La decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela de ratificar el triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio generó nuevas reacciones de rechazo porque no aportó ningún nuevo elemento que despeje las dudas sobre esos resultados.

Si bien estaba previsto que el tribunal analizara las actas electorales desagregadas, esos documentos no se hicieron públicos. Tampoco se dieron a conocer los nombres de los expertos encargados de los peritajes en los que se basó el pronunciamiento ni se brindaron detalles de esos procedimientos. Además, el TSJ ratificó la afirmación del gobierno de que existió un ataque informático el día de las elecciones, pero no aclaró qué impacto tuvo en el proceso ni aportó ningún otro dato.

Una de las reacciones más duras ante el fallo del TSJ fue la del gobierno chileno. “No hay duda de que estamos frente a una dictadura que falsea elecciones, reprime al que piensa distinto y es indiferente ante el exilio más grande del mundo, sólo comparable con el de Siria, producto de una guerra”, manifestó el presidente Gabriel Boric. Agregó que Chile “no reconoce este falso triunfo”, y que el pronunciamiento judicial es “un nuevo portazo” para quienes piden “democracia”.

Boric dio por sentado que recibiría insultos por estas declaraciones, y así fue. El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, lo calificó de “ridículo sirviente” y dijo que pasó “de ser el hazmerreír de un continente al más sumiso peón del imperialismo”. Afirmó que merece la “lástima que se les reserva a los que están destinados a ser algo peor que la nada”.

Venezuela también respondió a un comunicado emitido por 11 países del continente que cuestionan el fallo del TSJ. El texto, firmado por Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, pone en duda “la supuesta verificación de los resultados del proceso electoral del 28 de julio, emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que pretende convalidar los resultados sin sustento emitidos por el órgano electoral”.

“Nuestros países ya habían manifestado el desconocimiento de la validez de la declaración del CNE, luego de que se impidió acceso a los representantes de la oposición al conteo oficial, la no publicación de las actas y la posterior negativa a realizar una auditoría imparcial e independiente de todas ellas”, agregaron.

Recordaron además que una misión internacional enviada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) cuestionó la independencia del CNE y el TSJ. Según la misión, los dos órganos están integrados por militantes oficialistas y reciben mensajes claros del gobierno.

“Los países que suscriben reiteran que sólo una auditoría imparcial e independiente de los votos, que evalúe todas las actas, permitirá garantizar el respeto a la voluntad popular soberana y la democracia en Venezuela”, manifestaron en el comunicado. “Expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo por las violaciones a los Derechos Humanos perpetradas contra los ciudadanos que pacíficamente reclaman el respeto al voto de la ciudadanía y el restablecimiento de la democracia”, agregaron.

Para el gobierno de Venezuela, los 11 gobiernos firmantes del “grosero e insolente comunicado” son “cómplices de la violencia criminal” de las protestas que siguieron a las elecciones. Según el gobierno de Maduro, en esas manifestaciones se utilizaron “bandas criminales transnacionales contratadas para tal fin”. Esos países, agrega, “pretenden continuar violando el derecho internacional, cometiendo un acto inaceptable de injerencia en asuntos que sólo competen a los venezolanos”.

El gobierno advirtió además que “pulverizará todas y cada una de las acciones que intentan iniciar” estos países “a través de sus fracasados gobiernos en contra del pueblo venezolano”.

La coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática, que presentó más de 83% de las actas electorales y afirma que el ganador de las elecciones fue su candidato, Edmundo González Urrutia, agradeció a los 11 países que firman el comunicado conjunto “por mantener su posición firme de no avalar el anuncio del TSJ sobre los votos del 28 de julio”. Agregó que “la soberanía popular debe ser respetada y las instituciones del Estado se deben a ella”.

Brasil, Colombia y México, que han defendido una negociación entre la oposición y el oficialismo, no se pronunciaron sobre el fallo del jueves, mientras que Cuba y Nicaragua celebraron esa confirmación de la victoria de Maduro.

Fuera de la región, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, advirtió que el bloque no va a reconocer la reelección de Maduro “mientras los resultados no sean verificables”.

“De momento no hemos visto ninguna prueba”, dijo. “Nadie ha visto las actas electorales que el CNE debe mostrar para demostrar cuál es este resultado”, agregó Borrell, y adelantó que impulsará una posición común sobre el tema entre los 27 países de la Unión Europea.

António Guterres, el secretario general de la ONU, también reclamó “total transparencia” en los resultados y manifestó en un comunicado que se limita a “tomar nota” del fallo judicial. Además reclamó al gobierno de Maduro “protección absoluta y respeto a los derechos humanos” y manifestó su “preocupación” por informes que reportan detenciones arbitrarias de menores, acciones contra periodistas, defensores de los derechos humanos y activistas de la oposición.

El jueves, el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, había manifestado en respuesta a una consulta periodística que la ONU, “como siempre”, está “disponible” para hacer esfuerzos de mediación para destrabar la situación.

Medidas oficiales

Al conocerse el resultado, en una demostración de alineamiento con el gobierno, las Fuerzas Armadas de Venezuela reiteraron su “absoluta lealtad al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro Comandante en Jefe, reelecto por el Poder Popular, legítimamente proclamado por el Poder Electoral y ahora ratificado por el máximo tribunal de justicia del país, para el próximo período presidencial”. Así lo afirmó un comunicado firmado por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino.

El funcionario lamentó que hayan existido intentos de alterar la institucionalidad venezolana por parte de “grupos fascistas de extrema derecha que pretendieron concretar un golpe de Estado”. Acusó a esos grupos de recurrir “a la violencia y al enfrentamiento entre connacionales, además de actos terroristas, vandálicos y cibernéticos, que fueron debidamente controlados por el esfuerzo de la unión cívico-militar-policial, pero que lamentablemente dejaron un nefasto saldo de varios fallecidos y heridos, así como cuantiosos daños materiales”.

Otra reacción provino de la Fiscalía General, cuyo titular, Tarek William Saab, dijo que citará a González Urrutia por una investigación penal en la que se presume que cometió delitos vinculados a la denuncia de fraude electoral que hizo la oposición.

En declaraciones al canal estatal VTV, dijo que el excandidato opositor debe declarar sobre “su responsabilidad en el antes, durante y después del 28 de julio, por su contumacia, su desobediencia a las autoridades”. Advirtió, además, que el exdiplomático “ha usurpado” una función “que solamente le corresponde” al CNE.

“Él no da la cara, no se sabe dónde está”, dijo, y agregó que el dirigente opositor está escondido debido a “su extrema cobardía, terror y temor a la justicia”.

Después de conocido el fallo del STF, militantes del oficialismo participaron en una marcha al Parlamento, la Asamblea Nacional, en defensa de un proyecto de “ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares”, que todavía se está elaborando y que Maduro había anunciado el 17 de agosto. Ese día, el presidente, aludiendo a la Plataforma Unitaria Democrática, advirtió: “Estamos enfrentando a una gente malévola, fascista. ¿Ustedes entienden bien lo que es el fascismo? Es el odio, la intolerancia, convertida en violencia”.