En las bases programáticas del Frente Amplio (FA), aprobadas por unanimidad hace más de un año, figuran como objetivos para un nuevo gobierno de la fuerza política “repoblar la campaña”, “dar un apoyo integral a los colonos” y “promover la gestión cooperativa” de la propiedad de la tierra, todo esto “en consonancia con planes que eviten la concentración de la tierra”. En los lineamientos también se propone específicamente reforzar el papel del Instituto Nacional de Colonización (INC) –organismo público que administra las tierras del Estado uruguayo– y desarrollar distintos sectores productivos, como, por ejemplo, la lechería.
La semana pasada, en un acto en Colonia del Sacramento, la fórmula presidencial del FA anunció medio centenar de “prioridades” para un cuarto gobierno frenteamplista, entre las cuales está la asignación de un total de 25.000 hectáreas al INC para productores lecheros, mujeres y jóvenes rurales. Se plantea como medida adicional “recuperar los recursos que fueron retirados” al organismo, “de manera de potenciarlo y fortalecerlo”.
En diálogo con la diaria, Alfredo Fratti, diputado del FA y exvicepresidente de la Federación Rural, señaló que una característica del sector lácteo es que “es más intensivo en el uso del suelo” en comparación con otras actividades agropecuarias, como la ganadería. Asimismo, Fratti sostuvo que la propuesta del FA incluye “devolverle a Colonización la posibilidad económica de adquirir tierras”, algo que en este período de gobierno fue “prácticamente nulo”. “Lo poco que se distribuyó fue lo que ya estaba adquirido”, aseguró.
De acuerdo al último informe disponible del INC, correspondiente al mes de julio, el organismo gestiona actualmente una superficie de 547.873 hectáreas en todo el país, de las cuales 386.137 hectáreas están en propiedad del INC y 161.736 hectáreas son propiedad de colonos. El área ocupada por el INC supone apenas 3% de la superficie agropecuaria de Uruguay; no obstante, representa 19% de la superficie ocupada por productores familiares.
Con respecto a la adquisición de tierras, el documento señala que, si bien a partir de 2015 “se registra un descenso permanente en las compras realizadas” por el organismo, el período entre 2020 y 2023 “fue el de menor cantidad de tierras compradas”, y apunta que la adquisición de tierras “resultó prácticamente nula en el 2021”. Por otra parte, el informe señala que, con base en las postulaciones que hubo el año pasado, “existen en el entorno de 1.200 familias con necesidad e interés de acceder a tierras a través del INC”.
El cuestionamiento de Da Silva
La propuesta del FA fue criticada por el senador suplente del Partido Nacional y productor agropecuario Sebastián da Silva. A través de X, Da Silva señaló, en primer lugar, que “una hectárea para tambo cuesta 6.000 dólares”, por ende, el planteo del FA supondría una inversión de 150 millones de dólares. En segundo lugar, apuntó que para que un tambo sea rentable debe tener al menos 150 hectáreas, por lo que, “si se hicieran las cosas bien, se favorecerían 166 familias”. En tercer lugar, señaló que “una vaca lechera del montón” tiene un precio de 1.000 dólares, “por tanto el nuevo colono tiene que tener una capacidad de inversión o crédito de 225.000 dólares para arrancar a trabajar, sin pensar en la comida para esas vacas”.
“Que te obliguen a ser tambero y que la sociedad destine ese dineral en una actividad reconocidamente compleja es uno de los tantos castillos en el aire de gente que nunca pisó una sala de ordeñe”, manifestó Da Silva. A modo de contrapropuesta, el dirigente nacionalista señaló que el INC “hoy tiene utilidades por 15 millones de dólares” y apuntó que “si destináramos un bono de 5.000 dólares para subsidiar rentas tendríamos 3.000 beneficiados”. “Con este bono quedaríamos sin aspirantes a trabajar en el campo. La prioridad sería para hijos de colonos y gente joven. Y por último la sociedad dedicaría el destino de sus impuestos a invertir ese platal en temas mucho más angustiantes, como pobreza infantil o salud mental”, afirmó.
En diálogo con la diaria, el director del INC en representación del FA, Andrés Berterreche, consideró que la asignación de 25.000 hectáreas a productores lecheros, mujeres y jóvenes rurales “no implicaría un gasto adicional”, ya que en el presupuesto vigente, aprobado con los votos de la coalición de gobierno, hay “un fondo de hasta 15 millones de dólares al año” para el INC, el cual “lamentablemente no se usó durante estos cinco años, pero están”. En efecto, en la Rendición de Cuentas de 2021 se dispuso el traslado desde Rentas Generales al INC de un monto anual de hasta 135 millones de unidades indexadas “con destino a la compra de tierras”.
Berterreche aseguró que el planteo “es absolutamente posible sin aumentar el presupuesto nacional”, siempre y cuando haya “la voluntad política que no tuvo este gobierno durante estos cinco años para financiar algo que ya estaba aprobado presupuestalmente por las mayorías de este mismo gobierno”. Afirmó, además, que, en cualquier caso, “las pequeñas diferencias que puede haber al respecto se pueden financiar con los propios recursos del INC”.