El gobierno de Donald Trump intenta disciplinar a las universidades estadounidenses y evitar que se repitan protestas masivas en defensa de los palestinos como las del año pasado. Durante 2024, los manifestantes marcharon, ocuparon temporalmente locales universitarios e instalaron campamentos en sus predios en repudio a los ataques lanzados por el gobierno de Israel, que dejaron más de 48.000 muertos en la franja de Gaza.

Para evitar nuevas manifestaciones, el gobierno amenazó este mes con retirar fondos públicos a las universidades, detener a quienes se sumen a las protestas y deportar a estudiantes extranjeros. Algunas de estas amenazas ya se están cumpliendo.

El 8 de marzo, un estudiante palestino recién egresado de la Universidad de Columbia, Mahmoud Khalil, fue detenido por funcionarios de migración en un edificio de la propia universidad, en Nueva York, donde vivía junto a su esposa estadounidense. Desde ese día está recluido en un centro para migrantes.

“Mi nombre es Mahmoud Khalil y soy un preso político. Les escribo desde un centro de detención en Luisiana donde me despierto en medio de mañanas heladas”, dijo en una carta pública difundida en redes sociales.

Durante las protestas masivas de 2024, Khalil actuó como nexo para el diálogo entre los manifestantes y las autoridades de la universidad. Afirma que su detención se debe a que pidió “el fin del genocidio en Gaza”, y es consecuencia del “racismo antipalestino que las administraciones de [el expresidente Joe] Biden y de Trump han demostrado en los últimos 16 meses”, y que también se ha reflejado en la “represión violenta de palestinos, árabes americanos y otras comunidades”.

“Antes de saber lo que estaba pasando, las autoridades me esposaron y me obligaron a subirme a un auto sin matrícula [...] El DHS [Departamento de Seguridad Nacional, en inglés] no me dijo nada durante horas. No sabía la causa de mi detención ni si enfrentaba una deportación inmediata”, escribió.

Finalmente, lo llevaron a un tribunal de inmigración donde su abogada le informó de la decisión de revocarle su permiso de residencia permanente, la llamada green card. Debido a la falta de espacio en el centro de detención de Nueva York, fue enviado a uno de New Jersey y después a otro en Luisiana, lejos de su esposa, que atraviesa el octavo mes de embarazo de su primer hijo.

El gobierno acusa a Khalil de haber dirigido actividades alineadas con el movimiento islamista Hamas, que integra la lista de organizaciones terroristas de Estados Unidos. Lo acusa también de ser “aliado de terroristas” y “una amenaza para la política exterior y los intereses nacionales” del país.

Un juez federal de Nueva York dispuso que permanezca por ahora en Estados Unidos y su caso será evaluado por un tribunal de New Jersey. Allí se deberá dirimir si, como argumenta Khalil, su detención es inconstitucional, o si debe estar en otro centro, más cerca de su esposa, mientras se procesan las acusaciones de fondo.

Su esposa, cuyo nombre no se hizo público, emitió un comunicado mediante una abogada de Khalil, Shezza Abboushi Dallal, en el que afirma que su marido fue “secuestrado” de su casa y que es “vergonzoso que el gobierno de Estados Unidos continúe reteniéndolo porque defendió los derechos de su gente”.

“Exijo su liberación y su retorno con nuestra familia. Su desaparición ha devastado nuestras vidas. Cada día sin él está lleno de incertidumbre no sólo para mí, sino para nuestra familia y comunidad”, agregó. “En lugar de preparar la habitación del bebé y lavar la ropa esperando a nuestro primer hijo, me quedo sentada en nuestro departamento, preguntándome cuándo Mahmoud tendrá la oportunidad de llamarme desde un centro de detención”, dijo.

Nueva vigilancia

Trump anunció que “los agitadores serán encarcelados o enviados de vuelta de forma permanente al país del que proceden. Los estudiantes estadounidenses serán expulsados de forma permanente o, dependiendo del delito, arrestados”.

A su vez, el Departamento de Estado anunció que utilizará inteligencia artificial para rastrear la actividad en redes sociales de alumnos extranjeros. El objetivo es revocarles sus permisos de residencia en el país si mostraron simpatía por Hamas o por otros grupos incluidos en la lista de organizaciones terroristas de Estados Unidos.

El gobierno de Trump, además, creó una comisión específica para investigar casos de presunto antisemitismo, y en más de una ocasión el presidente acusó de antisemitas a los manifestantes que se oponen a los bombardeos en Gaza. Lanzó esas acusaciones incluso cuando organizaciones judías, como el grupo Jewish Voices for Peace, participaban en esas protestas.

Durante los últimos días, en Nueva York se han organizado manifestaciones por la situación que enfrenta Khalil y en defensa de la libertad de expresión. Las protestas se desarrollaron tanto frente a la universidad en la que estudiaba como en el juzgado que inicialmente trató su caso y en otros puntos de la ciudad. El jueves 13, cerca de un centenar de personas fueron detenidas cuando ingresaron a la Torre Trump a protestar y reclamar la liberación del activista.

“El secuestro de Mahmoud no tiene nada que ver con la seguridad judía. El gobierno de Trump cree que puede reprimir la disidencia y arrebatar derechos constitucionales. Conocemos esta estrategia. Nos negamos a permitir que secuestren a nuestros vecinos en nuestro nombre”, manifestó el grupo Jewish Voice for Peace. La agencia Efe informó que los manifestantes llevaban carteles con consignas como “Liberen a Mahmoud”, “Paren la prohibición de musulmanes” y “Judíos por la libertad de Palestina”.

“Ahora nos enfrentamos a la horrible realidad de que uno de nuestros estudiantes, miembro de la comunidad de Columbia, se ha convertido en preso político aquí en Estados Unidos”, dijo Michael Thaddeus, profesor de la Universidad de Columbia, en una conferencia de prensa que dio junto a otros 50 docentes. “Es un momento funesto para la historia de Estados Unidos”, afirmó, según citó la BBC. “No debemos avanzar ni un paso más por este camino autoritario”, dijo.

No sólo Khalil

A la detención de Khalil le siguieron otras. La semana pasada fue detenida una estudiante palestina, Leqaa Korda, también de la Universidad de Columbia, por su participación en las protestas del año pasado.

También a Ranjani Srinivasan, una estudiante proveniente de India, las autoridades le revocaron el permiso de residencia por supuesta “apología de la violencia y el terrorismo”. Fueron a buscarla a su casa, como a Khalil, pero ella no estaba. Pocas horas antes de que fuera detenido el estudiante palestino, Srinivasan se había ido a Canadá, informó The New York Times.

“El ambiente parecía muy inestable y peligroso”, dijo Srinivasan a ese periódico. “Así que tomé una decisión rápida”, agregó la estudiante, que gracias a una beca Fulbright cursaba un doctorado en Planificación Urbana.

Para el Departamento de Seguridad Nacional, ella es simpatizante de un grupo terrorista, hizo apología de la violencia y está “implicada en actividades de apoyo a Hamas, una organización terrorista”. Como en el caso de Khalil, se desconoce en qué pruebas fundamenta esa acusación.

“Temo que incluso el discurso político de menor nivel o simplemente hacer lo que todos hacemos –como gritar en el abismo que son las redes sociales– pueda convertirse en esta pesadilla distópica en la que alguien te llama simpatizante terrorista y te hace, literalmente, temer por tu vida y tu seguridad”, dijo al periódico.

Badar Khan Suri, un estudiante e investigador indio de la Universidad de Georgetown, fue detenido el lunes acusado de difundir propaganda de Hamas y “promover el antisemitismo” en redes sociales, según el diario The Washington Post. Fue enviado a un centro de detención del estado de Luisiana hasta que se tramite su juicio ante un tribunal de inmigración.

La Universidad de Georgetown manifestó que Suri “es un académico interdisciplinario cuyas áreas de interés son la religión, la violencia y la paz; los conflictos étnicos y los procesos de paz en Oriente Medio y el sur de Asia”.

La portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, dijo que las medidas de revocar visas y expulsar a estudiantes extranjeros se apoyan en “acciones” de esas personas. “En este caso particular también existe, lo sé, un argumento sobre libertad de expresión, pero no se trata de expresión. Se trata de acciones. Se trata de cosas que se han hecho”, dijo en referencia a Khalil, y agregó que no puede “profundizar” porque el caso está en manos de la Justicia.

El propio secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que se va a seguir buscando a gente “a la que nunca se le debería haber permitido el acceso al país con visado de estudiante de haber sabido que iban a hacer lo que hicieron”.

En 2023, cuando era senador, Rubio había propuesto expulsar del país a los extranjeros que “respaldaran a Hamas”. Ahora, como secretario de Estado, reiteró esa posición: “Revocaremos los visados y las tarjetas de residencia de los partidarios de Hamas en Estados Unidos para que puedan ser deportados”, dijo.

El caso de Khalil llegó incluso a la oficina del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres. Su vocero, Stéphane Dujarric, aludió a su situación y dijo que “es crucial destacar la importancia de respetar el derecho a la libertad de expresión y a la reunión pacífica en todas partes”.

Trump, por su parte, afirmó que Khalil apoya a Hamas y que su detención será “la primera de muchas”.

Universidades bajo presión

La Universidad de Columbia informó esta semana que sancionará con suspensiones, expulsiones e incluso posibles revocaciones temporales de sus títulos universitarios a aquellos estudiantes que ocuparon el edificio Hamilton Hall, en el campus de Manhattan, durante las manifestaciones del año pasado.

Estas decisiones se toman bajo una fuerte presión del gobierno que amenaza con recortar recursos a las universidades y que ya tomó medidas de este tipo. Este mes anunció que le retirará a la Universidad de Columbia 400 millones de dólares de fondos federales y que evaluará qué hacer con subvenciones por 5.000 millones de dólares. Dispuso este castigo porque afirma que existe inacción de las autoridades universitarias ante muestras de antisemitismo.

Además, el gobierno envió a esta universidad una carta en la que la amenaza con cancelar de manera permanente la financiación federal que recibe esa institución si no pone “bajo administración externa por un mínimo de cinco años” su Departamento de Estudios de Oriente Medio, Asia del Sur y África, informó Associated Press. Exigió también otras medidas, desde prohibir que se utilicen en el campus máscaras que oculten la identidad de una persona hasta la presentación de un plan para “reformar las admisiones de aspirantes, el reclutamiento internacional y las prácticas de admisión de los posgrados”. También reclama a la universidad que adopte una nueva definición de antisemitismo.

En la carta, remitida por funcionarios del Departamento de Educación, la Administración de Servicios Generales y el Departamento de Salud y Servicios Humanos, se le advierte a la institución que las condiciones exigidas deben cumplirse como condición necesaria para comenzar a dialogar acerca de la “relación financiera continua de la Universidad de Columbia con el gobierno de Estados Unidos”.

Por otra parte, el Departamento de Educación informó que investiga a más de 50 universidades por supuesta discriminación.

A comienzos de marzo, Trump dijo en su red Truth Social que retirará fondos federales a todas aquellas instituciones educativas que permitan manifestaciones no autorizadas. Anunció que también tomará medidas contra las que dispongan que es obligatoria la vacuna contra la covid-19 y contra aquellas que permitan que deportistas transgénero compitan en equipos femeninos.

El miércoles, Fox News informó que el presidente había congelado fondos para la Universidad de Pensilvania por 175 millones de dólares porque esa institución incluyó mujeres trans en esos equipos. Para aplicar esta sanción se basó en una ley antidiscriminación de 1972, conocida como Título IX, que prohíbe la discriminación por motivos sexuales. La norma deja abierto un margen de interpretación que, según la lectura del actual gobierno, permite retirar fondos federales a esta universidad bajo el argumento de que estas deportistas cuentan con una ventaja injusta en competencias femeninas.

Por la misma norma, el gobierno evalúa sanciones para la San Jose State University y la Massachusetts Interscholastic Athletic Association.

Al mismo tiempo, otras universidades, como la Johns Hopkins, sufrieron los recortes dispuestos por el gobierno de Trump en la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, en inglés), que afectaron sus programas en el extranjero. La pérdida de 800 millones de dólares de financiación implicó cancelar esas actividades y despedir a 2.000 empleados.

En este contexto, los intentos de Khalil de recibir apoyo de la Universidad de Columbia no fueron escuchados. Una de sus abogadas informó que el estudiante recién egresado se comunicó con su universidad para transmitirle su temor por su seguridad, pero la institución no respondió.