“Estamos ante una emergencia declarada en 2019 y ratificada por este gobierno en 2020. Pero ni el gobierno nacional ni el gobierno departamental han generado políticas públicas suficientes ni destinado los recursos necesarios para atender esta realidad”, señaló la Mesa Política Departamental del Frente Amplio (FA) en una declaración por el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora este sábado.
La directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Mónica Bottero, rindió cuentas el viernes sobre su gestión durante el último año en la materia. En ese marco, aseguró que el instituto destina 95% de su presupuesto a dar respuesta a la violencia de género, lo que, a su juicio, refleja el “compromiso muy fuerte” asumido por el organismo. También la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, sostuvo que el gobierno “está dejando todo en la cancha” en esta materia.
No obstante, desde Maldonado el FA remarcó que “se necesitan mayores recursos económicos, programas de atención, capacitación y equipos técnicos en el departamento”, así como en el resto del país, para afrontar una problemática “gravísima”, según dan cuentas las cifras oficiales. También se sumó al reclamo de mayor presupuesto para la atención adecuada de los casos de violencia de género en el Poder Judicial, que afectan a mujeres, niños y niñas.
La edila Marie Claire Millán, vicepresidenta de la Mesa Política y además defensora de oficio en materia de Familia, lamentó que las políticas públicas de la Intendencia de Maldonado (IDM) para prevenir y abordar la pobreza y la violencia hacia niños, niñas y adolescentes “son nulas”.
“En este gobierno departamental no hay nada nuevo, más allá de lo que se aplicaba anteriormente desde la dirección de Desarrollo Social”, criticó Millán tras repasar el último balance de gestión ofrecido por el intendente de Maldonado, Enrique Antía, en octubre pasado y recordar entrevistas mantenidas al respecto con jerarcas de la IDM.
“La mayoría de los niños y las niñas que se encuentran bajo la línea de pobreza están al cuidado de mujeres jefas de hogar” y esa es una forma de violencia, consideró al exponer sobre el tema en la Junta Departamental de Maldonado. “La pobreza en Uruguay tiene rostro de niño y también de mujer”, agregó, parafraseando al asesor en Planeamiento Estratégico de las Naciones Unidas, Gustavo de Armas.
Además, enfatizó que “Maldonado no cuenta con un plan de contención más allá de las políticas tradicionales, que ya tienen muchísimos años. Nada nuevo se ha implementado en este gobierno departamental”. La ausencia de políticas, según Millán, tiene un correlato en la falta de información sobre la situación de niños, niñas y adolescentes en las diferentes localidades del departamento.
En ese sentido, reiteró una propuesta que la bancada frenteamplista planteó a la Comisión de Género de la Junta Departamental para promover convenios con organismos nacionales a fin de saber a ciencia cierta qué pasa con la infancia y la adolescencia en las diferentes ciudades de Maldonado. En particular, la bancada del FA había planteado que la IDM y el Instituto Nacional de Estadística acuerden un relevamiento de la pobreza “con un detalle pormenorizado de la población en general, mujeres, niños, niñas y adolescentes”.
De este modo, Millán entiende que podrían generarse políticas según la realidad de cada localidad. También solicitó convocar al plenario a la directora y coordinadora del Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia, María Elena Mizrahi, para informar sobre la situación departamental.
Millán también sostuvo que hay propuestas sobre un plan de abordaje departamental que ingresaron en octubre de 2022 a la Dirección de Género de la IDM y “no se han movido”. “Hace un año y pico que no se dignan a mirar el expediente para ver qué se puede hacer con eso. Nada ha sucedido, el expediente está en remojo”, lamentó.
Por otra parte, en mayo de este año la bancada del FA planteó acciones específicas sobre “maltrato y abuso infantil y adolescente” en la Comisión de Derechos Humanos de la Junta. “Desde mayo a noviembre la comisión sesionó cinco veces, la última en setiembre”, lamentaron los ediles del FA, y solicitaron mediante una nota que este órgano se reúna antes del receso estival e “implemente un plan de trabajo que permita abordar estas propuestas” presentadas en mayo.