El 25 de junio de 1973 la Junta Departamental de Maldonado (JDM) sesionó de forma extraordinaria a partir de las 20.37 horas. Sería su última sesión ante de la larga dictadura, y el destino quiso que los ediles fueran visitados en sala por el intendente, que por entonces era el profesor Gilberto Acosta Arteta, del Partido Colorado. Esa noche el Partido Nacional tenía decidido hacerle un juicio político a Acosta Arteta y pedía que el caso pasara al Senado.

Según consta en el archivo de actas, al que accedió la diaria, al plenario asistieron los ediles Adhemar López (presidente del órgano), Asunción Machado, Saúl Miranda, Ricardo Costa, Humberto Nuñez, Luis Zaffaroni, Heber Amengua, Américo Cairo, Moisés Lazo, Miguel Gómez, Francisco Salazar, Rosa Taboada y Zoilo Vega Medina. También se hallaban en sala los suplentes David Borges, Rimel Goyeneche, Antonio Pérez, Arnoldo Paolucci, Aníbal Silva, Nelson Ferreira, Plácido Dutra, Oscar Katz, Horacio Gelós Bonilla, Emerson Méndez, Luis Cima, Joaquín Alonsopérez y Drayfus Abreu.

La sesión se realizó en la segunda planta del sector de oficinas del Campus, todavía en construcción, y tuvo un único punto a tratar: el planteamiento de fueros por “versiones aparecidas en la prensa de la capital sobre un segundo informe del Tribunal de Cuentas de la República (TCR) en relación a una investigación” sobre la Intendencia Municipal. Esa investigación derivaría, más adelante, en la remoción de Acosta Arteta por denuncias de fraude.

El edil Salazar, un exintendente blanco, mocionó que se dispusiera la votación de una solicitud para que “la gestión iniciada sobre el juicio político al intendente” pasara al senado. Sin embargo, el presidente de la Junta consideró que ese asunto “no estaba acordado” dentro de los temas a tratar.

En tanto, el edil colorado Ricardo Costa estimó que existió una “lesión de fueros” y leyó el artículo de prensa en cuestión. Eso desató un debate entre los ediles que culminó con un cuarto intermedio de 15 minutos. Conviene precisar que por entonces las discusiones eran enconadas. Al punto que los ceniceros de cada edil habían sido atornillados a las bancas para que no pudieran ser usados como proyectiles. No era raro que las sesiones tuvieran custodia policial.

Al reanudarse la sesión, el edil blanco Joaquín Alonsopérez solicitó en nombre de su partido que en el tratamiento de ese “problema” se aplicara el reglamento. Tras una breve deliberación -luego de que el edil Costa admitiera que en su exposición de motivos “no se ajustó el tema al debate”- el presidente del órgano deliberativo solicitó que la Junta determinara si su planteamiento era cuestión de fueros.

Se decretó un cuarto intermedio y finalmente la moción fue aprobada por 16 votos en 27. El edil Lazo argumentó que en esta primera instancia la bancada del Frente Amplio (FA) votó negativamente el planteamiento de fueros porque no contaba con la información sobre cuándo fue remitido a la Junta el informe del TCR y cuándo le fue comunicado a la prensa de forma oficial.

“El FA entiende que, en esta materia, la cuestión de fueros debe fundamentarse en los daños y lesiones que se infieran a este cuerpo por actos expresos que demuestren tal sentido”, expresó.

Pocos minutos después la JDM resolvió “declarar que el TCR amplía publicidad a sus resoluciones antes de hacerlas llegar a este organismo de contralor” por lo que “vulnera claramente sus fueros”. Expresó el desagrado del cuerpo legislativo frente a ese comportamiento y decidió denunciarlo ante la Asamblea General, la Suprema Corte de Justicia, el Poder Ejecutivo y el Tribunal de Cuentas de la República.

Luego de varios cuartos intermedios a lo largo de la noche, el edil Salazar entregó una nota a la mesa: “Los ediles que suscriben aclaran que no consideran que se hayan violado los fueros de la Junta Departamental por el TCR. El hecho de que haya habido informaciones periodísticas sobre un segundo informe del TCR, no significa que la misma haya sido suministrada en forma oficial por dicho organismo. Por tanto, mantienen su confianza en el TCR y las actuaciones que viene cumpliendo en la Intendencia Municipal de Maldonado”, indicó el escrito.

A las 23.05 se levantó la sesión, de acuerdo al acta. Unos renglones más abajo, en esa misma hoja, pero con fecha del 24 de agosto, el documento indica que “en visto de que el 27 de junio el Poder Ejecutivo Nacional dispuso por Decreto N°465/973, la disolución de las Juntas Departamentales del país, la Junta de vecinos de Maldonado resuelve: Clausúrese el presente Libro de Actas y procédase a su encuadernación y archivo”.

Acosta Arteta fue destituido y llegó a estar preso. Un amigo, sin embargo, logró sacarlo del calabozo y llevarlo al hospital Marítimo a causa de una enfermedad. Más tarde, el contador de la comuna, José Tassano, halló y mostró al sucesor de Arteta, un intendente “interventor”, un documento probatorio de su inocencia.