El oficialismo paraguayo aprobó y promulgó esta semana un proyecto de ley que endurece las penas a quienes invadan tierras ajenas. Argumentó que su objetivo es desalentar las ocupaciones y proteger la propiedad privada; pero en un país donde la tenencia de la tierra se concentra en muy pocos propietarios, que en algunos casos la obtuvieron en forma ilegítima durante la dictadura de Alfredo Stroessner, esta ley, que el presidente Mario Abdo promulgó el jueves, castiga a las organizaciones campesinas e indígenas que recurren a la ocupación como modo de lucha en reclamo de su territorio.

Con la nueva norma, quien invada una propiedad ajena enfrentará penas de entre seis y diez años de prisión. En respuesta, el miércoles y jueves hubo protestas y enfrentamientos entre integrantes de organizaciones indígenas y policías en el centro de Asunción.

Acerca de la lucha por la tierra, el sojero-ganadero, la apropiación que llevó adelante la dictadura y el contexto político que atraviesa Paraguay, el senador del Frente Guasú Hugo Richer habló con la diaria.

“Se ha llegado a un punto en que 12.000 propietarios concentran 90% de las tierras cultivables del país”.

¿Cómo se llegó a la aprobación de esta ley?

Esta ley tiene un contexto. En Paraguay hay décadas de lucha por la tierra. Se ha llegado a un punto en que 12.000 propietarios concentran 90% de las tierras cultivables del país. Es un gravísimo problema porque estamos hablando de 300.000 o 400.000 personas, campesinos, que no tienen tierra. En cuanto a los propietarios, hay un debate largo sobre lo que acá se conoce como tierras mal habidas. Son casi ocho millones de hectáreas que en la época de la dictadura fueron entregadas a personas que no son sujeto de la reforma agraria. En tercer lugar, está el modelo económico, que se asienta básicamente sobre la soja, y que ya llega a casi cuatro millones de hectáreas con cultivo de soja, más la ganadería intensiva. Lo que hace este tipo de producción es expulsar al campesino de las zonas rurales, además de que genera serios problemas ambientales. De ahí viene una respuesta, una resistencia campesina al modelo, y se producen luchas por las ocupaciones de tierras, por la recuperación de tierras, con conflictos permanentes. En ese contexto algunos parlamentarios, la mayoría de ellos del oficialismo, propusieron un aumento de las penas. Convierten la lucha por la tierra en crimen, y obviamente esto no favorece en nada la posibilidad de solución de un problema que es cada vez más dramático. Esa es la realidad. Nosotros obviamente nos opusimos a la aprobación del proyecto de ley. Las mismas bases sociales del Frente Guasú son bases de las zonas rurales, bases campesinas, y nos hemos opuesto. Pero esta es una batalla permanente. Hace poco ya hicieron un intento de proteger las tierras cuestionadas, aquellas que yo digo que son tierras mal habidas. La reacción de la gente fue muy fuerte y ese proyecto no prosperó. Pero ahora sí. El jueves de la semana pasada el proyecto se aprobó en Senadores, el miércoles se aprobó en Diputados y ya lo promulgó el presidente de la República. O sea, no dieron tiempo a una mayor reacción de la gente, pese a que la reacción campesina e indígena fue muy importante. Nosotros acompañamos la posición de rechazo a este proyecto de ley.

“La creciente resistencia campesina a la también creciente expansión del modelo es lo que lleva a esta confrontación en Paraguay”.

¿Hubo algún hecho, un detonante que llevara al oficialismo a impulsar el aumento de penas en este momento?

Es básicamente lo que dije antes. Hay un endurecimiento en la resistencia campesina al modelo, hay una lucha por la recuperación de las tierras de la agricultura familiar campesina, por frenar la expulsión campesina. Hay una lucha contra un proceso casi descontrolado de fumigaciones que exige el cultivo de la soja, por ejemplo, y contra el proceso de deforestación y las consecuencias que esto tiene. Ese crecimiento de la resistencia campesina dio paso a un conflicto bastante fuerte en la lucha por la tierra. Un dato que no hay que olvidar es que esta lucha y la confrontación con el modelo y con los empresarios latifundistas sojero-ganaderos es lo que finalmente llevó también al golpe parlamentario contra [el expresidente] Fernando Lugo. En 2012 fue justamente a partir de una ocupación de unas tierras que se produjo aquella balacera en la que murieron campesinos y efectivos policiales, y que provocó el golpe parlamentario. El Estado finalmente tuvo que reconocer que esas tierras que fueron ocupadas le pertenecen al Estado [y no a la familia del empresario y exsenador del Partido Colorado paraguayo Blas Riquelme, como este afirmaba al pedir que se desalojaran por la fuerza]. La creciente resistencia campesina a la también creciente expansión del modelo es lo que lleva a esta confrontación, y yo creo que ellos [el oficialismo], creyendo equivocadamente que van a solucionar el problema, lo que están haciendo es, tal como se vio el miércoles y el jueves, mechas de incendio social. Porque, lastimosamente, lo que vimos esos días, en particular el miércoles, con varios heridos, con varios enfrentamientos, destrozos, es lo que provocó este proyecto, que ya no es proyecto, es ley.

Se ha señalado en el debate sobre este aumento de penas que se castiga con más años de prisión la ocupación de tierras que el homicidio culposo o la trata de personas.

Los penalistas cuestionan desde el punto de vista técnico que esta ley no se corresponde con el espíritu del Código Penal. Hay una desproporción, dicen ellos, en el criterio con que se debe entender todo el sistema penal, y dicen que no hay que distorsionarlo con aumentos de penas sobre una cuestión en particular, en este caso las ocupaciones de tierra. Esa es la principal objeción que hacen los penalistas en Paraguay desde ese punto de vista.

“Lo que vimos esos días, en particular el miércoles, con varios heridos, con enfrentamientos, destrozos, es lo que provocó esta ley”.

¿El gesto del presidente de ir a visitar a los policías heridos es también una manera de confrontar con los manifestantes campesinos?

Los gobierno colorados, y estamos hablando de más de 60 años de gobierno, con ese breve período de Fernando Lugo [2008-2012], cumplen un papel histórico, y Mario Abdo también. Ellos protegen el modelo, ellos incentivan el modelo, y cuando hablamos de las tierras mal habidas en la época de Stroessner estamos hablando de gobiernos colorados, y cuando hablamos de la expansión del modelo agroexportador, extractivista, sojero, de ganadería intensiva, de expulsión de campesinos, estamos hablando de gobiernos colorados. Los gobiernos del Partido Colorado son casi como gendarmes de este modelo de exclusión social. Paraguay desde hace 20 años, excepto en el tiempo de la pandemia, mantiene 3% o 4% de crecimiento del producto interno bruto, pero la pobreza y la extrema pobreza llegaron a 40%. Repito, el que comanda este modelo, el garante de este modelo, es el Partido Colorado, y por lo tanto, ahora el presidente de la República cumple ese papel. En Paraguay la confrontación por la tierra es permanente. Tenemos picos de tensión altos desde hace muchísimo tiempo, y creo que este es un episodio más. Ahora hay que ver qué reacciones genera. Pero esto va a continuar. Cuando se habla de Paraguay hay que estar atento a la lucha social, a la lucha por la tierra, porque este sigue siendo un problema irresuelto de profunda injusticia social.

Protesta frente al Congreso en Asunción, el 29 de setiembre.

Protesta frente al Congreso en Asunción, el 29 de setiembre.

Foto: Norberto Duarte, Afp

¿Esa pobreza que existe en Paraguay es más intensa en el campo que en las zonas urbanas?

Todos los datos, incluso datos oficiales de la Dirección de Estadística y Censo, indican que la mayor concentración de pobreza en Paraguay se da en el campo. También tenemos un creciente nivel de pobreza en la ciudad, pero hay que entender que la exclusión de familias campesinas de las zonas rurales acrecienta su desplazamiento hacia zonas urbanas. Pero sí, estadísticamente, según todas las documentaciones oficiales y los estudios que se realizan anualmente, la mayor pobreza y extrema pobreza están concentradas en el campo.

“Cuando el gobierno de Lugo exigió públicamente en 2012 que algunos tenedores de tierras mostraran sus títulos, 30 días después vino el golpe parlamentario”.

¿Es posible que en algún momento se impulse en Paraguay una reforma agraria que pueda responder a estas demandas sociales?... ¿o enfrenta intereses demasiado grandes?

Una reforma agraria significa en primer lugar la recuperación de millones de tierras mal habidas. En segundo lugar significa la confrontación con el modelo actual. Para hacer una reforma agraria tiene que haber una decisión de una fuerza política. Cuando el gobierno de Lugo exigió públicamente que algunos tenedores de tierras mostraran sus títulos, 30 días después vino el golpe parlamentario. No hay reforma agraria con estos gobiernos. Estos gobiernos protegen el modelo actual. Reforma agraria va a haber cuando en todo caso empecemos de nuevo un camino como el de 2008 [cuando Lugo ganó las elecciones] pero con mayor fuerza política, que nos permita tomar una decisión política, porque implica un nivel de confrontación política. Con estos gobiernos esa posibilidad no existe.

Se acercan las elecciones municipales, el domingo 10 de octubre. ¿Qué expectativas tiene el Frente Guasú? ¿Tienen posibilidades en Asunción, por ejemplo?

Con Asunción tenemos pocas posibilidades de disputar. Sí tenemos candidatos a intendente, lista a Junta Municipal, o sea concejales. La fuerza del Frente Guasú radica en el interior del país. Te diría que en un 70% está en las zonas rurales, y un 30% se distribuye en las zonas urbanas, dentro de las que incluyo a Asunción. Pero acá vamos a ver cómo se reacciona desde el punto de vista del voto en un país muy castigado por la pandemia, por el papel del gobierno en la pandemia, por la corrupción tantas veces denunciada en Paraguay sobre la pandemia y el gobierno. Como en otros países de la región, en Paraguay hay mucha rabia contra el gobierno, y eso quiere decir también mucha rabia contra el Partido Colorado. Estamos hablando de un país muy desprotegido desde el punto de vista de la salud pública, lo que produjo un mayor impacto. Además, se da esta situación [la aprobación de esta nueva ley]. Yo no sé si la gente analiza que las penas pasan de seis a diez años. Acá uno entra a las redes sociales y lo que ve y lo que dice la gente es que el gobierno protege a los tenedores de tierras malhabidas. Entonces yo abro un signo de interrogación. Hay que esperar los resultados para ver, en este clima, que no es normal, obviamente, cómo va a votar la gente, en Asunción y en todo el país. El Frente Guasú tiene sus expectativas en sus centros históricos de apoyo. Vamos a ver en este clima cómo se vota.

¿Cuáles son las zonas del país donde tienen mayores posibilidades de ganar?

Hay departamentos donde el Frente Guasú es muy fuerte: Itapúa, Alto Paraná, San Pedro, Canindeyú. Hay departamentos donde hay una creciente presencia de fuerzas campesinas e indígenas organizadas. Yo diría incluso que esas son zonas de un voto duro del Frente Guasú. De los 17 departamentos hay diez u 11 donde el Frente Guasú mantiene un voto duro, y ahí veremos cuáles son los resultados de la disputa.