El sueño que orientó la vida de Gustavo Petro mediante la lucha armada, la denuncia política, la truculencia electoral y el desafío al establecimiento colombiano se concretó entre símbolos y lágrimas el 7 de agosto de 2022.

Al día siguiente, tras el júbilo, la máxima figura de la izquierda colombiana durante la última década amaneció convertida en presidente, responsable de dirigir un país azotado por múltiples violencias, corrupción, desigualdad y hambre.

Desde entonces hasta hoy, que han pasado ocho meses de su gobierno, los temores y esperanzas ligados al nombre del mandatario se han aplacado, dejando cada vez más limpia la imagen de un reformista obligado a la moderación a causa de la división de poderes.

Recientemente, la coalición que impulsaba sus reformas en el Congreso de la República fue detonada a manos del propio gobernante. Pero, en contraposición al margen de maniobra que se reduce, Petro revuelve constantemente la agenda mediática con declaraciones, propuestas y debates; compulsivamente tuitea, opina sobre su propia gestión, abre frentes de batalla, inicia discusiones, señala adversarios dentro y fuera del país. Abiertamente solicita el respaldo popular con el mismo ahínco con el que conjuró por años el rechazo ciudadano al poder de turno.

Sumados a los logros puntuales, este breve período de gobierno acumula numerosos proyectos en curso, entre los que se destaca la reforma de la salud, controvertida y atacada por su agresiva intervención en la actual dinámica de intermediación de los servicios por parte de terceros. Las sensaciones negativas en la discusión de esta iniciativa derivaron, en febrero, en el primer remezón ministerial de la administración Petro. Por otra parte, con mejores proyecciones y eventuales respaldos, avanza en el Congreso la reforma laboral, complementada con una reforma pensional también en curso.

Ambos proyectos recibieron ya, entre otros, el visto bueno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Puntadas de cambio asestadas

El gabinete original de Petro incluyó representantes de partidos que declararon su apoyo al nuevo gobierno. Un respaldo insospechado, ya que se trataba de grupos que habían participado en la administración anterior, de la que el actual mandatario fue un opositor acérrimo. Las colectividades de los partidos Conservador, Liberal y de la U consolidaron entonces las mayorías legislativas en el pasado mes de setiembre, sumándose a las vertientes tradicionales de izquierda y centroizquierda como el Polo Democrático Alternativo y el Partido Verde.

Con la bancada gobiernista constituida, los esfuerzos legislativos se concentraron en tramitar a toda velocidad la reforma tributaria aprobada en noviembre de 2022. Aunque se vio obligado a ceder en la imposición de tributos a las iglesias, la coalición consiguió instaurar su bandera de equidad con la iniciativa, concepto que Petro repitió nueve veces dentro del escueto programa de gobierno que presentó como candidato a la presidencia. En la práctica, el factor diferencial fue la eliminación de exenciones para los sectores de más altos ingresos, además de medidas para reducir la evasión de impuestos y mitigar los daños ambientales.

Precisamente en el ámbito ambiental, siempre enarbolado en sus discursos como alcalde, senador y candidato, el presidente Petro obtuvo el primer logro de su coalición cuando el Congreso aprobó el Acuerdo de Escazú, apenas dos meses después de su posesión; acto que había sido ignorado durante mucho tiempo en épocas de su antecesor, Iván Duque.

Además, el mandatario ha llevado su mensaje de justicia ambiental y lucha contra el cambio climático al escenario internacional, encontrando eco en propuestas de transición energética y salvaguarda de la selva amazónica después de su primer discurso ante el pleno de la Organización de las Naciones Unidas.

Por último, la reunión de Gustavo Petro con el presidente estadounidense, Joe Biden, hace dos semanas, dejó perspectivas positivas sobre la propuesta de canjear deuda externa por acciones climáticas, lo que representó el mayor logro en la política internacional de la presente administración, después de reanudar las relaciones diplomáticas con Venezuela recién iniciado su mandato, en agosto de 2022.

Esperanzas estancadas

Como predijeron analistas locales, la euforia, necesaria para la campaña, se tradujo rápidamente en la frustración de diferentes grupos sociales, puesto que las promesas de cambio fueron muchas y muy ambiciosas.

Al día de hoy, el gobierno sólo tiene las opciones de cumplir o defraudar. Buena muestra de ello es la materialización del Ministerio de la Igualdad, una cartera prometida por Petro a las mujeres durante la campaña, que cobijaría además asuntos étnicos y de equidad. A la cabeza de este, una vez creado, estaría la vicepresidenta Francia Márquez, crucial en la elección del Pacto Histórico. Sin embargo, la iniciativa naufraga sin haber zarpado mientras el gobierno se ocupa de reglamentar su funcionamiento, dado que los fondos previstos para financiarlo se hundieron en el Congreso.

Junto a las transformaciones que no empiezan, están los ajustes a medias, como en el caso de la condonación de deudas en el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex). Esta entidad otorga préstamos para cursar estudios de pregrado o posgrado y cuenta con más de 1,2 millones de beneficiarios, que, según su plan, pagan determinados intereses sobre su deuda. En setiembre, el nuevo director del Icetex aseguró que la condonación no sería para todos los deudores; en noviembre se anunciaron medidas de alivio para miles de jóvenes y en enero se redujeron las tasas de interés.

Sin embargo, el mes pasado la Procuraduría General de la Nación anunció que la entidad se encuentra desfinanciada y, por lo tanto, estas medidas peligran.

Finalmente, de cara a la ciudadanía, la gestión de la economía y la seguridad han resultado deficientes hasta ahora, causando una sensible caída de la popularidad de Petro. Según la encuestadora Invamer Gallup, el mandatario llegó al gobierno con una aprobación de 56% que, para mediados de abril, había caído ya a 35%.

Fue en este contexto, y tras un futuro poco optimista para el trámite de la reforma de la salud, que el miércoles de la semana pasada Petro solicitó la renuncia de todos sus ministros, aceptando siete de ellas y ajustando un nuevo gabinete. Entre los nuevos nombres se encuentran figuras más íntimamente ligadas al mandatario y se reducen cuotas de partidos, de las que sólo continúa la ministra de Vivienda, representante del Partido Liberal.

Los cuestionamientos no cambian

Una deriva confusa surca la Paz Total, la ambiciosa apuesta del gobierno para encontrar una salida dialogada al conflicto armado con las estructuras ilegales más grandes que operan en el país: el Ejército de Liberación Nacional, el Clan del Golfo y las Disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

En principio, las negociaciones operaron a un ritmo esperanzador, pero tras ciertas salidas en falso de los negociadores y el estancamiento de las conversaciones, durante los últimos meses la violencia en zonas rurales ha continuado, dejando nuevas masacres, asesinatos de líderes sociales y desplazamientos forzados.

Además de los baches en las iniciativas de Petro, la oposición encabezada por los partidos Centro Democrático y Cambio Radical ha contado con escándalos puntuales para atacar la gestión del mandatario. Por ejemplo, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, ha hecho afirmaciones inexactas o de plano falsas sobre el sector que lidera, generando desconfianza e inestabilidad en el mercado petrolero, que actualmente representa los mayores activos del país.

Ciertos nombramientos de figuras sin experiencia sólo por su cercanía con Petro han sido también objeto de señalamientos, como en los casos de Armando Benedetti y Álvaro Moisés Ninco Daza en las embajadas de Venezuela y México. También, más sensiblemente, en el caso de Concha Baracaldo, amiga personal de la primera dama, Verónica Alcocer, quien estuvo cinco meses al frente del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entidad encargada, entre otras funciones, de la protección de la primera infancia.

Curiosamente, la mancha más grave de la administración de Petro en estos ocho meses no pasa por acciones de su gestión, sino por el escándalo que generó la presunta vinculación de su hijo Nicolás Petro, diputado del departamento del Atlántico, con empresarios cuestionados y exnarcotraficantes, que podrían haber entregado dinero ilegal para la campaña presidencial, sin que se haya demostrado que estos recursos efectivamente hayan sido pagados.

Así, con algunos logros, proyectos en marcha, procesos que dan tumbos y opacidad en nombramientos, el gobierno de Petro se enfila hacia su primer año luchando por mostrar como posible el cambio prometido, mientras las instituciones y el flujo político le enseñan cuán difícil es realmente una aventura que imaginó más llevadera.

Alex Campos desde Cali, Colombia.