Un adolescente de 17 años privado de libertad en el Centro Preegreso del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) permanece hospitalizado en el hospital Pasteur por una fractura de cráneo.

Dos adolescentes que “no querían ingresar a sus celdas” fueron reducidos por funcionarios que son del centro CIAM, otra cárcel del Inisa. Luego de esa reducción, el servicio de salud “no constató lesiones”.

Informaron que esa noche el adolescente “se cayó de la cama” y debido a una herida fue trasladado al hospital Maciel. Desde Inisa dijeron que “el adolescente se negó a hacerse una tomografía”. Al día siguiente notaron una desmejora y lo derivaron nuevamente al hospital Maciel, donde permanece internado hace casi veinte días tras haberse diagnosticado una fractura de cráneo.

Inisa determinó una investigación administrativa porque “los hechos no están claros” y para saber “por qué se descubre una lesión tan grave en el adolescente a días de la reducción” de los funcionarios. Pero no se hizo una denuncia policial ni se dio cuenta a Fiscalía sobre el hecho.

La organización Nada Crece a la Sombra presentó una denuncia ante la Fiscalía. Solicitan que se investigue el hecho, “con las garantías que el caso merece para el adolescente, ante su situación de vulnerabilidad por su privación de libertad y estado de salud actual”.

A su vez, solicitan que “se brinde protección inmediata para el adolescente privado de libertad que se encuentra internado en el hospital Maciel, al entender que dados los hechos y la publicación del caso podría estar en riesgo y la investigación del caso puede verse alterada”.

En un comunicado explican que hicieron la consulta a Inisa acerca de la investigación del hecho, a lo que el organismo respondió que “la División Jurídica es quien lleva adelante la investigación administrativa” y que “se dio cuenta al juez competente en la causa del adolescente lesionado”.

Según Nada Crece a la Sombra, el planteo del Inisa “no fue en formato denuncia”, “porque lo que surge hasta ahora en las actuaciones administrativas es que se golpeó cuando se cayó de la cama”. El colectivo señala, en cambio, que “el juez de la causa del adolescente no tiene competencia en este hecho”.

Advierten que “hay graves omisiones por parte de Inisa al no haber realizado una denuncia policial ni haber dado cuenta a la Fiscalía sobre un hecho de esta magnitud, de apariencia delictiva”, y dicen que “esto impidió que se releven las pruebas de manera inmediata, que se pericie la escena del hecho y la inmediata indagatoria al lesionado y a los testigos”. “Tampoco se conoce la existencia de videovigilancia y si se pusieron al resguardo las filmaciones por donde el adolescente haya transitado, incluyendo sus desplazamientos hacia el sector de salud las dos veces que fue revisado en este espacio”, agregan.

Para terminar, explicitan que “una ‘investigación administrativa’ no suplanta de ninguna manera a la Justicia” y que “en casos como este, en el que podrían estar involucrados funcionarios de Inisa, la declaración de los adolescentes privados de libertad debe tener garantías, pues estos están expuestos y en una situación de vulnerabilidad ante ellos. Una investigación administrativa interna no aporta seguridades para los adolescentes y el temor a represalias puede ser determinante al momento de declarar”.