En el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz, siete militares colombianos reconocieron su participación en los llamados “falsos positivos”, las ejecuciones extrajudiciales en las que el ejército hacía pasar a las personas asesinadas como guerrilleros caídos en combate. Se estima que el Estado mató así a más de 6.400 civiles. A cambio de esas muertes, los militares recibían licencias y otros beneficios.
“Una seguridad construida sobre la sangre inocente de miles, no es seguridad, es la mayor inseguridad humana”, dijo al respecto el presidente colombiano Gustavo Petro, que calificó la práctica de los falsos positivos como “el peor crimen contemporáneo” en su país. “Con estos asesinatos sistemáticos, querían que la zozobra del colombiano se convirtiera en tranquilidad y la tranquilidad en apoyo electoral”, manifestó en Twitter Petro.
“Quienes lo aplauden o lo niegan, niegan la posibilidad sobre estas cenizas de construir la reconciliación de Colombia. Sus autores intelectuales y físicos han escrito una de las peores páginas de la historia de la humanidad. 6.402 jóvenes asesinados por el Estado sólo por recibir unos votos, un aplauso popular, unos pollos o una medalla”, concluyó. El presidente colombiano se comprometió a reparar a las víctimas “hasta donde se pueda”, y a trabajar para que estos crímenes no se vuelvan a repetir.
En sus declaraciones, los militares informaron sobre cómo se llevaba adelante la práctica de los falsos positivos en el municipio de Dabeiba, en el departamento de Antioquia. Según informó la agencia Efe, señalaron que entre las víctimas se encontraron personas en situación de calle, con consumo problemático de drogas o con trastornos mentales. Otras víctimas eran campesinos.
Uno de los declarantes, el exsargento Fidel Ochoa relató: “Interceptamos a un joven con ganas de trabajar, lo engañamos y lo llevamos cerca, al municipio de Dabeiba, donde fue asesinado por el mismo comandante de batallón”. Ochoa explicó que ese asesinato era una especie de demostración para que los demás militares hicieran lo mismo.
Por su parte, el exsargento Jaime Trujillo declaró que a las víctimas les retenían los documentos. Luego las llevaban a la base militar donde las asesinaban, les ponían ropa de camuflaje y las hacían pasar por guerrilleros.