La suerte del expresidente paraguayo Horacio Cartes comenzó a cambiar luego del retorno de Donald Trump a la Casa Blanca. Los motivos son diversos, y si bien hay especulaciones, también existen hechos concretos que comprueban esta afirmación.

A comienzos de octubre, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Tesoro de los Estados Unidos eliminó de su listado de personas designadas o bloqueadas a Cartes y a varias de sus empresas, la más notoria de todas ellas fue Tabacalera del Este SA.

“Con humildad y satisfacción recibo la noticia del levantamiento de las sanciones de la OFAC que pesaban sobre mí. Durante estos años, guardé silencio por respeto a las instituciones y porque siempre confié en que la verdad se impondría. Ese día finalmente llegó”, expresó en ese momento Cartes en un texto que publicó en su cuenta de X.

Las compañías propiedad de Cartes habían sido sancionadas en enero de 2023 por la administración estadounidense, que en ese momento lideraba Joe Biden, con base en la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad de Derechos Humanos, bajo el argumento de que los numerosos hechos de corrupción protagonizados por quien fue presidente entre 2013 y 2018 socavaban las instituciones democráticas en Paraguay.

“Cartes aprovechó su riqueza e influencia adquiridas ilícitamente para expandir su poder político y económico”, expresó en aquel momento el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken.

Pero, además, algunos meses antes a las sanciones económicas impuestas por la OFAC, en julio de 2022, Cartes también había sido declarado por el Departamento de Estado estadounidense como una “persona significativamente corrupta” debido a su probada participación en numerosos hechos de corrupción.

Esta medida, según recordó el diario local Última Hora, había sido anunciada por el embajador estadounidense en Asunción, Marc Ostfield, e implicó el retiro de la visa a Cartes para ingresar a Estados Unidos.

El diario asunceño ABC Color detalló algunos de los hechos de corrupción protagonizados por Cartes, de 69 años, desde el momento de su irrupción en la política paraguaya. Se unió a la Asociación Nacional Republicana (ANR), denominación oficial del Partido Colorado paraguayo en 2009, y proporcionó inversiones financieras y ofreció incentivos para convencer al partido de eliminar su requisito de afiliación de diez años, para permitirle postularse como candidato presidencial del sector.

Cartes pagó a integrantes de la dirección partidaria cifras que rondaban los 10.000 dólares para apoyar su candidatura antes de las elecciones de 2013, práctica que continuó una vez que llegó a la presidencia, incluyendo el pago en efectivo a funcionarios a cambio de lealtad.

Desde el Ejecutivo, Cartes intentó tener el control total del Parlamento por medio de sobornos mensuales en efectivo que oscilaban entre 5.000 y 50.000 dólares pagados a legisladores leales, asegurando la efectividad de este esquema de corrupción cancelando los pagos a aquellos congresistas que no cumplieran sus órdenes.

En 2017, Cartes prometió un millón de dólares de su propio patrimonio para comprar los votos de los legisladores para apoyar su impulso infructuoso de reforma constitucional que le permitiera postularse para un segundo mandato al año siguiente. Luego de dejar la presidencia, Cartes siguió influyendo en las actividades legislativas sobornando a los congresistas para que apoyaran iniciativas de su interés, apuntando a la vez contra sus opositores políticos.

Las acciones tomadas por las autoridades de Washington en 2022 y 2023 opacaron la figura de Cartes, aunque dentro de Paraguay la realidad era otra. En enero de 2023 fue electo presidente del Partido Colorado, al tiempo que el sector que él lideraba dentro de la ANR, Honor Colorado –cuyas iniciales coinciden con las suyas–, fue tomando el control de todo el partido, en detrimento de la otra facción que lideraba el entonces mandatario Mario Abdo Benítez.

Pocos meses después, en abril de 2023, el Partido Colorado ganó por amplio margen las elecciones generales, lo que posibilitó la llegada a la presidencia del actual mandatario, Santiago Peña, ahijado político de Cartes, quien lo había designado como su ministro de Economía en 2015.

Con Peña en la presidencia, la diplomacia paraguaya comenzó a trabajar en Washington, tejiendo lazos con el actual secretario de Estado, Marco Rubio, y también con otros influyentes dirigentes del Partido Republicano. Dos actores clave en estas gestiones fueron el actual canciller paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano, y el embajador en Washington, Gustavo Leite.

Ramírez Lezcano fue candidato a suceder a Luis Almagro en la secretaría general de la Organización de Estados Americanos; fue el postulante con una posición marcadamente proestadounidense, aunque finalmente el elegido para el cargo fue el surinamés Albert Ramdim. Por su parte, Leite es una persona estrechamente cercana a Cartes y de hecho fue su ministro de Industria durante todo su gobierno.

El fuertísimo lobby de los diplomáticos paraguayos en Washington –que, alineados por completo con la política exterior de Donald Trump, apoyaron la autodeterminación de Taiwán e incluso representaron a uno de los pocos países del mundo que siempre votó en las Naciones Unidas junto con Israel mientras este asolaba la Franja de Gaza– fue perfilando la realidad actual.

También hubo otras acciones llevadas a cabo por Paraguay para ganar puntos en la Casa Blanca, como el acuerdo migratorio que se firmó en agosto, por el cual algunas personas que están buscando refugio en Estados Unidos pueden quedarse en Paraguay –por su condición de tercer país seguro– esperando una definición.

Con el levantamiento de las sanciones financieras que pesaban contra sus empresas, algo totalmente inesperado para sus opositores, Cartes ganó una importante batalla. Pero todavía le queda otra: que el Departamento de Estado anule la declaración de significativamente corrupto que pesa sobre él.

Los esfuerzos en ese sentido en Washington prosiguen, y al respecto el abogado de Cartes, Pedro Ovelar, aclaró que el levantamiento de esta calificación corre por otra vía que la de las sanciones financieras. “El Departamento de Estado tiene un sistema de comunicación, si lo habrá, de manera trimestral; es la forma que establecen su comunicado. La visa tiene una vía separada de lo que es la sanción impuesta por la OFAC; ese proceso aún continúa”, declaró Ovelar.