Un juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil dijo que existieron planes de asesinarlo durante el asalto a las sedes de los tres poderes

Alexandre de Moraes, uno de los integrantes del Supremo Tribunal Federal de Brasil, reveló que el 8 de enero de 2023, cuando una multitud de bolsonaristas asaltó las sedes de esa corte, del Congreso y de la Presidencia, hubo planes para detenerlo y asesinarlo.

Uno de esos planes incluía ahorcarlo públicamente en la Plaza de los Tres Poderes, en Brasilia, dijo De Moraes en una entrevista con O Globo. Otro consistía en que fuerzas especiales del Ejército lo detuvieran “un domingo” y lo trasladaran a Goiânia, a 200 kilómetros de Brasilia, para matarlo. El tercero era similar pero apuntaba a que lo asesinaran y se deshicieran del cuerpo durante ese traslado, reveló el juez.

Para el magistrado, esos planes ponen en evidencia “el nivel de agresividad y odio” de los militantes de extrema derecha que hicieron destrozos en las sedes de los tres poderes del Estado y que reclamaban una intervención militar para derrocar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que acababa de asumir el cargo.

De Moraes es el encargado de investigar aquellos hechos, de los cuales se cumple un año el lunes. “Hay una causa preliminar que investiga también la participación de la Abin [Agencia Brasileña de Inteligencia] para que siguiera mis pasos sin necesidad de realizar una detención. Era algo que ya esperaba de golpistas criminales. Me mantuve tranquilo. Nada de eso ocurrió, estoy bien”, dijo De Moraes, según citó la agencia Télam.

Los funcionarios de la Abin emitieron una carta en la que manifestaron su “consternación ante las publicaciones” en las que se “apunta a un supuesto involucramiento del órgano en el planeamiento de un atentado contra la vida de ministro del Supremo Tribunal Federal”.

El juez era considerado un enemigo por los extremistas que llevaron adelante la asonada del 8 de enero porque estaba a cargo de varias investigaciones contra el expresidente Jair Bolsonaro. También el propio gobernante lo hacía blanco de sus críticas.

En la investigación a cargo de De Moraes sobre lo ocurrido hace un año fueron procesadas 1.390 personas. Una treintena de ellas ya fueron condenadas, con penas de hasta 17 años de prisión, y 66 están en la cárcel, ya sea en cumplimiento de su sentencia o como medida preventiva mientras son juzgadas.

“Ninguno de estos golpistas sostendría que alguien que robó una computadora portátil no puede ser detenido. ¿Y ellos, que atacaron la democracia, no pueden? Los presos son de clase media, principalmente del campo, y piensan que la cárcel es sólo para los pobres. La Justicia tiene que ser igual para todos”, dijo el juez. “Todas las personas sobre las cuales la Policía Federal encuentre indicios serán investigadas”, manifestó.

El subsecretario de Justicia y Seguridad Pública de Brasil, Ricardo Capelli, dijo que es “gravísimo e inaceptable pensar en atentar contra la vida de un ministro de la suprema corte de Brasil”, y afirmó que esos hechos deben ser investigados hasta “las últimas consecuencias” para identificar y condenar a los responsables, según citó Agência Brasil. Capelli agregó en una rueda de prensa que “el plan contra el ministro Alexandre de Moraes indigna a todos los demócratas”.

Para el jerarca, lo ocurrido hace un año muestra que “el odio no era sólo hacia los adversarios políticos: era un odio a los poderes [del Estado], a las instituciones, un odio a la República, a la Constitución”, dijo a la revista Carta Capital.

“Fueron cuatro años del expresidente atacando a las instituciones”, agregó. “No hay precedente en la historia de Brasil de campamentos montados frente al Ejército. Jamás aquellos campamentos habrían sido instalados sin que hubiese una connivencia y un permiso del jefe de las Fuerzas Armadas de entonces, Jair Bolsonaro”, señaló.

Para el lunes, cuando se cumple un año de aquella asonada, el presidente brasileño llamó a todos los poderes del Estado a participar en un acto para recordar esos hechos, acerca de los cuales dijo que dejaron “cicatrices profundas”, dividieron el país y pusieron en riesgo la democracia.

Más de 2.000 integrantes de la Policía Militar del Distrito Federal de Brasilia estarán encargados de vigilar el lunes la Explanada de los Ministerios. Si bien no se identificaron amenazas específicas a la seguridad del acto, se dispuso esta vigilancia, que cuadriplica la del 8 de enero de 2023, según surge de una comisión parlamentaria que investigó los hechos ocurridos ese día.

La posibilidad de que surjan amenazas a la seguridad “es monitoreada día a día y todos los recaudos están siendo tomados para que tengamos un día 8 de celebración democrática histórica en Brasil”, dijo Capelli.

El subsecretario señaló que no se prevé que se repitan hechos como los de hace un año porque “la reacción de la sociedad y de los poderes [del Estado] fue muy fuerte, y esa reacción estableció un límite muy claro”, según citó Agência Brasil. El jerarca agregó que “Brasil es un país libre y democrático” en el que todos pueden manifestar “su preferencia política e ideológica libremente, y es bueno que así sea. Ahora, no se debe confundir manifestación democrática con intento de golpe de Estado, no se debe confundir manifestación democrática con ataque a los poderes”.

Para Capelli, “una de las diferencias de este próximo 8 de enero es que Brasilia tiene ahora autoridades policiales honradas y comprometidas con la democracia”.

También el secretario de Seguridad Pública del gobierno de Brasilia, Sandro Alencar, que está a cargo de la seguridad en la Explanada de los Ministerios, dijo que lo ocurrido el 8 de enero pasado “no se va a repetir, en razón del trabajo de inteligencia que hemos hecho”.

Está previsto que en el acto convocado por Lula participen los presidentes del Poder Legislativo y el Judicial, ministros, gobernadores, parlamentarios, y también representantes de la sociedad civil. El presidente manifestó su voluntad de que todos ellos estuvieran presentes “para que la gente nunca más ponga en duda que el régimen democrático es lo único que da certeza de que las instituciones funcionen y el pueblo tenga acceso a participar en la riqueza que él produce”.