Surgió como una promesa. La de un acceso más justo y equitativo a las vacunas para la covid-19, frente al poder de los grandes laboratorios que dominaban el mercado y sus negociaciones con las potencias mundiales. El Mecanismo de Acceso Mundial a las Vacunas contra la covid-19 —conocido popularmente como Covax— nació en 2020, como parte del Acelerador de Acceso a las Herramientas contra la Covid-19 (Acelerador ACT). Este último, a su vez, fue creado por la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI), la Alianza para las Vacunas (GAVI) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

A poco más de tres años de la creación de este mecanismo —más de dos años y medio del inicio de la vacunación contra la covid-19 en la región—, la Red de Periodistas de América Latina para la Transparencia y la Anticorrupción (Red Palta) analizó la adquisición, recepción, donación y desperdicio de dosis contra el nuevo coronavirus en Perú, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, México y Uruguay. Para ello, se realizaron casi 70 solicitudes de acceso a la información pública, y se revisaron datos abiertos e informes publicados por distintas entidades públicas y privadas.

Así se halló que estos ocho países recibieron, por lo menos, 1.313.274.217 dosis gracias a compras por distintos mecanismos y donaciones, entre 2021 y 2023. De ese total, al menos, 79.426.520 vacunas fueron adquiridas a través de Covax —Perú y Uruguay no transparentaron información sobre sus mecanismos de compra—. Esta cantidad representa por lo menos 6,05% del total que arribó a estas naciones.

En otras palabras, la propuesta que prometió democratizar el acceso a las vacunas contra el nuevo coronavirus tuvo un impacto muy por debajo de las expectativas de la región, según datos gubernamentales proporcionados a la Red Palta en el marco de esta investigación.

Al ser consultada por esta información, GAVI remitió un dashboard alojado en la página web de Unicef, cuyas cifras para los ocho países —es decir, incluyendo a Perú y Uruguay— son superiores: 114.958.450 de dosis totales por Covax. Esta cantidad representa 8,75% de las dosis recibidas en las naciones mapeadas.

Sin embargo, el mismo tablero aclara que la información comprende asignaciones, donaciones y envíos —es decir, no sólo las compras que efectivamente llegaron a los países—. De igual modo, señala que los datos sobre las entregas pueden no ser precisos y que no se garantiza que estén actualizados. Aunque se solicitaron mayores detalles sobre estos aspectos, GAVI no respondió hasta el cierre de edición.

En cuanto a la información recopilada por la Red Palta, los ocho países analizados recibieron en conjunto, al menos, 922.659.557 de dosis por acuerdos bilaterales (es decir, adquisiciones directas a los laboratorios). Esto equivale a 70,26% de las más de 1.313 millones de dosis que arribaron en total. Como en el caso anterior, estas cifras no incluyen información de Uruguay y Perú. El primero no precisó cuáles eran sus compras ni sus donaciones. Y el segundo no especificó sus mecanismos de compra.

“Covax se creó para reducir las desigualdades, las inequidades, para que haya un suministro oportuno para todos, a partir del esfuerzo y colaboración solidaria de los países, pero ese intento fracasó. La solidaridad en una pandemia no funcionó, los países prefirieron comprar bilateralmente. Cuando hay ausencia de una gobernanza global, estas cosas ocurren”, explica Javier Llamoza, investigador peruano de Acción Internacional para la Salud (AIS).

De hecho, los datos hallados por el equipo de OjoPúblico (Perú), Perfil (Argentina), Repórter Brasil (Brasil), LaBot (Chile), La Silla Vacía (Colombia), Ojoconmipisto (Guatemala), Poder (México), y la diaria (Uruguay) coinciden con los hallazgos del reciente informe “La propiedad intelectual y el acceso a vacunas contra el covid-19 y otras tecnologías sanitarias” de AIS y la Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE), presentado a fines de agosto.

Según este documento, a mayo de 2022, 68,1% de las vacunas disponibles en los países de ingresos medios y medios altos fueron adquiridas a través de acuerdos bilaterales. Para entonces, a nivel global, los contratos suscritos con Covax representaban sólo 10% de las dosis covid-19 distribuidas, “debilitando este mecanismo, que buscaba una distribución equitativa de vacunas”. En el caso de América Latina, según el estudio, los contratos a través del mecanismo representaban sólo 6% de las vacunas utilizadas hasta entonces.

Las compras a través de Covax y por acuerdos bilaterales no fueron los únicos mecanismos para acceder a dosis en la región. La Red Palta identificó, por ejemplo, que 7,65% de vacunas recibidas corresponden a la llamada Encomenda Tecnológica (ETEC), un tipo de compra pública de Brasil, que sólo este país especificó como tal. Se trata de una modalidad especial de adquisición que permite comprar productos en fase de desarrollo, al mismo tiempo en que se invierte para internalizar dicha innovación.

Además, 3,77% de las vacunas recibidas fueron donaciones de otros países: tanto directas, como de compras realizadas por Covax y, luego, cedidas a naciones de la región. En paralelo, 0,16% de vacunas recibidas fueron adquiridas por empresas (un tipo de compra permitido únicamente en Colombia, y que dicho gobierno denominó como “privados”).

A estos se suma un grupo, que representa a 2,26% de las vacunas recibidas, en los que se desconoce si llegaron por alguno de los distintos mecanismos de adquisición o a través de donaciones. Eso se debe a que los gobiernos de Chile y México no brindaron información completa sobre los métodos de compra de todas sus dosis, mientras que Uruguay no especificó si se trataban de adquisiciones o dosis cedidas.

9,86% restante corresponde a compras realizadas por Perú, en las que no se accedió a información sobre el tipo de mecanismo. En este caso, el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), que depende del Ministerio de Salud, se negó a brindar información sobre el total de vacunas adquiridas y recibidas, en repetidas oportunidades, bajo el argumento de que se trataba de información “reservada” o “secreta”, cuya revelación podría poner en riesgo “el curso de las negociaciones internacionales”.

Frente a este obstáculo, los datos fueron recogidos de una presentación de la Contraloría General de la República ante la Comisión Especial covid-19 del Congreso, en la que se detalló el número de dosis adquiridas por el país, mas no el mecanismo.

De hecho, la falta de transparencia de los ministerios de Salud, Contralorías y demás entidades gubernamentales para brindar información sobre las vacunas adquiridas, recibidas y donadas ―aun cuando ya se dio por finalizada la emergencia sanitaria― fue una de las principales barreras que enfrentó el equipo de la Red Palta durante esta investigación.

Para Hernando Cevallos, ministro de Salud de Perú entre julio de 2021 y febrero de 2022, que los ministerios de Salud compartan información sobre la cantidad de vacunas covid-19 adquiridas y recibidas no constituye una violación a las cláusulas de los contratos.

“No viola ningún contrato, no debe ser información confidencial. Una cosa es el contrato que se firmó en aquel momento con una empresa, que tenía carácter de confidencialidad, pero no en el contenido del contrato. De tal manera que nosotros [cuando Cevallos se encontraba a cargo de la cartera] publicábamos la cantidad de vacunas que llegaban al país”, explica el exministro.

La mayor opacidad todavía se concentra en los contratos suscritos con las farmacéuticas y el precio pagado por las vacunas contra la covid-19. En ese aspecto, Colombia fue el país que, a pesar de las demoras en la entrega, recibió gran parte de la información solicitada.

Guatemala recibió las cantidades de vacunas recibidas y el monto total pagado por ellas, pero esta información contenía errores que, luego, fueron subsanados. Tanto Argentina, como Brasil y México accedieron a información parcial sobre el costo de las dosis. Sin embargo, Chile, Perú y Uruguay no pudieron acceder en absoluto a esa información.

El impacto y las controversias país por país

Ya durante los primeros meses de 2021, el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, mostraba preocupación por el funcionamiento del mecanismo Covax en el mundo. “Algunos países industrializados están comprando más dosis y, en consecuencia, los contratos con Covax se están viendo afectados”, advirtió en ese entonces.

Posteriormente, algunos reportajes periodísticos demostraron que las advertencias del titular de la OMS eran acertadas. Covax no estaba siendo tan útil como se esperaba. Según la información oficial recopilada por la Red Palta para esta investigación, apenas 6,05% de las más de 1.313 millones de vacunas recibidas por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, México, Uruguay y Perú provinieron del mecanismo Covax.

Como se mencionó líneas arriba, no es posible saber el tipo de compra de las vacunas recibidas en Perú. En el caso de Uruguay no se puede determinar si involucran solo compras (y a través de qué mecanismos) o también donaciones. Y, por último, en Chile y México hay lotes específicos en los que no se precisó si fueron comprados o donados.

Aunque el funcionamiento de Covax en la región fue marginal, existen diferencias en el impacto del mecanismo entre una y otra nación latinoamericana. Lo mismo ocurre al contrastar los datos suministrados por instituciones gubernamentales con los reportados en el tablero remitido por GAVI.

Del grupo de países analizados, el que accedió a más proporción de vacunas a través de Covax es Colombia, según información gubernamental. De las 107.094.950 dosis totales que llegaron al territorio colombiano, 21.554.380 (el 20,13%) correspondieron a dicho mecanismo. El 59,76% a acuerdos bilaterales, el 18,15% a donaciones y el 1,96% a vacunas compradas por algunas empresas para aplicar a sus empleados.

Sin embargo, si se observa el tablero proporcionado por GAVI, la cantidad de dosis por Covax atribuidas a este país tiene una diferencia importante: 8.577.500 vacunas más que lo reportado por el gobierno.

Para Andrea Ramírez, profesora colombiana de la Facultad de Medicina y de los posgrados en Epidemiología de la Universidad de los Andes, Covax debería haber previsto un propósito más elevado desde su lanzamiento, independientemente de la distribución que actualmente realiza.

Hoy en día, dice Andrea Ramírez, el mecanismo necesita un liderazgo más fuerte, apoyo político y financiación. “Debe establecerse un nuevo conjunto de normas para acceder a las vacunas con el fin de priorizar la distribución de dosis a los países de ingresos bajos y medios”, indica.

Guatemala es el segundo país que recibió el porcentaje más alto de vacunas a través de Covax, según información gubernamental a la que accedió la Red Palta. De las 28.631.760 dosis que llegaron al territorio guatemalteco entre 2021 y 2022, 4.516.140 (15,77%) pertenecen a dicho mecanismo.

Según la misma fuente, la mayor parte de dosis covid-19 entregadas a este país fueron donadas. 44,80% (12.827.620) de sus vacunas fueron cedidas por Israel, India, Estados Unidos, México, España, Canadá, República Dominicana, Corea y Suiza. 39,42% restante (11.288.000 dosis) provinieron de acuerdos bilaterales.

En este caso, las dosis por Covax atribuidas en el tablero remitido por GAVI también son superiores: 2.025.160 más que lo consignado por el gobierno guatemalteco.

“La expectativa era que Guatemala tuviera al 90% de la población vacunada con esquema completo. Eso era lo que esperábamos, pero no se logró. Covax no cumplió con las expectativas”, dice Iris Cazali, jefa del departamento de Infectología y consultora de la Unidad de Cirugía Cardiovascular del Hospital Roosevelt.

Guatemala, según la información del Ministerio de Salud y Asistencia Social, dejó de recibir vacunas contra la covid-19 en 2022. Por ello, en la actualidad, es muy difícil que la población acceda a la inmunización contra el nuevo coronavirus.

En tercer lugar, México recibió 12,77% de sus vacunas a través de Covax, según información de este país: un total de 33.603.200. Como en la mayoría de casos analizados, el acuerdo bilateral fue la modalidad que más dosis proporcionó: 79,32% de las disponibles.

Asimismo, 6,77% fueron donaciones. Por último, hay un grupo de dosis (1,14%), que pertenecen al laboratorio Pfizer, en el que no se especificó si fueron vacunas adquiridas (y a través de qué mecanismo) o donaciones.

Al comparar estas cifras con las reportadas en el tablero también hay diferencias: el dashboard consigna 1.015.240 vacunas más por Covax que el gobierno mexicano.

Para Andrés Castañeda, coordinador del colectivo Cero Desabasto y de la organización #Nosotrxs, en México, no era necesaria una vía de compra como esta. “En México no se necesita [Covax]. Es un mecanismo súper útil, pero para países pequeños. México es un país enorme y la compra por estas vías, en ocasiones, simplemente dificulta el proceso. La compra consolidada suele ser más efectiva. Resultó como un intermediario caro”, afirma.

Por otro lado, entre los países que recibieron los porcentajes más bajos de vacunas a través de Covax, de acuerdo a datos gubernamentales, están Argentina, Chile y Brasil.

Del total de dosis covid-19 que llegaron a Argentina, sólo 3,34% (3.563.400) correspondió a compras a través de dicho mecanismo y 93,39% (99.754.620) a acuerdos bilaterales. Sin embargo, el tablero remitido por GAVI atribuye 3.502.600 vacunas extras al mecanismo Covax.

Jorge Geffner, especialista argentino en inmunología y miembro del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), considera que Covax fue una buena intención, pero no llegó a donde quería. “Además, la liberación de patentes hubiera sido un paso que hubiera facilitado la producción periférica [de vacunas]”.

En Chile, según su Gobierno, las dosis recibidas por compras a través de Covax representaron 3,14% (2.307.800). Las disponibles gracias a acuerdos bilaterales, en tanto, significaron 92,77% (68.150.634). Este es el único caso en el cual las dosis atribuidas en el dashboard coinciden con las compras por el mecanismo reportadas por el Ministerio de Salud.

Gabriel Cavada, bioestadístico y epidemiólogo de la Universidad de Chile, no es tan crítico con el funcionamiento de Covax. “La asociación entre países siempre es compleja, y Chile se salió de eso, de hecho negoció antes. Yo creo que, por un tema de solidaridad y de ética mundial, tienes que pensar en mecanismos como Covax”, dice. Brasil, por último, es el país que menor porcentaje de vacunas covid-19 tiene de Covax en relación con el total de dosis disponibles en su territorio, según información gubernamental. Las dosis recibidas que provienen de este mecanismo representan sólo 2,35% (13.881.600). Mientras que las compradas por acuerdos bilaterales alcanzan 79,75% (470.737.423). Las adquiridas por ETEC alcanzan el 17,01% (100.400.000) y las donaciones apenas 0,88% (5.218.400).

Si se comparan las vacunas atribuidas a Covax en el tablero proporcionado por GAVI con los datos locales, la diferencia es notoria: el dashboard consigna 12.000.960 vacunas más.

Para Jorge Bermudez, investigador brasileño de la Escuela Nacional de Salud Pública, consultor de OPS/OMS y especialista en acceso a medicamentos, Covax fue una gran idea que no recibió el respaldo financiero que merecía.

“Los países compraron muchas más dosis de las necesarias a las farmacéuticas, como Canadá, que compró al menos cinco veces más de lo necesario para su población. Además, los acuerdos bilaterales también eran de interés de las compañías farmacéuticas, más que Covax”, dice el especialista.

Sin embargo, Bermudez no se anima a afirmar que Covax no tuvo éxito, al menos, en el caso de Brasil. “No diría que Covax fracasó, pero no logró contribuir de la manera en que podría haberlo hecho para los países más pobres [...]. El objetivo principal de Covax era ayudar a los países que no podían pagar las vacunas, lo cual no era el caso de Brasil”, afirma.

En Perú, como se detalló previamente, el gobierno no precisó cuántas de sus adquisiciones se realizaron a través de este mecanismo. Según el dashboard, fueron 8.261.670. En Uruguay —donde la información gubernamental es todavía más opaca, pues no diferencia compras de donaciones—, las adquisiciones por Covax fueron 148.800, según el tablero.

En el estudio “La propiedad intelectual y el acceso a vacunas contra el COVID-19 y otras tecnologías sanitarias” de AIS y RedGE, se señala que algunos de los factores que alentaron el fracaso del mecanismo fueron que los países prefirieron, sobre todo, comprar por acuerdos bilaterales. A esto se suma la demora para que las naciones se pusieran de acuerdo dentro de Covax, las donaciones entre países que no pasaban por este mecanismo, y el “nacionalismo” ante la escasez de vacunas: los países preferían abastecerse antes que las dosis llegaran a cualquier otro.

La disputa por la propiedad intelectual de las vacunas y otras tecnologías sanitarias también contribuyó, de acuerdo al estudio, al escaso impacto de Covax. Lo mismo ocurrió con la priorización, por parte de los laboratorios, de las ventas a países ricos por el incentivo de obtener mayores ganancias.

Al ser consultada por el bajo alcance del mecanismo, GAVI afirmó que Covax permitió acortar la brecha de acceso a vacunas, “ayudando a los países de bajos ingresos a lograr una cobertura del 56% frente al promedio mundial del 66%”. Además, indicaron que los países abordados en esta investigación pertenecen al grupo de naciones de ingresos medianos altos, que se unieron a la iniciativa “para cubrir un rango solo de entre el 10% y el 30% de su población”.

La Red Palta también se comunicó con el área de prensa de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Sin embargo, hasta el cierre de edición, no hubo respuesta.

El desperdicio

Durante las campañas de vacunación contra la covid-19 se han perdido millones de vacunas en la región. Según los datos recabados por la Red Palta en siete de las ocho naciones analizadas —México no accedió a información sobre el tema— se desperdiciaron, al menos, 50.470.375 dosis por diversos motivos.

La cantidad es estimada, pues algunos países encontraron obstáculos para acceder a reportes de sus ministerios de Salud sobre vacunas inutilizadas. Por ello, se consultaron reportes de otras entidades públicas, que tampoco arrojan la totalidad de dosis echadas a perder.

El motivo que más sobresale es el relacionado al vencimiento: 44.344.534 vacunas, entre Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, Perú y Uruguay. Sin embargo, también se han registrado otras causas, como mal almacenamiento, abolladuras de frascos y otros accidentes.

Si se tiene en cuenta la cantidad de dosis perdidas, el caso más emblemático es el de Brasil. Este país acumula, al menos, 39.679.075 vacunas desperdiciadas (78,62% del total), todas ellas, por vencimiento. No obstante, hay que tener en cuenta que esta es la nación con mayor cantidad de dosis recibidas (más de 590 millones).

La mayoría de las vacunas perdidas (94,82%) provenían del laboratorio brasileño Fiocruz, que —por un acuerdo de transferencia tecnológica— fabrica dosis de Astrazeneca. Del total caducado, 71,56% venció en los primeros meses de 2023. El 23,64% lo hizo en 2022, y 4,8% restante en 2021. Esta información no incluye a las vacunas Pfizer y Janssen vencidas, pues el Ministerio de Salud se rehúsa a brindar el detalle.

Para el médico infectólogo José David Urbaez, presidente de la Sociedad de Infectología del Distrito Federal, una de las probables razones para el vencimiento de tantas dosis en lo que va del año es que, en la actualidad, hay un desinterés general por la vacunación entre la población.

Una opinión similar tiene la epidemióloga brasileña Carla Domingues, consultora de la OPS y excoordinadora del Programa Nacional de Inmunización, quien recuerda que el Gobierno tiene la responsabilidad de garantizar la disponibilidad de dosis en los centros de salud. “Si la población no se vacuna, habrá pérdidas. Este es el precio que la sociedad está pagando debido a las personas que difunden noticias falsas”, dice Domingues.

El elevado número de vacunas vencidas en este país ha motivado la apertura de una investigación administrativa, por parte del Tribunal de Cuentas de la Unión. El proceso comprende al Ministerio de Salud y autoridades del sector durante la presidencia de Jair Bolsonaro, que dejaron sus puestos en diciembre, tras el cambio de gobierno.

En el otro extremo, Argentina solo ha reconocido el desperdicio de 590 dosis. El Ministerio de Salud de dicho país atribuyó, entre las causas, abolladuras y documentación incorrecta, que no permitieron su aplicación.

Perú también es un caso llamativo, aunque por otras causas: se requirieron tres pedidos de información pública distintos para acceder a datos del Ministerio de Salud sobre el tema.

En una única respuesta la entidad reconoció el vencimiento de 8.580 dosis en las regiones de Madre de Dios, San Martín y Tacna. Estas fueron menores a las reportadas por la Contraloría General de la República. La Red Palta pudo identificar, al menos, tres informes de esta entidad que confirman la inutilización de 11.866 vacunas por vencimiento.

A estas se suman, además, las desperdiciadas por el factor pérdida. Este concepto hace referencia a una cantidad “válida” de dosis que se puede malograr durante el proceso de vacunación, según la normativa. De acuerdo a otro informe de la Contraloría este motivo acumuló otras 478.547 dosis de Astrazeneca, entre marzo y abril del año pasado.

Los obstáculos

En mayo de este año, la OMS declaró el fin de la emergencia de salud pública de importancia internacional por la covid-19. Sin embargo, la opacidad respecto a los términos acordados en los contratos y el precio pagado por las dosis todavía es una constante en varios de los países analizados por la Red Palta.

En el caso de Argentina, se solicitaron copias de los contratos tanto al Ministerio de Salud de la Nación, como a los proveedores, pero no los facilitaron. Como ocurrió en otros casos, el Gobierno remitió datos abiertos, pero con criterios distintos a las preguntas y solicitudes.

Entre sus razones para negar la documentación, el ministerio argumentó que entregar los contratos “implicaría la violación de las cláusulas de confidencialidad”. Esto, aseguraron, pondría en “grave riesgo la provisión de vacunas”.

En Brasil, mientras tanto, se realizaron cinco solicitudes de acceso a la información al Ministerio de Salud, entre junio y agosto, vinculadas a los contratos de adquisición, las vacunas recibidas, los precios pagados y las dosis pendientes de entrega, entre otros asuntos.

La entidad respondió dichas solicitudes parcialmente, pero mantuvo en secreto la información sobre las dosis de Pfizer y Janssen. Al respecto, alegan que, “debido a cláusulas contractuales”, no pueden divulgar información de los contratos.

En este país tampoco se pudo acceder a información precisa sobre Covax, pues el sector no brindó información sobre vacunas Pfizer recibidas a través de este mecanismo. “Debido a información sensible y, en virtud de cláusulas contenidas en el contrato con la farmacéutica Pfizer, no es posible la divulgación de datos contractuales”, señalaron.

En el caso de Chile, el Ministerio de Salud no entregó los contratos con las farmacéuticas. Esto a pesar de que los primeros convenios fueron publicados en Internet y de que existen sentencias del Consejo para la Transparencia y de la Corte de Apelaciones que indican que los mismos deben ser públicos, ocultando la información sobre estructura de costos, distribución y logística.

También se solicitaron costos totales de las vacunas. La información fue denegada por el Ministerio de Salud chileno, alegando que podía perjudicar las negociaciones de contratos que afectan a la salud pública. En última instancia, la cartera aseguró que la información de los pagos a las farmacéuticas estaba publicada en su página web. Pero, al consultarla, había errores e imprecisiones que hacían imposible realizar el cálculo.

En el caso de México, se realizaron 11 solicitudes de acceso a la información dirigidas a distintas entidades. Si bien ninguna solicitud fue estrictamente negada, nueve fueron calificadas como “improcedentes” por un precedente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En mayo del año pasado, la misma determinó que “divulgar las condiciones esenciales de contratación pueden poner en riesgo la seguridad nacional”. Por este motivo, la información fue clasificada como reservada por un periodo de cinco años. Es decir, hasta 2027.

En el caso de Perú, el Cenares, del Ministerio de Salud, denegó tres de las cuatro solicitudes de información pública, hechas entre mayo y agosto, acerca de la cantidad de vacunas adquiridas y aquellas que llegaron al territorio nacional. Como sustento, indicaron que era información reservada.

Solo hubo una respuesta del Cenares que contuvo una cantidad parcial de vacunas recibidas. Esta fue brindada el 8 de setiembre y consignó poco más de 23 millones de dosis. Sin embargo, por la información que la Contraloría General de la República presentó ante la Comisión Especial covid-19 del Congreso, se sabe que, entre 2020 y 2023, Perú recibió más de 132 millones de dosis, entre compradas y donadas. Los datos fueron brindados en junio de este año, en el Legislativo, pero no se precisó fecha de corte.

Asimismo, revisando las distintas sesiones de la Comisión Especial covid-19 del Congreso, la Red Palta pudo encontrar que, a enero de este año, el mecanismo Covax aún tenía 5 millones de dosis pendientes de entrega a Perú. En ese entonces, la exviceministra de Salud, Maria Elena Aguilar del Águila, alegó que el sector estaba en conversaciones con los representantes de Covax para dilatar la entrega de esas vacunas y, así, evitar el sobrestock.

La Red Palta se comunicó con María Elena Martínez Barrera, directora ejecutiva de la Dirección de Inmunizaciones del Ministerio de Salud, para preguntarle acerca de la campaña de vacunación en el Perú, así como por las dosis recibidas en territorio nacional que no fueron reportadas por la cartera. Sin embargo, la funcionaria sostuvo que la entidad encargada de proporcionar esa información es el Cenares, no la dirección que ella lidera.

En el marco de esta investigación se solicitó una entrevista con dicha entidad para indagar en más detalles sobre el stock, pérdidas de vacunas y otros aspectos. Sin embargo, se excusaron argumentando que no contaban con un vocero autorizado.

Este es un reportaje de la Red de Periodistas de América Latina para la Transparencia y la Anticorrupción (Red Palta) coordinado por OjoPúblico (Perú), y en el que participaron Repórter Brasil (Brasil), Perfil (Argentina), LaBot (Chile), La Silla Vacía (Colombia), Ojoconmipisto (Guatemala), Poder (México) y la diaria (Uruguay).