El otorrinolaringólogo Carlos Albisu debió renunciar el jueves a la presidencia de la delegación uruguaya en la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande. Su salida se debió a sospechas de corrupción y abuso de poder que habían sido activadas por la oposición e, incluso, alimentadas por algunos correligionarios del dirigente nacionalista.
“Él se va, pero los demás quedan”, dijo la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, en referencia a la treintena de personas del Partido Nacional (más algunos colorados) que Albisu colocó en cargos de altas remuneraciones dentro del organismo binacional que presidía. Por esa capacidad para designar directamente a numerosos funcionarios, se ha dicho que el expresidente del Sindicato Médico de Salto –que todavía no se volvió a manifestar sobre sus sostenidas aspiraciones a convertirse en intendente del departamento– manejaba una especie de “intendencia paralela”.
Las irregularidades en Salto Grande explotaron en medio del debate presupuestal, cuando se supo que se había concedido un incremento de 200 millones de pesos al organismo. Por eso, el 3 de octubre serán interpelados los ministros de Economía y Relaciones Exteriores, que habían intentado desentenderse del tema.
Es la primera vez que un presidente uruguayo de la CTM debe renunciar, pero no es la primera vez que son obligadas a apartarse de sus cargos personas cercanas al presidente Lacalle Pou ni la primera vez que este sale, a destiempo, en defensa de ellas sin tener en cuenta el efecto de sus palabras en el funcionamiento de la Justicia (ni en la opinión de buena parte de la población sobre los políticos).
Nuestro editorial: No fue solamente Albisu
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