas, Marcos Aurélio Pereira de Moura; y el director de inteligencia, Fábio Galvão da Silva Rêgo.

En estas reuniones estuvieron el agregado de seguridad regional en la Embajada de Estados Unidos en Brasilia, Jason Smith, y una delegación de agentes especiales del Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado. Las reuniones giraron en torno a dos proyectos de asociación: “Discusiones sobre el proyecto de biometría y la creación del centro de fusión”, según los registros oficiales.

La información biométrica es el centro de un acuerdo firmado el 18 de marzo de 2019, cuando Moro y el ex director general de la Policía Federal, Valeixo, acompañaron a Jair Bolsonaro en su primera visita oficial a Washington. Moro se reunió con el entonces secretario de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, y el director del FBI, Christopher A Wray. Almorzó con miembros del FBI y de la Policía Federal en el restaurante The Capital Grille, de acuerdo con el diario Folha de São Paulo. Según la agenda oficial, el almuerzo fue ofrecido por el subdirector del FBI, Charles Spencer.

El acuerdo firmado entre Valeixo y Christopher A Wray, obtenido para este informe mediante la Ley de Acceso a la Información, tiene como objetivo el intercambio de información sobre grupos criminales y terroristas, y tiene como base compartir huellas dactilares de ciudadanos de ambos países a los fines de investigaciones criminales.

Cualquiera de las dos policías puede solicitar huellas digitales y otros datos de identificación, como el nombre, el número de seguro social, el número de identidad y el lugar y la fecha de nacimiento en casos que involucren a “una persona sobre la cual exista una sospecha razonable de que sea terrorista” o “personas sospechosas de haber cometido delitos graves o actividades delictivas transnacionales”. Los delitos graves, según el acuerdo, son todos aquellos que se castiguen con más de un año de prisión.

El FBI incorporará las huellas digitales en las bases de datos nacionales estadounidenses, a las cuales otras agencias del gobierno federal de Estados Unidos y los gobiernos estatales tienen acceso, según el documento.

En octubre del año pasado, Bolsonaro firmó un decreto que establece una base de datos única, el Registro Básico del Ciudadano, que vinculará diferentes bases de datos sobre ciudadanos brasileños, incluyendo números de registros y documentos, datos biográficos y biométricos, como “palma de la mano, huellas digitales, de la retina o el iris de los ojos, la forma de la cara, la voz y la forma de caminar”. El decreto se produce al mismo tiempo que avanza la recopilación de datos biométricos de la población, como la biometría para las elecciones, por ejemplo, que alcanzó a 120 millones de votantes este año.

“Los datos biométricos, de acuerdo con la Ley General de Protección de Datos, son datos sensibles. Que se compartan para formar este Registro Básico Ciudadano permite que se utilicen más datos, sensibles o no, para extrapolar los fines para los que fueron recolectados”, dice Joana Varon, directora de la organización Coding Rights, que defiende la privacidad de los datos.

Varon afirma que el acuerdo firmado por Valeixo puede conducir a abusos, ya que la definición de lo que sería un “sospechoso” es bastante amplia. “Los acuerdos de cooperación policial, que implican el intercambio de datos confidenciales, como los datos biométricos, deben ser más específicos y delimitados para garantizar que este intercambio de información sea realmente necesario y proporcional a los fines para los que está destinado, aún más en el momento político en el que vivimos”.

De acuerdo con Varon, el tratado puede tener más peso en un contexto de amenaza institucional a la Policía Federal. “Estos límites son aún más importantes si consideramos que el gobierno de Bolsonaro lleva a cabo una política de sumisión total al gobierno estadounidense, así como si tenemos en cuenta que vivimos en momentos de crisis democrática y amenazas de interferencia política en la Policía Federal”, concluye.

En la misma ocasión, Valeixo también firmó un acuerdo con el jefe de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, Kevin K McAleenan, para permitir que un delegado de la Policía Federal de Brasil sea designado para trabajar en el Centro Nacional de Identificación de Amenazas, y al mismo tiempo, que se asigne un agente del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos para trabajar junto a la Policía Federal en Brasil, para coordinar las acciones de seguridad fronteriza.

“Fusion Center” en la Triple Frontera

El “Fusion Center” –o Centro Integrado de Operaciones en la Frontera (CIOF)– es una oficina de inteligencia en la triple frontera de Foz de Iguazú que se propone reunir a agentes de 16 instituciones y unificar bases de datos. El modelo está inspirado en el centro dirigido por la DEA, la agencia antidrogas estadounidense, en la frontera con México, que Moro visitó en junio del año pasado, en el auge de la polémica de la Vaza Jato. En ese momento, se especuló que la visita de Moro tendría que ver con las filtraciones que publicó The Intercept el 9 de junio, ya que la agenda del ministro no fue revelada a la prensa.

La agenda oficial de Moro comenzó el 24 de junio de 2019. El ministro estuvo acompañado por Maurício Valeixo, el director ejecutivo de la Policía Federal de Carreteras, José Lopes Hott Júnior, y el asesor especial del ex ministro, el agente de la Policía Federal Marcos Koren.

El recorrido incluyó, el primer día, una visita al Centro de Inteligencia de El Paso, dirigido por la DEA, que cuenta con una docena de agentes del FBI para monitorear la frontera estadounidense con México. Después de la visita, Moro anunció que asignaría en forma permanente a un delegado de la Policía Federal para operar en el centro de inteligencia estadounidense, ampliando el intercambio de información.

Luego, el 25 de junio, hizo una visita a la Fuerza de Tarea Conjuntas de Combate al Terrorismo, del FBI. Pero tuvo que reducir el tiempo de viaje para regresar a Brasil. La visita se había negociado desde mayo con Brassanini, según documentos entregados en respuesta a una solicitud de información por parte del diputado federal Márcio Jerry, del Partido Comunista de Brasil.

Desde el 2 de mayo, y por lo tanto antes de la filtración de diálogos de The Intercept, Brassanini discutió las reservas de hotel para los brasileños. Inicialmente, la visita tendría lugar a principios de mes. La solicitud oficial para viajar fue hecha por Moro tres días antes de la publicación de las filtraciones, el 6 de junio.

Según el documento del ministerio, la agenda fue dirigida por el agregado policial Jason Smith, el mismo que estaría en agosto en reuniones en Brasil.

En setiembre, Moro volvió a hablar sobre el Centro de Fusión con una delegación estadounidense en el Palacio de Justicia, en Brasilia, esta vez con el subdirector general del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, David Peter Pekoske.

Brassanini recibe visitantes VIP en Foz de Iguazú

El CIOF es el proyecto soñado de la Embajada estadounidense, que durante al menos diez años ha estado presionando al gobierno brasileño para que investigue las sospechas de actividades terroristas en la región, una actitud que encontró la resistencia de los gobiernos del Partido de los Trabajadores, según revelaron los documentos diplomáticos publicados por Wikileaks. En enero de 2008, por ejemplo, el embajador se quejó de que el gobierno de Lula “se niega a clasificar, oficialmente o incluso retóricamente, a los grupos considerados terroristas por Estados Unidos, como Hamas [palestino], Hezbolá [libanés] y [la guerrilla colombiana] FARC [Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia]”, que estarían en la región de la Triple Frontera.

Finalmente, el centro fue inaugurado el 16 de diciembre en el Parque Tecnológico de la represa de Itaipú, en Foz de Iguazú. Un mes antes, Brassanini hizo un recorrido especial por las instalaciones, guiado nada menos que por Moro.

El 6 de noviembre de 2019, el ex ministro llevó una pequeña comitiva estadounidense para presentar el proyecto. Estaban el cónsul de Estados Unidos, Adam Shub, y miembros del FBI, entre ellos David Brassanini, como se muestra en una foto publicada por el sitio web G1. “Estados Unidos ha sido un gran socio para Brasil en esta actividad, y en otras también, y estamos aprovechando el modelo que ya fue construido. Pedimos ayuda en capacitación y equipamiento”, dijo Moro.

El centro administrará bases de datos unificadas de la actuación conjunta de miembros de la Policía Federal, la Policía Federal de Carreteras, la Agencia Nacional de Inteligencia, el Ministerio de Defensa, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Receita Federal (que administra los impuestos federales), la Policía Militar, la Policía Civil, la Policía Científica para combatir el crimen organizado en la Triple Frontera, en Foz de Iguazú. También estarán presentes “agregados [policiales] de otros países”, dijo Moro al periódico local Tarobá News.

De acuerdo con el ministerio, el centro trabajará principalmente para combatir el tráfico de armas y drogas. Los equipos también vigilarán los movimientos financieros ilegales.

Durante diez años o más, la embajada estadounidense insistió en que el gobierno brasileño investigara actividades de grupos que Estados Unidos considera terroristas en la triple frontera. Finalmente, el Centro Integrado de Operaciones en la Frontera fue inaugurado el 16 de diciembre. Un mes antes, Moro llevó a una pequeña comitiva estadounidense a una recorrida por el lugar para presentarle el proyecto. Un día después de esa visita, Moro anunció la firma de un acuerdo con Paraguay, Uruguay y Argentina que permite a los policías cruzar la frontera para actuar en los países vecinos durante una persecución.

El día después de la visita, Moro anunció la firma de un acuerdo con Paraguay, Uruguay y Argentina que permite a los policías cruzar la frontera para actuar en los países vecinos durante una persecución. Sin el acuerdo, la operación de las fuerzas policiales extranjeras en otro país es ilegal, ya que no tienen jurisdicción en suelo extranjero.

“Es como si hubiera una fuerza de tareas permanente, con el objetivo de prevenir y reprimir la delincuencia fronteriza (contrabando, tráfico de drogas y armas, financiamiento del terrorismo y protección de estructuras críticas para el país). Por esta razón, la ubicación estratégica en Itaipú”, dijo Moro, en el día de la inauguración, un mes después.

En la misma semana, el FBI creó un equipo especializado en temas como terrorismo y narcotráfico para operar en Paraguay, de acuerdo con la agencia de noticias Associated Press.

El tercer viaje a Estados Unidos

Un mes después de las primeras publicaciones de los diálogos de la Vaza Jato, Moro viajó por tercera vez en el año a Estados Unidos, cuando se tomó una “licencia no remunerada” por una semana para irse de “vacaciones” con su esposa. La pareja pasó del 15 al 19 de julio en la capital estadounidense, sacándose fotos frente a la Casa Blanca y otros puntos turísticos. Pero existen indicios de que también se reunió con el FBI, fuera de la agenda oficial y lejos del escrutinio público.

El colaborador de Agência Pública Jeremy Bigwood le preguntó al FBI mediante la Ley de Acceso a la Información si había registros de reuniones con el ministro en ese momento. La Policía estadounidense respondió que “no pueden confirmar ni negar” la existencia de dichos registros, una forma utilizada por las agencias estadounidenses, que equivale a un reconocimiento tácito, cuando una declaración no puede ser negada con vehemencia. Ante esa respuesta, se apeló y se pidió más información.

Cinco días después del regreso de Moro a Brasil, Walter Delgatti Neto fue arrestado en una operación de la Policía Federal y confesó haber hackeado los mensajes de Telegram de miembros del grupo de trabajo de la Lava Jato.

El FMI se mueve con cautela

Impedidos de llevar a cabo investigaciones en territorios extranjeros, incluso en Brasil, agentes como Brassanini son cautelosos cuando tienen que explicar su trabajo. Un video en el canal de Youtube oficial de la agencia estadounidense, grabado por él cuando era jefe del FBI para América, muestra claramente ese cuidado. “Aunque es posible que no tengamos jurisdicción en el país donde estamos ubicados [...], tenemos la habilidad de buscar y hablar con nuestros socios, que tienen jurisdicción, trabajar con ellos y decirles: ‘Hola, estamos buscando a este fugitivo, ¿sabés dónde está? ¿Te podemos ayudar? ¿Hay algo que puedas necesitar que ayude a encontrarlo, ya sea entrenamiento u otras técnicas sofisticadas que podamos usar para identificar, encontrar a ese fugitivo?’”.

El FBI y la embajada se niegan a detallar públicamente lo que hacen sus agentes en Brasil. Pero un documento de la propia embajada revela cómo funciona ese trabajo. Se trata de un anuncio del 19 de octubre de 2019 en busca de un “investigador de seguridad” para trabajar en el equipo del agregado legal y pasar 70% del tiempo haciendo investigaciones. “Estas investigaciones suelen ser muy controvertidas, pueden tener importantes implicaciones sociales y políticas”, dice el texto del anuncio, escrito en inglés.

Entre las tareas enumeradas se encuentran la de darle “asistencia investigativa relacionada con violaciones de las leyes de Estados Unidos” a los oficiales de seguridad pública, incluidos el Ministerio de Justicia, las policías federal, civil y militar y la Procuraduría General de la República. Por lo tanto, “el puesto requiere la capacidad de interactuar a nivel profesional con miembros de la comunidad de seguridad a un alto nivel y a nivel operativo en cuestiones operativas y de relacionamiento”.

El profesional debe “asistir con (o en ocasiones sin) el equipo del agregado legal a reuniones con miembros del más alto nivel del gobierno brasileño”, acompañar a la prensa brasileña y mantener “bases de datos de investigación y de capacitación relacionadas con contactos de enlace, conferencias, tópicos, oradores, fotos y materiales a los que se puede acceder fácilmente para evaluación (compiling evaluations), conforme sea necesario”.

El anuncio advierte que el funcionario tendrá que viajar en automóvil, barco, tren o avión por hasta 30 días. “Se requerirá viajar a zonas fronterizas remotas y a todas las regiones de Brasil”. El monto del salario no se divulga.

Consultada por para este reportaje, hasta el momento de su publicación la Embajada de Estados Unidos en Brasilia no respondió las preguntas enviadas.

Colaboraron Jeremy Bigwood y Raphaela Ribeiro. Este artículo fue publicado originalmente por Agência Pública.