Unos 11.000 policías y militares entraron el 20 de setiembre a la cárcel de Tocorón, en el departamento venezolano de Aragua. En esa prisión surgió hace cerca de una década una de las grandes bandas delictivas de América del Sur, el Tren de Aragua. Esta organización ha sido comparada con el Primer Comando Capital de Brasil, justamente por su arraigo dentro de las cárceles y su capacidad de dirigir desde allí sus actividades.
En Tocorón, el grupo había creado un centro de operaciones con comodidades inusuales para una prisión. Contaba con piscina, parques para niños, comercios, bares y hasta un zoológico privado. Según mostraron las autoridades venezolanas a un grupo de periodistas, en ese lugar también se encontró un sistema de túneles y un arsenal que incluía lanzacohetes y armas de francotiradores.
Allí vivía el líder del Tren de Aragua, Héctor Rusthenford Guerrero Flores –conocido como el Niño Guerrero–, condenado a 17 años de prisión. Sin embargo, cuando los funcionarios armados ingresaron al penal, Guerrero ya no se encontraba allí, ni tampoco otros de los líderes de la banda. De acuerdo con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, las fugas fueron posibles porque “un grupo de funcionarios” que “ya están presos” los alertaron del operativo.
Si bien el gobierno venezolano no informó cuántos son los integrantes del Tren de Aragua que lograron escapar de Tocorón, en Chile se emitió una alerta migratoria para Guerrero y otros 42 miembros de la banda. En Colombia la Policía anunció que trabaja con Interpol para evitar que Guerrero atraviese sus fronteras, y lo mismo hizo Ecuador, aunque el ministro del Interior, Juan Zapata, manifestó que el Tren de Aragua no opera en ese país.
Venezuela anunció esta semana que ofrecerá una recompensa por Guerrero, a quien se busca por los delitos de homicidio, secuestro y terrorismo, y comunicó que las autoridades locales coordinan acciones con Colombia, Ecuador y Chile para encontrarlo. También Perú ofrece una recompensa por Guerrero. “500.000 soles [unos 132.000 dólares] es lo que se va a recompensar al ciudadano que reporte el ingreso de este cabecilla del Tren de Aragua”, dijo el ministro del Interior peruano, Vicente Romero.
Dudas planteadas
Aunque el 20 de setiembre las autoridades de Venezuela celebraron el “éxito” de la operación en Tocorón y declararon el fin del Tren de Aragua, luego debieron informar de las fugas y aclarar que no hubo “negociación alguna” con esa organización criminal. Así lo dijo el ministro del Interior y Justicia, Remigio Ceballos, después de que la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Prisiones denunciara en un comunicado recogido por varios medios que la intervención en la cárcel de Aragua “fue conversada” con los presos que controlaban ese lugar.
El director del observatorio, Humberto Prado, dijo a la Deutsche Welle que “ha habido diversas tomas de penales, y todas, menos esta, tienen algo en común: la operación de recuperación ha durado siempre días o semanas, mientras la de Tocorón duró sólo cinco horas, a pesar de ser la base de operaciones del Niño Guerrero, el jefe de la mayor banda criminal transnacional de Venezuela”.
Según la organización no gubernamental InSight Crime, en esa prisión, además de Guerrero, que cumplía su condena, se encontraban líderes de la banda que eran buscados por la Policía, como José Ángel Santana, conocido como el Santanita.
La cárcel funcionó además como un centro de reclutamiento de nuevos integrantes del Tren de Aragua. Fue también un lugar en el que desarrollar las prácticas de extorsión de la banda, que exigía a los demás presos el pago de “la causa”, una cuota mensual.
Banda transnacional
Aunque el ministro Ceballos anunció que se ha “desmantelado totalmente” el Tren de Aragua, la banda no opera sólo en Tocorón ni se limita a las fronteras de Venezuela. Se ha detectado también en Chile, Colombia y Perú, y se sospecha que está presente en otros países. En junio, durante una interpelación en el Parlamento, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, descartó que esa organización haya llegado a Uruguay.
En Perú, según publicó el fin de semana el diario El Comercio, varios líderes del Tren de Aragua, entre ellos el venezolano Héctor Prieto, dirigen sus actividades desde la cárcel y han logrado dar órdenes al exterior mediante mensajes de audio. Así dispusieron que se cometieran delitos de homicidio, secuestro, extorsión y trata de personas.
“La lógica de los jefes es simple”, dijo al diario chileno La Tercera Ronna Rísquez, autora del libro El Tren de Aragua: la banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina. “Las personas que salen de prisión no tienen recursos, a muchos los olvidaron sus familias y carecen de oportunidades laborales. ¿Quién le ofrece trabajo a un exconvicto? Bueno, es allí, en ese otro bache del Estado y de la sociedad, en el que los integrantes del Tren de Aragua encontraron una cantera para reclutar mano de obra que necesitan para sus operaciones en Venezuela y el exterior”. De ese modo, la banda se estableció en el barrio San Vicente, en Maracay, la capital de Aragua.
Rísquez agregó que en 2017, cuando se intensificó la emigración de venezolanos, la banda “siguió la ruta de los migrantes” para tomar control de los pasos fronterizos y cobrar por atravesarlos. Así se expandió a Colombia, en particular a las regiones cercanas a Venezuela. La investigadora dijo en otra entrevista, con la BBC, que “puede que los migrantes venezolanos se hayan convertido en las principales víctimas del Tren”. Afirmó que sufren extorsiones por parte de la banda, que además lucra con el tráfico de personas y la explotación sexual.
En Chile, el Centro de Investigación Periodística ha informado de casos de asesinatos y torturas atribuidos a integrantes del Tren de Aragua, así como otros de tráfico de migrantes y explotación sexual de mujeres, en muchos casos venezolanas. De acuerdo con ese medio, en el país fueron identificados unos 350 integrantes de la banda, de los cuales más de un centenar fueron detenidos.
También el gobierno de Bolivia investiga los posibles nexos del Tren de Aragua con delitos cometidos en el país. El jueves, Eduardo del Castillo, el ministro de Gobierno, cartera equivalente a Interior, informó que se estudia si esta banda está vinculada con un caso de trata y tráfico del que fueron rescatadas unas 20 personas.
Los orígenes
Algunas versiones afirman que el nombre de la banda se vincula con un sindicato que se iba a encargar de construir un tramo del Ferrocarril de Venezuela en Aragua, en 2005. Así lo afirma InSight Crime, y lo mismo dijo a la BBC el profesor de Criminología de la Universidad Central de Venezuela Luis Izquiel. Según informaron, el grupo exigía a los contratistas un pago a cambio de seguridad, y vendía puestos de trabajo en esa obra.
En cualquier caso, todas las versiones coinciden en que el Tren de Aragua comenzó a operar como banda delictiva en Tocorón y en que fue desde la cárcel que la organización creció durante una década. Comenzó con extorsiones a los otros presos, y desde entonces la banda desarrolló una variedad de actividades ilegales cada vez más amplia, que incluyen el tráfico de drogas, la minería de oro, el homicidio y el secuestro. También comenzó a asociarse con otras organizaciones criminales, a las que les vendió armas o les ofreció el servicio de sicarios.
El líder del Tren de Aragua, el Niño Guerrero, nacido en Maracay en 1983, ingresó a Tocorón en 2010. Si bien logró escaparse en 2012, al año siguiente fue capturado otra vez y condenado por homicidio, tráfico de drogas y ocultamiento de armas de guerra, entre otros delitos. Con el tiempo, convirtió Tocorón en un refugio seguro para él y su banda, que controlaba el lugar y a los demás presos. Hasta la semana pasada, dentro de esa prisión se practicó “un maltrato a los privados [de libertad] por parte de estas bandas criminales, una especie de esclavismo”, manifestó el ministro Ceballos.
Después de la intervención, las autoridades venezolanas informaron que las 1.600 personas que cumplían condenas en esa prisión serán trasladadas a otros centros de reclusión y que las instalaciones de Tocorón serán derruidas para reestructurar el penal.