El gobierno de la presidenta Dina Boluarte, que cuenta con una aprobación de apenas 3%, ha presentado sucesivas iniciativas en seguridad pública, un asunto que preocupa a la población peruana. Según una encuesta de Ipsos, 62% de los ciudadanos considera que en los últimos 12 meses aumentó el delito o la violencia en sus barrios.

Primero, el gobierno propuso aplicar una política de seguridad y carcelaria similar a la del presidente salvadoreño Nayib Bukele, pero esa intención se fue diluyendo en el tiempo.

De todos modos, Boluarte insistió en nuevas medidas de mano dura. Días atrás llamó a debatir la incorporación de la pena de muerte para los delitos de violación cuando son cometidos contra menores de 18 años. La presidenta propuso esta discusión, en un momento en que la población está indignada por el femicidio de una niña. Pero su iniciativa fue recibida con críticas: la medida fue calificada de oportunista, incapaz de frenar este tipo de crímenes y destinada a distraer a la opinión pública de las crisis que enfrenta el gobierno.

Otra iniciativa, que sí prosperó, es una ley impulsada por el Ejecutivo con la intención de que los policías contaran con “mayor protección” en los casos en que mataran o lesionaran a una persona usando sus armas cuando están en funciones.

La discusión parlamentaria se centró en ese punto. Pero la Ley 32181 –que fue aprobada y promulgada esta semana, y está vigente desde el jueves– incluye también un artículo que tiene como efecto la eliminación de la prisión preventiva para todo aquel que cometa un delito excepto en los casos de flagrancia, es decir, si es detenido en el momento en que lo está cometiendo o poco después. Supuestamente, surgió por una intención de evitar que a los policías se les aplicara la prisión preventiva de manera excesiva, pero abarcó mucho más.

Contra los delitos más leves

Una vez que esto se hizo público, se multiplicaron las críticas contra la norma. Se señaló que afecta a las investigaciones más difíciles y las que involucran a personas más poderosas, por ejemplo, las de corrupción o crimen organizado.

La prisión preventiva se aplicaba a los investigados por delitos graves, aquellos que tienen penas de más de cuatro años de cárcel, y también se disponía para evitar que un indagado huyera o interfiriera en la investigación, por ejemplo, amedrentando testigos o alterando las pruebas.

El vocero del Ministerio Público, Víctor Cubas, dijo a Radio Programas del Perú que incluso el autor del femicidio que tiene indignados a los peruanos podría quedar en libertad con esta norma. “Nada le impide al abogado hacer alegaciones de que su patrocinado está detenido ilegalmente porque no ha sido sorprendido en flagrancia. Dependerá de cómo interpreten la disposición los jueces para declarar fundado o infundado el pedido. Es sumamente grave. Se van a ver favorecidas muchas otras personas como esta que cometen delitos en agravio de menores, sicariato, extorsión y, en general, todos los delitos graves”, dijo.

Cubas afirmó que “la ley es contradictoria en sí misma”, ya que los casos de flagrancia “son generalmente de delitos menores”. El vocero señaló que habitualmente “no caen en flagrancia los casos de criminalidad organizada”.

El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, Juan Burgos, dijo que la nueva ley incluso podría beneficiar al hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, para quien un juez dispuso 36 meses de prisión preventiva en una audiencia a la que no se presentó. El abogado del investigado, Luis Vivanco, dijo que “él está ejerciendo un derecho de toda persona a sustraerse y a no someterse a una decisión que a todas luces es arbitraria, injusta y que presenta tinte político”, según informó CNN. Nicanor Boluarte es acusado de integrar una organización criminal y haber ejercido tráfico de influencias en un caso que investiga irregularidades en el nombramiento de autoridades.

Las iniciativas para dar marcha atrás con este artículo surgieron desde distintos ámbitos. El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, dijo que los jueces podrían declarar inaplicable esta norma si la consideran contraria a la Constitución, mientras que el titular del Congreso, Eduardo Salhuana, consideró: “Tenemos que rectificar, me parece que no permitir la detención preliminar a quienes no están en flagrancia va a limitar la acción de justicia”.

Incluso el ministro de Justicia, Eduardo Arana, manifestó que el Poder Ejecutivo evaluará la posibilidad de modificar esa disposición, y señaló también que el Ministerio Público puede presentar un recurso contra la ley ante el Tribunal Constitucional.

En un mal momento

Esta norma comenzó a regir en un mes en el que la presidenta peruana suma nuevos motivos de rechazo. A comienzos de diciembre, congresistas opositores evaluaron la posibilidad de pedir la destitución de Boluarte por un supuesto abandono del cargo. Según su ex primer ministro Alberto Otárola, la presidenta se sometió a una cirugía estética en la nariz en 2023 sin cumplir con las comunicaciones al Congreso que están previstas cuando tiene que ausentarse. Después se alegó desde el gobierno que la cirugía se dispuso por motivos de salud, y no estéticos, y que la presidenta no abandonó el cargo.

“Esta presidenta no tiene nada que esconder”, dijo Boluarte, y atribuyó a intereses de sus “detractores” las acusaciones en su contra y la investigación que involucra a su hermano.

Una de las acusaciones que pesan sobre Boluarte es la de su responsabilidad por la muerte de 50 personas y las heridas sufridas por otras 716 durante las protestas que siguieron a su llegada a la presidencia, hace dos años, cuando fue depuesto el entonces presidente Pedro Castillo, que amenazó con cerrar el Congreso. La crisis institucional motivó protestas y el gobierno de Boluarte desató una represión violenta sobre civiles desarmados, muchos de ellos indígenas y campesinos.

Esta semana, una periodista del diario peruano La República, le preguntó al ministro de Educación, Morgan Quero, por qué no se recordó a las víctimas de la represión el 10 de diciembre, cuando se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos. “Los derechos humanos son para las personas, no para las ratas”, respondió el ministro.

Después, Quero insistió con que su respuesta se debió a un malentendido y que pensó que le estaba preguntando sobre la pena de muerte para violadores de menores.

Algunos no se conformaron con ese argumento, entre ellos el abogado Javier Adrianzén y el presidente del partido Voces del Pueblo, Ronald Atencio, que presentaron, cada uno por su lado, denuncias penales contra Quero por los delitos de discriminación e incitación a la discriminación. El ministro tampoco conformó a la Defensoría del Pueblo, que en un comunicado manifestó “su total rechazo e indignación ante estas ofensivas afirmaciones que afectan la memoria de las víctimas y reviven el dolor de sus familiares”. En el texto, la defensoría agregó que “es evidente la intolerancia y discriminación entre peruanos, más aún cuando las expresa un funcionario de alto nivel en el marco de la reciente conmemoración del Día de los Derechos Humanos”, y exigió a Boluarte “la inmediata destitución del titular de la cartera de Educación”.