Este domingo, el gobierno israelí, que encabeza el primer ministro Benjamin Netanyahu, decidió establecer un comité ministerial independiente para investigar la gestión de la masacre del 7 de octubre de 2023 perpetrada por militantes de la organización islamista palestina Hamas tras una orden del Tribunal Supremo para tratar el asunto durante la reunión semanal del gobierno.

De acuerdo a lo que informó The Jerusalem Post, una comisión estatal de investigación típica implicaría la no participación de la cúpula política y, por lo tanto, sería un órgano que funcionaría con miembros designados por el Tribunal Supremo.

Sin embargo, Netanyahu pidió que la investigación esté a cargo de un comité diferente, en medio de la continua división entre el gobierno y el Poder Judicial en el país. Como parte de la decisión del gobierno, Netanyahu establecerá un comité ministerial especial para llevar a cabo la investigación, el cual tendrá plenos poderes investigativos.

Este comité gubernamental será responsable de formular y determinar qué asuntos investigará y qué períodos de tiempo examinará. Según la cadena israelí Kan, el comité ministerial tiene 45 días para presentar sus recomendaciones al gobierno.

Si bien esta comisión elegida prácticamente a dedo es lo que Netanyahu quiere, lo que vastos sectores políticos y sociales de Israel reclaman es una comisión por ley, con un mecanismo de contralor reconocido.

El mecanismo legal existente, que ya se empleó después de la guerra de Yom Kippur de 1973 y también luego de la masacre de Sabra y Shatila –perpetrada en el marco de la guerra del Líbano de 1982–, es una comisión con poder judicial para forzar a presentar testimonios, incautar documentos y llegar a conclusiones, que pueden incluir la inhabilitación de personas para ocupar cargos.

Esta opción es temida por Netanyahu, que, en su intento de supervivencia política, quiere evitar ser investigado, al haber sido jefe de Estado cuando se produjo el ataque de Hamas. Es por ello que la propuesta de comisión del primer ministro israelí cuenta con una enorme resistencia, no únicamente de la oposición política y de los grupos de víctimas de los ataques, sino también de los mandos militares, dado que van a querer someterse y prestar colaboración con una comisión que, en el fondo, lo único que pretende es buscar responsables, sin salpicar a Netanyahu.

The Times of Israel recordó que el gobierno se resistió durante mucho tiempo a crear una comisión estatal de investigación sobre los episodios del 7 de octubre, argumentando inicialmente que dicha investigación no podía llevarse a cabo en tiempos de guerra, y, posteriormente, debido a las acusaciones de varios ministros del gabinete de que no se podía confiar en que el presidente del Tribunal Supremo, Isaac Amit, nombrara a un juez imparcial para dirigir el panel.

Las reacciones al anuncio de Netanyahu de este domingo fueron inmediatas. El Consejo de Octubre, un grupo que representa a familiares de los rehenes y de las víctimas mortales de los atentados del 7 de octubre, rechazó el anuncio de manera contundente.

En un comunicado, la entidad acusó al gobierno israelí de “recurrir a todo tipo de artimañas” y calificó la investigación de “encubrimiento”. “Queremos aclarar nuevamente que el primer ministro de Israel será el primero en ser investigado por la comisión estatal de investigación que se constituirá, tal como lo estipula la ley del Estado de Israel”, declaró el grupo. “¿Acaso creen que somos estúpidos?”, agregaron en una publicación de Facebook dirigida al gobierno. “¿Quieren que los responsables nombren a los investigadores?”.

Por su parte, el Movimiento por un Gobierno de Calidad en Israel, una ONG de vigilancia gubernamental, también se sumó a las críticas: “Llamemos [al comité] por su verdadero nombre: Comité de Encubrimiento”. “El gobierno se investigará a sí mismo. Los responsables del fracaso determinarán quién los investigará, qué investigarán y hasta qué punto. Este es un intento descarado de evadir una investigación real del mayor fracaso en la historia del Estado”, declaró el grupo en su cuenta de X.

También este domingo, en la apertura de la reunión de gabinete que se realizaba en el comienzo de la semana laboral en Israel, Netanyahu volvió a reiterar su oposición al establecimiento de un Estado palestino.

El jerarca dijo que su posición sobre un eventual Estado palestino “no ha cambiado en absoluto”. “He estado impidiendo estos intentos durante décadas, tanto contra presiones externas como internas. Así que no necesito el apoyo, los tuits ni las lecciones de nadie”, dijo el primer ministro.

Netanyahu dijo también que, según el plan de 20 puntos del presidente estadounidense Donald Trump, Gaza será desmilitarizada y Hamas desarmado. “Esto sucederá por las buenas o por las malas. Eso es lo que dije, y eso es lo que también dijo el presidente Trump”, aclaró.

En su discurso, además, Netanyahu condenó la violencia que se está registrando de manera cotidiana en Cisjordania por parte de colonos judíos extremistas. El primer ministro dijo que estas acciones son perpetradas por una “minoría que entra en Judea y Samaria [nombre oficial con el que se denomina a Cisjordania en Israel]”, que, según él, “no representa a la gran mayoría de los colonos, que son respetuosos de la ley y leales al Estado”.

Netanyahu agregó que la violencia “será respondida con toda la contundencia necesaria porque somos un Estado de derecho, y un Estado de derecho opera conforme a la ley”.

El futuro de Gaza en debate en las Naciones Unidas

Este lunes en el Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas se votará un proyecto de resolución para el despliegue de la Fuerza Internacional de Estabilización en la Franja de Gaza, uno de los pilares sobre los que se sostiene el plan de paz de 20 puntos de Trump. Se prevé que la fuerza envíe a Gaza unos 20.000 efectivos multinacionales para asegurar las fronteras, entrenar a la Policía palestina y desmilitarizar a Hamas.

Un borrador del texto, difundido la semana pasada, indica que la fuerza podrá utilizar “todas las medidas necesarias” para cumplir su mandato.

De acuerdo a lo que informó la cadena catarí Al Jazeera, el borrador también hace referencia a un posible futuro Estado palestino, con condiciones que creen una “vía creíble hacia la autodeterminación y la creación de un Estado palestino”.

La administración de Trump ya tuvo contactos por este tema con los gobiernos de Indonesia, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Qatar, Turquía y Azerbaiyán sobre la posibilidad de que aporten tropas a la fuerza, pero aún no está claro qué países efectivamente lo harán.

En principio, Estados Unidos no tiene previsto enviar tropas. Por otra parte, las autoridades israelíes se mantienen firmes en su postura de no permitir la presencia de tropas turcas en la zona.

Mientras tanto, Rusia propuso su propio borrador de resolución de la ONU sobre Gaza, en un aparente intento por contrarrestar el plan de Trump.

Según informó la cadena israelí Kan, mientras Estados Unidos presiona al Consejo de Seguridad de la ONU para que respalde su plan en lugar del ruso, Israel está realizando un último intento ante funcionarios estadounidenses para modificar la redacción del borrador.

Por su parte, las facciones de la resistencia palestina llamaron a Argelia, miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, a rechazar el plan para el despliegue de fuerzas de estabilización en Gaza.

En un comunicado, consignado por medios palestinos, las facciones calificaron estas iniciativas como “un nuevo intento de imponer otra forma de ocupación sobre nuestra tierra y nuestro pueblo, y de legitimar la tutela extranjera”.

“Dirigimos un sincero y fraterno llamamiento a la República de Argelia, a su gobierno y a su pueblo, para que continúen adhiriéndose a sus principios de apoyo a Palestina y a su firme rechazo a cualquier proyecto que atente contra la identidad de Gaza y el derecho de nuestro pueblo a la autodeterminación”, se expresa en el comunicado.

Maher al-Tahir, líder del Frente Popular para la Liberación de Palestina, una organización izquierdista y laica, afirmó en otra declaración que el peligro del plan actual “radica en convertir la Franja de Gaza en un área fuera del gobierno palestino” con una fase de transición que “puede durar años, lo que supone un peligro significativo y mantiene a la Franja de Gaza bajo una nueva ocupación”.