El 3 de octubre, Alberto Fernández y Fabiola Yáñez están citados a una mediación prejudicial por el reclamo de alimentos. En la cita, la mujer –o quien la represente– transmitirá la exigencia de 7.000 euros mensuales para ella y su hijo, Francisco.

De acuerdo a una fuente al tanto del expediente, Yáñez entiende que ese monto es el mínimo necesario para afrontar en Madrid gastos de vivienda, auto, alimentación, educación para Francisco y asistente en el cuidado. Como parámetro, el alquiler mensual promedio de un departamento de 90 metros cuadrados en España es de 1.062 euros, según el portal Pisos.com. Cerca de la Plaza de Cibeles, en Madrid, donde vive Fabiola con su hijo, ese precio se duplica o triplica de acuerdo a las pretensiones.

El juzgado civil 102 de Capital Federal dispuso esta semana el embargo del 30% de la jubilación de Alberto Fernández, que ronda los diez millones de pesos argentinos (aproximadamente 10.000 dólares).

La medida provisoria no detiene el reclamo de Yáñez, equivalente al 80% del único ingreso con el que dice contar el exmandatario.

Aunque transmite a su entorno su compromiso de que no le falten recursos a Francisco y que prestará conformidad a que se fije un monto mensual por alimentos, Fernández apelará el embargo del 30% de su jubilación como expresidente, indica una segunda fuente al tanto del caso. Hasta el 10 de agosto, cuando la fiscalía federal de Ramiro González ordenó la incautación de su celular, el exmandatario constató que había 17.000 euros en la cuenta del Banco Santander de España manejada por Yáñez, por lo que argumenta que ella no tendría urgencias económicas. Fernández sostiene que puede solventar con creces la vida de Francisco en Buenos Aires, no en Madrid.

En los meses previos a que el conflicto se hiciera público, Yáñez recibía 7.000 euros por mes en la cuenta del Santander, que eran los honorarios que recibía Fernández –de acuerdo a la segunda fuente– por la organización de un curso en la Universidad Internacional de La Rioja, la institución privada de educación a distancia con mayor mercado en España. Ese ingreso dejó de ser percibido, según esa versión.

La expareja de Fernández declaró que se siente amedrentada y no se encuentra en condiciones de trabajar en España, por lo que no tiene ingresos propios. Como en casi todos los planos del expediente, hay versiones contrapuestas sobre el medio de vida de Yáñez en Madrid. Una fuente próxima a ella transmite incertidumbre sobre de qué vivirá en el futuro inmediato, mientras otros conocedores de la pareja afirman que recibió un pago por la entrevista concedida a Infobae apenas surgió el escándalo. La versión, que va desde decenas de miles a cientos de miles de dólares, no fue confirmada por este medio. La menor de las cifras es de por sí muy elevada para los usos y las costumbres de los conflictos mediatizados de famosos, aunque el caso Fernández-Yáñez reviste características excepcionales.

El presunto documental en el que Yáñez narraría los padecimientos sufridos parece haber quedado en un limbo. Sandra Borghi, periodista de TN, dijo haber visto de primera mano tramos de esa larga entrevista, pero otros ponen su existencia en duda. Se haya realizado o no, el valor de ese trabajo parece haber descendido drásticamente a la luz de los pormenores ventilados de la conflictiva y tóxica relación de pareja.

Sin el valor de la primicia, el material podría recobrar interés en el marco de una producción mucho más ambiciosa, con otros entrevistados y diferentes locaciones, algo que requeriría un costo más elevado para un público dudoso. El expediente principal en Comodoro Py está siendo pródigo en información y chismes. En ese sentido, el hallazgo presuntamente fortuito de la foto del ojo en compota de Yáñez en el celular de María Cantero, exsecretaria de Fernández, en el contexto de una causa por presunta corrupción, fue una pésima noticia para la producción audiovisual.

En la entrevista con Infobae, Yáñez dijo en varias oportunidades que no podía contar detalles en virtud del acuerdo de confidencialidad, se supone que firmado con la producción del documental. Ese reportaje fue acordado por Yáñez con Infobae antes de que la abogada Mariana Gallego se hiciera cargo de su representación.

De haber intervenido a tiempo, Gallego habría desaconsejado el diálogo, porque su criterio es que las declaraciones deben agotarse primero en el expediente.

El exmandatario mantiene una conversación de unos diez minutos diarios con Francisco a través de un celular, sin intervención de otra persona más que para atender la llamada. En lo que abriría otro foco de conflicto, Fernández tiene planeado revocar el permiso para que su expareja viva con el hijo de ambos, de dos años, en el exterior, dado que –según razonó ante allegados– el único motivo que justificaba la residencia en España era su actividad en la Universidad Internacional de La Rioja.

La particularidad de la testigo B

La administración del goteo de filtraciones que pintan la relación entre ambos y su traumático desenlace, con todo lo arbitrario y voluble de esos sablazos mediáticos, se transformó en tan o más importante que el contenido real del expediente judicial.

Reloj y calendario en mano, surgen audios, intercambios de Whatsapp y testimonios que orientan a pensar que la expareja de Fernández fue víctima de una violencia cotidiana y extendida en el tiempo o bien la autora de una operación sórdida pergeñada durante años. El punto intermedio no debe ser descartado.

La semana fue escenario de filtraciones de alto impacto. El martes, Fernández presentó a la testigo B, la quinta mujer aportada por la defensa del exmandatario que declaró detalles sobre la presunta adicción empedernida al alcohol de Yáñez que le habría ocasionado reiterados golpes autoprovocados. La testigo B reviste una particularidad con respecto a sus pares A, D, F y G, testimonios ante escribano incorporados al expediente en sobre cerrado, que se supone repetirán sus dichos en el contexto de una declaración judicial a ser prestada en los próximos días. Por ahora –estima la primera fuente–, los dichos de esas personas no son más que palabras incorporadas sesgadamente por la defensa de Fernández, sin valor probatorio, en tanto no se vieron confrontadas por las preguntas de la fiscalía y Gallego, la abogada de Yáñez.

A, D, F y G son amas de llaves y niñeras que trabajaron en Olivos. Grosso modo, coincidieron en narrar las maniobras de Yáñez para obtener alcohol y el trato correcto de parte del expresidente. B, en cambio, es una examiga de Yáñez con la que compartió mucho tiempo en Olivos y en Misiones, que le agrega una presunta especulación de la expareja presidencial al sacarse fotos de moretones “porque no soy tonta y para tenerlas por las dudas”.

Además, B introduce un elemento irrelevante para el fondo del asunto, pero significativo para el chusmerío de las infidelidades. Hay encuestas que afirman que pesa más en la opinión adversa a Fernández el asunto de las mujeres que habrían visitado Olivos y la Casa Rosada, más los levantes por Instagram y Whatsapp, que la denuncia de violencia machista en sí, que despierta cautela sobre su veracidad. Un modelo como presunto acompañante de Yáñez en sus viajes a Misiones remueve ese barro.

La contraofensiva ante el testimonio de B llegó a primera hora del miércoles, cuando salió a la luz una grabación en la que la pareja intercambiaba insultos, con la carga mayor de violencia en la palabra del expresidente.

Esa escena ocurrió a comienzos de 2023. En el audio, Yáñez parece hacer referencia a una producción de una amiga llamada Sandra, y Fernández rechaza el reclamo en los peores términos y le reprocha a la mujer que nunca quiere ver cine argentino. La catarata de insultos proferida por Fernández no deja dudas de su violencia verbal. El próximo paso sería la física, que es lo punible y el objeto de prueba.

La amiga en cuestión es Sandra Rojas. Se trata de una exvocera de los funcionarios menemistas Carlos Ruckauf y Carlos Corach, luego galerista y, más tarde, productora de cine, que se transformó en una persona muy cercana a Fabiola, con quien viajó a España y Francia durante el mandato presidencial. Según la versión de la segunda fuente con acceso al expediente, Yáñez reclamó insistentemente un subsidio para su amiga y Fernández lo rechazó con las agresiones que reproduce la grabación.

Pulseada crucial sobre un tratamiento con agujas

A horas de la llegada de Miriam Verónica Verdugo de Yáñez, la madre de Fabiola, para declarar el jueves ante la fiscalía de González, en Comodoro Py, se conocieron los intercambios de Whatsapp entre la mujer y Fernández en los que este le solicitaba ayuda para controlar el alcoholismo de Fabiola y le reprochaba aparente complicidad en el suministro de alcohol. Los diálogos transcriptos, con corrección de parte de Fernández, ocurrieron entre enero de 2020 –apenas la pareja desembarcó en Olivos– y febrero pasado, en una de las estancias del exmandatario en Madrid. Como todas las filtraciones, no deja de ser una selección de una de las partes que el peritaje sobre los aparatos terminará de dilucidar, aspecto crucial en una causa en la que los celulares caen al agua, se pierden o su contenido se evapora.

Verónica Verdugo declaró haber sido testigo directo de golpes de Fernández a Yáñez cuando esta cursaba el octavo mes de embarazo –un puntapié en el piso– y ratificó la versión de Fabiola de que el exmandatario la indujo a realizarse un aborto en 2016. Ese aspecto, que pasó a ser central en la causa porque es sindicado por la expareja de Fernández como la causa que la llevó a la adicción al alcohol, también fue sostenido por Tamara Yáñez, la hermana, en su turno de declaración, el lunes. En simultáneo con la declaración de Verónica, fueron difundidas más fotos del ojo lesionado de Fabiola en junio de 2021 y otra selfi, poco justificable, de la pareja en la cama.

Los casos de violencia de género se tramitan en juzgados civiles, muy rara vez en fuero federal. Según entiende la defensa de Yáñez, la denuncia de la presunta víctima, la existencia de fotografías y el aval de testigos que dan crédito a una mala relación son suficientes para declarar la culpabilidad del acusado en delitos que por lo general se producen “a puertas cerradas”, indicó la primera fuente citada.

La particularidad del caso tratado en Comodoro Py alteró lo habitual. Lo cierto es que la mayor parte de la primera tanda de testigos que desfilaron por el expediente dijeron haber sabido de discusiones entre la pareja, pero negaron la violencia física. Entre ellos, la periodista Alicia Barrios, aportada por Yáñez, que terminó siendo una testigo irrelevante que nadie sabe por qué fue la primera en ser citada.

Acudieron a Comodoro Py el médico Federico Saavedra, la secretaria María Cantero y el exintendente de Olivos Daniel Rodríguez. A ellos se suman las cuatro trabajadoras de la quinta presidencial y la amiga misionera de Yáñez, que, si repiten lo transmitido en una escribanía, abundarían en la línea del alcoholismo incontrolable de la denunciante. El médico de la pareja, Saavedra, no hizo referencia a esa adicción, pero Fernández podría solicitar la ampliación de esa declaración. La modelo Sofía Pacchi, examiga de Yáñez y acusada por esta de ser amante de Fernández, daría su testimonio esta semana y aportaría en el mismo sentido.

Tamara y Verónica Yáñez resultaron ser las testigos más contundentes a favor de su hermana e hija, respectivamente. Por su parte, la esteticista María Florencia Aguirre atendió a Yáñez durante los años de Olivos y dijo haber descreído de que el moretón en el ojo de su clienta había sido producto de un golpe involuntario de parte de Fernández.

Versiones opuestas sobre el aborto

Un punto nodal es el aborto de un embarazo practicado por Fabiola Yáñez en 2016. Ese hecho, que forma parte de la denuncia que dio impulso a la investigación, fue descripto por la mujer como disparador de la violencia por parte de Fernández y de su adicción al alcohol.

La madre de Fabiola amplió que Alberto Fernández le envió dinero para pagar la interrupción del embarazo a través del secretario Daniel Rodríguez.

El expresidente tiene una versión opuesta y dice poder probarla. Lejos de expresar hostilidad ante el embarazo de 2016, narró haber celebrado la ocasión con una cena íntima. Luego de ello, Yáñez se ausentó y desconectó por varios días, y él le envió insistentes mensajes. En uno de ellos, dice haberle escrito que le respondiera porque tenía un hijo de ambos en el vientre. Al reaparecer, Yáñez informó que había realizado un aborto. El mensaje citado estaría en el Whatsapp del teléfono de Fernández que el fiscal González mantiene incautado.

Después de ese episodio, Fabiola viajó a Londres para estudiar inglés. Según Verónica Verdugo, ese viaje fue motivo de reproche de Fernández bajo la acusación de que se había gastado el dinero destinado al aborto en la experiencia londinense. La mujer regresó a Buenos Aires el 23 de diciembre.

El exjefe de Estado dice haber constatado en documentos médicos encontrados en su domicilio que Yáñez se realizó un aborto cuando tenía 17 años y otro más en 2017, del que él no supo nada. Un comprobante del Sanatorio Otamendi indicaría que Yáñez fue atendida el 6 de febrero de 2017 con un embarazo de varias semanas, del que Fernández dice haberse enterado ahora. Por otra parte, la historia clínica del Instituto de Neurología Cognitiva (Ineco) demostraría –según Fernández– un trayecto psicológico traumático y una prolongada adicción al alcohol desde mucho antes de que la pareja se conociera.

Yáñez niega la existencia de otros abortos premeditados más allá del de 2016 y minimiza el tratamiento en Ineco. Según indicó la primera fuente citada, si hubo otras interrupciones de embarazo, fueron espontáneas.

Nota publicada originalmente por eldiarioar.com.